STC11884-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC11884-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-04021-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., \u001f\u001f\u001f\u001f\u001fveinticinco (25) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Juan Eugenio Pinz\u00f3n Ortiz contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal, Legis SA, Vlex.com y \u00c1mbito Jur\u00eddico, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal con radicado N\u00ba 2009-00310. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, buen nombre y h\u00e1beas data, presuntamente vulnerados por los accionados. <\/p>\n
Del escrito de tutela y de los soportes allegados, se establece que la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de San Gil, mediante sentencia de 16 de febrero de 2012 conden\u00f3 al accionante por el delito de privaci\u00f3n ilegal de la libertad, cometido mientras se desempe\u00f1aba como Fiscal 34 Seccional de Puerto L\u00f3pez, providencia que confirm\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en sede de apelaci\u00f3n, mediante fallo SP3408-2014 de 19 de marzo de 2014. <\/p>\n
Sostuvo que el 10 de enero de 2020, el Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio que vigilaba su pena, resolvi\u00f3 \u00abDECRETAR LA LIBERACI\u00d3N DEFINITIVA Y LA EXTINCI\u00d3N DE LA PENA\u00bb, raz\u00f3n por la que el 22 de abril de 2022 \u00abmediante derecho de petici\u00f3n (\u2026) solicit[\u00f3] el ocultamiento de la anotaci\u00f3n a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia\u00bb, sin embargo, a la fecha de formulaci\u00f3n de este amparo, no ha obtenido respuesta. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que la situaci\u00f3n descrita le genera un da\u00f1o injustificado, porque \u00abal presentar anotaciones visibles en la p\u00e1gina de internet de la Rama Judicial y de las dem\u00e1s instituciones entuteladas; toda vez, que estas se hacen p\u00fablicas, tal es el perjuicio material y moral, que se me est\u00e1 ocasionando, (\u2026) ha perdido oportunidades laborales y cr\u00e9ditos bancarios, desmejorando mi calidad de vida y la de mi familia, sobre todo los hijos menores a falta de poder tener poder adquisitivo que supla sus necesidades congruas\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, solicit\u00f3 \u00abse ordene a los accionados (\u2026) tal y como se consigne en la parte de los hechos de este libelo, se proceda a la SUPRESI\u00d3N, OCULTAMIENTO, de la vista al p\u00fablico, de las anotaciones en menci\u00f3n\u00bb y que le \u00absean entregadas copias de las comunicaciones a las diferentes entidades, donde se halla solicitado la SUPRESI\u00d3N de datos negativos, con constancia de recibido, y del auto que decret\u00f3 la extinci\u00f3n de la pena\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en los procesos mencionados. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Rico Meta pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de estas diligencias, toda vez que devolvi\u00f3 el proceso materia de queja al Despacho de origen, tras surtirse las comunicaciones correspondientes, en cuanto a la extinci\u00f3n de la pena decretada en favor del accionante. <\/p>\n
2. El Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad advirti\u00f3 que el 10 de enero de 2020 el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad decret\u00f3 la extinci\u00f3n y liberaci\u00f3n definitiva del accionante y realizadas las comunicaciones por parte del Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Rico Meta, en raz\u00f3n de las medidas de descongesti\u00f3n, el asunto fue devuelto al \u00abDespacho Fallador\u00bb el 17 de enero de 2022. En consecuencia, pidi\u00f3 negar el amparo porque no ha lesionado los derechos del solicitante. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal se opuso a la prosperidad del amparo, dado que, si bien el actor alleg\u00f3 un escrito el 4 de mayo de 2022, reclamando \u00abse retire de la p\u00e1gina GOOGLE la publicaci\u00f3n titulada \u201cLA IMPUGNACION Juan Eugenio Pinzon Ortiz \u2013 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA\u201d, que da cuenta de la condena que en su momento fue proferida en su contra por el delito de privaci\u00f3n ilegal de la libertad\u00bb, en auto de 5 de mayo de 2022 fue requerido para que indicara \u00abqu\u00e9 autoridad resolvi\u00f3 sobre la libertad por pena cumplida o declar\u00f3 en su favor la prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal, pidi\u00e9ndole tambi\u00e9n que si le era posible, aportara copia de dicha decisi\u00f3n\u00bb; sin embargo, a la fecha de la respuesta, no se ha recibido manifestaci\u00f3n alguna por parte del peticionario. Destac\u00f3 que no se puede acceder de oficio a lo reclamado por el solicitante, pues \u00e9ste debe realizar la petici\u00f3n y suministrar la informaci\u00f3n que le fue requerida. En consecuencia, pidi\u00f3 desestimar el auxilio. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Jos\u00e9 Antonio Currea D\u00edaz, quien expres\u00f3 actuar como representante legal de Legis S.A. y Legis Editores S.A sociedad titular del peri\u00f3dico \u00c1mbito Jur\u00eddico, se\u00f1al\u00f3 que una vez conoci\u00f3 de esta tutela \u00abprocedi\u00f3 a ocultar los datos del accionante contenidos en la tutela mencionada\u00bb y a los cuales pod\u00eda tenerse acceso mediante sus p\u00e1ginas web; adem\u00e1s, acot\u00f3 que le pidi\u00f3 a \u00abGoogle la desindexaci\u00f3n de la URL que contiene el resultado asociado a Legis donde se identificaban los datos del accionante\u00bb; por tanto, pidi\u00f3 denegar el amparo propuesto en su contra. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Lluis Faus Tomas, quien afirm\u00f3 representar a Vlex LLC, expres\u00f3 que enterado de la presente tutela, se procedi\u00f3 a \u00abanonimizar inmediatamente todos los documentos que mencionaban el nombre del se\u00f1or JUAN EUGENIO PINZ\u00d3N ORTIZ de los sitios de su propiedad. De igual manera, atendiendo a la solicitud del accionante, y siguiendo con las pol\u00edticas de la empresa, se procedi\u00f3 a informar a la empresa GOOGLE INC. sobre la mencionada petici\u00f3n, con el fin de que dicho sitio, por su parte, se encargue de retirar cualquier informaci\u00f3n de VLEX relacionada con el accionante en su sitio\u00bb; en consecuencia, pidi\u00f3 denegar el amparo contra la empresa. <\/p>\n
<\/p>\n
6. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio manifest\u00f3 que si bien conoci\u00f3 del proceso penal reprochado, lo envi\u00f3 el 5 de diciembre de 2011, a su hom\u00f3logo en San Gil, donde se emiti\u00f3 en sentencia de segunda instancia el 16 de febrero de 2012. Por tanto, se\u00f1al\u00f3 que incurri\u00f3 en lesi\u00f3n de garant\u00edas sustanciales. <\/p>\n
<\/p>\n
7. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil relat\u00f3 los antecedentes del proceso penal cuestionado y destac\u00f3 que la decisi\u00f3n emitida por esa Corporaci\u00f3n \u00abtiene un s\u00f3lido sustento tanto legal como jurisprudencial y probatorio, lo que genera que la tutela en este caso sea improcedente al no haberse vulnerado ning\u00fan derecho fundamental por parte de la Sala que preside la suscrita, que haga viable alguna causal de procedibilidad y dado que s\u00f3lo de manera excepcional es posible la ingerencia del juez constitucional en la esfera de competencia de otro funcionario judicial, pues de darse, se vulnerar\u00edan los principios de autonom\u00eda e independencia funcional del Juez\u00bb <\/p>\n
<\/p>\n
8. La Fiscal Primera Delegada ante el Tribunal Superior de Villavicencio pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, toda vez que el amparo reclamado no fue propuesto en su contra. <\/p>\n
<\/p>\n
9. Al momento de presentar el proyecto de sentencia, no se hab\u00edan recibido otros pronunciamientos. <\/p>\n
<\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica consagra el derecho fundamental de todas las personas a elevar solicitudes respetuosas ante las autoridades p\u00fablicas y, eventualmente, ante los particulares, \u00abpor motivos de inter\u00e9s general o particular y a obtener pronta resoluci\u00f3n\u00bb, y como lo ha comprendido esta Sala, tal garant\u00eda implica que la respuesta enviada a los interesados sea oportuna, clara, concreta y congruente con lo solicitado y se notifique en los precisos plazos establecidos por la ley, sin que ello signifique acceder positivamente a lo pretendido (CSJ. STC de 19 de marzo de 2014, exp. 2014-00053-01, reiterada en STC977-2020 y STC10499-2022, entre muchas otras). <\/p>\n
Adicionalmente, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales, esta Corporaci\u00f3n ha reiterado, <\/p>\n
\u00abNo resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb (CSJ. STC5343-2022, entre otras). <\/p>\n
En consecuencia, cuando por v\u00eda de tutela se alega la vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n por una autoridad judicial en curso de una actuaci\u00f3n reglada por las normas procedimentales, incumbe establecer si aquella solicitud se restringe a actuaciones netamente administrativas o si, por el contrario, concierne a un asunto propio del proceso, evento en el cual deber\u00e1 verificarse lo relativo al debido proceso. <\/p>\n
2. Determinado lo anterior y revisados los soportes allegados a este tr\u00e1mite, observa la Sala que el accionante reprocha, la falta de pronunciamiento de la Sala de Casaci\u00f3n Penal sobre el derecho de petici\u00f3n que le dirigi\u00f3 el 22 de abril de 2022 para lograr el ocultamiento de sus datos en la actuaci\u00f3n penal adelantada en su caso y en las anotaciones de la p\u00e1gina web de la Rama Judicial, en consideraci\u00f3n a que se decret\u00f3 la extinci\u00f3n de la pena que se le impuso desde el 10 de enero de 2020. <\/p>\n
2.1 As\u00ed las cosas, no resulta procedente verificar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n, porque la solicitud se relaciona con el proceso penal cuestionado y requiere de una decisi\u00f3n de car\u00e1cter judicial para su definici\u00f3n, por tanto, para este caso y siempre que se establezca el cumplimiento de los presupuestos establecidos para la acci\u00f3n de tutela frente a actuaciones judiciales, habr\u00e1 lugar a examinar si los derechos que se invocaron, referentes al debido proceso, buen nombre y h\u00e1beas data, fueron vulnerados. <\/p>\n
3. Fijado lo anterior y examinados los soportes obrantes en este asunto, la Sala concluye el fracaso de la protecci\u00f3n reclamada al desconocerse el presupuesto de la subsidiariedad, pues, seg\u00fan se puede observar en el sistema de gesti\u00f3n ESAV de esta Corporaci\u00f3n, el actor acudi\u00f3 a la autoridad accionada el 25 de abril de 2022, reclamando que \u00abse retire de la p\u00e1gina GOOGLE la publicaci\u00f3n titulada LA IMPUGNACION Juan Eugenio Pinz\u00f3n Ortiz – CORTE SUPREMA DE JUSTICIA\u00bb, pero previo a la definici\u00f3n de esa petici\u00f3n, con oficio \u00ab15155 en cumplimiento al auto del 9 de mayo de 2022\u00bb se requiri\u00f3 \u00abal peticionario para que allegue informaci\u00f3n\u00bb, exigencia que, de acuerdo con el citado sistema, no fue atendida y respecto de lo cual nada indic\u00f3 el accionante en su escrito de tutela. <\/p>\n
Sobre las actuaciones relatadas, se cuenta con el siguiente soporte, <\/p>\n
3.1 As\u00ed las cosas, la Sala establece la improcedencia de la protecci\u00f3n reclamada porque el actor no ha agotado las herramientas de defensa a su disposici\u00f3n para lograr lo que pretende por esta v\u00eda residual y extraordinaria, conforme a lo dispuesto en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, y en tal sentido, no puede admitirse que por este mecanismo excepcional se obtenga un pronunciamiento sobre cuestiones que deben ser resueltas en el asunto cuestionado. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte de vieja data, en diversos pronunciamientos ha dicho que, \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ. STC6580-2021, y STC12011-2021, entre muchos otros). <\/p>\n
4. Finalmente, el presente mecanismo tambi\u00e9n resulta improcedente frente a Legis SA, Vlex.com y \u00c1mbito Jur\u00eddico, porque el accionante no les reproch\u00f3 acciones u omisiones concretas y posiblemente vulneradoras de sus garant\u00edas, adem\u00e1s, porque frente a las mismas no est\u00e1n satisfechos los requisitos para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra particulares, se\u00f1alados en el art\u00edculo 42 del Decreto 2591 de 1991, particularmente, lo referente a la \u00absituaci\u00f3n de subordinaci\u00f3n o indefensi\u00f3n respecto del particular contra el cual se interpuso la acci\u00f3n\u00bb no est\u00e1 demostrado y, con todo, seg\u00fan lo ha expresado esta Sala citando a la Corte Constitucional, tales figuras \u00abse desprenden del equilibrio que deben guardar las relaciones entre los particulares, con la finalidad de garantizar el principio de igualdad. As\u00ed las cosas, (\u2026) en el a\u00f1o 1993 se dict\u00f3 la sentencia T-290 de ese a\u00f1o, en la que consider\u00f3 que \u201cla subordinaci\u00f3n alude a la existencia de una relaci\u00f3n jur\u00eddica de dependencia, como ocurre, por ejemplo, con los trabajadores respecto de sus patronos, o con los estudiantes frente a sus profesores o ante los directivos del establecimiento al que pertenecen, en tanto que la indefensi\u00f3n, si bien hace referencia a una relaci\u00f3n que tambi\u00e9n implica la dependencia de una persona respecto de otra, ella no tiene su origen en la obligatoriedad derivada de un orden jur\u00eddico o social determinado sino en situaciones de naturaleza f\u00e1ctica en cuya virtud la persona afectada en su derecho carece de defensa, entendida \u00e9sta como posibilidad de respuesta efectiva ante la violaci\u00f3n o amenaza de que se trate\u201d\u00bb (CSJ. STC8888-2023), circunstancias que no se encuentran presentes. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el accionante puede acudir de manera directa ante las entidades que acciona y reclamar, de ser el caso, el retiro de las anotaciones en las p\u00e1ginas web que por esta v\u00eda residual censura. <\/p>\n
5. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve Declarar Improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Eugenio Pinz\u00f3n Ortiz contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal, Legis SA, Vlex.com y \u00c1mbito Jur\u00eddico. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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