STC11901-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC11901-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n No. 66001-22-13-000-2023-00369-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior Pereira el 26 de septiembre de 2023, en la acci\u00f3n de tutela que Mario Restrepo promovi\u00f3 contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados la Presidencia de la Rep\u00fablica, la Defensor\u00eda del Pueblo, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, el Municipio y la Personer\u00eda, ambos de Pereira, la Procuradur\u00eda y la Defensor\u00eda del Pueblo de Risaralda y citada la sociedad Importaciones Atesa de Occidente SAS y dem\u00e1s intervinientes en la acci\u00f3n popular n\u00famero 2022-00206. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3, actuar como parte activa en la acci\u00f3n popular 2022-00206, la cual, es conocida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, despacho que adem\u00e1s de incumplir t\u00e9rminos perentorios para resolver la acci\u00f3n popular n\u00famero 2022-00206, se niega a resolver la solicitud de desistimiento de la acci\u00f3n popular referida y, consider\u00f3 que la renuencia del accionado afecta su salud mental y emocional. <\/p>\n
Mencion\u00f3, que le ha solicitado demostrar la supuesta carga laboral excesiva, as\u00ed como permitirle acceso al libro radicador, tambi\u00e9n declararse incompetente para conocer los asuntos a su cargo de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, y ninguna de sus peticiones ha sido resuelta. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 ordenar al Juzgado accionado aceptar su desistimiento frente a la acci\u00f3n popular 2022-00206, a la Procuradora General de la Naci\u00f3n y al Defensor del Pueblo informar cuando van a presentar la acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa que pretende formular por la presunta mora judicial en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular referida, y que se vincule al Presidente de la Rep\u00fablica para que \u00e9ste, le informe o disponga de la entidad competente para formular en su nombre la acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADO <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, se limit\u00f3 a aportar el link de acceso al expediente. <\/p>\n
2. La Naci\u00f3n-Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep\u00fablica, a trav\u00e9s de la coordinadora del Grupo de Gerencia de Defensa Judicial, indic\u00f3, que esa entidad no ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante, y mencion\u00f3, que las Ramas del Poder P\u00fablico gozan de autonom\u00eda e independencia, en virtud del principio constitucional de separaci\u00f3n de poderes y que, conforme a las funciones asignadas a la Presidencia de la Rep\u00fablica, esta no puede intervenir en decisiones de otras entidades o los jueces. <\/p>\n
Solicit\u00f3 se le desvincule de la presente acci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
3. La Oficina Jur\u00eddica de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, intervino a trav\u00e9s de apoderada judicial y luego de rese\u00f1ar la posici\u00f3n asumida por la Corte Constitucional en la sentencia C-341 de 2014, frente al derecho fundamental al debido proceso, mencion\u00f3 que de acuerdo con lo establecido en el art\u00edculo 5 de la Ley 472 de 1998, las acciones reguladas en dicha preceptiva, deben tramitarse en acatamiento de los principios de prevalencia del derecho sustancial, publicidad, econom\u00eda, celeridad, eficacia, respeto por el debido proceso e impulso oficioso del juez. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, en todo caso, es al Juez Constitucional a quien corresponde valorar las circunstancias f\u00e1cticas y jur\u00eddicas del caso, y solicit\u00f3, la desvinculaci\u00f3n de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n del tr\u00e1mite de la referencia. <\/p>\n
4. La Procuradora Regional de Instrucci\u00f3n de Risaralda, refiri\u00f3, que para la intervenci\u00f3n en las acciones populares que se presentan por los ciudadanos ante la Jurisdicci\u00f3n Civil, se ha designado a las personer\u00edas municipales para que act\u00faen como Agentes del Ministerio P\u00fablico. <\/p>\n
Indic\u00f3, que esa entidad no ha tomado decisiones que pueden afectar los derechos fundamentales del accionante, y refiri\u00f3 que Mario Restrepo no ha presentado ninguna solicitud, queja o reclamo para que esa agencia intervenga en su defensa, en el tr\u00e1mite procesal. <\/p>\n
5. El Procurador 12 Judicial Civil II adscrito a la Procuradur\u00eda delegada para Asuntos Civiles, indic\u00f3, que no existe evidencia, que permita inferir que entidad de la que hace parte, por acci\u00f3n u omisi\u00f3n, haya vulnerado los derechos fundamentales del accionante. <\/p>\n
Frente al debate planteado por el accionante, mencion\u00f3, que, en reiterada jurisprudencia de esta Corte, se ha indicado, que no es procedente el desistimiento frente a las acciones populares, y se\u00f1al\u00f3, que se deben verificar de manera rigurosa los requisitos generales de procedencia de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Pereira, declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela al concluir que el accionante incurri\u00f3 en temeridad, pues, por los mismos hechos, y pretensiones promovi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela radicada bajo el n\u00famero 66001-22-13-000-2023-00276-01, que tambi\u00e9n fue conocida por esa Sala. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado, sin ning\u00fan argumento en concreto. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, establece que es contrario a la Constituci\u00f3n, el uso abusivo e indebido de las acciones de tutela, el cual se concreta en la duplicidad del ejercicio del amparo entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto. <\/p>\n
Sobre el particular, ha establecido esta Corporaci\u00f3n que \u00abEl abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad\u00bb (CSJ. STC1951-2020, STC997-2023). <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Mario Restrepo cuestiona el actuar del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, pues en su sentir, la negativa a aceptar la solicitud de desistimiento que present\u00f3 en relaci\u00f3n con la acci\u00f3n popular 2022-00206, vulnera su derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n
3. Revisado el expediente de tutela n\u00famero 66001-22-13-000-2023-00276-01 que con anterioridad fue conocido por esta Sala, se encontr\u00f3, que guarda identidad de hechos, partes y pretensiones con el presente amparo. <\/p>\n
En esa oportunidad, la Corte considero, i) que no se hab\u00eda cumplido con el requisito de subsidiariedad, pues el accionante, no interpuso los recursos pertinentes, frente a la negativa del Juzgado accionado de aceptar el desistimiento formulado, ii) frente a la presunta mora judicial, se indic\u00f3, que la misma no se encontraba configurada y, iii) en cuanto a las pretensiones en relaci\u00f3n con el Presidente de la Rep\u00fablica, la Procuradora General de la Naci\u00f3n y el Defensor del Pueblo se indic\u00f3 que ante esas entidades el accionante deb\u00eda previamente formular su petici\u00f3n, para que en el marco de sus funciones la analicen. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, para la Sala, esta acci\u00f3n de tutela, tal como lo dispuso el juzgador de primer grado, se encuentra inmersa en temeridad, siendo aplicable, por tanto, lo establecido en el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, que dispone, \u00abcuando sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada contra la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se despachar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u00bb. <\/p>\n
4. De conformidad con lo anotado, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC11901-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC11901-2023 Radicaci\u00f3n No. 66001-22-13-000-2023-00369-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-76949","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76949","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76949"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76949\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76949"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76949"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76949"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}