STC11903-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11903-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Andrea Liceth Ortiz Gonz\u00e1lez, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, los Juzgados Once Civil del Circuito y Tercero Civil Municipal, ambos de aquella ciudad y la Superintendencia de Sociedades \u2013 Intendencia Regional de Bucaramanga, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes y dem\u00e1s intervinientes en las actuaciones relacionadas con la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a \u00abla defensa\u00bb y a \u00abcontradicci\u00f3n\u00bb, que dice vulneradas por las sedes judiciales y el ente de supervisi\u00f3n accionados. <\/p>\n
En concreto solicita se ordene a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, los Juzgados Once Civil del Circuito y Tercero Civil Municipal, ambos de aquella ciudad, \u00abdejar sin efectos las determinaciones adoptadas por ellos\u00bb, y en consecuencia que el Juzgado Tercero Civil Municipal de Bucaramanga \u00abdisponga la remisi\u00f3n del proceso de garant\u00eda mobiliaria, radicado No. 680014003003-2022-00406-00 adelantado por el Banco Finandina S.A. a la Superintendencia de Sociedades \u2013 Intendencia Regional de Bucaramanga, dentro del tr\u00e1mite de Reorganizaci\u00f3n Abreviada, expediente 106858 que adelanta Jefferson Mauricio Silva Guerrero\u00bb, o en subsidio que dicho estrado \u00abdisponga la devoluci\u00f3n del veh\u00edculo a su propietario\u00bb, o en defecto de lo anterior que la Superintendencia de Sociedades \u00abexcluya la obligaci\u00f3n en favor del Banco Finandina\u00bb, y de otro lado, que el Banco Finandina \u00abprecise si la obligaci\u00f3n derivada del veh\u00edculo de placas DUP-391, modelo 2018, Ford, la materializ\u00f3 con el proceso de garant\u00eda mobiliaria, o tambi\u00e9n la efectu\u00f3 ante la Superintendencia de Sociedades\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto. <\/p>\n
2.1. Dentro del proceso para adjudicaci\u00f3n o realizaci\u00f3n especial de la garant\u00eda mobiliaria tramitado contra la gestora ante el Juzgado Tercero Civil Municipal de Bucaramanga, radicado 68001-40-03-003-2022-00406-00, se orden\u00f3 el 1\u00ba de agosto de 2022 la aprehensi\u00f3n del veh\u00edculo antes individualizado, lo cual efectivamente se realiz\u00f3 por parte de la Polic\u00eda Nacional, por lo cual aquella pidi\u00f3 la nulidad de la decisi\u00f3n con el argumento de que el rodante era de propiedad de Jefferson Mauricio Silva Guerrero, no obstante, el 24 de agosto siguiente el estrado cognoscente neg\u00f3 su solicitud y orden\u00f3 entregar el bien al acreedor garantizado Banco Finandina S.A. <\/p>\n
2.2. El 4 de octubre de 2022 el Juzgado Tercero Civil Municipal de Bucaramanga recibi\u00f3 de Jefferson Mauricio Silva el auto admisorio del proceso para su reorganizaci\u00f3n emitido por la Superintendencia de Sociedades Regional de Bucaramanga, reorganizaci\u00f3n abreviada No. 106858; el 5 de octubre siguiente, al resolver el recurso de reposici\u00f3n presentado por la actora, decidi\u00f3 mantener el auto de 24 de agosto anterior; el 15 de enero de 2023 neg\u00f3 la solicitud de Jefferson Mauricio Silva de remitir el proceso al tr\u00e1mite de insolvencia, porque \u00e9ste no es parte de la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. La gestora explica que el 3 de septiembre de 2020 vendi\u00f3 a Jefferson Mauricio Silva Guerrero el automotor objeto de la garant\u00eda mobiliaria, por lo cual \u00e9ste incluy\u00f3 dentro del proceso para su reorganizaci\u00f3n la deuda vinculada con el mismo a favor de Finandina S.A., y a pesar de ello, le quitaron el bien, entonces tendr\u00eda que pagarlo, sin tenerlo, por lo cual le est\u00e1 reclamando a aquella la devoluci\u00f3n de lo pagado, a la par que la entidad financiera se beneficia con la efectividad de la garant\u00eda, y con el dinero que recibir\u00e1 en el acuerdo de pago celebrado dentro de la insolvencia. <\/p>\n
2.4. Expone la gestora que por la situaci\u00f3n, Jefferson Mauricio Silva present\u00f3 acci\u00f3n de tutela, negada el 24 de abril de 2023 por el Juzgado Once Civil del Circuito de Bucaramanga, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el 1\u00ba de junio de 2023 la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de la misma ciudad, escenario en el cual, asevera, no se analiz\u00f3 el doble cobro que pretende realizar el Banco Finandina S.A. con la adjudicaci\u00f3n de la garant\u00eda y a la vez con el acuerdo de reorganizaci\u00f3n. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga inform\u00f3 que el 1\u00ba de junio de 2023 dict\u00f3 sentencia con que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n negativa al amparo de 24 de abril anterior del Juzgado Once Civil del Circuito de la misma ciudad, dentro del tr\u00e1mite de tutela que promovi\u00f3 Jefferson Mauricio Silva Guerrero contra el Juzgado Tercero Civil Municipal de la misma urbe, providencia en la que puso de presente que \u00abpara el 19 de septiembre de 2022, fecha de admisi\u00f3n del deudor Jefferson Mauricio Silva Guerrero a proceso de reorganizaci\u00f3n, el tr\u00e1mite especial de ejecuci\u00f3n de la garant\u00eda mobiliaria ya hab\u00eda terminado\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Once Civil del Circuito de Bucaramanga resalt\u00f3 que al precitado decurso tutelar se vincul\u00f3 a la aqu\u00ed accionante mediante auto de 11 de abril de los corrientes, quien intervino en la actuaci\u00f3n coadyuvando la solicitud de protecci\u00f3n, y pese a que fue notificada de la sentencia, no la impugn\u00f3. <\/p>\n
3. El Banco Finandina S.A. hizo un recuento de lo ocurrido en el proceso de adjudicaci\u00f3n de la garant\u00eda, el cual promovi\u00f3 contra la aqu\u00ed accionante como suscriptora del contrato de garant\u00eda mobiliaria y codeudora de la obligaci\u00f3n ligada a la misma, junto con Jefferson Silva, y, de otro lado, sostuvo que no est\u00e1 cobrando doble vez una misma obligaci\u00f3n, pues est\u00e1 a la espera de lo que ocurra en el proceso de insolvencia de \u00e9ste en lo referente al veh\u00edculo, es decir, \u00absi es aplicado por el tr\u00e1mite de pago directo o la obligaci\u00f3n es satisfecha dentro del proceso de liquidaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4. Andr\u00e9s Fernando R\u00edos Barajas se opuso a la prosperidad de la protecci\u00f3n, con similares argumentos a los expuestos por el Banco Finandina S.A. <\/p>\n
5. La C\u00e1mara de Comercio, la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos y la Direcci\u00f3n de Tr\u00e1nsito, todas de Bucaramanga, y el Ministerio del Trabajo, pidieron en escritos separados su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
6. La DIAN pidi\u00f3 que no se acceda al amparo porque no se da ninguno de los supuestos para su procedencia contra decisi\u00f3n judicial, adem\u00e1s de que lo reclamado carece de trascendencia constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en \u00abuna medida a\u00fan mayor cuando la providencia atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo\u00bb (CSJ STC, 8 jul. 2008, rad. 2008-01018-00). <\/p>\n
2. De lo expuesto en la demanda de tutela, concluye la Corte que la accionante cuestiona las actuaciones desplegadas por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Bucaramanga en el proceso especial para adjudicaci\u00f3n o realizaci\u00f3n de la garant\u00eda mobiliaria que en su contra promovi\u00f3 el Banco Finandina S.A., en procura de dejarlas sin efecto, para que se remitan a la Superintendencia de Sociedades con destino al proceso de reorganizaci\u00f3n de persona natural comerciante adelantado por Jefferson Mauricio Silva, de manera que se devuelva a \u00e9ste el veh\u00edculo de placa DUP-391, o, que en la precitada actuaci\u00f3n se excluya la obligaci\u00f3n vinculada al automotor. <\/p>\n
3. En este orden de ideas, de manera liminar se advierte que el Juzgado Once Civil del Circuito de Bucaramanga y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de ese mismo Distrito Judicial en segunda instancia, en reciente oportunidad, al resolver en primera y segunda instancia, respectivamente, la acci\u00f3n de tutela presentada por Jefferson Mauricio Silva contra el Juzgado Tercero Civil Municipal de la misma ciudad, se pronunci\u00f3 respecto de los mismos hechos y pretensiones elevadas por la accionante. <\/p>\n
En efecto, en aquella oportunidad la precitada Colegiatura rese\u00f1\u00f3 como circunstancias relevantes para la definici\u00f3n de esa acci\u00f3n de tutela, los siguientes: <\/p>\n
El 18 de agosto de 2022 fue aprehendido el veh\u00edculo de su propiedad de placa DPU-391 por orden del Juzgado Tercero Civil Municipal de Bucaramanga dentro del proceso de garant\u00eda mobiliaria radicado No. 2022-00406-00. 2. Tal captura fue ilegal porque en la respectiva orden se se\u00f1al\u00f3 a Andrea Liceth Ortiz Gonz\u00e1lez como due\u00f1a del automotor. Al acudir al Juzgado accionado constat\u00f3 que, el proceso de realizaci\u00f3n de garant\u00eda mobiliaria se sigue contra la precitada y no frente a \u00e9l, sin que se realizara el pertinente aviso al deudor. 3. El prove\u00eddo que dispuso la aprehensi\u00f3n del rodante debe notificarse por estados como lo se\u00f1ala el art\u00edculo 295 del C.G.P. 4. En el expediente del proceso no reposa comunicaci\u00f3n dirigida al ac\u00e1 actor, como actual propietario del veh\u00edculo y deudor, dificultando su derecho de defensa y la entrega voluntaria del bien al acreedor. 5. Desde febrero de 2022 adelanta un proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial de acuerdo con lo aprobado por la Superintendencia de Sociedades, en el cual el Banco FINANDINA es parte y el estado del inventario del deudor fue aprobado con el veh\u00edculo de placa DPU 391. 6. La decisi\u00f3n del despacho confutado le ocasiona perjuicios por desconocer sus derechos a la defensa y al debido proceso por la indebida notificaci\u00f3n del auto que decret\u00f3 la captura del tan citado veh\u00edculo. 7. La Superintendencia de Sociedades por auto del 20 de septiembre de 2022 comunic\u00f3 a la Direcci\u00f3n de Tr\u00e1nsito de Bucaramanga que hab\u00edan decretado el embargo de los bienes sujetos a registro de propiedad de Jefferson Mauricio Silva Guerrero, persona natural comerciante en reorganizaci\u00f3n, medida cautelar de naturaleza concursal que prevalece sobre las que hayan dispuesto y practicado en otros procesos. 8. Ha pedido en diversas oportunidades que le env\u00eden el expediente digital del proceso para ejercer su derecho a la defensa y solicitar la nulidad de lo actuado, sin obtener respuesta por parte del Juzgado. <\/p>\n
La Colegiatura resalt\u00f3 en su prove\u00eddo que, <\/p>\n
ANDREA LICETH ORTIZ G\u00d3NZALEZ coadyuv\u00f3 la salvaguardia introducida, manifestando que no es propietaria del veh\u00edculo de placas DUP 391 desde septiembre de 2020 por venta autorizada a nombre de Jefferson Mauricio Silva por el Banco FINANDINA, que, dice, miente al afirmar que ella es la actual due\u00f1a del veh\u00edculo. <\/p>\n
Frente a la tem\u00e1tica planteada, la autoridad en comento consider\u00f3, <\/p>\n
\u2026 de la revisi\u00f3n del asunto radicado No. 2022-00406 que dej\u00f3 a disposici\u00f3n del Tribunal el Juzgado Tercero Civil Municipal de Bucaramanga, en aquello que viene al caso concreto que nos re\u00fane, se establece que, el Banco Finandina S.A., asistido de mandatario judicial, present\u00f3 solicitud de aprehensi\u00f3n y entrega del bien objeto de garant\u00eda mobiliaria No.80000195879 y cr\u00e9dito 114010870 en contra de Andrea Liceth Ortiz Gonz\u00e1lez, respecto del veh\u00edculo de placa DUP-391, para que fuera puesto a disposici\u00f3n del despacho en alguno de los parqueaderos autorizados. <\/p>\n
Por auto del 1 de agosto de 2022 se admiti\u00f3 lo pedido, decret\u00e1ndose la aprehensi\u00f3n del mencionado automotor, libr\u00e1ndose los correspondientes oficios, disponiendo adelantar el tr\u00e1mite previsto en el art\u00edculo 2.2.2.4.2.3 del decreto 1835 de 2015. <\/p>\n
El 22 de agosto de 2022 la Polic\u00eda Nacional Metropolitana de Bucaramanga puso a disposici\u00f3n del Juzgado el rodante, capturado el 18 de agosto de 2022 en esta ciudad. <\/p>\n
El 23 de agosto de 2022 el abogado del banco demandante solicit\u00f3 la terminaci\u00f3n del tr\u00e1mite por pago directo, al igual que, el levantamiento de la orden de aprehensi\u00f3n del automotor. El 23 de agosto de 2022 la demandada Andrea Liceth Ortiz Gonz\u00e1lez propuso nulidad de la aprehensi\u00f3n del veh\u00edculo, a fin de que se dispusiera entregarlo a Jefferson Mauricio Silva Guerrero. <\/p>\n
Por auto del 24 de agosto de 2022 se dispuso oficiar a la Polic\u00eda Nacional y al parqueadero La Principal SAS, comunicando la cancelaci\u00f3n de la orden de aprehensi\u00f3n del rodante y a su vez se procediera con la entrega del veh\u00edculo al acreedor garantizado \u2013 Banco Finandina S.A. Adem\u00e1s, se rechaz\u00f3 de plano la nulidad planteada por Andrea Liceth Ortiz Gonz\u00e1lez, anot\u00e1ndose que: \u201cEl hecho que la peticionaria hubiere traspasado la propiedad del veh\u00edculo a un tercero, en nada afecta la vigencia de la garant\u00eda mobiliaria constituida. Es m\u00e1s, en la copia de la licencia de tr\u00e1nsito que anexa figura inscrita la garant\u00eda. Luego era perfectamente viable que el acreedor acudiera al tr\u00e1mite de ejecuci\u00f3n por pago directo como aqu\u00ed lo hizo independiente de quien figure como propietario, pues quien adquiere el veh\u00edculo lo hace con conocimiento de la existencia y vigencia de la garant\u00eda. De paso se destaca que la referencia del acreedor garantizado hacia la se\u00f1ora ANDREA LICETH ORTIZ GONZALEZ es en calidad de garante o deudor. Ins\u00edstase. No interesa quien figure luego como propietario ni es siquiera necesario convocarlo dentro del tr\u00e1mite de ejecuci\u00f3n por pago directo. Ahora, como la peticionaria no acredita la calidad de abogada tampoco es viable dar tr\u00e1mite a su solicitud, pues recordemos que seg\u00fan el art\u00edculo 25 del Decreto 196 de 1971 nadie podr\u00e1 litigar en causa propia o ajena si no es abogado inscrito. Y este asunto no est\u00e1 dentro de aquellos donde se permite a los ciudadanos actuar en causa propia.\u201d <\/p>\n
El 30 de agosto de 2022 la demandada Andrea Liceth Ortiz Gonz\u00e1lez, valida de abogada, present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n contra el prove\u00eddo del 1 de agosto de 2022 que orden\u00f3 la aprehensi\u00f3n del automotor de placa DUP-381, aduciendo que, a quien ten\u00eda que demandarse era a Jefferson Mauricio Silva Guerrero como propietario del mismo. <\/p>\n
El 7 de septiembre de 2022 Jefferson Mauricio Silva Guerrero, por conducto de apoderada, y con ocasi\u00f3n del traslado del recurso de reposici\u00f3n interpuesto por la demandada Andrea Liceth Ortiz Gonz\u00e1lez, acerc\u00f3 escrito esgrimiendo argumentos similares a los que alega en esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Por interlocutorio del 5 de octubre de 2022 se resolvi\u00f3 de forma desfavorable el recurso de reposici\u00f3n que interpuso Andrea Liceth Ortiz Gonz\u00e1lez, neg\u00e1ndose, tambi\u00e9n, la solicitud elevada por Jefferson Mauricio Silva Guerrero, tras considerar que: \u201c (\u2026) De esta manera, se advierte la necesidad de aclarar en primer lugar que, no estamos frente a un \u201cPROCESO\u201d tal y como lo aduce la recurrente, sino a una solicitud de orden de aprehensi\u00f3n y entrega de bien, la cual, no corresponde a un proceso sino a un tr\u00e1mite especial, conforme lo reglado en la Ley 1676 de 2013, en congruencia con lo normado en el Decreto 1835 de 2015\u2026 Ahora bien, sea este el momento oportuno para advertir que, contrario a lo expuesto por la recurrente en su escrito de reposici\u00f3n, y por el se\u00f1or JEFFERSON MAURICIO SILVA, en este tr\u00e1mite no se ha vulnerado derecho fundamental alguno, ni se encuentra viciado de nulidad, tal y como ya se hab\u00eda puesto de presente dentro del tr\u00e1mite, en auto del 24 de agosto de 2022. Lo anterior, teniendo en cuenta que, si bien es cierto que en el auto del 01 de agosto de 2022, no se estableci\u00f3 el nombre del se\u00f1or JEFFERSON MAURICIO SILVA, como propietario del veh\u00edculo DUP-391, tambi\u00e9n lo es que dicha falencia no nulita el presente tr\u00e1mite, toda vez que, la garant\u00eda sobre dicho bien, no limita la propiedad, luego el actual propietario, al adquirir el bien, conoc\u00eda de antemano la existencia de la garant\u00eda mobiliaria, luego a su vez, sab\u00eda que el acreedor en cualquier momento pod\u00eda hacer valer la misma; m\u00e1xime teniendo en cuenta que, el se\u00f1or JEFFERSON MAURICIO SILVA, contrario a lo que pretende hacer creer al Despacho, no es ajeno a la acreencia por la cual se dio en garant\u00eda el bien objeto de las presentes diligencias, dado que obra en calidad de deudor, en conjunto con la se\u00f1ora ANDREA LICETH ORTIZ GONZALEZ.\u201d <\/p>\n
El 14 de diciembre de 2022 Jefferson Mauricio Silva Guerrero reiter\u00f3 la solicitud de remisi\u00f3n de las diligencias a la Superintendencia de Sociedades oficina de Bucaramanga. <\/p>\n
Por prove\u00eddo del 25 de enero de 2023 el despacho se abstuvo de dar tr\u00e1mite al anterior memorial, porque Jefferson Mauricio Silva Guerrero no es parte en el caso, donde act\u00faa como \u00fanica demandada Andrea Liceth Ortiz Gonz\u00e1lez. <\/p>\n
De consiguiente, del examen de los aspectos relevantes que acaban de detallarse, la Sala concluye que ni el JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA ni el BANCO FINANDINA S.A. han incurrido en afectaci\u00f3n a las garant\u00edas constitucionales usadas como sustento de su petitorio de amparo por el ac\u00e1 actor, tal y como con acierto lo defini\u00f3 en su fallo el Juez de primer grado, toda vez que, no se advierte que las decisiones all\u00ed emitidas por el funcionario competente y las actuaciones surtidas al interior del tr\u00e1mite de garant\u00eda mobiliaria iniciado por el Banco Finandina S.A contra Andrea Liceth Ortiz Gonz\u00e1lez, radicado 2022-00406, est\u00e9n apartadas de las preceptivas legales y de las circunstancias f\u00e1cticas que rodean el evento sometido a su definici\u00f3n, puesto que, se soportan en criterios razonables cimentados en las normas que regulan las cuestiones analizadas y dilucidadas, descart\u00e1ndose que las mismas sean arbitrarias, caprichosas, subjetivas o carentes del condigno sustento jur\u00eddico y demostrativo, todo lo cual comporta que al Juez constitucional no le es permitido adentrarse en un nuevo estudio del asunto de cara al pedimento que aqu\u00ed se depreca, como si se tratara del Juez natural del tan aludido asunto. <\/p>\n
Significa, entonces, que no puede el juez de tutela desconocer lo resuelto por el despacho competente al verificar la situaci\u00f3n de incumplimiento de las cl\u00e1usulas del contrato de prenda sobre el veh\u00edculo de placas DUP 391 celebrado por Andrea Liceth Ortiz Gonz\u00e1lez, persona que vendi\u00f3 el mencionado veh\u00edculo al aqu\u00ed actor, m\u00e1xime cuando el tr\u00e1mite se ajust\u00f3 a las normas propias del caso sometido a su definici\u00f3n. <\/p>\n
\u2026tampoco es atendible su pedimento orientado a que se disponga el env\u00edo del expediente a la Superintendencia de Sociedades, porque cuando fue admitido al proceso de reorganizaci\u00f3n el tr\u00e1mite extraordinario de que se viene hablando ya hab\u00eda culminado, a m\u00e1s de que, tal situaci\u00f3n no afecta la garant\u00eda mobiliaria debidamente constituida. <\/p>\n
En fin, no se vislumbra, ni en lo m\u00e1s nimio, la existencia de una infracci\u00f3n a los derechos del accionante, lo que hace innecesaria la intervenci\u00f3n del Juez constitucional, que no puede invadir la \u00f3rbita de las facultades de que est\u00e1n investidos los jueces naturales para esclarecer las controversias que son sometidas a su conocimiento, a quienes les incumbe estudiar de modo cabal el tema en discusi\u00f3n y dictar la decisi\u00f3n pertinente de acuerdo a la normativa aplicable y haciendo uso de los principios de independencia y autonom\u00eda que les asisten. La labor del Juez de tutela radica en establecer si las actuaciones objeto de reproche generan violaci\u00f3n de los derechos esenciales del reclamante, ocasion\u00e1ndole con ello un perjuicio irremediable, contexto este que no se configura, ni por asomo, en la especie que nos ocupa. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al ya existir un pronunciamiento constitucional por parte de los precitados Juzgado y Tribunal, al existir identidad de partes, objeto, causa, esto es, dejar sin efecto lo actuado en el comentado proceso especial para adjudicaci\u00f3n o realizaci\u00f3n de garant\u00eda mobiliaria, la salvaguarda se torna improcedente. <\/p>\n
4. Aunado a lo anterior, se destaca que la ac\u00e1 quejosa contest\u00f3 e incluso coadyuv\u00f3 las pretensiones supralegales en esa solicitud de amparo; de la misma manera al haber sido vinculada a ese decurso, pudo intervenir formulando impugnaci\u00f3n, incluso, ante la Corte Constitucional al surtir la eventual revisi\u00f3n1, a fin de pretender la invalidez de las comentadas decisiones del proceso especial de adjudicaci\u00f3n de garant\u00eda; de ah\u00ed que no sea de recibo que la gestora active otro pronunciamiento constitucional, se itera, con el mismo objeto, causa y partes, pues, se enfatiza, ello implicar\u00eda un nuevo pronunciamiento sobre una situaci\u00f3n ya zanjada por la justicia constitucional, a pesar de los efectos de cosa juzgada formal que el mismo conlleva, lo cual resulta improcedente, pues como lo ha reiterado esta Sala, <\/p>\n
\u2026[Si] la Corte Constitucional excluy\u00f3 de revisi\u00f3n la acci\u00f3n de tutela fallada por las Oficinas Judiciales accionadas, ello no hace, per se, viable una nueva solicitud de amparo por cuanto en este evento el afectado que se encuentre inconforme con un fallo de tutela puede acudir ante el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n constitucional para solicitar la revisi\u00f3n del fallo, con fundamento en lo dispuesto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991. Empero, en firme la aludida decisi\u00f3n de exclusi\u00f3n deviene la ejecutoria formal del fallo de segunda instancia ahora censurado, con lo cual queda clausurado en forma definitiva el debate iusfundamental (CSJ STC, 19 jul. 2011, rad. 2011-01439-00, reiterada en STC2884-2015, 13 mar. 2015, rad. 2015-00092-01). <\/p>\n
5. Las consideraciones que anteceden resultan suficientes para negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Excluida de revisi\u00f3n con prove\u00eddo de 31 de agosto de 2023, radicado T9500533 <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC11903-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC11903-2023 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Andrea Liceth Ortiz Gonz\u00e1lez, contra la Sala Civil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-76951","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76951","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76951"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76951\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76951"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76951"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76951"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}