STC11909-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-10-000-2023-01138-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo emitido el 22 de septiembre de 2023 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela que Roberto Sandoval le formul\u00f3 al Juzgado Quinto de Familia y a la Comisar\u00eda Quince de Familia de la Localidad Antonio Nari\u00f1o, ambos de esta ciudad, extensiva a los intervinientes en el procedimiento de violencia intrafamiliar n\u00b0 163-2005. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El actor pidi\u00f3 que, en virtud de la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, trabajo y libertad, se le \u00abotorgue la oportunidad de dar cumplimiento a la multa impuesta por la Comisar\u00eda 15 de Familia de Antonio Nari\u00f1o (16 dic. 2022), confirmada por el Juzgado 5 de Familia de Bogot\u00e1 (23 jun. 2023), por un valor de nueve millones doscientos ochenta mil pesos (9\u2019280.000), el equivalente a ocho (8) s.m.m.l.v., en un plazo de hasta dieciocho (18) cuotas\u00bb. <\/p>\n
Adujo que la multa se le impuso con ocasi\u00f3n del incumplimiento de las medidas de protecci\u00f3n conferidas a Martha Sonia Pinilla Brice\u00f1o, en el procedimiento de violencia intrafamiliar que ella le impuls\u00f3. Como no tiene para sufragarla, pues carece de un salario fijo, posee ingresos mensuales de $4.000.000, y de \u00e9l depende su entorno familiar, conformado entre otros, por un estudiante universitario, le pidi\u00f3 a la Comisar\u00eda que le otorgara la posibilidad de pagarla por instalamentos. Sin embargo, desestim\u00f3 la petici\u00f3n bajo el argumento de que la sanci\u00f3n estaba en firme y, en su lugar, remiti\u00f3 las diligencias al juzgado para que convirtiera la multa en arresto (11 ag. 2023). Aunque interpuso reposici\u00f3n, dicha autoridad mantuvo la negativa (23 ag. 2023). <\/p>\n
Por otro lado, resalt\u00f3 que esta Corporaci\u00f3n ha admitido esa posibilidad atendiendo a si el sancionado ten\u00eda voluntad de pago, pero no est\u00e1 en condiciones de realizarlo, que es la situaci\u00f3n en la que \u00e9l se encuentra (STC 11 may. 2020, rad. 2020-00126-01). <\/p>\n
2.- La Comisar\u00eda convocada defendi\u00f3 las actuaciones reprochadas y remiti\u00f3 el expediente contentivo del procedimiento de violencia intrafamiliar. El Juzgado, por su parte, remiti\u00f3 las diligencias objeto de censura. No hubo m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
3.- El Tribunal desestim\u00f3 el ruego por falta de subsidiariedad, toda vez que \u00abel actor no ha incoado solicitud alguna ante el Juez demandado con el fin de que le sea concedido un plazo para el pago de la multa que le fue impuesta (\u2026)\u00bb. Adem\u00e1s, para el momento de la presentaci\u00f3n del resguardo \u00abse encontraba pendiente el tr\u00e1mite de la conversi\u00f3n de la multa en arresto, en el que el funcionario deber\u00e1 analizar las condiciones particulares del caso, para decidir en torno a la orden de aprehensi\u00f3n correspondiente\u00bb. <\/p>\n
4.- En desacuerdo, el gestor impugn\u00f3. Dijo que la acci\u00f3n s\u00ed cumple el presupuesto echado de menos por el a quo, toda vez que provoc\u00f3 un pronunciamiento de la Comisar\u00eda, y recurri\u00f3 la soluci\u00f3n dispensada a su reclamo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Dado el car\u00e1cter residual y excepcional de este sendero, <\/p>\n
este camino no se puede activar \u00abpara reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional (\u2026)\u00bb, es decir, sin antes haber agotado todos los mecanismos que el interesado tiene para defender sus derechos. De lo contrario, se desconocer\u00edan \u00ablas normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (STC16731-2022, reiterada, entre otras, en STC622-2023). <\/p>\n
En el caso, como lo advirti\u00f3 el Tribunal de Bogot\u00e1, la tutela es prematura debido a que al momento de su formulaci\u00f3n, el recurrente no hab\u00eda hecho uso de todas las herramientas que ten\u00eda o tiene a su alcance para obtener lo pretendido por esta v\u00eda. Ello, porque acudi\u00f3 a este sendero sin exhibir la problem\u00e1tica que lo aqueja ante el Juzgado Quinto de Familia de Bogot\u00e1, a donde la Comisar\u00eda orden\u00f3 remitir las diligencias para que determinara si era procedente conmutar la multa por arresto1. <\/p>\n
Adem\u00e1s, nada obsta para que le exponga a dicho estrado judicial las razones por las cuales es procedente concederle un plazo para pagar la multa, en lugar de ordenar la privaci\u00f3n de la libertad, como aqu\u00ed lo propuso. Con mayor raz\u00f3n, cuando, en todo caso, tendr\u00e1 la posibilidad de impugnar la decisi\u00f3n de convertir el arresto en multa, pues a voces del art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 294 de 1996, modificado por el precepto 3\u00b0 de la Ley 575 de 20002, dicha directriz es susceptible del recurso de reposici\u00f3n. <\/p>\n
En suma, el desenlace opugnado se ratificar\u00e1 porque el censor dispone de otros instrumentos distintos a \u00e9ste para remediar la lesi\u00f3n denunciada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia anotadas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZAL\u00c9Z NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El art\u00edculo 2.2.3.8.1.8. del Decreto 1069 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho dispone: \u00abArresto. De conformidad con el art\u00edculo 11 de la Ley 575 de 2000, la orden de arresto prevista se expedir\u00e1 por el juez de familia o promiscuo de familia, o en su defecto por el juez civil municipal o promiscuo, mediante auto motivado, con indicaci\u00f3n del t\u00e9rmino y lugar de reclusi\u00f3n. <\/p>\n
Para su cumplimiento se remitir\u00e1 oficio al comandante de polic\u00eda municipal o Distrital seg\u00fan corresponda con el fin de que se conduzca al agresor al establecimiento de reclusi\u00f3n y se comunicar\u00e1 a la autoridad encargada de su ejecuci\u00f3n as\u00ed como al comisario de familia si \u00e9ste ha solicitado la orden de arresto. <\/p>\n
2\u0002 \u00abEl incumplimiento de las medidas de protecci\u00f3n dar\u00e1 lugar a las siguientes sanciones: <\/p>\n
a) Por la primera vez, multa entre dos (2) y diez (10) salarios m\u00ednimos legales mensuales, convertibles en arresto, la cual debe consignarse dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a su imposici\u00f3n. La Conversi\u00f3n en arresto se adoptar\u00e1 de plano mediante auto que s\u00f3lo tendr\u00e1 recursos de reposici\u00f3n, a raz\u00f3n de tres (3) d\u00edas por cada salario m\u00ednimo; (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
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