STC11913-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11913-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-00809-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 6 de junio de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Fanny Luc\u00eda Eraso Rivera y Santiago Fernando Argoti Portilla contra la Sala de Extinci\u00f3n del Derecho de Domino del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de la misma ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los accionantes reclaman intermedio de apoderado judicial la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y \u00aba la propiedad privada\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
En concreto solicitan que se ordene \u00aba la Sala Penal Especializada en Extinci\u00f3n de Domino del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 que, en un t\u00e9rmino de 48 horas, deje sin efectos la sentencia del 9 de diciembre de 2021\u00bb y en su lugar \u00abemita una nueva decisi\u00f3n, declarando la improcedencia de la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio sobre las matr\u00edculas inmobiliarias 240-100098, 240-139647 y 240-139679\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Afirman los gestores que la accionante Fanny Luc\u00eda Erazo Rivera adquiri\u00f3 junto con V\u00edctor Geovanny Delgado Melo el inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 240-100098, con recursos en su mayor\u00eda provenientes de la Caja Promotora de Vivienda Militar y los inmuebles identificados con las matr\u00edculas inmobiliarias No. 240-1396647 y 240-139679 fueron adquiridos por el accionante Santiago Fernando Argoti Portilla, por compra a V\u00edctor Giovanny Delgado Melo, con dinero proveniente de una indemnizaci\u00f3n laboral. <\/p>\n
2.2. Se\u00f1alan que en tr\u00e1mite de extinci\u00f3n de dominio inici\u00f3 porque se adelant\u00f3 proceso penal contra Geovanny Delgado Melo por el delito de sedici\u00f3n, por lo que acudieron al proceso y aportaron las pruebas de la legalidad de los recursos con que adquirieron los precitados bienes, por lo cual el 28 de abril de 2011 la Fiscal\u00eda 16 Delegada para la Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio dict\u00f3 resoluci\u00f3n que declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n, pero al surtirse el grado jurisdiccional de consulta, el 22 de junio de 2012 la Unidad Nacional de Fiscal\u00edas ante el Tribunal de Distrito para la Extinci\u00f3n del Derecho de Domino y Contra el Lavado de Activos revoc\u00f3 la decisi\u00f3n respecto de los inmuebles con FMI 240-139647 y 240-139679 y orden\u00f3 adelantar la extinci\u00f3n del derecho de dominio, sin que, sostienen el inmueble del FMI 240-100098 siguiera la misma suerte. <\/p>\n
2.3. Aseveran que en el tr\u00e1mite judicial, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1 dict\u00f3 sentencia el 19 de abril de 2017 donde declar\u00f3 la extinci\u00f3n del derecho de domino, tras se\u00f1alar que la fuente de la acci\u00f3n era el informe donde se relacion\u00f3 a V\u00edctor Geovanny Delgado Melo como presunto responsable del delito de sedici\u00f3n, sin tener en cuenta que \u00e9ste fue absuelto del delito seg\u00fan fallo de 30 de septiembre de 2011 del Juzgado Primero Penal del Circuito Adjunto de Pasto, que se encuentra ejecutoriado, ni las dem\u00e1s pruebas allegadas al juicio, de ah\u00ed que, aseguran, aquel juzgador presumi\u00f3 la mala fe y el origen il\u00edcito de los recursos con que se adquirieron los bienes. <\/p>\n
2.4. Narran que la precitada decisi\u00f3n fue confirmada el 9 de diciembre de 2021 por la Sala de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, con similares desaciertos a los que incurri\u00f3 el juzgador de primera instancia, providencia \u00e9sta que, afirman, conocieron en el mes de noviembre de 2022. <\/p>\n
LAS RESPUESTA DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 pidi\u00f3 que no se acceda a la protecci\u00f3n, porque sus actuaciones no vulneraron los derechos fundamentales cuya protecci\u00f3n se invoca, al haberse brindado todas las garant\u00e1is a las partes e intervinientes. <\/p>\n
2. La Sociedad de Activos Especiales S.A.S. \u2013 SAE- y el Ministerio de Justicia y del Derecho pidieron su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
3. El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Domino de Bogot\u00e1 y la Fiscal\u00eda 16 Especializada de la Unidad Nacional para la Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos, en escritos separados, solicitaron no acceder la protecci\u00f3n por inexistencia de la vulneraci\u00f3n superior alegada. <\/p>\n
4. La Direcci\u00f3n de Gesti\u00f3n Jur\u00eddica de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales \u2013 DIAN \u2013 enfatiz\u00f3 que la tutela no es escenario para el reestudio de situaciones evacuadas por el juez del caso. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia neg\u00f3 el resguardo por incumplir el requisito de procedibilidad de la inmediatez, porque las decisiones cuestionadas datan de hace poco m\u00e1s de un (1) a\u00f1o, sin que obre justificaci\u00f3n para la tardanza. <\/p>\n
Con todo, tras analizar el contenido de la sentencia proferida por la Colegiatura accionada, coligi\u00f3 que lo decidido no puede catalogarse como arbitrario. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La presentaron los promotores alegando que el amparo fue promovido dentro de un plazo razonable, m\u00e1xime cuando lo pretendido es evitar una \u00abarbitrariedad judicial\u00bb, e insisti\u00f3 en las pruebas del origen de los recursos utilizados para adquirir los inmuebles cuyo dominio se extingui\u00f3, y, en la exoneraci\u00f3n de responsabilidad penal de V\u00edctor Geovanny Delgado Melo por el presunto delito de sedici\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Advierte la Corte que el amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, y por ende corresponde confirmar la decisi\u00f3n constitucional de primer grado, porque auscultado el diligenciamiento objeto de reclamo <\/p>\n
<\/p>\n
2. La \u00faltima decisi\u00f3n emitida de las actuaciones que se alegan vulneradoras de las prerrogativas superiores invocadas, consistente en la sentencia de 9 de diciembre de 2021 de la Sala de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, fue emitida y notificada m\u00e1s de un (1) a\u00f1o antes de la interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el 20 de abril del presente a\u00f1o, super\u00e1ndose ampliamente el lapso de seis (6) meses que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional. <\/p>\n
Lo anterior bajo el entendido que la foliatura no reporta la existencia de alg\u00fan motivo v\u00e1lido que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional, si en cuenta se tiene que la misma se tiene por conocida por las partes y dem\u00e1s intervinientes en el proceso desde el momento en que fue notificada el 21 de enero de 2022, mas no en la data que los gestores afirman haberla conocido. <\/p>\n
Sobre el requisito de inmediatez, se ha sostenido que: <\/p>\n
(…) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01) <\/p>\n
4. Lo consignado basta para respaldar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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