STC11916-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC11916-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. \u00ba 11001-02-03-000-2023-03810-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Pedro Eliecer y Olga Lucia Venegas Mac\u00edas instauraron contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, extensiva al Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2018-00404. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los libelistas, a trav\u00e9s de apoderado, invocaron la protecci\u00f3n del derecho al debido proceso para se ordenara a la Colegiatura accionada dejar sin efecto el fallo de 29 de agosto de 2023 y, en consecuencia, proferir uno nuevo. <\/p>\n
En compendio sostuvieron que el iudex plural censurado en el proceso de resoluci\u00f3n de contrato que Francisco Nieto Cajamarca promovi\u00f3 en su contra, de Pedro Eliecer Venegas Ch\u00e1vez y Rosa Mar\u00eda Venegas de Zabala (rad. 2018-00404), el 29 de agosto de 2023 emiti\u00f3 sentencia que modific\u00f3 la dictada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 (12 oct. 2022), veredicto que establece un precedente que desconoce normas del C\u00f3digo de Comercio \u00aba favor de una persona que alega tener la calidad de comerciante en la presentaci\u00f3n de una demanda judicial para obtener una indemnizaci\u00f3n y sin demostrar el cumplimiento de sus deberes como comerciante (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Aseveraron que en ambas instancias se present\u00f3 una defectuosa valoraci\u00f3n probatoria, pues el demandante alleg\u00f3 un certificado de C\u00e1mara y Comercio del establecimiento comercial Frank Fort Creaciones, en el que declar\u00f3 que los activos para el a\u00f1o 2009 fueron $34.709.000 y para el a\u00f1o 2012 de $48.160.000; no obstante, esos valores en la demanda fueron alterados, \u00ablo cual al momento del fallo se deb\u00eda tener en cuenta al tenor de lo consagrado en el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo general del proceso (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Arguyeron que los despachos criticados debieron analizar el \u00abDEBER DEL DEMANDANTE DE MITIGACI\u00d3N DEL DA\u00d1O PROPIO, en Colombia su aplicaci\u00f3n se ha consentido por v\u00eda jurisprudencial, justamente, en unos primeros pronunciamientos, la Corte fij\u00f3 como subregla que el quantum indemnizatorio debe disminuirse en los eventos en que la v\u00edctima haya creado un escenario favorable a la ocurrencia del da\u00f1o o su propagaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 se opusieron al resguardo y aportaron el link de acceso al expediente objetado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se anuncia el decaimiento del amparo, debido a que la determinaci\u00f3n expedida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca (29 ag. 2023), que modific\u00f3 la de 12 de octubre de 2022 del Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, en el sentido de \u00abcondenar de manera solidaria a los demandados Olga Luc\u00eda Venegas Mac\u00edas, Pedro Eliecer Venegas Mac\u00edas, Pedro Eliecer Venegas Ch\u00e1vez y Rosa Mar\u00eda Venegas de Zabala a pagar a favor de Francisco Nieto Cajamarca dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria de este fallo, la suma de ciento veinti\u00fan millones setecientos sesenta y seis mil cuatrocientos veintinueve pesos ($121.766.429) debidamente indexados, causados desde el 1 de febrero de 2016 -trabajo pericial- hasta el 31 de julio de 2023 \u00faltima fecha actualizada por el DANE, por concepto de indemnizaci\u00f3n de perjuicios\u00bb (rad. 2018-00404), no luce antojadiza, ni caprichosa; sino que, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa aplicable al caso y la jurisprudencia depurada sobre el tema, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del paginario. <\/p>\n
Para arribar a dicha conclusi\u00f3n, precis\u00f3 que Francisco Nieto Cajamarca en calidad de arrendatario y Pedro Eliecer Venegas y Martha Isabel Venegas como arrendadores, el 1\u00b0 de diciembre de 1985 suscribieron un contrato de arrendamiento sobre el inmueble ubicado en la carrera 6 No. 3-50 en el municipio de Cajic\u00e1, que luego renovaron Pedro Eliecer Venegas Mac\u00edas, Pedro Eliecer Venegas Ch\u00e1vez, Olga Luc\u00eda Venegas Mac\u00edas y Rosa Mar\u00eda Venegas de Zabala, acordando terminarlo con un \u00abcontrato\u00bb de transacci\u00f3n de 14 de julio de 2011, \u00abestableciendo que, por motivos de demolici\u00f3n del bien, se entregar\u00eda el local comercial el 28 de febrero de 2012 y conforme lo previsto en el art\u00edculo 521 del C. de Co., el se\u00f1or Nieto Cajamarca \u201ctendr\u00e1 derecho de preferencia en la selecci\u00f3n y escogencia de los nuevos locales que resulten de la nueva construcci\u00f3n. En todo caso el respectivo inmueble y su respectivo canon ser\u00e1n de similares caracter\u00edsticas a los que rigen actualmente\u201d\u00bb. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que del dossier se constata que, mediante comunicaci\u00f3n de 19 de septiembre de 2012, los demandados ofrecieron a Francisco Nieto Cajamarca un local comercial en arriendo ubicado en la carrera 6 No 3-50 por el valor de mensual de $10.000.000 y el t\u00e9rmino de un a\u00f1o, \u00abcontest\u00e1ndoles que en efecto se encontraba interesado en tomar nuevamente el establecimiento, siempre y cuando se dieran las mismas condiciones del anterior contrato, como hab\u00eda quedado estipulado en el pacto de transacci\u00f3n. Sin embargo, con escrito de 28 de septiembre de 2012 los se\u00f1ores Pedro Eliecer Venegas Ch\u00e1vez, Pedro Eliecer Venegas Mac\u00edas, Olga Luc\u00eda Venegas Mac\u00edas y Rosa Mar\u00eda Venegas de Zabala le manifestaron la ratificaci\u00f3n de la oferta inicial\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que del interrogatorio rendido por Pedro Eliecer Vanegas Ch\u00e1vez se extrae que Francisco Nieto Cajamarca pagaba $915.000 mensuales como canon de arrendamiento y, que el local comercial fue arrendado a persona diferente \u00abdroguer\u00eda la Econom\u00eda\u00bb, por un valor de $3.000.000; lo cual, coincide con lo manifestado por Olga Luc\u00eda Venegas Mac\u00edas. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, que \u00abel demandante llevaba m\u00e1s de veinticinco a\u00f1os ejerciendo su actividad comercial en el local que entreg\u00f3 para ser remodelado el inmueble, donde pagaba aproximadamente $1.000.000 por el canon de arrendamiento, siendo en la actualidad un edificio moderno y, que en el establecimiento ahora se encuentra funcionando como negocio una farmacia\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) los demandados incumplieron abruptamente con el v\u00ednculo negocial suscrito entre las partes, puesto que, la oferta en la que se escudan de haber preferido al demandante, consisti\u00f3 en ofrecer el arriendo del inmueble por valor de $10.000.000, que de antemano sab\u00edan no atend\u00eda en lo m\u00e1s m\u00ednimo las condiciones ni caracter\u00edsticas del contrato que los reg\u00eda, lo que de suyo llevar\u00eda a obtener una respuesta negativa por parte del se\u00f1or Nieto Cajamarca, para as\u00ed arrendar el inmueble a otra persona, esto fue, a \u201cDroguer\u00eda la Econom\u00eda\u201d, mas no por ese valor, sino por $3.000.000, lo que hace evidente que la intenci\u00f3n de los arrendadores era no acatar el derecho de preferencia que amparaba al comerciante inquilino con quien hab\u00edan transado la entrega del local, para renovar el contrato de arrendamiento, lo que consecuentemente arrastr\u00f3 con el incumplimiento del derecho del arrendatario a continuar con la actividad comercial que ven\u00eda desarrollando aproximadamente veintisiete a\u00f1os atr\u00e1s en ese lugar, dejando de garantizar el goce de la cosa arrendada. M\u00e1s a\u00fan, cuando los locales comerciales resultantes, no ten\u00edan destinado ser la propia habitaci\u00f3n o un establecimiento suyo del propietario, a tono con el n\u00fam. 2 del art\u00edculo 518 del C. Co.\u00bb. <\/p>\n
Reiter\u00f3 que no hay duda sobre la comprobaci\u00f3n en el plenario del acuerdo de voluntades base de la acci\u00f3n y los t\u00e9rminos del mismo; adem\u00e1s, de evidenciarse la causal objeto de incumplimiento que acarrea el respectivo resarcimiento. <\/p>\n
Esboz\u00f3 que \u00abla cl\u00e1usula tercera oblig\u00f3 a los demandados a tener preferencia con el se\u00f1or Francisco Nieto Cajamarca, se colige que el hecho de no renovarse el contrato de arrendamiento conforme a lo plasmado en el pacto de transacci\u00f3n, constituy\u00f3 el incumplimiento contractual imputable a la parte pasiva, lo que autoriza al actor pedir a su arbitrio la resoluci\u00f3n de contrato con indemnizaci\u00f3n de perjuicios\u00bb. <\/p>\n
Analiz\u00f3 los peritajes aportados para finalmente anunciar que del ejercicio de valoraci\u00f3n y ponderaci\u00f3n realizado por el a quo y de los elementos probatorios arrimados al juicio: <\/p>\n
\u00abno se desprende los yerros que se alegan frente a su apreciaci\u00f3n, de tal manera que, partiendo del valor que arroj\u00f3 el dictamen pericial realizado por el perito Luis Orlando Pe\u00f1a Hern\u00e1ndez, que fue el tenido en cuenta por el A quo, despu\u00e9s de haberse analizado y valorado bajo las reglas de la sana cr\u00edtica, atendiendo la calidad del mismo y con fundamento en las dem\u00e1s pruebas que obran dentro de proceso, se determin\u00f3 en \u201c$81.808.565, suma que tas\u00f3 para el 2016\u2026 suma que no obstante se actualizar\u00e1 para la presente sentencia y desde entonces han transcurrido 5 a\u00f1os\u2026\u201d, por concepto de indemnizaci\u00f3n, estableciendo que el equivalente a ese valor para el a\u00f1o 2016 son 118.7 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, \u201cque multiplicados por el salario actual vigente para el momento del pago o que se surta el pago quedar\u00e1 actualizado\u201d; siendo esta \u00faltima determinaci\u00f3n, tambi\u00e9n objeto de controversia para la parte demandada, que manifest\u00f3 que el Juez no debi\u00f3 convertir la condena a salarios m\u00ednimos vigentes legales, comoquiera que, \u201cya que la correcci\u00f3n monetaria o indexaci\u00f3n es una remuneraci\u00f3n equitativa y razonable para contrarrestar la p\u00e9rdida de poder adquisitivo del dinero por la inflaci\u00f3n, es decir, una retribuci\u00f3n para que la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica tenga un valor igual, o similar, al que tuvo en el momento en que se ejecutaron las obligaciones del respectivo negocio, que fue cuando se gener\u00f3 el supuesto perjuicio y no al momento del avalu\u00f3 de perito el cual de por s\u00ed, fue actualizado al momento de su realizaci\u00f3n y ahora convertido a Salarios m\u00ednimos mensuales vigentes en el fallo, y que incluso, de manera err\u00f3nea se le calculan intereses bancarios corrientes\u201d. <\/p>\n
Dedujo que, siendo as\u00ed, hab\u00eda lugar a indexar el valor de los perjuicios determinados en la resoluci\u00f3n hasta el mes de julio de 2023 que corresponde a la fecha actualizada de \u00cdndice de Precios al Consumidor del DANE, arrojando un total de $121.766.429. <\/p>\n
2.- En ese orden, independientemente que esta Sala avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como quieren los precursores, quienes aspiran imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la controversia, sin que tal prop\u00f3sito acompase con la finalidad de este mecanismo, cuyo objetivo tuitivo no es servir de tercera instancia con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, rad. 00829-00; reiterada, en STC9232-2018, STC2544-2021, STC360-2023). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela interpuesta por Pedro Eliecer y Olga Lucia Venegas Mac\u00edas contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto y, en caso de no ser impugnado este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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