STC11942-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11942-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2023-02100-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 14 de septiembre de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Renta Autos BGL S.A.S. contra el Juzgado 34 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja, as\u00ed como a los Juzgados Quince Civil del Circuito y 71 Civil Municipal (hoy 53 Transitorio de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple), ambos de Bogot\u00e1 y los intervinientes del proceso No. 071-2019-00288-00 <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada al resolver la queja por interpuesta en contra del auto que decidi\u00f3 negarle el tr\u00e1mite de la alzada que inco\u00f3 respecto al rechazo de la oposici\u00f3n que como tercero formul\u00f3 en la diligencia de entrega dispuesta en el juicio de restituci\u00f3n de inmueble arrendado radicado 071-2019-0288-00. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para definir el presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. En el proceso atr\u00e1s referido, surtidas las etapas de rigor, el Juzgado Setenta y Uno Civil Municipal de Bogot\u00e1 dict\u00f3 sentencia favorable a las pretensiones, decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento celebrado entre \u00c1ngel Moreno Rico -arrendador- y \u00c9dgar Edisson Su\u00e1rez -arrendatario-, y orden\u00f3 al demandado restituir a la demandante el bien objeto de ese convenio. <\/p>\n
2.2. El 30 de marzo de 2023, dicho estrado judicial dio inicio a la respectiva diligencia de entrega, en la cual rechaz\u00f3 la oposici\u00f3n que aduciendo la calidad de poseedor propuso la aqu\u00ed accionante, decisi\u00f3n frente a la cual interpuso recurso de apelaci\u00f3n, mismo que fue negado por improcedente puesto que se trataba de un proceso de \u00fanica instancia. La quejosa al no estar de acuerdo con dicha determinaci\u00f3n interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de queja, manteni\u00e9ndose el juzgador en la decisi\u00f3n inicial y concediendo la queja para que el superior jer\u00e1rquico resolviera lo de su cargo. <\/p>\n
2.3. El 1 de septiembre de 2023, el Juzgado 34 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, resolvi\u00f3 la queja interpuesta por la actora, declarando bien denegado el recurso de apelaci\u00f3n, bajo el argumento, que se trataba de un proceso de m\u00ednima cuant\u00eda y, por ende, de \u00fanica instancia. <\/p>\n
2.4. Por v\u00eda de tutela, la reclamante critic\u00f3 que con la decisi\u00f3n referida por el Juzgado del Circuito acusado, desconoci\u00f3 el precedente vertical de esta Corte que ha determinado que en casos como el suyo la apelaci\u00f3n propuesta por terceros opositores s\u00ed es viable, con lo que vulner\u00f3 su derecho al debido proceso. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado 71 Civil Municipal de Bogot\u00e1 (hoy 53 Transitorio de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple) indic\u00f3 que en efecto dicho despacho judicial conoci\u00f3 del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, en el cual se profiri\u00f3 sentencia el 10 de julio de 2019, orden\u00e1ndose la entrega del bien objeto de litigio y, como esto no se cumpli\u00f3, procedi\u00f3 a fijar fecha para la realizaci\u00f3n de la diligencia de entrega, la cual se llev\u00f3 a cabo el 30 de marzo de 2023. <\/p>\n
En la mencionada diligencia se present\u00f3 oposici\u00f3n por la hoy accionada, misma que fue rechazada, decisi\u00f3n frente a la cual se interpuso recurso de apelaci\u00f3n que fue negado al estar frente a un proceso de una sola instancia en atenci\u00f3n a la cuant\u00eda, determinaci\u00f3n contra la cual se interpuso el recurso de queja. <\/p>\n
3. Los dem\u00e1s vinculados guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional neg\u00f3 la protecci\u00f3n tras considerar que existe una divergencia de criterios acerca de la procedencia o no de la apelaci\u00f3n dentro del tr\u00e1mite de la oposici\u00f3n en procesos de \u00fanica instancia, evidenciando que las decisiones de los juzgados accionados se adoptaron en virtud de una interpretaci\u00f3n de la norma y aplicaci\u00f3n de jurisprudencia, por lo que las mismas est\u00e1n dotadas de razonabilidad, por lo que no se puede hablar de una v\u00eda de hecho. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la actora insistiendo en sus planteamientos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Acorde con ello, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Si bien los falladores ordinarios tienen la libertad discreta y razonable para la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, los jueces constitucionales pueden inmiscuirse en su funci\u00f3n cuando aqu\u00e9llos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado: <\/p>\n
\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u2019(Resaltado fuera del texto) (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183; reiterada en STC, 16 abr. 2015, rad. STC4269-2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. En el caso que convoca la atenci\u00f3n de la Corte la accionante critic\u00f3 que el juzgado accionado declarara bien denegada la alzada que ella inco\u00f3 frente a la decisi\u00f3n del a-quo que rechaz\u00f3 su oposici\u00f3n a la diligencia de entrega que como tercero propuso, aduciendo ser poseedor, en el juicio de restituci\u00f3n de inmueble arrendado fustigado, con lo que, adujo, fueron desconocidas los precedentes de esta Corporaci\u00f3n en casos an\u00e1logos al suyo. <\/p>\n
4. Puestas as\u00ed las cosas, se considera que el amparo incoado estaba llamado a prosperar, por lo que el fallo impugnado habr\u00e1 de revocarse, habida cuenta que, sin duda alguna, el prove\u00eddo dictado el 30 de marzo de 2023 por el Juzgado Setenta y Uno Civil Municipal, transformado transitoriamente en Cincuenta y Tres de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples, que rechaz\u00f3 la alzada interpuesta frente a la decisi\u00f3n de desestimar la oposici\u00f3n a la entrega que formul\u00f3 la hoy promotora del resguardo, vulner\u00f3 su derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n
Ello en la medida en que, en asuntos similares, ha sostenido reiteradamente esta Corporaci\u00f3n lo siguiente: <\/p>\n
De ese modo, para la Sala es claro que quien discute la procedencia de la diligencia de entrega, o quien resiste la pr\u00e1ctica de un secuestro, oposici\u00f3n viable en los procesos de restituci\u00f3n, seg\u00fan as\u00ed lo dispone la regla 7 del mencionado art\u00edculo 384, no debe padecer talanqueras procesales aplicables en l\u00ednea de exclusividad a las partes, de suerte que, sin mirar aspectos alusivos a la cuant\u00eda del proceso\u2026, la posibilidad de participaci\u00f3n del tercero se debe abrir paso, incluso con la facultad de impugnar, v\u00eda apelaci\u00f3n, a menos, claro est\u00e1, que esa petici\u00f3n aut\u00f3noma, de defensa de la posesi\u00f3n e incluso de la tenencia, ejercida por un tercero procesal, para evitar la entrega o el secuestro, tambi\u00e9n se incruste en la m\u00ednima cuant\u00eda, en esta ocasi\u00f3n por el simple valor de lo pretendido, que es igual a la val\u00eda del bien que se pretende entregar o secuestrar. <\/p>\n
Por ende, cuando un tercero sustancial acude al proceso, \u00fanicamente para formular la oposici\u00f3n, es tambi\u00e9n un tercero procesal y, siendo as\u00ed, no est\u00e1 sujeto a singularidades del tr\u00e1mite al que concurre, m\u00e1xime su intervenci\u00f3n es restringida y concretamente encaminada a evitar la entrega o el secuestro, desde luego que supone el estudio de una relaci\u00f3n sustancial diferente a la planteada en el tr\u00e1mite principal. <\/p>\n
Como en este caso la alzada interpuesta por la opositora a la entrega, frente a la decisi\u00f3n que rechaz\u00f3 su intervenci\u00f3n, no fue concedida por el Juzgado de primer grado ni por el de segundo, que ratific\u00f3 el criterio en el tr\u00e1mite de la queja, ambos apoyados en que el proceso era de \u00fanica instancia, por la mora en el pago de la renta y por la m\u00ednima cuant\u00eda, huelga concluir que a la hoy actora -tercera en la restituci\u00f3n- se le opuso un criterio de competencia funcional que a ella no le aplicaba; pues, como se dijo, su intervenci\u00f3n es aut\u00f3noma y, por consiguiente, la posibilidad de recurrir por la senda de la apelaci\u00f3n deb\u00eda verificarse con cimiento en otros criterios de competencia cuantitativa, como el valor del bien, cuya posesi\u00f3n defend\u00eda (CSJ STC4312-2018)1. <\/p>\n
En igual sentido, en otro pronunciamiento esta Corte reiter\u00f3 y destac\u00f3 que: <\/p>\n
…en punto a la procedencia del recurso vertical frente a la determinaci\u00f3n que rechaz\u00f3 de plano la oposici\u00f3n presentada a la entrega en el marco del juicio de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado <\/p>\n
\u00ab4.1. El art\u00edculo 1602 del C\u00f3digo Civil dispone, que \u00ab[t]odo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por consentimiento mutuo o por causas legales\u00bb; as\u00ed mismo, en el canon 1603 \u00eddem se estipula, que \u00ab[l]os contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligaci\u00f3n, o que por ley pertenecen a ella\u00bb. <\/p>\n
En desarrollo de los anteriores mandatos, el art\u00edculo 1973 C\u00f3digo Civil defini\u00f3 el contrato de arrendamiento, como el pacto \u00aben que las dos partes se obligan rec\u00edprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un precio determinado\u00bb, y, el art\u00edculo 1977 del mismo Estatuto consagr\u00f3, que \u00ab[e]n el arrendamiento de cosas, la parte que da el goce de ellas se llama arrendador, y la parte que da el precio arrendatario\u00bb. (resalta la Sala). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, resulta evidente que el contrato de arrendamiento crea un v\u00ednculo rec\u00edproco y exclusivo entre el arrendador y el arrendatario, y en esa medida, el incumplimiento de las obligaciones pactadas en ese acuerdo, ya sea la de entregar la cosa o pagar el precio por el goce de \u00e9sta, genera consecuencias en el \u00e1mbito legal para los contratantes, las cuales pueden llegar a afectar sin duda la confianza y buena fe de la relaci\u00f3n negocial. <\/p>\n
Entonces, desde el punto de vista sustancial, tal y como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia constitucional en la materia, \u00abel contrato de arrendamiento se caracteriza por ser bilateral, en el sentido de que arrendador y arrendatario se obligan rec\u00edprocamente, el primero a proporcionar el uso y goce de una cosa y el segundo a pagar un precio, renta o canon determinado, pudiendo por supuesto existir codeudores o constituirse una fianza. De all\u00ed que los procesos de restituci\u00f3n de tenencia del inmueble arrendado constituyan el ejercicio de una acci\u00f3n personal y no real. Por lo tanto, (\u2026) en este tipo de acciones la sentencia que se profiere tiene efectos exclusivos para las partes contratantes\u00bb (resalta la Corte, C.C. C-670-04). <\/p>\n
4.2. Desde esta \u00f3ptica, entonces, no cabe duda que las vicisitudes del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, lo mismo que la estructura y reglamentaci\u00f3n definidas en la legislaci\u00f3n procedimental civil para dicho tr\u00e1mite, incumben solamente a las partes, y por ende, la consecuencia prevista en el inciso segundo del art\u00edculo 39 de la Ley 820 de 2003 \u2013vigente para la \u00e9poca en que se adelant\u00f3 el pleito censurado, y que fue reproducida de manera literal en el numeral 9\u00b0 del canon 384 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan la cual \u00ab[c]uando la causal de restituci\u00f3n sea exclusivamente mora en el pago del canon de arrendamiento, el proceso se tramitar\u00e1 en \u00fanica instancia\u00bb, es aplicable \u00fanicamente para las partes del convenio, es decir, de manera exclusiva para el arrendador y el arrendatario. <\/p>\n
4.3. Bajo esa perspectiva, cuando un tercero en la diligencia de entrega dispuesta con ocasi\u00f3n del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, formula oposici\u00f3n alegando la posesi\u00f3n del predio objeto de dicha causa, el juez natural deber\u00e1 acudir al tr\u00e1mite previsto en el art\u00edculo 309 del C\u00f3digo General del Proceso, y de igual manera dar\u00e1 aplicaci\u00f3n del numeral 9\u00ba del canon 321 ib\u00eddem, el cual dispone, que \u00ab[S]on apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia: (\u2026) 9. El que resuelva sobre la oposici\u00f3n a la entrega de bienes, y el que la rechace de plano\u00bb\u00bb (CSJ STC8799-2016) (CSJ STC1826-2019). <\/p>\n
Bajo ese entendimiento, resulta claro que el Juzgado Setenta y Uno Civil Municipal, transformado transitoriamente en Cincuenta y Tres de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de Ibagu\u00e9 no pod\u00eda negar la concesi\u00f3n de la alzada interpuesta por la opositora, como en efecto lo hizo, con fundamento en las circunstancias que lo llevaron a clasificar, como de \u00fanica instancia, el proceso g\u00e9nesis en el que se dispuso la entrega fustigada. <\/p>\n
De igual manera, tampoco pod\u00eda el Juzgado 34 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, al resolver la queja interpuesta por la hoy accionante, declarar bien denegado el recurso de apelaci\u00f3n en contra del auto que rechaz\u00f3 la oposici\u00f3n a la diligencia de entrega, bajo el argumento que el proceso inicial \u00abse trata de un proceso de m\u00ednima cuant\u00eda y por ende de \u00fanica instancia\u00bb. <\/p>\n
Entonces, evidente es que, se reitera, las prenotadas autoridades judiciales s\u00f3lo tuvieron en cuenta los factores que llevaron a predicar que el proceso inicial era de \u00fanica instancia, sin examinar las particularidades de la oposici\u00f3n formulada que, como se dijo, constituye un tr\u00e1mite aut\u00f3nomo, situaci\u00f3n que permite concluir la viabilidad del reclamo tutelar. <\/p>\n
5. En consecuencia, se revocar\u00e1 la sentencia impugnada para, en su lugar, acceder al resguardo rogado, ordenando al Juzgado 34 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 que, tras dejar sin valor su prove\u00eddo de 1 de septiembre de 2023, adopte las determinaciones respectivas para restar efectos a las actuaciones de all\u00ed derivadas y emita una nueva decisi\u00f3n en la que resuelva la queja interpuesta por la actora, observando lo aqu\u00ed consignado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca el fallo impugnado y, en su lugar, concede el amparo constitucional al debido proceso de la sociedad Renta Autos BGL SAS, en consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero. Ordenar al Juzgado 34 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 que, dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes al recibo del expediente del asunto recriminado, en el juicio de restituci\u00f3n de inmueble arrendado adelantado por \u00c1ngel Moreno Rico contra Edgar Edisson Suarez (rad. 11001-40-03-071-2019-00288-00), tras dejar sin valor su prove\u00eddo de 1 de septiembre de 2023, adopte las decisiones respectivas para restar efectos a las actuaciones de all\u00ed derivadas y emita una nueva decisi\u00f3n en la que resuelva la queja interpuesta por la actora, atendiendo las consideraciones vertidas en esta sentencia. <\/p>\n
Segundo. Ordenar al Juzgado 71 Civil Municipal de Bogot\u00e1 (hoy 53 Transitorio de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple) remitir al estrado encausado, de manera inmediata y, en todo caso, en un t\u00e9rmino no superior a un (1) d\u00eda, el expediente materia de la queja constitucional, para que dicha sede judicial d\u00e9 cumplimiento a lo dispuesto en el ordinal anterior. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Se aclara que esta Sala, en sentencia STC5696-2018 (3 may., rad 2018-00012-01), destac\u00f3 que \u00absi bien en el primero de los precedentes citados (CSJ STC4312-2018), la Corte indic\u00f3 que el juzgador al momento de resolver sobre la viabilidad de la apelaci\u00f3n, deb\u00eda verificar la cuant\u00eda de la pretensi\u00f3n del opositor; es esta la oportunidad para replantear tal disquisici\u00f3n, en el sentido de precisar que en asuntos como el aqu\u00ed examinado, no es necesario hacer tal an\u00e1lisis, habida cuenta que lo pretendido, con independencia del valor del reclamo, es conceder al referido opositor un escenario adecuado para proteger el derecho que esgrime\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC11942-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC11942-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2023-02100-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-76977","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76977","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76977"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76977\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76977"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76977"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76977"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}