STC11944-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11944-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2023-00352-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n que se formul\u00f3 frente al fallo proferido el 19 de septiembre de 2023 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Mario Restrepo contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Defensor\u00eda del Pueblo y la Presidencia de la Rep\u00fablica; tr\u00e1mite al que se vincularon a la Alcald\u00eda y la Personer\u00eda de Pereira, la Procuradur\u00eda y la Defensor\u00eda del Pueblo de Risaralda, Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos Civiles y Laborales, Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez, Cotty Morales, Audifarma S.A. y BL GROUP SAS due\u00f1a del Centro de Ingl\u00e9s Jamestown Pereira. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso y la dignidad humana, que dice vulneradas por la sede judicial accionada, por lo que pidi\u00f3 que sea apartado de la acci\u00f3n popular objeto de queja. <\/p>\n
As\u00ed mismo, pretende se ordene a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y al Presidente de la Rep\u00fablica que procedan a iniciar una acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa a su favor por la mora judicial a la que se ha visto sometido. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Alega el quejoso que act\u00faa al interior de una acci\u00f3n popular que se tramita en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, en la cual no se ha cumplido ninguno de los t\u00e9rminos establecidos en la ley, raz\u00f3n por la cual solicit\u00f3 el desistimiento de la acci\u00f3n, el cual le fue negado. <\/p>\n
2.2. Manifiesta que ha visto afectada su salud mental tras ver como el juzgado burla los t\u00e9rminos perentorios establecidos en la ley 472 de 1998, por lo que su deseo es desistir de la mencionada acci\u00f3n popular, toda vez que le invade el miedo de ser sancionado. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Audifarma S.A. alleg\u00f3 respuesta a la acci\u00f3n de tutela, en la cual alegaron la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, puesto que no son parte ni est\u00e1 vinculada en la acci\u00f3n popular objeto de queja. <\/p>\n
2. La Alcald\u00eda de Pereira, pidi\u00f3 ser desvinculado de la acci\u00f3n de tutela tras considerar que no est\u00e1 legitimado por pasiva, puesto que no existe responsabilidad por parte del municipio en la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del accionante, puesto que no es responsable ni parte involucrada en la acci\u00f3n popular en atenci\u00f3n a los argumentos facticos y normativos planteados. <\/p>\n
3. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, indic\u00f3 que el quejoso presenta escritos de forma reiterada, insistiendo en solicitudes que ya le ha sido resueltas, la mayor\u00eda de manera desfavorable, por no reunir con las exigencias de la ley para su procedencia, lo que genera congesti\u00f3n e impide un correcto desarrollo de los procesos. <\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda Regional Risaralda, manifest\u00f3 que le es ajeno lo relatado en la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
5. La Presidencia de la Rep\u00fablica manifest\u00f3 que no tiene competencia para controvertir o intervenir en las decisiones judiciales, en virtud de la estructura y administraci\u00f3n de la Rama Ejecutiva de Poder P\u00fablico y la separaci\u00f3n de los poderes del Estado, por lo que pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n al presente tramite tras existir una falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
6. La Personer\u00eda Municipal de Pereira, indic\u00f3 en su respuesta que no son la entidad competente para pronunciarse sobre las solicitudes del actor, toda vez que no act\u00faan en calidad de accionantes ni accionados en el caso atacado. Solicitando su desvinculaci\u00f3n, ya que la situaci\u00f3n planteada es ajena a ella, toda vez que su actuaci\u00f3n como ente de control est\u00e1 orientada a verificar la defensa de los derechos e intereses colectivos, m\u00e1xime cuando su vinculaci\u00f3n al presente tramite constitucional no es en calidad de accionada. <\/p>\n
7. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, manifest\u00f3 que todas las personas que demuestren su imposibilidad econ\u00f3mica y social para asumir los costos de defensa de sus derechos y representaci\u00f3n judicial, tendr\u00e1n derecho a que se les preste el servicio de defensor\u00eda p\u00fablica con el fin de garantizar el pleno e igual acceso a la administraci\u00f3n de justicia, para lo cual le corresponde al accionante solicitar ante la Defensor\u00eda del Pueblo la designaci\u00f3n de un profesional en derecho conforme a sus necesidades. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, por carecer del requisito de subsidiariedad toda vez que frente a las decisiones que han resuelto de manera desfavorable las solicitudes de desistimiento de la acci\u00f3n popular, no se interpuso recurso alguno, omiti\u00e9ndose as\u00ed el uso del mecanismo judicial id\u00f3neo, conforme lo establece el art\u00edculo 36 de la ley 472 de 1998. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, neg\u00f3 por improcedente las pretensiones dirigidas frente a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Presidencia de la Rep\u00fablica, debido a que no se acredit\u00f3 que se hubiera elevado petici\u00f3n alguna en dichos t\u00e9rminos. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor del resguardo indic\u00f3 que apelaba la decisi\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Examinados los reparos planteados en la acci\u00f3n de tutela, se advierte que la queja del promotor se circunscribe, esencialmente, es que se acepte su voluntad de desistir de la acci\u00f3n popular. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, concluye la Sala que la solicitud de resguardo resulta inviable, por cuanto el quejoso pudo interponer recurso de reposici\u00f3n en contra de las decisiones que le han negado las peticiones de desistimiento de la acci\u00f3n popular, en la oportunidad prevista en el art\u00edculo 36 de la ley 472 de 19981, mecanismo al que no acudi\u00f3. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el promotor del amparo desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
3. Ahora bien, frente a los planteamientos del actor encaminado a que se ordene a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Presidencia de la Rep\u00fablica inicie los tr\u00e1mites correspondientes para que se d\u00e9 inicio a una acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa en su favor en virtud de una presunta mora judicial, considera la Corte que la salvaguarda fundamental tambi\u00e9n deviene improcedente, porque desatiende el principio de subsidiariedad connatural a este medio excepcional de protecci\u00f3n, en tanto, no existe prueba en el plenario de la solicitud en este sentido a las mencionadas autoridades, m\u00e1xime cuando el quejoso cuenta con los mecanismos judiciales id\u00f3neos ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo para plantear sus quejas. <\/p>\n
En ese orden de ideas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, al existir otros medios judiciales para alegar las inconformidades planteadas en sede constitucional, no es posible acceder a las s\u00faplicas del quejoso, pues se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al mecanismo regular de protecci\u00f3n, reiterando que la tutela no se erige como sustituta de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ago. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n
4. Se impone, entonces, respaldar el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Dispone la citada norma que: \u00abContra los autos dictados durante el tr\u00e1mite de la Acci\u00f3n Popular procede el recurso de reposici\u00f3n, el cual ser\u00e1 interpuesto en los t\u00e9rminos del C\u00f3digo de Procedimiento Civil.\u00bb <\/p>\n
1 <\/p>\n
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