STC11946-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11946-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03966-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 Albeiro Perdomo Berm\u00fadez contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, dignidad, trabajo, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulneradas por la autoridad judicial accionada, por lo que pidi\u00f3 \u00abdejar sin efecto parcial la sentencia emitida\u00bb en el juicio criticado. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.2. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que, de conformidad con lo expuesto por el Tribunal enjuiciado en su fallo, estaba obligado \u00abprimeramente o simult\u00e1neamente a la demanda laboral radicar demanda de declaraci\u00f3n de la uni\u00f3n marital de hecho entre Jhon Geyber Mu\u00f1oz Monta\u00f1a y\u2026 Claudia Patricia Buitrago Rend\u00f3n y, una vez declarada, solicitar su respectiva liquidaci\u00f3n para poder reclamar sus acreencias laborales\u00bb, lo cual, sostiene, resulta injusto. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Bajo ese horizonte, concluye la Sala que el amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto la cuestionada providencia de 23 de agosto pasado, que revoc\u00f3 la dictada el 25 de agosto de 2022, no luce arbitraria, comoquiera que el ad quem criticado explic\u00f3 las razones por las que consideraba inviable la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n que impuls\u00f3 el quejoso, sobre lo cual precis\u00f3 que: <\/p>\n
Con la demanda se pidi\u00f3 declarar la simulaci\u00f3n de la compraventa realizada entre Claudia Patricia Buitrago Rend\u00f3n (vendedora) y su hijo Yonathan Sneyder Mu\u00f1oz Buitrago (comprador) y de la constituci\u00f3n de fideicomiso civil realizada por este a favor de su citada progenitora y de su padre Jhon Geyber Mu\u00f1oz Monta\u00f1a para defraudar al se\u00f1or Albeiro Perdomo Berm\u00fadez, acreedor de este \u00faltimo, toda vez que el predio, pese a encontrarse a nombre de la demandada, hace parte de la sociedad patrimonial habida entre ella y su deudor. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
\u2026 se encuentran legitimados para el ejercicio de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n de un contrato, en primera medida, los contratantes y sus causahabientes y, de forma extraordinaria, los terceros relativos siempre que demuestren los presupuestos\u2026 mencionados por la jurisprudencia. <\/p>\n
2.3. Para el caso objeto de estudio, advierte la Sala que\u2026 Albeiro Perdomo Berm\u00fadez es titular de un derecho a cargo de\u2026 Jhon Geyber Mu\u00f1oz Monta\u00f1a; empero, con la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n arremete contra un contrato de compraventa en el cual no intervino su deudor, por lo que dicho negocio presuntamente simulado no le causa perjuicio alguno al no impedir el ejercicio de su cr\u00e9dito, en la medida en que no le es posible perseguir el bien inmueble materia de este proceso por no encontrarse dentro del patrimonio de su deudor. <\/p>\n
Advi\u00e9rtase que, para el ejercicio de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n, esto es, con la presentaci\u00f3n de la demanda, debi\u00f3 el demandante acreditar la existencia de una sociedad patrimonial entre Jhon Geyber Mu\u00f1oz Monta\u00f1a Claudia Patricia Buitrago Rend\u00f3n al momento de la adquisici\u00f3n del bien que se dice simulado y que para el momento de la compraventa a favor de su hijo Yonathan Sneyder Mu\u00f1oz Buitrago aquella se encontraba vigente. <\/p>\n
Sin embargo, todo ello se echa de menos en el libelo inicial y sus anexos, as\u00ed como tampoco se acredit\u00f3 en el tr\u00e1mite del proceso a fin de resolver de fondo sobre la simulaci\u00f3n planteada <\/p>\n
It\u00e9rese entonces en que la existencia de una uni\u00f3n marital de hecho entre los demandados y su consecuente sociedad patrimonial debi\u00f3 demostrarse previo a la sentencia de primer grado, pues era requisito sine qua non para su emisi\u00f3n; por tanto, el razonamiento probatorio realizado por el A quo a partir de la escritura p\u00fablica que protocoliz\u00f3 los actos jur\u00eddicos reprochados y de las declaraciones surtidas dentro del proceso laboral iniciado por el aqu\u00ed tambi\u00e9n actor, devienen innecesarios por tratarse de una circunstancia que debi\u00f3 estar consolidada en el proceso con anterioridad a su decisi\u00f3n de fondo y no en esta. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del gestor no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3, es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la sede judicial acusada interpret\u00f3 las normas, as\u00ed como la jurisprudencia que rigen la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n y concluy\u00f3 que el demandante carec\u00eda de inter\u00e9s para demandar la simulaci\u00f3n del contrato cuestionado en el juicio objeto de censura constitucional, toda vez que ning\u00fan beneficio obtendr\u00eda de deshacer ese convenio, pues, de prosperar la demanda, el bien retornar\u00eda a una persona diferente a la de su deudor, por lo que no estar\u00eda sujeto al pago de la acreencia laboral que reputa insatisfecha. <\/p>\n
Entonces, las deducciones del ad quem acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
3. Lo anterior es suficiente para desestimar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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