STC11952-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11952-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Yina Lorena Guzm\u00e1n Polo y Orlando Alfonso Guzm\u00e1n contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo reclamaron protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al m\u00ednimo vital, vida diga y \u00absubsistencia\u00bb, que dice vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Solicitaron, entonces, ordenar al estrado accionado \u00abrevise la liquidaci\u00f3n para arribar a la sanci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 206 del CGP por valor de $40.054.483,3; que dicha liquidaci\u00f3n cuya referencia fue un valor de $556.544.838 se deduzcan los valores o factores correspondientes a da\u00f1os extramatrimoniales (sic) lo cual arrojar\u00eda una suma aproximada de sanci\u00f3n de 20.000.000 millones de pesos y no lo que se retuvo que fueron $40.054.483,3\u00bb y, en consecuencia, \u00abordenar a quien corresponda la devoluci\u00f3n de los saldos en favor de los accionantes\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Orlando Alfonso Guzm\u00e1n y Yina Lorena Guzm\u00e1n Polo, promovieron demanda de responsabilidad civil extracontractual en contra de Arles Pimienta Rodr\u00edguez y Seguros Comerciales Bol\u00edvar S.A., con la finalidad que les fueran indemnizados los perjuicios a ellos generados, con ocasi\u00f3n del accidente de tr\u00e1nsito ocurrido el 19 de diciembre de 2020 en el que falleci\u00f3 Orlando Alfonso Guzm\u00e1n Polo (hijo del primero y hermano de la segunda), con ocasi\u00f3n de la colisi\u00f3n entre la motocicleta con placas JNZ 99F conducida por el occiso y el veh\u00edculo -cami\u00f3n- con placas TZV 466 de propiedad de Pimienta Rodr\u00edguez e iba conducido por Jhon Jairo Jaramillo; el conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ci\u00e9naga. <\/p>\n
2.2. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el 8 de abril de 2022 el estrado judicial accedi\u00f3 parcialmente a las pretensiones, pues encontr\u00f3 demostrada concurrencia de culpas, ordenando reconocer a favor de Orlando Guzm\u00e1n $5.400.000 por perjuicios materiales, $102.600.000 por lucro cesante consolidado y futuro, $24.000.000 por perjuicio moral; y, a favor de Yina Lorena $24.000.000 por perjuicio moral; decisi\u00f3n confirmada, en sede de alzada, el 14 de marzo de 2023 por el Tribunal, adicionando en punto a imponer la sanci\u00f3n dispuesta el inciso 4\u00b0 del art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso, por suma de $40.054.483,3, esto, por cuanto el valor apreciado en el juramento estimatorio super\u00f3 en demas\u00eda la cantidad probada. <\/p>\n
2.3. Por v\u00eda de tutela se duelen los quejosos, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues tal sanci\u00f3n \u00abafecta considerablemente [su] m\u00ednimo vital, toda vez que dependen de estos recursos para sostener[se] en un estado o territorio con mucha pobreza y escases de empleo, y teniendo en cuenta la dependencia econ\u00f3mica de [ellos] con el occiso y [su] condici\u00f3n de pobreza y con ni\u00f1os menores a cargo\u00bb. <\/p>\n
2.4. Anotaron que si bien la decisi\u00f3n criticada se ampara en el art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso, lo cierto es que \u00abno se demostr\u00f3 la negligencia en el apoderado del demandante en su labor probatoria\u00bb, adem\u00e1s, para liquidar la sanci\u00f3n impuesta se tuvo como base el valor de $556.544.838 que indicaba el juramento estimatorio, empero, tal suma inclu\u00eda los perjuicios extrapatrimoniales, los que, seg\u00fan la misma regla, no pueden ser atendidos. <\/p>\n
2.5. Agregaron que la sanci\u00f3n impuesta \u00abimplica defecto material o sustantivo, que no es otro que aquel vicio relacionado con la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de las disposiciones que integran el ordenamiento jur\u00eddico, que tiene una incidencia directa en la decisi\u00f3n y del que se puede predicar que de forma directa y aut\u00f3noma lesiona los derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTA DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ci\u00e9naga inform\u00f3 que por los mismos hechos alegados los promotores formularon una inicial acci\u00f3n de tutela con radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-03426-00, la que fue desestimada por esta Colegiatura el pasado 15 de septiembre; que la decisi\u00f3n criticada ya fue sometida a estudio constitucional, por lo que no se puede volver a ella; refiri\u00f3 que, en cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal, luego de que los condenados consignaran lo ordenado, fraccion\u00f3 el t\u00edtulo, poniendo a disposici\u00f3n del Consejo Superior de la Judicatura lo relativo a la sanci\u00f3n, prove\u00eddo que cobr\u00f3 ejecutoria sin ning\u00fan reparo. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Santa Marta relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el proceso criticado; destac\u00f3 que por los mismos hechos se promovi\u00f3 una inicial acci\u00f3n de tutela con radicaci\u00f3n n\u00b0 2023-03426-00, que esta Corporaci\u00f3n deneg\u00f3; remiti\u00f3 copia de las decisiones. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el proyecto de decisi\u00f3n elaborado en el presente asunto, de los convocados no hab\u00edan efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Del examen de la demanda de amparo se establece que los gestores se duelen de la sentencia de 14 de marzo de 2023, mediante el cual el Tribunal confirm\u00f3 la sentencia de 8 de abril de 2022, por medio de la cual reconoci\u00f3 a favor de los accionantes los perjuicios ocasionados por el accidente de tr\u00e1nsito en el que falleci\u00f3 Orlando Guzm\u00e1n Polo (q.e.p.d.), al tiempo que, adicion\u00f3 en el sentido de imponer la sanci\u00f3n dispuesta en el inciso 4\u00b0 del art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso; pues, en sentir, de los actores, se impuso una sanci\u00f3n sin demostrar la negligencia de su apoderado en su labor probatoria; y, porque se impuso sobre el valor que indicaba el juramento estimatorio, sin tener en cuenta que dicha suma inclu\u00eda perjuicios extrapatrimoniales. <\/p>\n
3. Bajo ese entendido, deviene la inviabilidad del resguardo, toda vez que, la jurisdicci\u00f3n constitucional ya tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre los hechos y pretensiones expuestos en el asunto del ep\u00edgrafe, con ocasi\u00f3n de una inicial acci\u00f3n de tutela que formularon los accionantes, frente al mismo asunto que aqu\u00ed cuestionan, en concreto, sobre la sanci\u00f3n impuesta conforme al art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso, de donde est\u00e1 vedado realizar un nuevo estudio de esa tem\u00e1tica a la luz de los derechos fundamentales, subsumi\u00e9ndose la presente acci\u00f3n en el supuesto del art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, de acuerdo a lo extractado en el fallo de tutela proferido por esta Sala de Casaci\u00f3n Civil el pasado 15 de septiembre (STC9322-2023), al denegar la preliminar salvaguarda referida, se tiene que en aquella oportunidad los petentes, luego de censurar dicha sanci\u00f3n al considerar que \u00abla decisi\u00f3n de segundo grado adolece de defectos procedimental y sustantivo por cuanto se realiz\u00f3 una hermen\u00e9utica incorrecta del art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso al imponerles la multa all\u00ed consagrada, sin tener en cuenta los par\u00e1metros establecidos en el precedente jurisprudencial de esta Corporaci\u00f3n (STC 7646-2021) en el entendido que dicha sanci\u00f3n \u00absolo es aplicable\u2026 cuando existe falta de demostraci\u00f3n de perjuicios o como consecuencia del actuar negligente o temerario de la parte que formul\u00f3 el juramento [estimatorio]\u00bb En tal sentido, aseguraron que \u00abno obra prueba que permita inferir que la tasaci\u00f3n de los perjuicios\u2026 se torne antojadiza o caprichosa\u00bb, al tiempo que la cuant\u00eda \u00abno [fue] objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo\u00bb.\u00bb, por lo que solicitaron \u00abremover los efectos jur\u00eddicos \u00ab[d]el numeral segundo [sic] de la sentencia\u2026 proferida por\u2026 [e]l Tribunal Superior de Santa Marta y se restituya el valor de la sanci\u00f3n a la parte actora [sic]\u00bb, as\u00ed mismo que se ordene a la aludida corporaci\u00f3n proferir \u00abuna nueva decisi\u00f3n al respecto de la sanci\u00f3n del juramento estimatorio\u2026 teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la ley y la jurisprudencia\u00bb.\u00bb. <\/p>\n
Auscultadas las razones en que se sustent\u00f3 la presente queja, con observancia en las piezas procesales adosadas al expediente, se desestimar\u00e1 el resguardo deprecado al no evidenciarse la vulneraci\u00f3n alegada, pues la determinaci\u00f3n judicial objeto de censura se aprecia coherente, razonable, motivada y fundada no solo en las disposiciones legales aplicables sino en el precedente jurisprudencial. <\/p>\n
En efecto, para imponer la sanci\u00f3n establecida en el cuarto inciso del art\u00edculo 206 del Estatuto Procedimental General, por la sobreestimaci\u00f3n de los perjuicios, la sala cuestionada advirti\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) tal como lo tiene sentado la jurisprudencia ordinaria civil, \u201c\u2026la figura del juramento estimatorio en la legislaci\u00f3n procesal civil colombiana ha acu\u00f1ado en el tiempo dos finalidades intr\u00ednsecas, una destinada a lograr la determinaci\u00f3n de las pretensiones de contenido pecuniario en aquellos casos en que la ley permite su estimaci\u00f3n y otra enfocada a sancionar la eventual tasaci\u00f3n desmesurada del demandante en el litigio. Dicho, en otros t\u00e9rminos, la referida instituci\u00f3n permite a este y al juez la fijaci\u00f3n del monto de los anhelos pecuniarios para los casos dispuestos por el legislador y el resarcimiento de los agravios irrogados con los c\u00e1lculos exorbitantes ya sea en favor de la parte contraria a qui\u00e9n tas\u00f3, como ocurr\u00eda en el pasado, o de la administraci\u00f3n de justica como sucede en la actualidad (STC7646-2021)\u201d. <\/p>\n
Siguiendo el orden de ideas que viene de verse, se tiene que el numeral 4\u00ba [sic \u2013 enti\u00e9ndase inciso] de la norma en comento dispone que \u201c\u2026Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) a la que resulte probada, se condenar\u00e1 a quien hizo el juramento estimatorio a pagar al Consejo Superior de la Judicatura, Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, o quien haga sus veces, una suma equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia entre la cantidad estimada y la probada.\u201d, presupuestos que tra\u00eddos al escenario que nos ocupa, arrojan los siguientes resultados: <\/p>\n
<\/p>\n
* Cantidad estimada: $556.544.838<\/p>\n
* Cantidad probada: $156.000.000 (Lucro cesante y da\u00f1o moral) <\/p>\n
A todas luces es evidente que lo estimado supera en demas\u00eda y por encima de lo indicado en el precepto citado, a lo que result\u00f3 demostrado, abri\u00e9ndose paso la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n invocada\u2026 <\/p>\n
As\u00ed las cosas, habr\u00e1 de imponerse a los demandantes sanci\u00f3n equivalente\u2026 ($40.054.483,8), en favor del Consejo Superior de la Judicatura, con destino al Fondo para la Modernizaci\u00f3n, Descongesti\u00f3n y Bienestar de la Administraci\u00f3n de Justicia, la cual deber\u00e1 ser consignada en la cuenta corriente\u2026 del Banco Agrario de Colombia\u2026, luego en tal sentido habr\u00e1 de adicionarse la sentencia impugnada (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De conformidad con lo anterior, para esta Sala la providencia emanada del Tribunal Superior de Santa Marta no adolece de los yerros atribuidos, descart\u00e1ndose el acaecimiento de una v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n extraordinaria implorada, habida consideraci\u00f3n que encuentra sustento no solo en las disposiciones legales llamadas a gobernar el asunto, sino tambi\u00e9n en el precedente de esta Colegiatura. <\/p>\n
Se trata, entonces, de una queja constitucional reiterada, lo que basta para su rechazo, sin que las leves diferencias entre el inicial ruego y el presente tengan la virtud de alterar tal conclusi\u00f3n, ante la clara identidad de hechos, derechos y partes, supuesto frente al que reiteradamente ha dejado dicho la Corte que: <\/p>\n
\u2026\u201ccu\u00e1ndo ocurre la temeridad (\u2026) conlleva a examinar si el posterior amparo es igual al primero, vale decir, si entre ambos existe identidad de hechos y derechos, as\u00ed como las partes accionante y accionada, no importa que tengan algunas diferencias incidentales, y por \u00faltimo, si la repetici\u00f3n de \u00e9ste obedece a un motivo justificado, como ser\u00eda, por ejemplo, la ocurrencia de sucesos nuevos o distintos que conlleven una verdadera variaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica inicial\u2026 De acuerdo con lo anotado y tras confrontar lo expresado en el actual libelo con lo consignado en el fallo proferido el 30 de abril de 2010 por la Sala de Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga dentro del expediente 2010-0039-01, debe concluirse innegablemente que con esta solicitud la actora incurri\u00f3 en conducta temeraria\u2026 sin que tenga incidencia que la gestora haya ampliado el listado de garant\u00edas presuntamente transgredidas y las pretensiones perseguidas en uno y otro resguardo, e intentado modificar el planteamiento de los hechos\u201d (prove\u00eddo de 2 de febrero de 2012, exp. 00622-01), ni que \u201cla segunda tutela se hubiese dirigido adem\u00e1s contra el Juez Cuarto Civil Municipal de Descongesti\u00f3n\u201d (providencia de 11 de septiembre de 2009, exp. 01280-01, sub l\u00edneas fuera de texto) (Se resalt\u00f3 – CSJ STC, 23 may. 2013, rad. 2013-00643-01; reiterada, entre muchas otras, en STC1228-2015, 12 feb., rad. 2014-00789-01; y STC4958-2018, 19 abr., rad. 2017-00448-02). <\/p>\n
El derecho procesal como una herramienta de acci\u00f3n, en aras de la resoluci\u00f3n de los conflictos jur\u00eddicos, establece las ritualidades del proceso en cada una de sus etapas y la forma en que deben concluir, adicion\u00e1ndole en caso de inconformidad de una de las partes, la posibilidad de acudir a otra instancia con las impugnaciones respectivas; pero cuando son omitidas esas r\u00e9plicas, o usadas sin atender las cargas propicias para su cabal efecto, no pueden pretender los interesados mantener el ejercicio obstinado de nuevas acciones para justificar el propio descuido; otrora, pretender incoar diversas peticiones de amparo, tras considerar en cada una de ella agregar una motivaci\u00f3n diferente que, en su sentir, debe ser procedente para revocar la sanci\u00f3n. <\/p>\n
En casos que guardan similitud con el de ahora, esta Corporaci\u00f3n ha considerado que: <\/p>\n
Precisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019\u2026 <\/p>\n
Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (CSJ STC, 20 abr. 2006, rad. 2006-00522-00; reiterada, entre otras, en STC6152, 21 may. 2015, rad. 2015-00678-01). <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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