STC11955-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11955-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-04079-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mario Restrepo contra la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor pretende protecci\u00f3n constitucional de su garant\u00eda fundamental al debido proceso, que dice vulnerada por la autoridad accionada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, se ordene al estrado querellado \u00abacepte [su] desistimiento de la renuente acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para resolver este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Mario Restrepo formul\u00f3 acci\u00f3n popular contra Directo Pereira, con radicaci\u00f3n n\u00b0 2022-00187, que fue decidida con sentencia del 3 de mayo de 2023 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira; decisi\u00f3n recurrida en alzada. <\/p>\n
2.2. Las diligencias fueron recibidas en el Tribunal criticado el 18 de septiembre de 2023, sometidas a reparto el d\u00eda 21 del mismo mes y a\u00f1o y, con auto de 12 de octubre de los corrientes, se admiti\u00f3 la alzada. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que el estrado acusado \u00abnunca aplic\u00f3 art. 121 cgp, perdida de competencia\u2026 y no se aplica art. 37 ley 472 de 1998\u00bb; adem\u00e1s, \u00abnunca acepta [su] desistimiento de la acci\u00f3n popular\u2026 y se [le] impone que obre en derecho contrario a [su] voluntad y no se le permite desistir de la renuente acci\u00f3n, pese a que nunca se respeta y me[nos] cumple termino de tiempo alguno que impone la ley\u00bb, mora que, a su parecer, le genera un desgaste emocional y deterioro mental. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Pereira relat\u00f3 las actuaciones surtidas en esa instancia; anot\u00f3 que el 12 de octubre de 2023 admiti\u00f3 el recurso, por lo que, una vez se corran los traslados de ley, proceder\u00e1 a dictar sentencia, sin que se observe mora alguna; remiti\u00f3 link para consulta del expediente. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira cont\u00f3 las actuaciones surtidas en la acci\u00f3n censurada; inst\u00f3 la improcedencia del resguardo por incumplir el presupuesto de subsidiariedad, comoquiera que, el promotor no ha solicitado el desistimiento del que se duele; adjunto el link de acceso al proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el proyecto de decisi\u00f3n elaborado en el presente asunto, los dem\u00e1s convocados no hab\u00edan efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Verificada la demanda de tutela, extracta la Sala que la queja del censor se circunscribe a que el fallador encausado no cumple los t\u00e9rminos del art\u00edculo 37 de la Ley 478 de 1998, adem\u00e1s que, no acepta el desistimiento de su acci\u00f3n ni tampoco aplica la p\u00e9rdida de competencia dispuesta en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, esto, al interior de la acci\u00f3n popular con radicaci\u00f3n n\u00b0 2022-00187. <\/p>\n
3. Bajo esa perspectiva, pertinente es recordar la jurisprudencia de la Sala, seg\u00fan la cual las situaciones de \u00abmora judicial\u00bb que abren paso a este excepcional mecanismo son aquellas que carezcan de defensa, es decir, sean el resultado de un comportamiento omisivo o ap\u00e1tico, no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetivas y razonables, como se avizora en el caso planteado. <\/p>\n
En tal sentido se ha dicho que: <\/p>\n
\u2026 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (CSJ STC, 19 de sep. de 2008, rad. 01138-00, reiterada en STC153 de ene. 21 de 2016). <\/p>\n
3.1. Pues bien, del informe allegado por el estrado acusado, el cual se considera rendido bajo juramento, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991, emerge que la tardanza que se ha presentado en el tr\u00e1mite cuestionado a que se contrae la inconformidad del gestor, no es producto de un comportamiento negligente, indiferente o arbitrario de dicha autoridad, sino del alto c\u00famulo de acciones constitucionales que conoce ese despacho y de las actuaciones que se desprenden de aquellas, adem\u00e1s, seg\u00fan el informe secretarial dad, previo ingreso al despacho por reparto, destac\u00f3 que \u00abdel 23 de agosto al 20 de septiembre del a\u00f1o en curso, han ingresado 265 procesos para reparto, a los que se les est\u00e1 dando prioridad a las acciones constitucionales de primera y segunda instancia, en orden de llegada; adem\u00e1s los medios tecnol\u00f3gicos ha presentado fallas constantemente\u00bb, no obstante, para el caso, el 12 de octubre de 2023 se admiti\u00f3 la alzada, lo que descarta en este espec\u00edfico evento acceder a la protecci\u00f3n suplicada toda vez que intervienen circunstancias objetivas y razonables que justifican dicha situaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Respecto a la petici\u00f3n elevada por el accionante, en el sentido de ordenar al estrado acusado \u00abperder competencia, art 121 CGP\u00bb, as\u00ed como la \u00abacepta[ci\u00f3n] de [su] desistimiento de la acci\u00f3n popular\u00bb, la Sala concluye la improcedencia del resguardo, toda vez que, revisados los elementos de juicio, se verifica que el actor no ha elevado petici\u00f3n en ese sentido al Tribunal querellado, como fallador natural. <\/p>\n
En ese orden de ideas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, al existir ese otro medio judicial para alegar las inconformidades planteadas en sede constitucional, no es posible acceder a las s\u00faplicas de la quejosa, pues se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al mecanismo regular de protecci\u00f3n, reiterando que la tutela no se erige como sustituta de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ago. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n
<\/p>\n
5. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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