STC11970-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11970-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-01459-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Esta Sala decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 17 de agosto de 2023, con la cual se declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Yosmeolis Isabel Mart\u00ednez P\u00e9rez contra la Fiscal\u00eda Noventa y Uno Especializada de Bucaramanga de la Direcci\u00f3n Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en el proceso Penal de radicado 202050360. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora \u2013a trav\u00e9s de apoderado- reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y presunci\u00f3n de inocencia, presuntamente vulnerados por las autoridades censuradas. <\/p>\n
2. Del expediente allegado se resalta lo que viene. En contra de la actora y otros se adelanta el proceso penal referido, por la Fiscal\u00eda 33 Especializada Contra el Crimen Organizado de Bogot\u00e1. Dicho tr\u00e1mite inici\u00f3 con la audiencia llevada a cabo el 16 de agosto de 2022 ante el Juzgado Primero Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Barranquilla, el cual, efectu\u00f3 la legalizaci\u00f3n de captura, legalizaci\u00f3n de allanamiento y el registro e incautaci\u00f3n. <\/p>\n
2.1. El 17 y 18 de agosto de 2022, la mencionada Fiscal\u00eda le formul\u00f3 imputaci\u00f3n de cargos por la presunta comisi\u00f3n de los delitos de tr\u00e1fico de migrantes y concierto para delinquir agravado. Respecto del primero, el ente acusador le imput\u00f3 la realizaci\u00f3n de un solo evento por el hecho de haber solicitado a Gustavo Jim\u00e9nez Alfaro asesor\u00eda para el tr\u00e1mite de su visa y la de su hijo para efectos de llenar el formulario DS-160, por lo cual pago la suma de $400.000. <\/p>\n
2.2. La accionante aleg\u00f3 que la Fiscal\u00eda 91 Especializada de Bucaramanga de la Direcci\u00f3n Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, radic\u00f3 el escrito de acusaci\u00f3n y adelant\u00f3 la formulaci\u00f3n en la audiencia llevada a cabo el 15 de marzo de 2023, en la cual, le imput\u00f3 el delito de tr\u00e1fico de migrantes por la presunta realizaci\u00f3n de cuatro eventos relacionados con la salida del pa\u00eds de cuatro personas. En su sentir, se vulneraron los derechos invocados por cuanto no existe congruencia entre los actos procesales de imputaci\u00f3n y acusaci\u00f3n, al haber una discordancia con los hechos jur\u00eddicamente relevantes. Y, por otra parte, en la forma como fue elaborada la acusaci\u00f3n, dado que el ente acusador no posee medios probatorios que le permitan demostrar la ocurrencia de los hechos, por cuanto \u00abtodo es producto de inflar las conductas punibles en mi contra, haci\u00e9ndome m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n jur\u00eddica, frente a juez de conocimiento\u00bb. <\/p>\n
2.3. Por lo anotado, solicit\u00f3 en la audiencia de acusaci\u00f3n la nulidad del escrito de acusaci\u00f3n. El Juzgado Segundo Penal del Circuito \u2013con auto del 23 de marzo de 2023- no accedi\u00f3 a lo pretendido. Inconforme, present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n. Sin embargo, el Tribunal accionado \u2013con prove\u00eddo del 26 de abril de 2023- confirm\u00f3 lo resuelto en primera instancia. <\/p>\n
3. Deprec\u00f3 que se deje sin efectos las decisiones referidas. Y, en su lugar, se acceda a la solicitud de nulidad del proceso desde el escrito de acusaci\u00f3n y se le ordene a la Fiscal\u00eda encarada formular una nueva acusaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. La Fiscal\u00eda 33 Especializada Contra el Crimen Organizado de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que el 31 de agosto de 2022 entreg\u00f3 el proceso penal a la Fiscal\u00eda 91 de la Direcci\u00f3n de Derechos Humanos de la ciudad de Bucaramanga. <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla manifest\u00f3 que \u00abactu\u00f3 oportuna y diligentemente respecto al tr\u00e1mite del asunto a su cargo, sin que existan elementos de juicio para concluir que incurri\u00f3 en vulneraci\u00f3n alguna de los derechos fundamentales deprecados por la gestora o incurri\u00f3 en defecto alguno al dictar la providencia judicial cuestionada, por el contrario, se evidencia que la reclamante acudi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela como una instancia adicional para volver a controvertir la decisi\u00f3n adoptada en el tr\u00e1mite del proceso penal seguido en su contra\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla expres\u00f3 que \u00abresolvi\u00f3 NEGAR la solicitud de nulidad planteada por la defensa de la hoy accionante, con fundamento en que la imputaci\u00f3n fue clara, concreta y detallada\u00bb. Determinaci\u00f3n que fue confirmada por el superior. Asever\u00f3 que \u00abno se ha vulnerado derecho fundamental alguno de la accionante; las actuaciones desplegadas en el presente tr\u00e1mite se han ce\u00f1ido al rito procedimental aplicable\u00bb Finalmente, indic\u00f3 que la acci\u00f3n impetrada por la tutelante es improcedente, por cuanto \u00abtiene a su disposici\u00f3n varios mecanismos de defensa judicial para controvertir las diferentes decisiones que se dicten en la fase de juzgamiento\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal declar\u00f3 improcedente el amparo. Consider\u00f3 que \u00abel proceso penal distinguido con el radicado 20205036003, apenas se encuentra iniciando su etapa de juzgamiento, lo cual significa que ni siquiera se ha proferido sentencia de primer grado, de modo que a la accionante le subsisten diversos escenarios para ejercer la defensa de sus intereses, acudiendo, por ejemplo, al uso del recurso de apelaci\u00f3n en caso que la sentencia de primer grado le llegare a resultar desfavorable o, incluso, al agotamiento del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, si a ello hubiere lugar\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La gestora no comparte lo resuelto en primera instancia, pues a su juicio, \u00abresulta inadecuado declarar improcedente la presente acci\u00f3n tutelar bajo el supuesto de que EXISTEN OTRAS ETAPAS PROCESALES EN QUE SE PUEDEN SUBSANAR LAS IRREGULARIDADES SUSTANCIALES TANTO DE LA IMPUNTACI\u00d3N Y LA ACUSACI\u00d3N, lo cual ri\u00f1e o resulta incoherente con lo estatuido en el art\u00edculo 339 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal y sentencia de esta honorable Corporaci\u00f3n, anteriormente referenciadas; que se\u00f1ala que las nulidades de la fase investigativa que se pueden formular, se deben proponer en la formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada en raz\u00f3n a la desatenci\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
2. En efecto, se observa que \u2013a pesar de lo alegado por la actora- el proceso penal debatido se encuentra en curso -precisamente en etapa de juzgamiento-. Por tanto, es al interior de este d\u00f3nde la accionante debe proponer las hip\u00f3tesis tra\u00eddas en esta oportunidad o llegado al caso, hacer uso de los recursos ordinarios y extraordinarios para ejercer la defensa de sus derechos. Al respecto, esta sala ha expresado que: <\/p>\n
este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, Rad. 00312-01. Reiterado en STC3807-2018, 20 mar. 2018, Rad. 2018-00327-01; CSJ STC, 2 jun. 2020, Rad. 2020-00195-01). <\/p>\n
En el punto, la Corte Constitucional tambi\u00e9n ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab3.1.4.1. La acci\u00f3n de tutela es improcedente cuando se instaura contra procesos judiciales en curso. <\/p>\n
En efecto, la Corte Constitucional ha se\u00f1alado que, cuando el proceso a\u00fan se encuentra en tr\u00e1mite, la intervenci\u00f3n del juez constitucional est\u00e1 vedada toda vez que la acci\u00f3n de tutela no constituye -salvo que se est\u00e9 ante la posible configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable- un mecanismo alternativo o paralelo para resolver problemas jur\u00eddicos que deben ser resueltos al interior del tr\u00e1mite ordinario. Incluso, cuando los procesos han culminado, se deben interponer y agotar los medios de defensa (i.e. recursos) que se encuentran previstos en el ordenamiento jur\u00eddico\u00bb (citada en STC3875-2022, expediente 2022-00915). <\/p>\n
Por lo expuesto, es claro que los motivos invocados por la impulsora no resultan suficientes para acudir directamente a este mecanismo eminentemente subsidiario y residual, m\u00e1xime cuando, a\u00fan puede exponer ante el juez natural lo aqu\u00ed reclamado y podr\u00e1 ser resuelto lo que puntualmente se pretende por esta v\u00eda. <\/p>\n
3. Por dem\u00e1s, no se advierte la ocurrencia de un perjuicio irremediable que amerite la procedencia del amparo como mecanismo transitorio, pues no se encuentran probados con los argumentos esbozados, los presupuestos de impostergabilidad, inminencia, gravedad y urgencia necesarios para la protecci\u00f3n de los derechos invocados. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Notif\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(con ausencia justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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