STC11972-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11972-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 66001-22-13-000-2023-00322-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 12 de septiembre de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, que declar\u00f3 improcedente el amparo solicitado por Mario Restrepo contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Alcald\u00eda y la Personer\u00eda de Pereira, a la Procuradur\u00eda y Defensor\u00eda del Pueblo -Regionales de Risaralda-, a la Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos Civiles y Laborales y a Audifarma S.A. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El promotor demanda la salvaguarda de su garant\u00eda fundamental al debido proceso. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se establecen los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. El tutelante interpuso una acci\u00f3n popular contra Audifarma S.A., por contravenir la Ley 982 de 2005 y el art\u00edculo 4 de la Ley 472 de 19981, siendo admitida el 22 de noviembre de 2018 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira2 (Radicado 2018-00819-00). A dicho tr\u00e1mite se acumularon las acciones populares 2018-00791, 2018-00792, 2018-00793, 2018-00794, 2018-00795, 2018-00796, 2018-00797, 2018-00800 y 2018-00820. <\/p>\n
2.2. El 26 de marzo de 20213, el Juzgado accionado dict\u00f3 sentencia de primera instancia, en la que declar\u00f3 la vulneraci\u00f3n de derechos colectivos por parte de Audifarma S.A. y neg\u00f3 la condena en costas, decisi\u00f3n que fue apelada por la accionada4, por el tutelante5 y por Javier El\u00edas Arias6. Adicionalmente, los dos \u00faltimos solicitaron la nulidad de lo actuado, adici\u00f3n y\/o aclaraci\u00f3n del fallo. <\/p>\n
2.3. El 12 de mayo de 20217, el Juzgado rechaz\u00f3 la nulidad planteada por Javier Arias, consider\u00f3 saneada la nulidad propuesta por el tutelante, neg\u00f3 la adici\u00f3n y\/o aclaraci\u00f3n y concedi\u00f3 los recursos de apelaci\u00f3n interpuestos. <\/p>\n
2.4. El 6 de abril de 20228, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira modific\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada en primera instancia, en el sentido de i) excluir la protecci\u00f3n otorgada respecto a algunos lugares y ii) la condena en costas a favor de Javier El\u00edas Arias y Mario Restrepo, cada uno de ellos por separado, en proporci\u00f3n de un 40% (condena parcial). <\/p>\n
2.5. El 5 de septiembre de 2022, el Juzgado Segundo Civil del Circuito accionado reconoci\u00f3 como agencias en derecho $1.000.000, equivalente a 1 S.M.M.L.V., a favor de Javier El\u00edas Arias y Mario Restrepo, cada uno de ellos por separado, en proporci\u00f3n de un 40%9, frente a lo cual los actores interpusieron recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, de apelaci\u00f3n10. <\/p>\n
2.6. El 17 de abril de 202311, el Juzgado de primera instancia no repuso su decisi\u00f3n y rechaz\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n, por improcedente. <\/p>\n
3. El promotor censura que el Juzgado accionado no hubiera concedido agencias en derecho por separado en cada acci\u00f3n popular y que negara el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el auto las fij\u00f3. <\/p>\n
4. Por lo anterior, el actor solicita que se le ordene al Juzgado accionado: i) conceder agencias en derecho por separado en cada acci\u00f3n popular; y ii) tramitar el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el auto que fij\u00f3 y liquid\u00f3 las agencias en derecho. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira defendi\u00f3 la legalidad de sus actuaciones, adujo que hubo una tutela previa y que el tutelante no recurri\u00f3 el auto que no concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Audifarma S.A. manifest\u00f3 que no ten\u00eda legitimaci\u00f3n en la causa y solicit\u00f3 negar las pretensiones del actor, por temeridad, dado que hab\u00eda dos tutelas previas iguales. <\/p>\n
3. En escritos separados, la Procuradur\u00eda de Instrucci\u00f3n Regional de Risaralda, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Personer\u00eda de Pereira, Medell\u00edn y Cartagena, la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Antioquia, Santander, Cauca y Bol\u00edvar, la Alcald\u00eda de Acac\u00edas y de Cartagena, el Municipio de Pereira, la Secretar\u00eda de Gobierno y la Personer\u00eda de Bogot\u00e1 alegaron no estar legitimados en la causa. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente la protecci\u00f3n invocada, porque el asunto ya hab\u00eda sido decidido previamente, bajo el radicado 2023-00253-00, raz\u00f3n por la cual impuso condena en costas al actor equivalente a 1 s.m.l.m.v., porque no inform\u00f3 la existencia de la tutela anterior y no justific\u00f3 la reiteraci\u00f3n. De otro lado, el Tribunal destac\u00f3 que no se cumpl\u00eda el presupuesto de subsidiariedad, porque no se recurri\u00f3 el auto del 17 de abril de 2023, que no concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n interpuesta contra el auto que aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas del proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1. El tutelante pidi\u00f3 la nulidad de lo actuado, por falta de competencia, dado que tambi\u00e9n accion\u00f3 a la Corte Constitucional, y afirm\u00f3 que el magistrado Edder Jimmy S\u00e1nchez se encontraba impedido para resolver la acci\u00f3n de tutela en primera instancia. <\/p>\n
Solicit\u00f3 el auxilio de la Corte Constitucional y que se revoque la decisi\u00f3n del a quo, indicando que si hubo una tutela igual anterior ello obedeci\u00f3 a un error humano y no a una conducta temeraria, sumado que no estaba acreditada la mala fe y que no se surti\u00f3 el tr\u00e1mite incidental necesario para ser sancionado, por lo que la condena en costas no era procedente. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El 22 de septiembre de 2023, el Tribunal rechaz\u00f3 de plano la nulidad, dado que no se apoyaba en una causal del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso. Precis\u00f3, adem\u00e1s, que el asunto fue remitido por esta Sala de Casaci\u00f3n, por auto del 28 de agosto de 2023 (Rad. 2023-03267-00), en el cual se estableci\u00f3 que la competencia para conocer estas diligencias era del Tribunal, porque se accionaba al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira y la vinculaci\u00f3n de la Corte Constitucional era aparente, dado que \u00aben el escrito inicial no se le atribuye hecho u omisi\u00f3n alguna\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Sala confirmar\u00e1 el fallo impugnado, por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
2. En efecto, en previa oportunidad se tramit\u00f3 la tutela de radicado 11001020300020230156500, que fue interpuesta por Mario Restrepo contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, entre otros, y cuya pretensi\u00f3n consist\u00eda en que se definieran las agencias en derecho en 10 SMMLV y no por valor inferior a 1 SMLMV, la cual fue declarada improcedente por esta Sala en sentencia CSJ STC4106-2023 del 3 de mayo de 2023, en raz\u00f3n a que la discusi\u00f3n planteada era de contenido econ\u00f3mico y, \u00abal no revelar entidad iusfundamental, descartan la injerencia del juez de tutela\u00bb. Dicho fallo fue confirmado por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en sentencia CSJ STL6861-2023 del 14 de junio de 2023 (Rad. interno 102741), al estimar improcedente el amparo, por incumplir el presupuesto de subsidiariedad, porque no se recurri\u00f3 el auto del 17 de abril de 2023, que confirm\u00f3 el prove\u00eddo del 5 de septiembre de 2022, por el cual se fijaron las agencias en derecho, y neg\u00f3 la alzada interpuesta contra esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
Posteriormente, se tramit\u00f3 otra tutela promovida por Mario Restrepo contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, bajo el 66001221300020230025300, con el mismo fin ahora planteado, esto es, que se concedan las agencias en derecho por separado a cada acci\u00f3n popular, la cual fue fallada en segunda instancia por esta Sala de Casaci\u00f3n el 15 de septiembre de 2023, mediante sentencia CSJ STC9304-2023, sin acceder a la salvaguarda pretendida, en raz\u00f3n a que la queja resultaba temeraria, por la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela anterior, es decir, aquella registrada bajo el radicado 2023-01565-00. <\/p>\n
2.1. Sobre el particular, debe recordarse que el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 consagra que, \u00abcuando sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada contra la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se despachar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u00bb. Entonces, es claro que la intenci\u00f3n del legislador no fue auspiciar el uso desmedido de este selecto instrumento, sino reprochar severamente cualquier actitud que se dirija en tal sentido, pues quien as\u00ed proceda no ver\u00e1 triunfar sus pretensiones; m\u00e1xime que, en el asunto, no se advierte motivo alguno que habilite la interposici\u00f3n de una tercera tutela con el mismo fin. <\/p>\n
En ese sentido, la Sala ha sostenido que, aunque se pretenda evadir incurrir en una conducta temeraria, tratando de \u00abintroducir artificiosas modificaciones al contenido de la petici\u00f3n anterior\u00bb, ello no conlleva a realizar un nuevo estudio del asunto, pues ese proceder \u00abcomporta, de todos modos, un uso disfuncional del amparo constitucional merecedor de reproche\u00bb. (Ver cita en CSJ STC14500-2022). <\/p>\n
2.2. Ahora bien, en relaci\u00f3n con la queja elevada en sede de impugnaci\u00f3n, en virtud de la cual el tutelante cuestiona el proceder del a quo, por haberle impuesto una sanci\u00f3n por su actuar temerario, esta Corporaci\u00f3n considera que esa decisi\u00f3n se ci\u00f1e a lo previsto en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, por virtud del cual, \u00ab[s]i la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, \u00e9ste condenar\u00e1 al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurri\u00f3 en temeridad\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha considerado que ante la evidente actuaci\u00f3n temeraria del actor es procedente imponer condena en costas sin necesidad de tr\u00e1mite incidental. As\u00ed, en pret\u00e9rita oportunidad, sostuvo que <\/p>\n
la patente temeridad del quejoso hac\u00eda innecesario que previo a la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n se agotara tr\u00e1mite incidental alguno, aspecto frente al que ha sostenido esta Corte en casos similares al de ahora, que: \u2026 <\/p>\n
\u2026de un lado, como lo esgrimi\u00f3 el a quo constitucional, han sido incontables las oportunidades en las cuales se ha negado la pretensi\u00f3n del censor esbozada en id\u00e9nticos t\u00e9rminos frente a la Defensor\u00eda del Pueblo, advirti\u00e9ndosele, en todos los casos, que su actuar contrar\u00eda la moralidad procesal, evidencia un abuso del derecho y se revela como temerario. <\/p>\n
No obstante, aqu\u00e9l ha continuado erigiendo la misma acusaci\u00f3n respecto de ese ente sin explicitar razones para justificarse o allegar prueba alguna que lo excuse, incluso, en este espec\u00edfico asunto, ciment\u00f3 su impugnaci\u00f3n reiterando los reproches contra la autoridad mencionada y se\u00f1alando la ausencia de prueba de su mala fe, cuando los expedientes contentivos de los m\u00faltiples amparos contra la Defensor\u00eda del Pueblo dan cuenta de lo contrario. <\/p>\n
Y, de otro, por cuanto, esta Sala, para decursos como el presente, se acoge desde ahora a lo considerado por su hom\u00f3loga Laboral en la sentencia STL6749-2016 de 16 de noviembre de 2016\u2026 (CSJ STC4576-2016 reiterada en CSJ STC3988-2023). <\/p>\n
En ese sentido, se resalta que, en este caso, se verific\u00f3 que el gestor ha formulado tres acciones de tutela, cuyo fin ha sido cuestionar la forma como se impusieron las agencias en derecho en la acci\u00f3n popular de radicado 2018-00819-00, dando incluso lugar a una decisi\u00f3n previa por temeridad, sin que expusiera causa alguna que justifique el ejercicio desmedido de la acci\u00f3n de tutela, raz\u00f3n por la cual era procedente aplicar la sanci\u00f3n contemplada en el Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
3. Finalmente, la Sala se abstendr\u00e1 de resolver la nulidad planteada en sede de impugnaci\u00f3n, pues fue rechazada por el Tribunal en auto del 22 de septiembre de 2023. Tampoco analizar\u00e1 lo relativo al impedimento aludido por el tutelante, toda vez que el Magistrado cuestionado se pronunci\u00f3 el 15 de septiembre, al sustentar su aclaraci\u00f3n de voto, se\u00f1alando que no hab\u00eda impedimento, toda vez que, conforme a lo contemplado en el numeral 11 del art\u00edculo 56 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, aplicable por remisi\u00f3n del art\u00edculo 39 del Decreto 2591 de 1991, para su configuraci\u00f3n se requer\u00eda que en la investigaci\u00f3n disciplinaria provocada por la queja del accionante se hubieran formulado cargos, lo que era ajeno al estado actual de las quejas elevadas ante la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial. A lo anterior se suma que, en sede de tutela, la recusaci\u00f3n no es procedente, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 39 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(con ausencia justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(con ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 03Demanda.pdf. <\/p>\n
2\u0002 Folio 6 \u2013 01. 2018-00819 CUADERNO 1.pdf. <\/p>\n
3\u0002 24SentenciaPrimeraInstancia.pdf. <\/p>\n
4\u0002 26RecursoApelacionAudifarma.pdf. <\/p>\n
5\u0002 29ApelaSentenciaNULIDADESMarioRestrepo.pdf. <\/p>\n
6\u0002 28ApelaSentenciaNULIDADESJavierElias. <\/p>\n
7\u0002 32AutoResuelveNulidadesConcedeApelacion.pdf. <\/p>\n
8\u0002 42Sentencia.pdf. <\/p>\n
9\u0002 76AutoApruebaLiquidacionCostas.pdf., 77AutoFijaAgencias.pdf. <\/p>\n
10\u0002 79 MemorialPresentaRecursoReposicion09-09-2022.pdf., 78 MemorialReposicionSubsidioApelacion08-09-2022.pdf. <\/p>\n
11\u0002 82AutoResuelveReposicionNoConcedeApelacion.pdf. <\/p>\n
<\/p>\n
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