STC11978-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11978-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 15 de septiembre de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, que neg\u00f3 el amparo solicitado por Mario Restrepo contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Alcald\u00eda y la Personer\u00eda de Pereira, a la Procuradur\u00eda y la Defensor\u00eda del Pueblo – Regionales de Risaralda-, a la Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos Civiles y Laborales, la Procuradora General de la Naci\u00f3n, el Defensor del Pueblo, la Presidencia de la Rep\u00fablica, a Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez, Cotty Morales, Audifarma S.A. y al Banco Serfinanza S.A. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El gestor demanda la salvaguarda de su garant\u00eda fundamental al debido proceso. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se establecen los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. El tutelante interpuso una acci\u00f3n popular contra Banco Serfinanza S.A., por contravenir la Ley 982 de 2005 y el art\u00edculo 4 de la Ley 472 de 19981, siendo admitida el 8 de febrero de 20222 por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira. <\/p>\n
2.2. El 3 de junio de 20223, el Juzgado neg\u00f3 una solicitud del actor para que dictara sentencia anticipada. <\/p>\n
2.3. El 27 de septiembre de 2022, el Despacho accionado tuvo por no contestada la demanda4. <\/p>\n
2.4. El 10 de octubre de 20225, el Juzgado cognoscente exhort\u00f3 al accionante para que, antes de que efectuase solicitudes reiterativas que ya hab\u00edan sido respondidas, realizara una debida vigilancia de su acci\u00f3n a trav\u00e9s de los medios dispuestos para tal fin, en respuesta a una solicitud del demandante consistente en que se dictara sentencia anticipada, se diera celeridad, compartiera el libro radicador de audiencias, citara a la audiencia de pacto de cumplimiento, entre otras. <\/p>\n
2.5. El 2 de febrero siguiente se celebr\u00f3 la audiencia de pacto de cumplimiento6. <\/p>\n
2.6. El 29 de mayo de 2019, el Juzgado realiz\u00f3 un control de legalidad del proceso y dej\u00f3 sin efecto lo concerniente al tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n que se realiz\u00f3 a la parte demandada7. <\/p>\n
2.7. El 9 de agosto de 2023 se fij\u00f3 nueva fecha para la audiencia de pacto de cumplimiento y se neg\u00f3 el desistimiento elevado por el actor8, decisi\u00f3n que no fue recurrida. <\/p>\n
2.8. El 23 de agosto de 2023, se llev\u00f3 a cabo la audiencia de pacto de cumplimiento9. <\/p>\n
3. El promotor censura al Juzgado accionado, porque: i) no acept\u00f3 el desistimiento de la acci\u00f3n popular; y ii) incurre en mora, por incumplir los t\u00e9rminos perentorios que impone la Ley 472 de 1998, adem\u00e1s de que ha pedido la perdida de competencia conforme al art\u00edculo 121 del C.G.P. que no ha sido decretada, pero s\u00ed aplica la norma para prorrogar el t\u00e9rmino para decidir. Frente a la mora judicial destaca que el Despacho accionado no demuestra la presunta carga laboral que afirma tener y que le impide resolver a tiempo las acciones populares asignadas. De otro lado, se\u00f1ala que ha solicitado a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y a la Defensor\u00eda del Pueblo que presenten una acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa en su nombre, sin obtener respuesta. <\/p>\n
4. Por lo anterior, el actor solicita que se ordene al Juzgado accionado i) aceptar el desistimiento de la acci\u00f3n popular, ii) aplicar la jurisprudencia que obliga a la observancia de los t\u00e9rminos procesales y iii) que se le imponga probar la cantidad de acciones populares que tiene a su cargo. A su vez, requiere la intervenci\u00f3n de la Procuradora General de la Naci\u00f3n y del Defensor del Pueblo, para que garanticen sus derechos. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira indic\u00f3 que el accionante ha presentado reiterativos escritos contentivos de solicitudes que ya le han sido resueltas. Resalt\u00f3 que de enero de 2022 a junio de 2023 ha celebrado 231 audiencias correspondientes al tr\u00e1mite de acciones populares y 215 en procesos civiles, ha emitido 2.294 autos en el tr\u00e1mite de las citadas acciones constitucionales y 1.948 en proceso civiles, as\u00ed como que los juzgados civiles del circuito de Pereira tienen un promedio de ingresos efectivos por despacho superior al promedio nacional en un 301%, por lo que, a\u00fan bajo esas condiciones, trata de cumplir de manera razonable los t\u00e9rminos. <\/p>\n
2. El Municipio de Pereira indic\u00f3 que no vulner\u00f3 derecho alguno al accionante y pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Audifarma S.A. manifest\u00f3 que no es parte en la acci\u00f3n popular cuestionada. <\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n precis\u00f3 que la solicitud orientada la presentaci\u00f3n de una acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa a su nombre debe formularse ante la Defensor\u00eda del Pueblo. <\/p>\n
5. En escritos separados, la Presidencia de la Rep\u00fablica, la Procuradur\u00eda de Instrucci\u00f3n Regional de Risaralda y la Personer\u00eda de Pereira solicitaron su desvinculaci\u00f3n de esta acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 la tutela interpuesta contra el Juzgado de conocimiento, porque la mora judicial endilgada se encuentra justificada, teniendo en cuenta la excesiva carga laboral y la desmedida presentaci\u00f3n de peticiones por parte del actor popular y su coadyuvante. Declar\u00f3, a su vez, improcedente la salvaguarda, en relaci\u00f3n con el auto que no acept\u00f3 el desistimiento, porque no fue recurrido, y frente a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Defensor\u00eda del Pueblo y la Presidencia de la Rep\u00fablica, porque no acredit\u00f3 que radic\u00f3 solicitud alguna ante esas autoridades. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1. El tutelante impugn\u00f3 y solicit\u00f3 la nulidad de lo actuado, porque tambi\u00e9n demand\u00f3 a entidades de car\u00e1cter nacional y a esta Sala de Casaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Por auto del 26 de septiembre de 2023, el Tribunal rechaz\u00f3 de plano de la nulidad propuesta, por no estar fundada en una de las causales del C\u00f3digo General del Proceso y porque el asunto fue remitido por competencia por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Sala confirmar\u00e1 el fallo impugnado, por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
2. En primer lugar, en cuanto a la mora judicial y el incumplimiento de los t\u00e9rminos perentorios en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular, se advierte que desde que el asunto se radic\u00f3 el Juzgado accionado ha adelantado las gestiones y etapas necesarias para decidir, como se detall\u00f3 en los antecedentes de esta providencia, sumado a que, como lo advirti\u00f3 el a quo constitucional, el Despacho ha debido atender distintas y reiteradas solicitudes del actor popular, lo cual, sin duda, incide en la celeridad del proceso, por lo que ning\u00fan actuar negligente, desidioso o ap\u00e1tico10 puede atribuirse a la autoridad judicial convocada, m\u00e1xime que, como lo report\u00f3 en su informe, la carga laboral asignada es alta y ello afecta los respectivos tr\u00e1mites. <\/p>\n
3. De otro lado, en referencia al auto del 9 de agosto de 2023, que neg\u00f3 el desistimiento formulado por el actor popular, se advierte que la tutela no cumple con el presupuesto de la subsidiariedad, porque no fue recurrido, omisi\u00f3n que imposibilita el uso de esta senda constitucional, dado que este no es el medio para redimir oportunidades legales fenecidas (CSJ STC8682-2023). <\/p>\n
4. En el mismo sentido, es inviable el ruego respecto de las presuntas omisiones de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y Defensor\u00eda del Pueblo, pues el tutelante no acredit\u00f3 que hubiera presentado las peticiones aludidas ante esas autoridades y, por tanto, la falta de decisi\u00f3n y afectaci\u00f3n de sus derechos es inexistente. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(con ausencia justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(con ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 03Demanda.pdf. <\/p>\n
2\u0002 04AutoAdmiteAccion.pdf. <\/p>\n
3\u0002 12AutoNiegaSolicitud.pdf. <\/p>\n
4\u0002 16AutoNoTieneContestadaDemanda.pdf. <\/p>\n
5\u0002 19AutoRechaza.pdf. <\/p>\n
7\u0002 39AutoControlLegalidad.pdf. <\/p>\n
8\u0002 42AutoFijaFechaAudiencia.pdf. <\/p>\n
9\u0002 46ActaAudiencia.pdf. <\/p>\n
10\u0002 Ver cita en CSJ STC5633-2021. <\/p>\n
<\/p>\n
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