STC11980-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11980-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 66001-22-13-000-2023-00330-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 15 de septiembre de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, que declar\u00f3 la carencia del objeto del amparo promovido por Mario Restrepo contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Alcald\u00eda y la Personer\u00eda de Pereira, a la Procuradur\u00eda y Defensor\u00eda del Pueblo -Regionales de Risaralda-, a la Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos Civiles y Laborales, a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogot\u00e1 SA ESP, a Cotty Morales Caama\u00f1o y al Juzgado Segundo Administrativo de Pereira. <\/p>\n
<\/p>\n
1. El gestor demanda la salvaguarda de su garant\u00eda fundamental al debido proceso. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se establecen los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. El tutelante interpuso una acci\u00f3n popular1 contra la Empresa de Telecomunicaciones de Bogot\u00e1 S.A. E.S.P., por contravenir la Ley 982 de 2005 y el art\u00edculo 4 de la Ley 472 de 1998, que fue admitida el 12 de mayo de 2022 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira2, bajo el radicado 2022-00258-00. <\/p>\n
2.2. El 21 de noviembre de 2022, el Juzgado accionado dej\u00f3 sin efectos las actuaciones surtidas y declar\u00f3 la p\u00e9rdida de competencia por falta de jurisdicci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual remiti\u00f3 el expediente a los Juzgados de lo Contencioso Administrativo (Reparto) de Pereira3. <\/p>\n
3. El promotor censura el prove\u00eddo del 21 de noviembre de 2022, que declar\u00f3 su falta de competencia, porque considera que se debi\u00f3 aplicar el principio de la perpetuatio jurisdictionis. <\/p>\n
4. Por lo anterior, el actor solicita que se ordene al Juzgado accionado mantener su competencia y dar tr\u00e1mite a la acci\u00f3n popular. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n y se\u00f1al\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela incumple el requisito de subsidiariedad. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Administrativo de Pereira, que recibi\u00f3 la acci\u00f3n popular cuestionada, env\u00edo del enlace para la consulta del proceso. <\/p>\n
3. En escritos separados, la Procuradur\u00eda de Instrucci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo, ambas Regionales de Risaralda, la Personer\u00eda de Pereira y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n pidieron su desvinculaci\u00f3n de esta acci\u00f3n de tutela. Municipio de Pereira indic\u00f3 que no vulner\u00f3 derecho alguno al accionante. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 la carencia de objeto, porque el Juzgado Segundo Administrativo de Pereira, en auto del 8 de febrero de 2023, asumi\u00f3 el conocimiento de la acci\u00f3n popular, requiriendo al actor para que enmendase la demanda \u2013sin que ello aconteciera\u2013, por lo cual rechaz\u00f3 la demanda el 9 de marzo de 2023, decisi\u00f3n que cobr\u00f3 firmeza y, por tanto, cualquier decisi\u00f3n que llegare a impartirse ser\u00eda improcedente. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1. El tutelante impugn\u00f3 la decisi\u00f3n y solicit\u00f3 el auxilio de la Corte Constitucional, adem\u00e1s pidi\u00f3 la nulidad de lo actuado, porque tambi\u00e9n accion\u00f3 al Tribunal y a esta Sala de Casaci\u00f3n. De otro lado, requiri\u00f3 que se le concediera el amparo de pobreza en esa acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Por auto del 26 de septiembre de 2023, el Tribunal rechaz\u00f3 de plano la nulidad, por no estar fundada en alguna de las causales contempladas en el C\u00f3digo General del Proceso y porque asumi\u00f3 la competencia en virtud de la remisi\u00f3n efectuada por esta Sala de Casaci\u00f3n, por auto del 31 de agosto de 2023. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Sala confirmar\u00e1 el fallo impugnado, que no accedi\u00f3 a la protecci\u00f3n constitucional invocada, pero las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
2. De manera preliminar, se advierte que no hay lugar a pronunciarse sobre la nulidad planteada en sede impugnaci\u00f3n, pues esta fue rechazada por el Tribunal en auto del 26 de septiembre de 2023. Tampoco es procedente analizar el amparo de pobreza solicitado por el impugnante para actuar en esta acci\u00f3n constitucional, porque este fue negado por el Tribunal, al avocar el conocimiento del asunto en auto del 4 de septiembre, dada la naturaleza informal y gratuita de la tutela. <\/p>\n
3. Ahora bien, en relaci\u00f3n con el auto del 21 de noviembre de 2022, se advierte que la salvaguarda incumple con el presupuesto de inmediatez, toda vez que la tutela se radic\u00f3 el 17 de agosto de 2023, esto es, superado el t\u00e9rmino de 6 meses que jurisprudencialmente se ha considerado razonable para promover esta acci\u00f3n constitucional contra providencias judiciales (CSJ STC2283-2022). <\/p>\n
3.1. A lo anterior se suma que se surti\u00f3 el tr\u00e1mite pertinente, por cuanto, acorde con el 139 del C\u00f3digo General del Proceso, el Juzgado accionado declar\u00f3 su incompetencia y lo remiti\u00f3 a qui\u00e9n estim\u00f3 competente. <\/p>\n
En ese sentido se destaca que, de acuerdo con los informes allegados, por auto 8 de febrero de 20224, el Juzgado Segundo Administrativo de Pereira avoc\u00f3 el conocimiento del asunto e inadmiti\u00f3 la demanda y, en prove\u00eddo del 9 de marzo de 20235, la rechaz\u00f3, por no haber sido subsanada, por lo que carece de objeto pronunciarse sobre lo considerado por el Juzgado del Circuito accionado, en tanto no decidi\u00f3 lo relativo al conocimiento del asunto. <\/p>\n
En efecto, fue el Juzgado Administrativo el que defini\u00f3 que la competencia para conocer la acci\u00f3n popular radicaba en la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo; no obstante, la Sala carece de facultades para analizar tales determinaciones, en raz\u00f3n a lo previsto en el numeral 5 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y teniendo en cuenta que la acci\u00f3n de tutela no se dirigi\u00f3 contra ese estrado judicial. <\/p>\n
3.2. Por lo anterior, la Sala confirmar\u00e1 el fallo atacado, en cuanto no accedi\u00f3 a la salvaguarda invocada, bajo el presupuesto de que lo peticionado es improcedente y de que carece de objeto frente al Juzgado Civil del Circuito accionado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(con ausencia justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(con ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 003Demanda.pdf. <\/p>\n
2\u0002 006AutoAdmisionAccionPopular.pdf. <\/p>\n
3\u0002 026AutoRevocaRechazaCompentencia.pdf. <\/p>\n
4\u0002 4_660013333002202300016001AUTOINADMITED20230208131704.pdf. <\/p>\n
5\u0002 7_660013333002202300016001AUTORECHAZADE20230309102305. <\/p>\n
<\/p>\n
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