STC11981-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11981-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2023-00978-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 13 de junio de 2023 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 2 de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que neg\u00f3 el amparo promovido por Gloria Marina Cruz Melo contra la Sala de Descongesti\u00f3n 1 de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 11001310501520180002400. <\/p>\n
<\/p>\n
1. La gestora, mediante apoderado judicial, demanda la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, petici\u00f3n, sustituci\u00f3n pensional, seguridad social y primac\u00eda de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. La actora, invocando su condici\u00f3n de compa\u00f1era permanente del causante Arcenio Hoyos Lozano, demand\u00f3 a Colpensiones, para que se le reconociera y pagara la pensi\u00f3n de sobrevivientes, la indexaci\u00f3n del salario, el retroactivo pensional y los intereses moratorios. <\/p>\n
2.2. El 15 de mayo de 2019, el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 neg\u00f3 las pretensiones y conden\u00f3 en costas a la demandante, determinaci\u00f3n que la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad confirm\u00f3 el 25 de julio de ese mismo a\u00f1o. <\/p>\n
2.3. En sentencia CSJ SL919-2022, la Sala de Descongesti\u00f3n 1 de Casaci\u00f3n Laboral cas\u00f3 el fallo de segundo grado y decret\u00f3 pruebas de oficio, porque consider\u00f3 que hubo un desacierto en la contabilizaci\u00f3n del tiempo y\/o semanas de cotizaci\u00f3n del causante, por lo que, conforme a jurisprudencia de la Sala, correspond\u00eda al Tribunal hacer uso de la facultad oficiosa, a fin de esclarecer a qu\u00e9 fondo, caja o entidad de seguridad social se realizaron los aportes durante la respectiva vinculaci\u00f3n laboral con la Alcald\u00eda de Granada (Meta), por cuanto ello resultaba decisivo para determinar la existencia o no del derecho pensional reclamado. <\/p>\n
2.4. En fallo de instancia CSJ SL3828-2022, la Sala accionada confirm\u00f3 la sentencia absolutoria de primera instancia. <\/p>\n
3. La promotora asegura que la decisi\u00f3n anterior incurri\u00f3 en un defecto f\u00e1ctico, por indebida valoraci\u00f3n probatoria, particularmente del acta de posesi\u00f3n del 28 de enero de 1969, que indica que desde esa fecha el causante se desempe\u00f1\u00f3 en el cargo de Secretario General de la Tesorer\u00eda de la Alcald\u00eda de Granada, aspecto que no fue tenido en cuenta en la sumatoria total de semanas cotizadas y que condujo a que se negara el reconocimiento de la pensi\u00f3n. <\/p>\n
4. Con sustento en lo narrado, pide dejar sin efectos la sentencia de instancia (CSJ SL3828-2022) y que se profiera otra, que reconozca la sustituci\u00f3n pensional pretendida. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n 1 de Casaci\u00f3n Laboral pidi\u00f3 negar la tutela, porque ning\u00fan derecho fundamental de la actora vulner\u00f3, dado que no ten\u00eda derecho a la pensi\u00f3n de sobrevinientes reclamada, de conformidad con lo previsto en los art\u00edculos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990. <\/p>\n
2. El Juzgado Quince Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite, porque no emiti\u00f3 la decisi\u00f3n cuestionada y no vulner\u00f3 derecho alguno. <\/p>\n
3. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales, en liquidaci\u00f3n, pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la tutela, dado que carece de facultad jur\u00eddica para pronunciarse sobre los aspectos relacionados con el r\u00e9gimen de prima media con prestaci\u00f3n definida, pues ello corresponde a Colpensiones. <\/p>\n
4. Colpensiones afirm\u00f3 que la tutela es improcedente, por cuanto no se incurri\u00f3 en vicio, defecto o vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, porque no se advirti\u00f3 la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales alegada y tampoco un perjuicio irremediable. Asegur\u00f3 que la decisi\u00f3n cuestionada fue producto de una valoraci\u00f3n razonable e integral de las pruebas aportadas, que permiti\u00f3 concluir v\u00e1lidamente que las cotizaciones efectuadas por Arcenio Hoyos Lozano no causaron el derecho pensional a favor de su compa\u00f1era sentimental. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante pidi\u00f3 revocar el fallo y acceder a la tutela, porque se vulneraron sus derechos fundamentales. Afirm\u00f3 que, si bien el causante cumpli\u00f3 los requisitos de tiempo m\u00ednimo cotizado establecido en la Ley 71 de 1988, la accionada omiti\u00f3 el estudio de las pruebas que as\u00ed lo acreditaban. Dijo que la demandada no advirti\u00f3 una inconsistencia en el per\u00edodo laborado del causante entre enero de 1969 y diciembre de 1974, pues, de haberlo hecho, habr\u00eda concluido que aqu\u00e9l super\u00f3 los 20 a\u00f1os de servicio prestados. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Sala confirmar\u00e1 la sentencia impugnada, porque las conclusiones del juez natural no se muestran abiertamente desprovistas de fundamento, carentes de soporte o manifiestamente alejadas del orden jur\u00eddico y, por tanto, no se acredita la vulneraci\u00f3n de derechos invocada. <\/p>\n
2.1. Valoradas las pruebas aportadas al proceso y las que decret\u00f3 de oficio, la Sala accionada encontr\u00f3 que durante el tiempo que el causante labor\u00f3 para el municipio de Granada -1 de septiembre de 1969 al 31 de diciembre de 1974- no cotiz\u00f3 al ISS, hoy Colpensiones, por lo que dicho per\u00edodo no pod\u00eda tenerse en cuenta para efectos de obtener una prestaci\u00f3n directa con esa entidad, conforme a los art\u00edculos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo a\u00f1o, pues no cotiz\u00f3 150 semanas en los seis a\u00f1os inmediatamente anteriores al fallecimiento, ni 300 en cualquier \u00e9poca. <\/p>\n
2.2. Ahora, con miras a determinar si el afiliado dej\u00f3 causada la pensi\u00f3n por aportes del art\u00edculo 7 de la Ley 71 de 1988, a fin de que pudiera sustituirse a la demandante, la Sala encontr\u00f3 que aqu\u00e9l reuni\u00f3 un total de 1005,57 semanas efectivamente v\u00e1lidas al sistema, equivalentes a 19 a\u00f1os, 6 meses y 19 d\u00edas, de modo que no dej\u00f3 reunidos los 20 a\u00f1os exigidos para causar dicha pensi\u00f3n por aportes. <\/p>\n
2.3. Finalmente, en cuanto al acta de posesi\u00f3n del 28 de enero de 1969 en el cargo de Secretario General de la Tesorer\u00eda Municipal de Granada, la cual, seg\u00fan la demandante, acreditar\u00eda el tiempo de vinculaci\u00f3n con el ente territorial desde esa fecha hasta el 31 de agosto de ese mismo a\u00f1o, la Sala sostuvo que no hab\u00eda prueba que indicara que el causante, una vez posesionado en el cargo, hubiera comenzado a prestar servicios a la Alcald\u00eda de Granada desde el 28 de enero de 1969; por el contrario, el material probatorio evidenci\u00f3 que ello ocurri\u00f3 desde el 1 de septiembre de 1969. <\/p>\n
2.4. En suma, a la demandante no le asist\u00eda el derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, como tampoco a sustituir una pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n por aportes, dado que el causante no dej\u00f3 cumplidos los requisitos para ello en ninguna de las dos situaciones, lo cual conduc\u00eda a dejar en firme la decisi\u00f3n absolutoria que emiti\u00f3 el Juzgado 15 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 el 15 de mayo de 2019. <\/p>\n
3. De lo transcrito se sigue que la determinaci\u00f3n cuestionada no luce irrazonable, dado que fue proferida despu\u00e9s de una valoraci\u00f3n sustentada de la actuaci\u00f3n correspondiente, el material probatorio y la normatividad que gobierna el asunto, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no impone la intervenci\u00f3n del juez constitucional. En efecto, la Sala consider\u00f3 motivadamente que la actora no ten\u00eda derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, pues, por una parte, el causante no cumpli\u00f3 los requisitos exigidos por los art\u00edculos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo a\u00f1o, en tanto no cotiz\u00f3 150 semanas en los seis a\u00f1os inmediatamente anteriores al fallecimiento, ni 300 en cualquier \u00e9poca y, por otra, porque el afiliado no dej\u00f3 causada la pensi\u00f3n por aportes del art\u00edculo 7 de la Ley 71 de 1988, a efectos de que pudiera sustituirse a la demandante. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, entre la decisi\u00f3n controvertida y lo argumentado por la parte accionante se evidencia una disparidad de criterios, sin que sea el juez constitucional el llamado a dirimir la controversia, como si fuera un juez de instancia, pues esta acci\u00f3n especial no fue prevista para que el operador judicial intervenga como \u00e1rbitro y determine cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador o de las partes resultan ser los m\u00e1s acertados, ni para realizar, con esa excusa, una revisi\u00f3n oficiosa del asunto, mucho menos para imponer el criterio de la actora sobre la valoraci\u00f3n probatoria efectuada, m\u00e1xime que la misma se sustent\u00f3 en las reglas de la sana cr\u00edtica, en cuanto el an\u00e1lisis se motiv\u00f3 detalladamente y en forma razonada. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(con ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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