STC11984-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11984-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-22-14-000-2023-00194-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda el 14 de septiembre de 2023, con la cual se neg\u00f3 el amparo reclamado por A.M.T.R. contra el Juzgado Tercero de Familia del Circuito de Monter\u00eda1. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor -a trav\u00e9s de apoderada- reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad cuestionada. <\/p>\n
2. Ante el Juzgado Tercero de Familia del Circuito de Monter\u00eda, M.L.M. -en representaci\u00f3n de su menor hijo Z.D.T.L.- promovi\u00f3 proceso ejecutivo de alimentos en contra del accionante. En el cual, en auto del 15 de marzo de 2023, se libr\u00f3 mandamiento de pago y, luego de que se constatara que el ejecutado fue notificado y el t\u00e9rmino de traslado venci\u00f3 en silencio, -en prove\u00eddo del 24 de mayo de 2023- se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. Seguidamente, el promotor alleg\u00f3 memorial solicitando la nulidad por indebida notificaci\u00f3n aduciendo que tuvo conocimiento del proceso hasta cuando le fue descontado parte de su salario en virtud de un embargo en ese proceso. No obstante, en auto del 6 de julio de 2023, la juez neg\u00f3 lo peticionado. Inconforme, la parte pasiva present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n pero -el 29 de agosto de 2023- la funcionaria resolvi\u00f3 mantener inc\u00f3lume su decisi\u00f3n. Finalmente, el actor -el 2 de agosto de 2023- pidi\u00f3 control de legalidad sobre el mandamiento de pago bajo el argumento de que el t\u00edtulo ejecutivo estaba incompleto. <\/p>\n
2.1. Se duele el gestor que, por un lado, la juez libr\u00f3 mandamiento de pago en su contra desconociendo \u00ablos art\u00edculos 6\u00ba y 8\u00ba de la ley 2213 de 2.022\u00bb por cuanto \u00abla parte ejecutante en ning\u00fan lado indic\u00f3 c\u00f3mo obtuvo el correo electr\u00f3nico del demandado como tampoco aporto la evidencia exigida en la norma transcrita, lo que de l\u00f3gica daba lugar a la inadmisi\u00f3n de la demanda\u00bb. Por otro, alega que -el 2 de agosto de 2023- solicit\u00f3 al despacho \u00abla revocatoria del mandamiento de pago y consecuencialmente el levantamiento de las medida cautelares\u00bb pues los documentos presentados por la demandante no eran suficientes para entenderlos como t\u00edtulo ejecutivo. <\/p>\n
3. Pidi\u00f3 que se le ordene al Juzgado accionado que -en un t\u00e9rmino de 48 horas- \u00abdeje sin efecto todas las actuaciones irregulares\u00bb y, en consecuencia, disponga \u00abla nulidad del auto del d\u00eda 15 de marzo de 2.023, en el cual se libr\u00f3 mandamiento de pago\u00bb y \u00abel levantamiento de las medidas cautelares ordenadas y practicadas en el proceso\u00bb2. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. M.L.M. -ejecutante- frente al reproche del actor indic\u00f3 que lo notific\u00f3 al correo electr\u00f3nico de la Polic\u00eda pero \u00abla norma establece el t\u00e9rmino \u201ccanal digital\u201d (g\u00e9nero) y el correo electr\u00f3nico (especie), por ende, no distingue entre correos personales, institucionales o cualquier otra clase\u00bb3. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero de Familia del Circuito de Monter\u00eda refiri\u00f3 que \u00absi bien no se indic\u00f3 en la demanda, la forma como lo obtuvo, la ejecutante lo hizo con posterioridad demostrando que el demandado desde la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico suministrada para notificaciones le env\u00eda un archivo de fecha 26 de noviembre de 2022, 19:41\u201d por lo cual fue de recibo del juzgado que el demandado le ha dado uso a esa herramienta tecnol\u00f3gica, e igual forma con la presentaci\u00f3n de excepciones de m\u00e9rito se constata que el demandado recibi\u00f3 la notificaci\u00f3n de la demanda y ejerci\u00f3 su derecho a la defensa, siendo esta contestaci\u00f3n extempor\u00e1nea\u00bb4. <\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda se\u00f1al\u00f3 que \u00abel hecho de que el inconforme no comparta las apreciaciones del juez, no hace procedente acudir a esta acci\u00f3n superlativa\u00bb5. <\/p>\n
El Tribunal de Monter\u00eda neg\u00f3 el amparo. En primer lugar, frente al control de legalidad, se\u00f1al\u00f3 que lo que se duele el actor \u00ab[t]iene que ver con el memorial del 2 de agosto hoga\u00f1o\u00bb donde \u00abintroduce como nuevo argumento el concerniente a la incompletez del t\u00edtulo de recaudo al no haberse acompa\u00f1ado el acta de conciliaci\u00f3n de los documentos que acrediten los gastos que son materia de cobro\u00bb. No obstante, indic\u00f3 que ello \u00abno ha sido materia de juzgamiento por parte de su juez natural, torn\u00e1ndose as\u00ed prematuro el embate constitucional de la especie, sobre el particular\u00bb. En segundo t\u00e9rmino, \u00aben lo que concierne al pedimento de nulidad\u00bb, consider\u00f3 que la decisi\u00f3n objeto de reproche y la que resolvi\u00f3 la reposici\u00f3n \u00abno descubren un actuar arbitrario, irrazonable y\/o preso de la subjetividad\u00bb6. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el extremo activo. Manifest\u00f3 que el a-quo \u00ab[e]vade pronunciarse sobre el tema de la INEXISTENCIA DEL TITULO POR FALTA DE LOS ANEXOS NECESARIOS\u00bb. Adem\u00e1s, expuso que la decisi\u00f3n de primera instancia se bas\u00f3 en el \u00absofisma de la autonom\u00eda e independencia judicial que seg\u00fan, da libre interpretaci\u00f3n que puede realizar un juez en la toma de decisiones\u00bb lo cual en principio es cierto pero el juzgado no puede realizar \u00abuna interpretaci\u00f3n errada, abrupta, grosera y caprichosa pueda y tenga valor para desconocer las normas procesales\u00bb7. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Sobre el particular, esta Sala advierte que la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada en raz\u00f3n a que la solicitud de amparo deviene prematura y, revisada la decisi\u00f3n debatida, tampoco se observa que tenga vocaci\u00f3n de prosperidad. <\/p>\n
2. En primer orden, se advierte que el reproche del actor relacionado con la solicitud de control de legalidad del auto que libr\u00f3 mandamiento de pago deviene prematuro. Ello pues, el memorial fue presentado el 2 de agosto del a\u00f1o en curso8 y a la fecha de interposici\u00f3n de esta tutela -4 de septiembre de 20239- ello estaba pendiente de resolverse. Por lo tanto, el reclamante no puede aspirar a que por esta senda excepcional el fallador constitucional se pronuncie sobre un aspecto que le corresponde decidir al juez natural de la respectiva causa, pues admitir la intervenci\u00f3n del juez de tutela implicar\u00eda reemplazar los instrumentos ordinarios y las facultades asignadas a los operadores cognoscentes10. <\/p>\n
3. En segundo t\u00e9rmino, se observa que, el Juzgado accionado -en auto del 29 de agosto de 2023- resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n impetrado por el accionante en contra del prove\u00eddo del 6 de julio pasado mediante el cual se neg\u00f3 el incidente de nulidad por indebida notificaci\u00f3n. En aquella oportunidad, el 6 de julio de 202311, la juez centr\u00f3 la tesis del ejecutado en que \u00abno fue notificado en debida forma porque la notificaci\u00f3n personal realizada con el uso de mensaje de datos, fue enviada a un correo electr\u00f3nico diferente al que recibe todo tipo de notificaciones, y que la demandante no indic\u00f3 por ning\u00fan lado c\u00f3mo obtuvo el correo electr\u00f3nico del ejecutado exigida por el art\u00edculo 8 de la ley 2213 de 2022\u00bb. <\/p>\n
Para resolver el incidente -con base en la ley 2213 de 2022 y art\u00edculos 289 a 291 del C\u00f3digo General del Proceso- se\u00f1al\u00f3 que la misma Corte Constitucional \u00abdeclarando exequible la normatividad\u00bb condicion\u00f3 \u00abal art\u00edculo 8 en su inciso 3\u00ba, as\u00ed como el par\u00e1grafo del articulo 9 del Decreto 806 hoy 2213 de 2022, en el entendido \u201cde que el termino all\u00ed dispuesto empezara a contarse cuando el iniciador recepcione, acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso al destinatario del mensaje\u00bb. As\u00ed, revisada la demanda, encontr\u00f3 que en esta se se\u00f1al\u00f3 que \u00abel demandado recibir\u00eda notificaciones en la direcci\u00f3n de Correo electr\u00f3nico alexi.tirado@correo.policia.gov.co y que la parte ejecutante posteriormente utiliz\u00f3 la notificaci\u00f3n personal mediante el uso del env\u00edo de mensaje de datos a la direcci\u00f3n electr\u00f3nica anotada, arrojando el iniciador la recepci\u00f3n del acuse de recibo\u00bb. Adem\u00e1s, refiri\u00f3 que si bien la ejecutante \u00abmanifest\u00f3 que el correo electr\u00f3nico corresponde al utilizado por la persona a notificar, sin aportar en ese momento, prueba que garantice la forma como la obtuvo\u00bb tambi\u00e9n lo es que, luego quedo demostrado que \u00abel ejecutado desde la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico suministrada por la ejecutante le env\u00eda un archivo, de fecha \u201c26 de noviembre de 2022. 19:41\u201d, por lo cual es de recibo por [ese] despacho que efectivamente el demandado le ha dado uso a esa herramienta tecnol\u00f3gica\u00bb. <\/p>\n
Con base en esas pruebas, concluy\u00f3 que \u00abla direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico a la cual se le envi\u00f3 la notificaci\u00f3n personal\u00bb fue \u00abutilizada por el demandado al enviarle un documento a la direcci\u00f3n electr\u00f3nica de la ejecutante, quedando como evidencia de que fue por ese medio que la demandante obtuvo dicha direcci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, para esta Corporaci\u00f3n la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable12. Ciertamente, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo y probatorio del tema debatido. Por supuesto, para esta Sala, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. Descart\u00e1ndose, tambi\u00e9n, una ostensible v\u00eda de hecho. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el tutelante. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia, ni a \u00abdeterminar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la parte actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 de marzo de 2008, rad. 2007-00514-01. Reiterada en CSJ STC4454, 15 de julio de 2020). <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(con ausencia justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(con ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En virtud del Acuerdo No. 034 del 16 de diciembre de 2020, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia se profieren dos (2) versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares) para efectos de publicaci\u00f3n y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes para efectos de notificaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 Folio 5-12, archivo \u201c03Demanda.pdf\u201d. <\/p>\n
3\u0002 Archivo \u201c07Contestacion.pdf\u201d. <\/p>\n
4\u0002 Archivo \u201c08ContestacionJuzgado3.pdf\u201d. <\/p>\n
5\u0002 Archivo \u201c09ContestacionProcuraduria.pdf\u201d. <\/p>\n
6\u0002 Archivo \u201c12Sentencia.pdf\u201d. <\/p>\n
7\u0002 Archivo \u201c14EscritodeImpugnacion.pdf\u201d. <\/p>\n
8\u0002 Archivo \u201c21MemorialControldeLegalidad.pdf\u201d. <\/p>\n
9\u0002 Archivo \u201c02ActaReparto.pdf\u201d. <\/p>\n
10\u0002 CSJ STC 29 de abril de 2011, rad. 00094-01. Reiterado, entre otras, en STC6772-2019, 30 de mayo, rad. 2019-01579-00 y STC6807-2023, 12 de junio, rad. 2023-01138-00. <\/p>\n
11\u0002 Archivo \u201c20AUTODECIDEAPELACIONNORECURSOS.pdf\u201d. <\/p>\n
12\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss). Y como \u201cvalido\u201d puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
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STC11984-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC11984-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-22-14-000-2023-00194-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-77004","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77004","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77004"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77004\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77004"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77004"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77004"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}