STC11986-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11986-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-03850-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Camila Mora Saldarriaga contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn1. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La gestora demanda la salvaguarda de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado en el proceso de radicado 05001310301620210028200 (01). <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. La accionante promovi\u00f3 una demanda contra la Cooperativa de Transportadores TAX COOPEBOMBAS Ltda., Mar\u00eda Eugenia L\u00f3pez L\u00f3pez y Compa\u00f1\u00eda Mundial de Seguros S.A., para que se declarara la responsabilidad civil extracontractual solidaria de los dos primeros y contractual derivada del contrato de seguros del \u00faltimo, por los da\u00f1os materiales e inmateriales derivados del accidente de tr\u00e1nsito del que fue v\u00edctima2, ocurrido el 31 de marzo de 2019, cuando se desplazaba en una motocicleta que fue colisionada por un taxi conducido por Luis Fernando Piedrahita Ochoa, de propiedad de Mar\u00eda Eugenia L\u00f3pez L\u00f3pez, afiliado TAX COOPEBOMBAS Ltda. y amparado por la aseguradora demandada. <\/p>\n
2.2. La Cooperativa de Transportadores TAX COOPEBOMBAS Ltda. y Mar\u00eda Eugenia L\u00f3pez L\u00f3pez llamaron en garant\u00eda a Compa\u00f1\u00eda Mundial de Seguros S.A., con fundamento en las p\u00f3lizas de responsabilidad civil extracontractual 2000011614 y M-250001700, convocatoria que fue aceptada por auto del 7 de octubre de 2021. <\/p>\n
2.3. El 1\u00b0 de noviembre de 20223 se emiti\u00f3 sentencia de primera instancia, en la que el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Medell\u00edn resolvi\u00f3: i) declarar impr\u00f3speras las excepciones planteadas por los demandados; vii) declarar que la Cooperativa de Transportadores TAX COOPEBOMBAS Ltda. y Mar\u00eda Eugenia L\u00f3pez L\u00f3pez eran responsables de los hechos descritos en la demanda y de los perjuicios causados; iii) en consecuencia, los conden\u00f3 a pagar solidariamente a la demandante: a) $6.052.217, por concepto de lucro cesante consolidado; b) $25.068.072, por lucro cesante futuro; c) 30 SMLMV, por da\u00f1o moral; y d) 30 SMLMV, por da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n; iv) ordeno a Compa\u00f1\u00eda Mundial de Seguros asumir el costo de los perjuicios liquidados hasta el l\u00edmite asegurado (60 SMLMV a la fecha de la sentencia); v) no accedi\u00f3 a las sanciones moratorias solicitadas en contra de la aseguradora; y vi) conden\u00f3 en costas a la parte demandada. Frente a esa decisi\u00f3n ambos extremos interpusieron recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. El 22 de junio de 20234, el Tribunal accionado modific\u00f3 el fallo de primer grado y, en su lugar, dispuso: i) condenar a los tres accionados a cancelar a favor de la demandante: a) $3.509.908, por concepto de lucro cesante; b) $157.580, por da\u00f1o emergente; c) 15 SMLMV, por perjuicio moral; y d) 10 SMLMV, por da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n; ii) ordenar a Compa\u00f1\u00eda Mundial de Seguros S.A. asumir el costo de los perjuicios liquidados hasta el l\u00edmite asegurado en la p\u00f3liza 2000011614, descontando el deducible correspondiente y pagar a favor de la parte demandante \u00absobre las sumas del ordinal anterior, intereses a la tasa de una y media vez el bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia, a partir de la ejecutoria de esta sentencia y hasta la fecha del pago\u00bb; iii) no adicionar la sentencia del a quo, para incluir la sanci\u00f3n del art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso; y iv) no condenar en costas de esa instancia. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La accionante sostiene que el Tribunal interpret\u00f3 el dictamen de p\u00e9rdida de la capacidad laboral que, con apego a su historia cl\u00ednica, elabor\u00f3 el doctor Jos\u00e9 William Vargas, como si el ente colegiado fuera un experto m\u00e9dico, en lugar de nombrar de oficio otro perito, para que contradijera la prueba allegada o zanjara el debate respecto de la diferencia entre \u00abLUXACI\u00d3N DE LA ARTICULACI\u00d3N ACROMIOCLAVICULAR y una LUXACI\u00d3N DE LA ARTICULACI\u00d3N DEL HOMBRO porque la primera es precisamente parte del hombro\u00bb, por lo que descart\u00f3 esa probanza err\u00f3neamente, como se indic\u00f3 en el salvamento de voto de la sentencia controvertida. Aduce que la mencionada diferencia no es la que se toma en cuenta para calificar la p\u00e9rdida de capacidad laboral, sino \u00abel tema del dolor del lesionado\u00bb, de manera que, de aceptarse que el perito agreg\u00f3 una nueva patolog\u00eda, esta era irrelevante y, por tanto, no se debi\u00f3 disminuir la condena. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2. Compa\u00f1\u00eda Mundial de Seguros S.A. se opuso a la prosperidad de las pretensiones, pues se pretende reabrir el debate probatorio ya surtido. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Sala negar\u00e1 la tutela propuesta, porque las conclusiones de la Sala accionada, respecto del asunto censurado, independientemente de que sean o no compartidas, no se muestran abiertamente desprovistas de fundamento, carentes de soporte o manifiestamente alejadas del orden jur\u00eddico. <\/p>\n
2. En efecto, en la sentencia del 22 de junio de 2023, el Tribunal, luego de memorar las premisas jur\u00eddicas sobre la responsabilidad civil extracontractual por actividades peligrosas, el da\u00f1o y su prueba, procedi\u00f3 a analizar el caso concreto y determin\u00f3 que en el tr\u00e1mite contravencional adelantado contra el conductor del taxi este reconoci\u00f3 de forma clara y contundente haber omitido una se\u00f1al de tr\u00e1nsito, lo que produjo la colisi\u00f3n con la moto de la demandante, conducta que denotaba su actuar imprudente, pues la accionante transitaba adecuadamente por su carril y con se\u00f1al de sem\u00e1foro en verde. Asimismo, encontr\u00f3 acreditado el nexo causal entre el hecho y las lesiones que deb\u00edan ser indemnizadas, reportadas en el informe de tr\u00e1nsito y en la correspondiente historia cl\u00ednica. <\/p>\n
2.1. Ahora bien, en cuanto a los perjuicios, el Tribunal se refiri\u00f3 a los aspectos tenidos en cuenta por el a quo para liquidarlos, entre otros, que tom\u00f3 como salario el m\u00ednimo legal vigente al momento de la sentencia y el dictamen de p\u00e9rdida de capacidad laboral aportado por la parte demandante, cuya contradicci\u00f3n se realiz\u00f3 en audiencia, en el que se estableci\u00f3 un porcentaje de p\u00e9rdida de la capacidad laboral del 12.70%. <\/p>\n
Sin embargo, el Colegiado accionado, tras establecer que para reconocer el lucro cesante era necesario verificar si se hab\u00eda demostrado adecuadamente la p\u00e9rdida de la capacidad laboral, procedi\u00f3 a analizar la historia cl\u00ednica y el dictamen de p\u00e9rdida de capacidad laboral, anticipando que se apartar\u00eda de la prueba allegada, pues su presunci\u00f3n de veracidad no implicaba que el juez estuviera obligado a acogerla sin una apreciaci\u00f3n cr\u00edtica (CSJ SL2349-2021). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que en la historia cl\u00ednica se consign\u00f3 como diagn\u00f3stico derivado del accidente \u00abFRACTURA DE LA CLAVICULA, SINDROME DE MANGUITO ROTATORIO y LUXACION DE LA ARTICULACION DEL HOMBRO\u00bb y en el dictamen pericial allegado se tuvo en cuenta la mencionada fractura, pero \u00abextra\u00f1amente deja de lado las otras dos patolog\u00edas\u00bb e incluy\u00f3 una nueva denominada \u00abLUXACI\u00d3N DE LA ARTICULACI\u00d3N ACROMIOCLAVICULAR, la cual no se puede confundir con la LUXACI\u00d3N DE LA ARTICULACI\u00d3N DEL HOMBRO porque se trata de enfermedades diferentes, que seg\u00fan la Clasificaci\u00f3n Internacional de Enfermedades (CIE) tienen c\u00f3digo separado\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que el perito, en la audiencia de contradicci\u00f3n del dictamen, adujo que, seg\u00fan el Manual \u00danico para la Calificaci\u00f3n de la P\u00e9rdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional -Decreto 1507 de 2014-, el m\u00e9dico calificador puede realizar nuevos diagn\u00f3sticos, no obstante, consultada la norma y sus anexos, observ\u00f3 que <\/p>\n
no refiere en ninguna parte a la facultad de introducir nuevos diagn\u00f3sticos por parte del m\u00e9dico encargado de calificar, como tampoco de modificar los existentes, en tanto dicha normatividad y las dem\u00e1s normas del sistema de seguridad social que regulan este tema y las funciones de las juntas de calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral, aluden a la labor de los profesionales calificadores como encargados de calificar el origen (laboral o com\u00fan) y el grado (porcentaje) de la p\u00e9rdida, lo que efect\u00faan principalmente con el historial m\u00e9dico que se les aporta, pero no de emitir diagn\u00f3sticos y, aunque tambi\u00e9n realiza el calificador una evaluaci\u00f3n del paciente en la que incluso pueden intervenir especialistas en otras \u00e1reas de la medicina y puede ordenar ex\u00e1menes adicionales, de donde eventualmente pudiera avalarse de forma excepcional variaci\u00f3n en el diagn\u00f3stico con ocasi\u00f3n de esas valoraciones o ex\u00e1menes adicionales, lo cierto es que el dictamen aqu\u00ed arrimado y la contradicci\u00f3n rendida no da cuenta de situaciones de tal talante que sustentaran un cambio del diagn\u00f3stico. V\u00e9ase que en la contradicci\u00f3n del dictamen en audiencia, cuando se le indag\u00f3 al perito por los implementos que us\u00f3 para realizar la experticia refiri\u00f3 al Manual \u00danico para la Calificaci\u00f3n de la P\u00e9rdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional, a la historia cl\u00ednica y a la valoraci\u00f3n presencial que \u00e9l mismo realiz\u00f3 a la paciente, pero no refiri\u00f3 a ex\u00e1menes adicionales o valoraciones por otros profesionales que lo llevaran a cambiar una de las patolog\u00edas, mucho menos expuso situaciones especiales del caso concreto que lo llevaron a adoptar dicha determinaci\u00f3n, se\u00f1alando \u00fanicamente, se insiste, que el manual de calificaci\u00f3n lo habilita para diagnosticar (Video 41 Minuto 27 en adelante). <\/p>\n
Indic\u00f3 que tal conclusi\u00f3n, sobre los l\u00edmites de la actividad de los profesionales que califican la p\u00e9rdida de la capacidad laboral y el necesario sustento de una eventual y excepcional variaci\u00f3n en el diagn\u00f3stico, se pod\u00eda establecer del Manual \u00danico para la Calificaci\u00f3n de la P\u00e9rdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional, parte de definiciones \u00ab4.5 Historial cl\u00ednico\u00bb, del art\u00edculo 41 de la Ley 100 de 1993 sobre el estado y determinaci\u00f3n de la invalidez y del Decreto 1072 de 2015 -art\u00edculos 2.2.5.1.10., 2.2.5.1.26., 2.2.5.1.28., 2.2.5.1.36., 2.2.5.1.38. y 2.2.5.1.49-. En ese sentido, el Tribunal destac\u00f3 que, seg\u00fan el referido Manual, para que una patolog\u00eda nueva pudiera ser calificada, deb\u00eda pasar un proceso de rehabilitaci\u00f3n y de mejor\u00eda m\u00e9dica m\u00e1xima -MMM-, el cual no se surti\u00f3 frente a la luxaci\u00f3n de la articulaci\u00f3n acromioclavicular y aclar\u00f3 que, pese a que la Sala no desconoc\u00eda que cuando la calificaci\u00f3n se realiza por fuera del sistema de seguridad social, de cara a reclamar una indemnizaci\u00f3n civil como en este caso, no se requer\u00eda esperar el t\u00e9rmino de 540 d\u00edas, pues ello podr\u00eda afectar la prescripci\u00f3n, esto tampoco significaba que el dictamen pod\u00eda dejar de lado aspecto b\u00e1sicos como la MMM de la patolog\u00eda a\u00f1adida. <\/p>\n
En ese orden, determin\u00f3 que el dictamen no pod\u00eda ser tenido en cuenta a efectos de establecer la p\u00e9rdida de capacidad laboral de la demandante ante la inclusi\u00f3n de una patolog\u00eda sin sustento y \u00abcomo el trabajo pericial no discrimina el PCL de cada patolog\u00eda, sino que toma las dos deficiencias (\u2026) para determinar el total de p\u00e9rdida de capacidad laboral\u00bb, resultaba imposible aplicar un porcentaje a la patolog\u00eda que s\u00ed estaba relacionada en el historial cl\u00ednico. En consecuencia, determin\u00f3 que se deb\u00eda negar el lucro cesante pedido con fundamento en esa p\u00e9rdida de capacidad, no obstante, al ser recurrida la sentencia tambi\u00e9n por la activa, reconoci\u00f3 lucro cesante consolidado por los periodos de incapacidad laboral acreditados: una inicial de 30 d\u00edas -del 1\u00b0 al 30 de abril de 2019-, una segunda incapacidad de 30 d\u00edas -del 30 de noviembre al 29 de diciembre de 2019- y una de 7 d\u00edas -del 30 de diciembre al 5 de enero de 2020-, durante las cuales no puso laborar. <\/p>\n
En cuanto al monto del ingreso dejado de percibir, el Tribunal apreci\u00f3 el certificado emitido por MAXEMPLEOS, en el que se\u00f1al\u00f3 que la demandante laboraba con esa empresa desde el 16 de febrero de 2021, con un salario de $2.041.489 y un promedio de horas extras de $403.533, as\u00ed como el certificado de Jiro Servicios Temporales sobre su desempe\u00f1o en durante diferentes periodos del 2019 y 2020, los cuales encontr\u00f3 de recibo para determinar, como suma indexada por concepto de lucro cesante consolidado, $3.509.908, \u00abdebiendo modificarse en ese sentido la sentencia objeto de recurso, sin que proceda el reconocimiento de lucro cesante futuro por no haberse demostrado\u00bb la p\u00e9rdida de capacidad laboral en debida forma. <\/p>\n
2.2. Seguidamente, se ocup\u00f3 de los perjuicios morales, frente a los cuales consider\u00f3 que, si bien el accidente le hab\u00eda ocasionado un da\u00f1o a la demandante, para cuyo tratamiento fue necesaria una cirug\u00eda, \u00abal no haberse probado la secuela, la afectaci\u00f3n consisti\u00f3 en la cicatriz quir\u00fargica que a la postre qued\u00f3, lo que perturba la est\u00e9tica del cuerpo, adem\u00e1s de los dolores y angustia sufrida mientras era operada y la recuperaci\u00f3n, sin que se haya acreditado un mayor sufrimiento\u00bb, por lo que redujo el monto por ese concepto a 15 SMLMV. <\/p>\n
2.3. De otro lado, en cuanto al da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n, advirti\u00f3 que no se presum\u00eda, sino que deb\u00eda probarse y que, de acuerdo con la jurisprudencia, su valoraci\u00f3n estaba sujeta al prudente arbitrio del juzgador, evitando estimaciones excesivas o irrisorias que desdibujaran el instituto de la responsabilidad civil, el cual no era fuente de enriquecimiento. Por tanto, al apreciar las declaraciones de Ana Mar\u00eda Saldarriaga y Nelson Eduardo Usquiano, extrajo que la demandante desde antes del incidente realizaba actividad f\u00edsica constante, que debi\u00f3 disminuir considerablemente con ocasi\u00f3n del accidente de tr\u00e1nsito, durante los meses que estuvo en tratamiento y en recuperaci\u00f3n de la fractura y de la cirug\u00eda, por lo que se deb\u00eda reconocer este perjuicio. No obstante, indic\u00f3 que no se ordenar\u00eda en la cuant\u00eda definida por el a quo, al no haberse demostrado la p\u00e9rdida de capacidad laboral, lo que supone recuperaci\u00f3n total de sus facultades, sino en la suma de 10 SMLMV. <\/p>\n
2.4. Asimismo, encontr\u00f3 pertinente adicionar la condena de $157.580 como da\u00f1o emergente, al estar acreditado. <\/p>\n
2.5. En cuanto a la sanci\u00f3n por exceso del juramento estimatorio contemplada en el art\u00edculo 206 del C.G.P., pedida por la TAX COOPEBOMBAS Ltda., el Tribunal consider\u00f3 que no era aplicable, por no haber sido solicitada por la parte perjudicada. <\/p>\n
2.6. Sobre los intereses moratorios, indic\u00f3 que la jurisprudencia de esta Sala5 replante\u00f3 el tema, para se\u00f1alar que en casos donde es necesario acudir al proceso judicial, para discutir la existencia del siniestro y la cuant\u00eda de la p\u00e9rdida, s\u00f3lo puede entenderse que existe mora cuando el debate judicial queda definido con la sentencia, por lo que proced\u00eda la aplicaci\u00f3n del pago de intereses contemplado en el art\u00edculo 1080 del C\u00f3digo de Comercio desde la ejecutoria de esa providencia. <\/p>\n
3. Revisada la determinaci\u00f3n cuestionada, se observa, como se anticip\u00f3, que abord\u00f3 y decidi\u00f3 los planteamientos que se exponen en la tutela, con motivaciones que no lucen abiertamente irrazonables, pues se sustentan en la normativa aplicable, en jurisprudencia relacionada y en un an\u00e1lisis integral de la demanda y de las pruebas allegadas, de manera que, \u00abaunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC4691-2016). En ese sentido, debe tenerse en cuenta que los salvamentos de voto -como el referido por la actora- no tienen fuerza vinculante y que tal manifestaci\u00f3n no configura, per se, una v\u00eda de hecho en la providencia atacada que abra paso a la prosperidad de esta acci\u00f3n constitucional (CSJ STC9817-2021). <\/p>\n
Vistas as\u00ed las cosas, no cabe duda de que entre lo controvertido y lo argumentado por la parte accionante se evidencia una disparidad de criterios, sin que sea el juez constitucional el llamado a dirimir la controversia, como si fuera un juez de instancia, pues esta acci\u00f3n especial no fue prevista para que el operador judicial intervenga como \u00e1rbitro, para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador o de las partes resultan ser los m\u00e1s acertados ni para realizar, con esa excusa, una revisi\u00f3n oficiosa del asunto, por lo que la tutela no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(con ausencia justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(con ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Medell\u00edn, TAX COOPEBOMBAS Ltda., Mar\u00eda Eugenia L\u00f3pez L\u00f3pez y a Compa\u00f1\u00eda Mundial de Seguros S.A. <\/p>\n
2\u0002 Aport\u00f3 dictamen pericial rendido por William Vargas Arenas, quien estableci\u00f3 la p\u00e9rdida de capacidad laboral en un 12.70%. <\/p>\n
3\u0002 Documento 43, carpeta de primera instancia, expediente 2021-00282. <\/p>\n
4\u0002 Documento 19, carpeta segunda instancia, expediente 2021-00282. Con salvamento de voto. <\/p>\n
5\u0002 CSJ SC1947-2021. <\/p>\n
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STC11986-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC11986-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-03850-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s). Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Camila Mora […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-77006","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77006","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77006"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77006\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77006"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77006"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77006"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}