STC11989-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11989-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-03947-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Jairo Juvencio Zamora Espa\u00f1a, en nombre propio y como representante legal de Gerencia Gesti\u00f3n y Promoci\u00f3n de Desarrollos Inmobiliarios S.A.S., contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto1 y el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pasto. Al tramite se dispuso vincular al Banco de Occidente S.A., PSI Productos y Servicios de Ingenier\u00eda S.A.S., a Lucy del Carmen Caicedo Yelo y a los dem\u00e1s intervinientes del proceso ejecutivo de radicado 2018-00020. <\/p>\n
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1. ANTECEDENTES <\/p>\n
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2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se establecen los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. El 2 de febrero de 20182, Banco de Occidente S.A. inici\u00f3 un proceso ejecutivo en contra del se\u00f1or Zamora Espa\u00f1a, Gerencia Gesti\u00f3n y Promoci\u00f3n de Desarrollos Inmobiliarios S.A.S., Lucy del Carmen Caicedo Yela y PSI Productos y Servicios de Ingenier\u00eda S.A.S., con ocasi\u00f3n del contrato de leasing 180-104644 del 19 de enero de 2015, suscrito entre la entidad financiera y la \u00faltima de las sociedades referidas, cuyos c\u00e1nones se adeudaban desde el 27 de julio hasta el 27 de diciembre de 2017, y que ten\u00eda como respaldo un pagar\u00e9 suscrito por todos los accionados por $1.498.765.107. <\/p>\n
2.2. El 9 de febrero siguiente, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pasto libr\u00f3 mandamiento de pago contra los accionados por las sumas referidas3. <\/p>\n
2.3. A trav\u00e9s de los autos del 134 y 205 de febrero del 20186 se decretaron medidas cautelares sobre unos bienes muebles e inmuebles de PSI Productos y Servicios de Ingenier\u00eda S.A.S., Jairo Juvencio Zamora Espa\u00f1a y Gerencia Gesti\u00f3n y Promoci\u00f3n de Desarrollos Inmobiliarios S.A.S., incluido el identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 240-271815 de esta \u00faltima, limitadas a $3.169.238.487. <\/p>\n
2.4. El 25 de abril de 2018, el apoderado de Lucy del Carmen Caicedo Yela7 interpuso recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, de apelaci\u00f3n contra los prove\u00eddos anteriores, indicando que anexaba pruebas t\u00e9cnicas que evidenciaban que el valor bruto de los inmuebles embargados8 ascend\u00eda a $36.757.056.000, sumado a los veh\u00edculos tambi\u00e9n objeto de cautela, siendo ello contrario a lo dispuesto en el art\u00edculo 599 de C\u00f3digo General del Proceso; en sustento, aport\u00f3 el avalu\u00f3 C-102-2018 realizado por el Arquitecto N\u00e9stor Jim\u00e9nez \u00c1lvarez9. Por ello, solicit\u00f3 que solo se mantuviera la medida cautelar sobre el bien identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria 240-271815, avaluado en $4.947.456.000 y que se levantaran las dem\u00e1s. <\/p>\n
2.5. El 18 de junio de 201810, el Juzgado declar\u00f3 improcedente el recurso de reposici\u00f3n, porque lo pretendido era un levantamiento de las medidas cautelares, por exceso respecto de la acreencia objeto de recaudo, lo cual no afectaba las cautelas decretadas en los autos recurridos, porque estas eran legales, de manera que dio traslado a la ejecutante, para que manifestara de cu\u00e1les prescind\u00eda o para que se pronunciara sobre lo solicitado11, y concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, que fue declarado desierto el 29 de octubre de 201812. <\/p>\n
2.6. El 4 de diciembre de 2018, Gerencia Gesti\u00f3n y Promoci\u00f3n de Desarrollos Inmobiliarios S.A.S. pidi\u00f3 la reducci\u00f3n de los embargos, solicitando mantener \u00fanicamente la medida cautelar impuesta sobre el bien con matr\u00edcula inmobiliaria 240-27181513, petici\u00f3n que fue negada el 21 de enero de 2019, porque las cautelas no hab\u00edan sido ejecutadas, requisito necesario a la luz del art\u00edculo 600 del C\u00f3digo General del Proceso14. <\/p>\n
2.7. Tal decisi\u00f3n fue revocada por el Tribunal el 31 de mayo de 201915, por lo que orden\u00f3 limitar los embargos al inmueble referido y a los veh\u00edculos de placas MCA233, AV508, DLU963, HSV397, SZZ385 y SZZ390, cuyo valor equival\u00eda a $5.000.000.000, cuant\u00eda que era suficiente. Lo anterior, por cuanto consider\u00f3 que el dictamen aportado por la parte ejecutada gozaba de pleno valor probatorio y estaba ajustado a derecho, en tanto ning\u00fan reparo se hizo en la oportunidad procesal pertinente, y que, conforme con el art\u00edculo 599 del Estatuto Procesal, proced\u00eda la limitaci\u00f3n de las medidas decretadas en exceso, destacando que el embargo de los tres inmuebles s\u00ed se registr\u00f3 y solo quedaba pendiente el secuestro, lo cual no imped\u00eda su modificaci\u00f3n. <\/p>\n
2.8. El 30 de mayo de 201916, el Juzgado cognoscente orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, practicar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, realizar el aval\u00fao y remate de los bienes embargados y secuestrados, entre otros. <\/p>\n
2.9. El 4 de marzo de 2020, el Tribunal revoc\u00f3 parcialmente la decisi\u00f3n anterior y, en su lugar, declar\u00f3 probada en parte la excepci\u00f3n de inexigibilidad de las obligaciones contendidas en el pagar\u00e9, propuesta por la accionada Gerencia Gesti\u00f3n y Promoci\u00f3n de Desarrollos Inmobiliarios S.A.S., en lo que se refiere al cobro de los intereses moratorios generados desde el 28 de julio de 2017 hasta el 11 de enero de 2018, correspondientes a $177.123.508, por cuanto, de la literalidad del pagar\u00e9, se desprend\u00eda que los otorgantes \u00fanicamente reconocieron intereses a partir de su suscripci\u00f3n, esto es, desde el 12 de enero de 201817. <\/p>\n
2.10. En prove\u00eddo del 22 de marzo de 202218, el Juzgado de conocimiento decidi\u00f3 no aprobar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito presentada por la parte demandante, ajustando los intereses moratorios para los c\u00e1nones de arrendamiento adeudados desde el 20 de enero de 2018 y respecto del capital acelerado de la obligaci\u00f3n contenida en el pagar\u00e9 a partir del 12 de enero de 2018 hasta el 28 de febrero de 2022, e incluyendo en la liquidaci\u00f3n de la deuda derivada del pagar\u00e9, como intereses moratorios a 11-01-2018, la suma de $177.123.508, para una deuda total por ese concepto de $2.857.910.305,68. <\/p>\n
2.11. El 12 de octubre del 2022, el apoderado de los accionados pidi\u00f3 la nulidad de la decisi\u00f3n anterior, con fundamento en la causal segunda del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, por considerar que, al aprobarse la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, el Juzgado contravino lo dispuesto en la sentencia del 4 de marzo de 202219, porque incluy\u00f3 los intereses moratorios desde julio de 2017 hasta el 11 de enero de 2018, que el Tribunal hab\u00eda dejado sin efectos. <\/p>\n
2.12. El 13 de octubre de 202220, la parte ejecutada objet\u00f3 al aval\u00fao comercial presentado por la accionante y realizado por Colliers Internacional Colombia S.A. sobre el bien con folio de matr\u00edcula inmobiliaria 240-271815, equivalente a $4.019.808.000, y pidi\u00f3 un t\u00e9rmino para presentar otro dictamen pericial. <\/p>\n
2.13. El 20 de octubre siguiente21, el Juzgado consider\u00f3 que los hechos alegados no configuraban la causal de nulidad alegada frente al prove\u00eddo del 22 de marzo anterior, pero estableci\u00f3 que, en efecto, los intereses moratorios por $177.123.508 no debieron incluirse, como lo orden\u00f3 el Tribunal, por lo que procedi\u00f3 a corregir el asunto como un error aritm\u00e9tico, excluyendo tal concepto, decisi\u00f3n que fue confirmada por la Sala Unitaria Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto el 16 de febrero de 202322. <\/p>\n
2.14. El mismo 20 de octubre de 202223, el Juzgado aprob\u00f3 el avalu\u00f3 presentado por la ejecutante y elaborado por Colliers International Colombia S.A., indicando que la objeci\u00f3n no era procedente, pues, para el efecto, debi\u00f3 presentarse un nuevo avalu\u00f3, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 444 del C\u00f3digo General del Proceso, lo cual no aconteci\u00f3. <\/p>\n
2.15. El 27 de enero de 2023, el Juzgado accionado neg\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n interpuesto contra la decisi\u00f3n anterior, porque la parte ejecutada no present\u00f3 aval\u00fao respecto del inmueble embargado, por lo que dej\u00f3 fenecer la oportunidad que tuvo, seg\u00fan la norma referida en el auto atacado, y no concedi\u00f3 la alzada, por improcedente24. <\/p>\n
2.16. El 4 de mayo de 202325 se fij\u00f3 el 10 de julio del a\u00f1o 2023 como fecha para realizar la licitaci\u00f3n p\u00fablica de remate, con base en el aval\u00fao aprobado. <\/p>\n
Tambi\u00e9n refiere que el actuar del Juzgado fue irregular, pues decret\u00f3 medidas cautelares excesivas que afectaron el proyecto inmobiliario en desarrollo e incluso incluy\u00f3 unos intereses que hab\u00edan sido descartados por el Superior, al revocar parcialmente la orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, en decisi\u00f3n del 4 de marzo de 2020, en la que no se declararon todas las excepciones propuestas, pese a que estaban soportadas. Y aduce que su apoderado present\u00f3 renuncia al Despacho el 18 de agosto de 2021, la cual fue aceptada el 21 de septiembre de 2021, estando sin defensa hasta el 29 de septiembre de 2022, cuando conocieron el traslado del aval\u00fao. <\/p>\n
Indica que el Juzgado neg\u00f3 la nulidad invocada, decisi\u00f3n que fue confirmada por el Tribunal el 16 de febrero de 2023, realizando una correcci\u00f3n aritm\u00e9tica que no era lo solicitado y que no era procedente, pues lo efectuado no fue una simple operaci\u00f3n de suma o resta, sino que se modificaron aspectos jur\u00eddicos que ya hab\u00edan sido ordenados por el Superior. <\/p>\n
4. Conforme a lo relatado, la parte actora pretende que se ordene al Juzgado convocado responder los argumentos expuestos contra los autos del 20 de octubre de 2022 y del 27 de enero de 2023 y aprobar el aval\u00fao que se aporta con la tutela. A la vez, solicita que se coadyuve la consulta que dijo haber radicado ante el IGAC-NARI\u00d1O, sobre el m\u00e9todo de comparaci\u00f3n o de mercado utilizado por Colliers Internacional de Colombia S.A., que se tenga como prueba el aval\u00fao del bien allegado con la acci\u00f3n constitucional (C-025-2023) y que se ponga en conocimiento de las autoridades que corresponda el actuar irregular del Juez Cuarto Civil del Circuito y del Banco de Occidente S.A. en el proceso cuestionado. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS26 <\/p>\n
1. El Juzgado accionado defendi\u00f3 la legalidad de sus actuaciones. <\/p>\n
2. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto indic\u00f3 que la queja constitucional recae, esencialmente, sobre la determinaci\u00f3n adoptada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pasto el 20 de octubre de 2022 y que ese Colegiado no ha tenido oportunidad de pronunciarse en la cuerda procesal ordinaria al respecto. En consecuencia, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
3. Jairo Juvencio Zamora Espa\u00f1a, como liquidador de PSI Productos y Servicios de Ingenier\u00eda S.A.S. -en liquidaci\u00f3n- coadyuv\u00f3 la acci\u00f3n de tutela. Solicit\u00f3 que se decretaran las pruebas pedidas con la tutela, as\u00ed como que: i) se oficie al Banco de Occidente S.A., para que informe la fecha de aprobaci\u00f3n de los cr\u00e9ditos ordinarios, las condiciones de la deuda y del desembolso; ii) se cite a la empresa que realiz\u00f3 el aval\u00fao de la parte demandante, que fue aprobado por el Juzgado accionado, para que rinda testimonio, as\u00ed como a la gerente del Banco que diligenci\u00f3 el pagar\u00e9 y a su apoderada, al se\u00f1or Zamora Espa\u00f1a y a Lucy del Carmen Caicedo Yela, para que tambi\u00e9n rindan su declaraci\u00f3n; iv) se requiera al Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, para que responda la consulta elevada por la parte actora. Finalmente, pidi\u00f3 que se condene al Banco de Occidente S.A., por los perjuicios causados con las medidas cautelares excesivas pedidas y decretadas por el Juzgado, equivalentes a $27.998.750.000 y que, de probarse la ilegalidad o actuar contrario a la ley, por los intervinientes en el proceso, se corra traslado a las autoridades competentes27. <\/p>\n
4. Quien dijo ser la apoderada de Banco de Occidente S.A. adujo que la intenci\u00f3n de la parte actora es dilatar el proceso, que en el juicio atacado se respetaron los derechos de las partes y que la tutela no cumple con los presupuestos para la prosperidad del amparo invocado contra providencia judicial28. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Sala negar\u00e1 la tutela, por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
2. De manera preliminar, es necesario precisar que, acorde con lo previsto en el art\u00edculo 22 del Decreto 2591 de 1991, \u00abEl juez, tan pronto llegue al convencimiento respecto de la situaci\u00f3n litigiosa, podr\u00e1 proferir el fallo, sin necesidad de practicar las pruebas solicitadas\u00bb, raz\u00f3n por la cual, habi\u00e9ndose recibido el expediente sobre el cual versa la censura, ninguna prueba adicional es requerida, dado que esta instancia no tiene como fin realizar un debate probatorio que debi\u00f3 surtirse en el proceso rebatido. <\/p>\n
3. Ahora bien, revisado el expediente y las actuaciones surtidas, observa esta Corporaci\u00f3n que, entre la fecha de la providencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto el 4 de marzo de 2020, que confirm\u00f3 parcialmente la orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n y no declar\u00f3 probadas todas las excepciones propuestas, y la de presentaci\u00f3n de la tutela \u20136 de julio de 2023\u2013 se super\u00f3 el t\u00e9rmino de 6 meses que jurisprudencialmente se ha considerado razonable para promover la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales (CSJ STC2283-2022), por lo que la Sala se abstendr\u00e1 de emitir pronunciamiento alguno en torno a lo all\u00ed resuelto. <\/p>\n
En el asunto bajo examen se advierte que el Juzgado de primera instancia en el auto de 22 de marzo de 2022, cuando modific\u00f3 de oficio la liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito presentada por la parte demandante, que dicho sea de paso no fue objetada por la parte ejecutada hoy apelante, no realiz\u00f3 ninguna consideraci\u00f3n o pronunciamiento en espec\u00edfico respecto de los intereses moratorios causados hasta el 11 de enero de 2018 tasados en la suma de $177.123.508,00; sino que se limit\u00f3 a calcular los intereses posteriores, aplicando una f\u00f3rmula adoptada por la jurisprudencia para tal efecto. Es decir, no se avizora que el Juzgado haya tenido la intenci\u00f3n de proceder en contra de la decisi\u00f3n adoptada por el superior, mediante la cual excluy\u00f3 dicha suma de dinero de la orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n; sino que, ciertamente, se trat\u00f3 de un error puramente aritm\u00e9tico al momento de modificar la liquidaci\u00f3n, mismo que fue sin reparo enmendado por el fallado ante la advertencia realizada por la parte ejecutada. <\/p>\n
(\u2026) Por el contrario, la posici\u00f3n del Juzgado A quo fue garantista con el extremo pasivo de la litis, si en cuenta se tiene que la liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito presentada por la parte ejecutante ascend\u00eda a un valor de $3.308\u00b4592.380.72 y sobre ella no se present\u00f3 ninguna objeci\u00f3n por la parte ejecutada; a\u00fan as\u00ed, en su deber legal de control oficioso, el Juzgado la modific\u00f3, tas\u00e1ndola en $2.857\u2019910.305,68 y, aunque cometi\u00f3 un error al incluir los $177.123.508,00 ya enunciados, procedi\u00f3 a corregirlo cuando se percat\u00f3 de ello, pese a que el auto donde adopt\u00f3 la determinaci\u00f3n de modificar la liquidaci\u00f3n tampoco fue objeto de recurso de apelaci\u00f3n del cual era susceptible, al tenor del numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 446 del C. G. del P. <\/p>\n
En ese sentido, lo que se advierte, es que la parte apelante utiliz\u00f3 la nulidad alegada como herramienta para modificar una liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito respecto de la cual no se pronunci\u00f3 oportunamente y que, en efecto, repercut\u00eda en sus intereses; no obstante, debe destacarse que finalmente la inconsistencia se super\u00f3, dado que a la liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito se le aplic\u00f3 la deducci\u00f3n ordenada por este Tribunal, mediante la correcci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 286 ibidem. <\/p>\n
3.2. Revisada la determinaci\u00f3n cuestionada, se observa que abord\u00f3 y resolvi\u00f3 los planteamientos que se reiteran en la tutela, en torno a la decisi\u00f3n de ajustar los intereses al aprobar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, con una interpretaci\u00f3n plausible que no vulner\u00f3 los derechos de las partes, pues estos fueron fijados seg\u00fan la realidad procesal, seg\u00fan los intereses de los propios accionados, por lo cual la tutela es inviable frente a este aspecto. <\/p>\n
4. Ahora bien, en cuanto a lo resuelto en el auto del 20 de octubre de 202229 por el cual el Juzgado convocado, mediante el cual aprob\u00f3 el avalu\u00f3 presentado por la ejecutante, elaborado por Colliers International Colombia S.A., y se abstuvo de resolver las observaciones formuladas por la contraparte sobre esa experticia, se encuentra que tal determinaci\u00f3n se sustent\u00f3 en que: <\/p>\n
el apoderado de la parte demandada presenta objeciones al aval\u00fao elaborado por COLLIERS INTERNACIONAL COLOMBIA S.A., a la vez que solicita se le conceda t\u00e9rmino para presentar un nuevo dictamen pericial, no obstante dicha fase procesal no se encuentra contemplada en el Estatuto Procesal Vigente y por tanto debe ser negada, de donde deviene aclarar adem\u00e1s que, el art\u00edculo 444 del C.G.P. le otorgaba a la parte solicitante presentar un nuevo aval\u00fao de ser el caso, situaci\u00f3n que no aconteci\u00f3, pues el art\u00edculo 227 Ibidem invocado por la parte solicitante no rige el tr\u00e1mite en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, considerando que se encuentra agotado el t\u00e9rmino de traslado correspondiente y en vista de que el aval\u00fao comercial aportado por la parte actora, se present\u00f3 de conformidad con lo establecido en la norma en cita, encontr\u00e1ndolo ajustado a derecho, se proceder\u00e1 a su aprobaci\u00f3n. <\/p>\n
4.1. Por otra parte, el 27 de enero de 2023, el Juzgado accionado neg\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n interpuesto contra el prove\u00eddo anterior y se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
El 30 de mayo de 2019, se dict\u00f3 sentencia de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, ordenando entre otras cosas. Que se practique el aval\u00fao y remate de los bienes de propiedad de las ejecutadas que se encuentren embargados y secuestrados. <\/p>\n
El inmueble rural ubicado en el Proyecto Parque Log\u00edstico \u201cEprocom\u201d, parcela No. 03, ya se encontraba embargado para a fecha de la sentencia y el secuestro se adelant\u00f3 el 31 de marzo de 2021, por la Oficina Corregimental de Buesaquillo y no fue sino hasta el 26 de septiembre de 2022, cuando el juzgado orden\u00f3 correr traslado del aval\u00fao presentado dentro del t\u00e9rmino establecido en el numeral 1 del art\u00edculo 444 del C. G. del P., por la parte demandante, a la parte ejecutada, por espacio de diez (10) d\u00edas. <\/p>\n
Si tenemos en cuenta que el bien inmueble en cuesti\u00f3n es de propiedad de la ejecutada GERENCIA GESTI\u00d3N Y PROMOCI\u00d3N DE DESARROLLO INMOBILIARIOS S.A.S., no cabe duda de que el aval\u00fao del mismo, por su parte, resultaba m\u00e1s f\u00e1cil de realizar, sin embargo, pas\u00f3 m\u00e1s de un a\u00f1o sin que ello se llevara a cabo. <\/p>\n
Es decir, que el recurrente, contaba con 20 d\u00edas posteriores a la consumaci\u00f3n del secuestro del inmueble rural ubicado en el Proyecto Parque Log\u00edstico \u201cEprocom\u201d, parcela No. 03, adem\u00e1s del tiempo que corri\u00f3 entre esta actuaci\u00f3n y la providencia de 26 de septiembre de 2022 y los 10 d\u00edas de traslado del aval\u00fao presentado por la contraparte, para realizar su propio aval\u00fao y radicarlo en las oportunidades procesales correspondientes. <\/p>\n
Si ello no ocurri\u00f3 puede pensarse que se debi\u00f3 a un descuido de la demandada PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIER\u00cdA S.A.S., quien dej\u00f3 pasar los t\u00e9rminos del art\u00edculo 444 del C\u00f3digo General del Proceso sin hacer uso de sus derechos. La norma en cita describe de manera clara el procedimiento a seguir respecto de aval\u00fao de bienes y, por tanto, no tiene el Juez que interpretarla en consonancia con otras. <\/p>\n
Ahora bien, no es cierto que la providencia recurrida carece de argumentaci\u00f3n, pues lo que pretende el recurrente es que el Juez resuelva de fondo las observaciones y objeciones que \u00e9l tiene frente al aval\u00fao proveniente del BANCO DE OCCIDENTE S.A., las cuales deben exponerse en cumplimiento de lo ordenado en el art\u00edculo 444 ibidem, que es de lo que adolece su actuar. <\/p>\n
4.2. Como se observa, el Juzgado motiv\u00f3 sus decisiones en lo dispuesto en el art\u00edculo 444 del C\u00f3digo General del Proceso y en atenci\u00f3n a las circunstancias particulares del asunto, dado que la parte interesada no present\u00f3 un aval\u00fao en la oportunidad contemplada en el numeral 1\u00ba de la norma en comento, de manera que, independientemente de que se compartan o no tales conclusiones, no puede el juez de tutela entrar a revisar la interpretaci\u00f3n realizada bajo los principios de autonom\u00eda e independencia, mucho menos imponer su propio criterio; m\u00e1xime que la discusi\u00f3n planteada se suscita sobre un inter\u00e9s netamente econ\u00f3mico, frente al cual, como lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Sala, la tutela es inviable, toda vez que: <\/p>\n
La finalidad de la acci\u00f3n de tutela es conjurar aquellas situaciones en que la decisi\u00f3n de la autoridad judicial incurre en graves falencias, de relevancia constitucional, que conllevan una decisi\u00f3n incompatible con la Constituci\u00f3n. Por tal raz\u00f3n, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que uno de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela en contra de providencias judiciales es que el asunto tenga evidente relevancia constitucional\u2026 <\/p>\n
Primero, la controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no meramente legal y\/o econ\u00f3mico. Seg\u00fan la jurisprudencia constitucional, las discusiones de orden legal, esto es, aquellas relativas a un derecho de \u00edndole econ\u00f3mica, deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su tr\u00e1mite, dado que \u201cle est\u00e1 prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma imprudente en asuntos de car\u00e1cter netamente legal o reglamentario\u201d, so pena de \u201cinvolucrarse en [cuestiones] que corresponde definir a otras jurisdicciones\u201d. En tales t\u00e9rminos, un asunto carece de relevancia constitucional, seg\u00fan lo ha considerado la Corte, (i) cuando la discusi\u00f3n se limita a la mera determinaci\u00f3n de aspectos legales de un derecho, como la correcta interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n de una norma \u201cde rango reglamentario o legal\u201d, salvo que de esta \u201cse desprend[a]n violaciones a los derechos y deberes constitucionales\u201d o (ii) cuando sea evidente su naturaleza o contenido econ\u00f3mico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas, \u201cque no representen un inter\u00e9s general\u201d \u2026 <\/p>\n
\u2026las supuestas irregularidades advertidas por los actores no cumplen con esta exigencia jurisprudencial, debido a que la controversia planteada: (i) versa sobre un asunto meramente legal, con una connotaci\u00f3n patrimonial privada, (ii) que no tiene relaci\u00f3n directa con la presunta afectaci\u00f3n de un derecho fundamental, y (iii) busca reabrir el debate concluido por el juez ordinario, por cuanto no se advierte prima facie una actuaci\u00f3n arbitraria o ileg\u00edtima de la autoridad judicial. <\/p>\n
\u2026En el sub-lite, el debate se restringe a determinar \u201ccu\u00e1l es la interpretaci\u00f3n m\u00e1s adecuada que puede darse a la normatividad\u201d que regula el reconocimiento y pago de una penalidad econ\u00f3mica -sanci\u00f3n moratoria por no consignaci\u00f3n oportuna de las cesant\u00edas- en el r\u00e9gimen prestacional de los docentes oficiales. Lo anterior da cuenta de que, en realidad, la presunta vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los accionantes versa sobre una cuesti\u00f3n de interpretaci\u00f3n meramente legal, que no impacta la garant\u00eda de derechos fundamentales sino patrimoniales. (Destaca la Sala. C.C- SU573-2019, criterio referido en CSJ STC3680-2023). <\/p>\n
Lo expuesto, por supuesto, es suficiente para negar el amparo invocado. <\/p>\n
4.3. A lo anterior se suma que no resulta viable aceptar, estudiar ni aprobar el aval\u00fao allegado con la solicitud de amparo constitucional, que fue elaborado en julio de 2023, pues el juez de tutela no est\u00e1 instituido para reemplazar al juez de la causa, muchos menos para imponer un dictamen pericial ni para ordenar que una venta por subasta p\u00fablica se realice por determinado valor, pues esta no es una instancia que pueda sustituir las formas propias de cada juicio, como se pretende, dado que tal experticia debi\u00f3 presentarse en el proceso y no en esta sede de naturaleza residual y subsidiaria. <\/p>\n
4.4. Adicionalmente, t\u00e9ngase en cuenta que el Juzgado estim\u00f3 que el aval\u00fao presentado por la ejecutante se present\u00f3 seg\u00fan lo establecido en el numeral primero del art\u00edculo 444 del C\u00f3digo General del Proceso y lo encontr\u00f3 ajustado a derecho, sin que pueda el juez de tutela entrometerse en esa valoraci\u00f3n y realizar un nuevo estudio del dictamen aprobado, pues esa actividad corresponde al juez natural30. Vistas as\u00ed las cosas, no cabe duda de que entre lo controvertido y lo argumentado por la parte accionante se evidencia una disparidad de criterios, sin que sea el juez constitucional el llamado a dirimir la controversia, como si fuera un juez de instancia, pues esta acci\u00f3n especial no fue prevista para que el operador judicial intervenga como \u00e1rbitro, para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador o de las partes resultan ser los m\u00e1s acertados ni para realizar, con esa excusa, una revisi\u00f3n oficiosa del asunto, m\u00e1s a\u00fan si se tiene en cuenta que lo refutado, adem\u00e1s de versar sobre un aspecto netamente econ\u00f3mico, se refiere a un aspecto probatorio, en relaci\u00f3n con el cual la parte interesada se abstuvo de presentar un aval\u00fao en los 20 d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, pudiendo hacerlo, omisi\u00f3n que no se puede subsanar con la acci\u00f3n de tutela, menos, como se solicita, para hacer valer un aval\u00fao posterior al fenecimiento de esa etapa, por lo que la tutela no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. <\/p>\n
5. Por otra parte, frente a la posible incursi\u00f3n en faltas disciplinarias o penales de los funcionarios judiciales, de las partes o de sus apoderados y la remisi\u00f3n de copias para las investigaciones correspondientes, resulta imperioso precisar que la acci\u00f3n de tutela no est\u00e1 instituida para emitir una orden como la pretendida, ni para determinar ese tipo de responsabilidades, por lo que tales pedimentos deben formularse ante la autoridad competente, dado que, como se ha dicho, este especial instrumento constitucional no est\u00e1 contemplado para reemplazar los procedimientos ordinarios de defensa. <\/p>\n
6. Finalmente, respecto de las peticiones de la coadyuvante, se aclara que la instituci\u00f3n de la coadyuvancia tiene como prop\u00f3sito prestar ayuda o apoyo a la postura planteada, en este caso, por la parte actora, pero en modo alguna el tercero llega a ser parte y, mucho menos, puede formular sus propias pretensiones, por lo que corre la suerte de lo que se decida frente a la parte tutelante, raz\u00f3n por la cual no hay lugar a hacer un pronunciamiento expreso sobre sus alegaciones (CSJ STC9558-2020). <\/p>\n
7. En consecuencia, se niega el amparo solicitado. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(con ausencia justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(con ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 De conformidad con lo establecido por la Sala en prove\u00eddo CSJ ATC1207-2023. <\/p>\n
2\u0002 Folio 7. Documento 01 2018-00020EjecutivoC1.pdf. <\/p>\n
3\u0002 Folio 65 \u2013 Documento 01 2018-00020EjecutivoC1.pdf. <\/p>\n
4\u0002 Folio 13 – Documento 01 2018-00020EjecutivoC2.0Cautelares.pdf. <\/p>\n
5\u0002 Folio 19 \u2013 Documento 01 2018-00020EjecutivoC2.0Cautelares.pdf. <\/p>\n
6\u0002 Corregido el 27 de febrero siguiente. <\/p>\n
7\u0002 Quien se notific\u00f3 del proceso el 24 de abril anterior. <\/p>\n
8\u0002 Que hac\u00edan parte del proyecto inmobiliario Parque Log\u00edstico EPRECOM. <\/p>\n
10\u0002 Folio 277 – Documento PDF. 01 2018-00020EjecutivoC2.0Cautelares.pdf. <\/p>\n
11\u0002 En esa providencia, entre otros, el Juzgado consider\u00f3 que \u00abel dictamen aportado se ajusta a derecho (\u2026) las medidas cautelares decretadas y efectivamente cumplidas hasta el momento sobrepasan de manera exagerada la garant\u00eda que deben prestar y por tal motivo resulta procedente dar tr\u00e1mite a la reducci\u00f3n de embargos de acuerdo con lo establecido en el art\u00edculo 599 del C. G. del P.\u00bb. <\/p>\n
12\u0002 Folio 299 – Documento PDF. 01 2018-00020EjecutivoC2.0Cautelares.pdf. <\/p>\n
13\u0002 Folio 301 – Documento PDF. 01 2018-00020EjecutivoC2.0Cautelares.pdf. <\/p>\n
14\u0002 Folio 307 – Documento PDF. 01 2018-00020EjecutivoC2.0Cautelares.pdf. <\/p>\n
15\u0002 2018-00020EjecutivoC3ApelacionAuto.pdf. <\/p>\n
16\u0002 Folio 413 \u2013 Documento PDF. 02 2018-00020EjecutivoC1.1.pdf. <\/p>\n
17\u0002 017 ANEXO 3 – AUTO RESUELVE APELACION AUTO 2018-00020 (586-02).pdf. <\/p>\n
18\u0002 Archivo 16 del expediente 2018-00020-00. <\/p>\n
19\u0002 17SolicitudNulidadProcesal2018-00020-00.pdf. <\/p>\n
20\u0002 20ReporteCorreoEnvioLinkProceso2018-00020Parte.pdf. <\/p>\n
21\u0002 22AutoNoNulidSinoCorreccAuto22-03-2022YCostas.pdf. <\/p>\n
22\u0002 004 AUTO RESUELVE APELACION AUTO.pdf. <\/p>\n
23\u0002 22b Auto201022 C2 Aprueba avaluo.pdf. <\/p>\n
24\u0002 31 Auto270123 No repone acep aval\u00fao.pdf. <\/p>\n
25\u0002 2018-00020-00 Auto 030523 C2 Acepta renuncia poder fija fecha remate.pdf. <\/p>\n
26\u0002 Se tuvieron en cuenta todos los informes y respuestas recibidas en las distintas etapas de esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
27\u0002 Archivo 023, reiterado el 17 de octubre de 2023. <\/p>\n
28\u0002 Respuesta inicial reiterada el 17 de octubre de 2023. <\/p>\n
29\u0002 22b Auto201022 C2 Aprueba avaluo.pdf. <\/p>\n
30\u0002 En t\u00e9rminos similares ver cita en CSJ STC7213-2020. <\/p>\n
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STC11989-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC11989-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-03947-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s). Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Jairo Juvencio Zamora […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-77009","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77009","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77009"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77009\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77009"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77009"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77009"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}