STC11991-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11991-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-03973-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Esta Sala decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Heidi Liliana Gil Arias -quien dice actuar como apoderada de Seguros del Estado S.A.- contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito y la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior, ambos de C\u00facuta. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 2020-00068. <\/p>\n
<\/p>\n
1. La abogada tutelante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades censuradas. <\/p>\n
2. Del expediente allegado se resalta lo que viene. La Cl\u00ednica Norte S.A. promovi\u00f3 proceso ejecutivo contra Seguros del Estado S.A. con la finalidad de obtener el pago de las obligaciones dinerarias contenidas en unas facturas correspondientes a medicamentos y prestaci\u00f3n de servicios m\u00e9dicos asistenciales de los asegurados de la entidad demandada por un valor de $666.128.688. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de C\u00facuta libr\u00f3 mandamiento de pago el 3 de julio de 2020, pero solamente por $320.242.981 equivalente a 572 facturas1. <\/p>\n
2.1. Notificado, el extremo pasivo interpuso recurso de reposici\u00f3n contra la orden de apremio. Sin embargo, el juzgado -con prove\u00eddo del 13 de noviembre de 2020- mantuvo lo resuelto. En oportunidad, Seguros del Estado S.A. contest\u00f3 la demanda y propuso excepciones de m\u00e9rito. Descorrido el traslado de las excepciones propuestas y surtidas algunas actuaciones -suspensi\u00f3n de audiencia inicial por acuerdo de las partes \u2013 17 de junio de 2021-, el juzgado -en audiencia del 6 de diciembre de 2022- no tuvo en cuenta la solicitud de terminaci\u00f3n del proceso por transacci\u00f3n, declar\u00f3 la prosperidad de la excepci\u00f3n propuesta por el demandado frente a la factura No.CN0000477258, declar\u00f3 sin \u00e9xito las dem\u00e1s excepciones, dispuso seguir adelante con la ejecuci\u00f3n y conden\u00f3 en costas al extremo vencido2. Inconforme, la parte demandada interpuso recurso de apelaci\u00f3n. El Tribunal accionado -con providencia del 14 de julio de 2023- confirm\u00f3 la sentencia recurrida3. <\/p>\n
2.3. El juzgado accionado -con auto de 11 de septiembre de 2023- aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito. Recurrida esta decisi\u00f3n, fue confirmada con prove\u00eddo del 27 de septiembre de 2023 y se imparti\u00f3 aprobaci\u00f3n a la liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. La promotora censura que la corporaci\u00f3n accionada \u00abech\u00f3 por la borda el contrato de transacci\u00f3n que celebraron las partes, lo cual, de suyo, extingue la obligaci\u00f3n original o primigenia (num. 3, art. 1625 CC); y, por dem\u00e1s, dej\u00f3 que la IPS CLINICA DEL NORTE SA, obrase de mala fe, omitiese el contrato de transacci\u00f3n y las obligaciones que de \u00e9ste se derivan, cuando, a ciencia de verdad, no ven\u00eda la facultad resolutoria como reserva, tampoco demostr\u00f3 el incumplimiento de la transacci\u00f3n por parte de SEGUROS DEL ESTADO SA, como que, precisamente, fue el cumplimiento de esa transacci\u00f3n lo que interpret\u00f3 el Tribunal como pago total de la obligaci\u00f3n, en verdadera contrav\u00eda de la Ley, los principios generales del derecho y la misma Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia\u00bb. <\/p>\n
Aduce que \u00abel Tribunal apadrin\u00f3, permiti\u00f3 y aval\u00f3 que CLINICA DEL NORTE SA, obrase de mala fe, pues, SEGUROS DEL ESTADO SA, pag\u00f3 el valor convenido en el contrato de transacci\u00f3n; pero, tanto m\u00e1s, el mismo contrato de transacci\u00f3n extingui\u00f3 la obligaci\u00f3n coercida (num. 3, art. 1625, CC)\u00bb. Sumado a que \u00abno hay norma en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano, que limite la defensa de SEGUROS DEL ESTADO SA, en curso del proceso ejecutivo, cuando lo empleado como t\u00edtulo ejecutivo, sean las reclamaciones del SOAT, que, sin duda alguna, es una p\u00f3liza de seguros, por lo cual, la ausencia de demostraci\u00f3n del siniestro o la comprobaci\u00f3n de su cuant\u00eda, son oponibles, como efectivamente las opuso SEGUROS DEL ESTADO SA, a partir de las excepciones que postul\u00f3 contra la demanda de CLINICA DEL NORTE SA, en \u00e9ste caso\u00bb. De manera que, en su sentir, \u00abel Tribunal, al igual que el a quo, desconocieron el aporte documental que hizo SEGUROS DEL ESTADO SA, con el escrito de excepciones [y] quebrant\u00f3 el precedente constitucional fijado en las sentencias STC19525 de 2017, STC8232 de 2020, STC 8408 de 2021, STC 3056 de 2021 y STL 5532 de 2021, proferidas por la Sala Civil de nuestra Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
3. Depreca que se \u00abdeje sin efectos la sentencia que profiri\u00f3 el 14 de julio de 2023, la Sala Civil \u2013 Familia del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta\u00bb. Subsidiariamente que se \u00abDECLARE sin efectos el auto que profiri\u00f3 el veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023, el Juzgado 4\u00b0 Civil del Circuito de C\u00facuta, al resolver el recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n contra el auto que aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, y las actuaciones subsiguientes\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
El estrado judicial plural remiti\u00f3 el enlace del proceso censurado. Por su parte, el apoderado de la Cl\u00ednica Norte S.A. deprec\u00f3 la improcedencia del amparo por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, \u00abpues si bien se adjunt\u00f3 un archivo en pdf denominado \u201cPODERES_11_10_2023\u201d que hace parte de los anexos \u2026el mismo adolece de trazabilidad \u2026 respecto del modo en que fue conferido y tampoco fue remitido por Seguros del Estado S.A., a trav\u00e9s de su cuenta de correo electr\u00f3nico vista en el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal inserto en la foliatura\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Sala declarar\u00e1 improcedente el amparo por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa de la abogada accionante. Referente a la legitimaci\u00f3n en la causa, esta Sala \u2013con sentencia CSJ STC10721-2023- unific\u00f3 su criterio respecto a los requisitos que reclama el acto jur\u00eddico del poder en este tr\u00e1mite especial, por lo cual es procedente remitirse a los argumentos expuestos en esa providencia. <\/p>\n
1.1. El art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991 establece que todas las personas tienen a su disposici\u00f3n la acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los jueces, por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a su nombre, la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales. Por su parte, el art\u00edculo 10 ibidem dispone que: \u00abpodr\u00e1 ser ejercida\u2026 por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. (\u2026) Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud… <\/p>\n
Con base en esa normativa, la Sala, en el fallo citado, destac\u00f3 que la legitimaci\u00f3n en la causa por activa es un elemento subjetivo fundamental y esencial, que debe ser acreditado por el impulsor y sin el cual el juez no puede dictar una sentencia de fondo. Este presupuesto tiene por objeto asegurar que la persona que acude a la acci\u00f3n de tutela tiene un inter\u00e9s directo y particular respecto de la protecci\u00f3n constitucional invocada, condici\u00f3n que, en relaci\u00f3n con los apoderados que act\u00faan en nombre de aquella, solo se verifica con un adecuado mandato especial. De manera que, al momento de decidir, el juez debe comprobar esa circunstancia en forma estricta. <\/p>\n
De lo referido en precedencia, se advirti\u00f3 que se puede acudir a la tutela de diferentes formas: i) directamente. ii) por medio de representantes legales, como en el caso de los menores de edad o de personas jur\u00eddicas. iii) por medio de apoderado judicial, evento en el cual el apoderado debe ostentar la condici\u00f3n de abogado titulado habilitado y tener poder especial. O iv) mediante agente oficioso. <\/p>\n
1.2. Ahora bien, respecto de tal facultad y, en particular, frente a los abogados, esta Sala ha venido indicando que la persona habilitada para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. As\u00ed, por ejemplo, cuando se trata de rebatir un tr\u00e1mite judicial, se ha establecido que son los sujetos procesales los facultados para interponer una acci\u00f3n constitucional contra las decisiones emitidas en los juicios correspondientes (CSJ STC7905-2023). <\/p>\n
En consonancia con lo anterior, es claro que el profesional del derecho que representa a la parte en el proceso censurado o en otro asunto, \u00abes un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho\u00bb (CSJ STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en CSJ STC926-2018, CSJ STC4611-2018, CSJ STC1042-2019). <\/p>\n
Igualmente, la Sala ha se\u00f1alado que la falta de poder especial del abogado impulsor, aun cuando \u00abtenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no [lo] habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo\u00bb. Y que tal omisi\u00f3n torna improcedente la tutela (CSJ STC1042-2019). En similares t\u00e9rminos, la Corte Constitucional, en la sentencia CC T-530-98, sostuvo que el poder especial otorgado para representar judiciales a una de las partes en determinado proceso no es suficiente para acudir en sede de tutela, pues, \u00ab[a]unque podr\u00eda pensarse que su calidad de representante de la parte civil en el proceso penal lo habilitaba para dicho menester, debe desecharse esta idea (\u2026); es cierto que \u00e9ste la representa conforme al poder espec\u00edfico que se le ha conferido; pero \u00e9ste aun cuando suficiente para la actuaci\u00f3n en el proceso penal no lo habilita para ejercitar la acci\u00f3n de tutela4\u00bb. <\/p>\n
1.3. En cuanto al mandato requerido cuando se act\u00faa a trav\u00e9s de apoderado, la Corte Constitucional -en providencia CC T-001-1997- precis\u00f3 que todo poder en materia de tutela debe ser especial. Esto es, \u00abse otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb5. As\u00ed las cosas, como lo refiri\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia CC T-1025-2006, el poder especial debe contener en forma clara y expresa los siguientes requisitos: <\/p>\n
(i) los nombres y datos de identificaci\u00f3n tanto del poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jur\u00eddica contra la cual se va a incoar la acci\u00f3n de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar. Los anteriores elementos permiten reconocer la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina el proceso de tutela, los sujetos procesales de la misma y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo. En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, haciendo improcedente la acci\u00f3n6. <\/p>\n
Desde luego, el poder especial para tutela solo puede ser otorgado a un profesional del derecho titulado y habilitado con tarjeta profesional vigente, calidad que tambi\u00e9n debe acreditarse (CC T-531-04, CC T-024-19, CSJ STC17259-2021). <\/p>\n
2. Acorde con lo anterior, la Corte Constitucional -en providencia CC T-975-2005-, al revisar un poder allegado para actuar en tutela, sostuvo que, como \u00abrefiere de manera indeterminada a la interposici\u00f3n de una acci\u00f3n de tutela, sin que se precise el derecho o derechos cuya protecci\u00f3n se solicitar\u00e1, o se especifiquen los hechos que sirven de fundamento para su interposici\u00f3n\u00bb, no es posible \u00abdistinguir este poder de otros que haya podido otorgar la actora\u00bb, raz\u00f3n por la cual, \u00abAl no configurarse la legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb, inviable es pronunciarse de \u00abfondo sobre los hechos, pretensiones y derechos fundamentales invocados, objeto de la presente acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.1. En otra oportunidad, frente a un poder otorgado para promover una tutela, que indicaba la autoridad accionada y los derechos vulnerados, la Corte Constitucional consider\u00f3 que este era insuficiente, pues el prop\u00f3sito que dio lugar a la acci\u00f3n constitucional no fue incorporado en el mandato. En sustento, desatac\u00f3 que <\/p>\n
en el poder ni siquiera se hace referencia a un derecho de petici\u00f3n en especial \u2013no aparece ni la fecha, ni se menciona la materia o el objeto del mismo-, mucho menos se precisan los elementos que permitan concluir, en una interpretaci\u00f3n pro homine, que la petici\u00f3n elevada contiene los elementos para poder derivar de all\u00ed la existencia de un poder otorgado para interponer la presente demanda de tutela. <\/p>\n
2.2.8. Si bien el poder suscrito por la se\u00f1ora Ram\u00edrez y su apoderado cuenta con los elementos esenciales y se\u00f1ala los extremos de la Litis, el acto o documento que causa la vulneraci\u00f3n y el derecho fundamental violado; en el presente asunto, ni la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina el proceso de tutela, ni las actuaciones cuestionadas dentro del amparo se compaginan con lo expuesto en el poder allegado. Por eso, se descarta la legitimaci\u00f3n por activa pretendida por el abogado (\u2026), para representar los intereses de la se\u00f1ora\u2026 (CC T-194-12). <\/p>\n
2.2. En similar sentido -en la sentencia CC T-718-2017-, determin\u00f3 que un poder, como el all\u00ed analizado, en tanto \u00abno especifica contra qui\u00e9n se interpone la tutela, cu\u00e1l es el derecho fundamental que se pretende proteger o a qu\u00e9 proceso de tutela espec\u00edficamente se hace referencia\u00bb, no es especial. <\/p>\n
2.3. An\u00e1loga postura expuso esta Sala (CSJ STC3956-2023, CSJ STC3116-2023, CSJ STC3112-2023) y la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, al destacar que un poder especial debe \u00abidentificar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina la acci\u00f3n de tutela, los sujetos procesales y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo\u00bb (CSJ STP2343-2023). <\/p>\n
2.4. De todo lo expuesto, la Sala, en la referida sentencia CSJ STC10721-2023 concluy\u00f3 que, <\/p>\n
\u2026La legitimaci\u00f3n en la causa es un presupuesto fundamental y esencial, que debe ser acreditado por el impulsor en forma id\u00f3nea para que el asunto pueda ser analizado de fondo, por lo que este aspecto no puede ser ignorado por el juez constitucional al momento de decidir, de manera que, de no acreditarse por la parte actora, debe declarar improcedente la tutela. <\/p>\n
\u2026Dada la informalidad de la tutela, toda persona puede acudir directamente ante los jueces constitucionales para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales, facultad que tambi\u00e9n se puede ejercer, entre otros, a trav\u00e9s de un profesional del derecho habilitado, siempre que el poder otorgado sea especial. <\/p>\n
\u2026Los poderes dados para ejercer la representaci\u00f3n en otros procesos administrativos o judiciales y los poderes generales para interponer tutelas no facultan al profesional del derecho para acudir a la jurisdicci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
\u2026Un poder especial en materia de tutela se otorga por escrito, por una sola vez y para un fin espec\u00edfico. En ese sentido, el mandato debe indicar: i) los datos de poderdante; ii) la autoridad accionada; iii) el derecho fundamental invocado; iv) el acto, omisi\u00f3n, proceso o providencia que causa el litigio, de manera que se explique o permita identificar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta que origina la tutela. <\/p>\n
\u2026La ausencia de uno de los elementos esenciales del poder genera falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa y, por tanto, la tutela es improcedente. <\/p>\n
3. Aplicados estos presupuestos al caso concreto, se tiene que la abogada tutelante pretende la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de la sociedad Seguros del Estado S.A. Sin embargo, el poder allegado para actuar en su nombre no re\u00fane las caracter\u00edsticas de especialidad exigidas para la acci\u00f3n de tutela. Ello pues, aunque precisa las autoridades accionadas, no determina el derecho invocado, el proceso o la actuaci\u00f3n a censurar, ni hace referencia alguna que permita individualizar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica ni las providencias que originan el mandado otorgado para instaurar una acci\u00f3n constitucional en contra de los despachos convocados, lo cual impide analizar el fondo del debate planteado, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa. M\u00e1xime que ante el estrado judicial accionado el proceso relacionado en la demanda reporta varias actuaciones. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE la acci\u00f3n de tutela impetrada. Notif\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(con ausencia justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(con ausencia justificada) <\/p>\n
1\u0002Carpeta de primera instancia. Pdf001Proceso682020. Folios 2455 a 2478. Expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Carpeta Primera instancia. Documento pdf 214ACTA060. Expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Carpeta Segunda Instancia. Documento pdf 14.SentenciadeSegundaInstancia. Expediente digital <\/p>\n
4\u0002 Similar criterio expuso la Corte Constitucional en la sentencia CC T-695-98. <\/p>\n
5\u0002 Criterio reiterado en las providencias CC T-556-02 y en CC T-194-12. <\/p>\n
6\u0002 Postura reiterada por esta Sala en CSJ STC1284-2022. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC11991-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC11991-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-03973-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Esta Sala decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Heidi Liliana Gil Arias […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-77011","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77011","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77011"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77011\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77011"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77011"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77011"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}