STC11993-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11993-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-04000-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Esta Sala decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mario Restrepo Zapata contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Manizales, Procuradur\u00eda Delegada ante el Tribunal y el Personero de Riosucio -Caldas-. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular de radicado 2023-00047. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclama la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades accionadas en la acci\u00f3n popular referida. Narra que -en primera instancia- el Juzgado Primero Civil del Circuito de Riosucio \u00abamparo(sic) en derecho lo que impone la ley 982 de 2005 art 8, al ser acciones afirmativas de inmediato cumplimiento. Sin embargo\u00bb, la Corporaci\u00f3n accionada -al resolver el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por la sociedad D1 S.A.S.- \u00aben ABIERTA CONTRAV\u00cdA, DESCONOCIENDO EL PRECEDENTE JUDICIAL Y VIOLANDO LA LEY 982 DE 2005, ART 8, DECIDEN POR MAYOR\u00cdA REVOCAR EL EXCELENTE FALLO CONSTITUCIONAL\u2026 DECIDEN DESCONOCER LA SENTENCIA DE TUTELA 11001 02 03 000 2015 00823 00\u00bb. Asimismo, manifiesta que \u00abTAN grande fue el susto de la excelente magistrada\u2026 que profiri\u00f3 un excelente salvamento de voto en DERECHO [que] HOY APORTO \u2026 A FIN QUE SE REVOQUE EL FALLO DE 2da INSTANCIA\u00bb. Aduce que \u00abel delegado de la procuradur\u00eda gral naci\u00f3n(sic) en el tribunal tutelado y personero de Riosucio Caldas como delegado del ministerio publico(sic) nunca act\u00faan en la accion(sic) popular y menos me garantizan art 29, pese a no ser abogado el actor popular y por ello les tutelo\u00bb. <\/p>\n
2. Depreca que se \u00abORDENE INMEDIATAMENTE SE REALICE UN NUEVO FALLO DE ACCION POPULAR EN 2 INSTANCIA\u2026 RESPETANDO LO QUE MANDA LA LEY 982 DE 2005 ART 8 Y ACOGIENDO LOS POSTULADOS DICTADOS EN LA TUTELA RADICADA 11001 02 03 000 2015 00823 00\u00bb. Adem\u00e1s, que \u00abSE ordene al delegado de la procuradur\u00eda(sic) gral naci\u00f3n en el tribunal tutelado y personero de Riosucio Caldas\u2026consignen en derecho por que(sic) no act\u00faan en DERECHO en la acci\u00f3n(sic) popular pese a ser su deber funci\u00f3n(sic)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Tribunal accionado realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas y defendi\u00f3 su legalidad. Deprec\u00f3 que \u00ab[l]a sentencia del Tribunal est\u00e1 soportada en argumentos ponderados y razonables, pero que no complacen las expectativas del impulsor\u00bb. Por su parte, el Juzgado vinculado remiti\u00f3 el enlace de acceso del expediente rebatido. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda solicit\u00f3 -en lo esencial- su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
3. Quien dijo ser la apoderada de la sociedad D1 S.A.S. se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Sin embargo. No alleg\u00f3 poder que acreditara su mandato. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Revisada la providencia cuestionada, esta Sala advierte que la acci\u00f3n constitucional no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. En efecto, el Tribunal encartado \u2013con providencia del 29 de septiembre de 2023- delimit\u00f3 el problema jur\u00eddico a resolver: \u00abdilucidar si la sociedad D1 S.A.S. est\u00e1 obligada a cumplir el mandato contenido en el art\u00edculo 8 de la Ley 982 de 2005, y en caso afirmativo, establecer si trasgredi\u00f3 derechos colectivos de la poblaci\u00f3n sorda y sordaciega, al no contar el establecimiento de comercio\u2026 con los servicios de int\u00e9rprete y gu\u00eda int\u00e9rprete\u00bb. <\/p>\n
1.1. En desarrollo del argumento, memor\u00f3 que la medida afirmativa contenida en el art\u00edculo 8\u00b0 de la citada ley en favor de la poblaci\u00f3n sorda y sordociegas instituye en favor de este grupo de personas \u00abuna variedad de estrategias tendientes a la equiparaci\u00f3n de oportunidades en el ejercicio de sus derechos\u2026 adem\u00e1s de prever un r\u00e9gimen especial de protecci\u00f3n y promoci\u00f3n en el \u00e1mbito laboral y crear un programa nacional de detecci\u00f3n temprana y atenci\u00f3n de hipoacusia\u00bb. Se\u00f1al\u00f3 que la finalidad del referido articulado consiste en garantizar \u00abuna interacci\u00f3n comunicativa que les permita acceder en condiciones de igualdad material a todas las autoridades p\u00fablicas, a los servicios p\u00fablicos y a aquellos ofrecidos al p\u00fablico por entidades gubernamentales y no gubernamentales\u00bb. <\/p>\n
1.2. En esa l\u00ednea, estableci\u00f3 que la sociedad D1 S.A.S. \u00abes una persona jur\u00eddica de car\u00e1cter privado con \u00e1nimo de lucro, constituida bajo la modalidad de sociedad an\u00f3nima simplificada\u2026 para cuya ejecuci\u00f3n se sirve de los diferentes establecimientos de comercio abiertos al p\u00fablico en todo el pa\u00eds, conocidos como \u201cTienda D1\u201d o \u201cTiendas D1\u201d\u00bb. Por tanto, se colige que \u00abno es una entidad p\u00fabica, no presta un servicio p\u00fablico, y tampoco puede catalogarse como una entidad no gubernamental que ofrece servicios al p\u00fablico\u00bb. En ese orden, resalt\u00f3 que: <\/p>\n
La accionada no es una entidad p\u00fablica porque su patrimonio es de origen privado y de ninguna manera forma parte de la estructura del Estado. Su actividad no se enmarca en un servicio p\u00fablico\u2026. saltando a la vista que la actividad eminentemente comercial de venta de bienes y productos de consumo diario, nacionales e importados que desarrolla la accionada en sus establecimientos de comercio, y en concreto en el de Sup\u00eda, en s\u00ed misma no es inherente a la finalidad social del Estado, ni tiende a satisfacer necesidades de inter\u00e9s general, sino particular de los compradores. <\/p>\n
Finalmente, aunque los establecimientos de comercio de la empresa D1 S.A.S. est\u00e1n abiertos a todo el p\u00fablico en general, no por ello puede decirse que se trata de una organizaci\u00f3n no gubernamental, en tanto que esa clase de entes, conocidos como ONG u onege\/s pese a ser de naturaleza civil o privada, se distinguen porque no persiguen un fin lucrativo y sus objetivos son altruistas o ben\u00e9ficos, particularidades que no se predican de la mencionada sociedad. <\/p>\n
1.3. Con base en ello, concluy\u00f3 que \u00abninguna falta puede atribu\u00edrsele a D1 S.A.S., en la medida que los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constituci\u00f3n y la Ley 12, premisa que no se cumple en este caso, y en ese orden, debi\u00f3 haberse declarado probada la excepci\u00f3n denominada \u201cfalta de legitimaci\u00f3n material por pasiva\u201d\u00bb. Sumado a que \u00ab[A]firmar que el derecho de las personas sordas y sordociegas a acceder a los servicios p\u00fablicos y a que su prestaci\u00f3n sea eficiente y oportuna, y sus derechos como consumidores y usuarios se encuentran violentados o amenazados porque en un establecimiento de comercio privado dedicado a la venta de productos de consumo diario no se dispone de int\u00e9rprete y gu\u00eda int\u00e9rprete\u2026 se traduce en el absurdo de que pensar que todo sitio y establecimiento abierto al p\u00fablico -parques, cafeter\u00edas, peluquer\u00edas, plazas, etc.- que no cuente con esa asistencia las trasgrede\u2026\u00bb. <\/p>\n
Y agreg\u00f3 que \u00ab[t]ampoco es aceptable que con base en situaciones abstractas y sin prueba de la trasgresi\u00f3n\u2026 so capa de garantizar la accesibilidad de personas en situaci\u00f3n de discapacidad, se le conmine a implementar ajustes razonables, porque no se olvide, la finalidad de la acci\u00f3n popular es \u201cevitar el da\u00f1o contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneraci\u00f3n o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible\u201d19, de suerte que ninguna medida de protecci\u00f3n cabe si en el tr\u00e1mite no se demuestra la existencia de la afectaci\u00f3n o amenaza\u00bb. <\/p>\n
2. Acorde con lo expuesto, para esta Sala, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez ordinario, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable.1 Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo y probatorio del tema debatido. Ciertamente, se acredit\u00f3 que la sociedad accionada no es destinataria de las disposiciones del art\u00edculo 8 de la Ley 982 de 2005, en tanto que su actividad es eminentemente comercial de venta de bienes y productos de consumo, que en s\u00ed misma no es inherente a la finalidad social del Estado, ni tiende a satisfacer necesidades de inter\u00e9s general sino particular. <\/p>\n
2.1. En el punto, resulta pertinente se\u00f1alar que los salvamentos de voto no tienen fuerza vinculante. Y que ello no configura, per se, una v\u00eda de hecho en la providencia atacada que abra paso a la prosperidad de esta acci\u00f3n constitucional (CSJ STC9817-2021, reiterada recientemente en CSJ STC1282-2023). <\/p>\n
2.2. Se reitera, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Sumado a que en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la accionante. En una palabra, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia. Y \u00abmenos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la parte actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia2\u00bb Aunado a que, \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
3. Para terminar, respecto a los cuestionamientos que enfila contra la Procuradur\u00eda Delegada ante el Tribunal y el Personero de Riosucio -Caldas-, su vinculaci\u00f3n es aparente, pues en el escrito inicial no se les atribuye hecho u omisi\u00f3n alguna que soporte su convocatoria a este tr\u00e1mite ni se precisa de modo claro y directo c\u00f3mo esas autoridades se encuentran directamente comprometidas con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina la presunta vulneraci\u00f3n de derechos3. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la acci\u00f3n de tutela impetrada. Notif\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(con ausencia justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(con ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
2\u0002 CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020 <\/p>\n
3\u0002 En t\u00e9rminos similares ver cita en CSJ ATC1576-2022. <\/p>\n
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