STC11999-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11999-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15001-22-13-000-2023-00133-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Edward Jonathan Pardo Parada frente al fallo proferido el pasado 13 de septiembre por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 contra el Juzgado Tercero de Familia de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 el resguardo de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, igualdad procesal y \u00abvaloraci\u00f3n de pruebas\u00bb, presuntamente vulneradas por la autoridad judicial encausada al dictar sentencia en el juicio de alimentos de menor de edad seguido en su contra. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abdejar sin efectos la providencia de\u2026 11 de agosto de 2023\u00bb y ordenar al estrado judicial convocado \u00abproferir nuevo fallo reconociendo el acuerdo privado y[,] por ende[,] no dictar sentencia de seguir adelante la ejecuci\u00f3n o[,] seg\u00fan su revisi\u00f3n\u2026[,] que valore todos y cada uno de los pagos efectuados por [\u00e9]l\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para definir el presente caso es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. En el juicio ejecutivo de alimentos que contra el accionante inco\u00f3 Yudhy Carolina Mancilla Ruiz, en representaci\u00f3n de su hija com\u00fan, menor de edad, el 21 de noviembre de 2022 el Juzgado acusado libr\u00f3 mandamiento de pago por $42.873.636, \u00abpor concepto de los valores dejados de cancelar por el ejecutado [por cuotas alimentarias] desde\u2026 enero del\u2026 2015 hasta\u2026 noviembre del\u2026 2022\u00bb; y el 11 de agosto \u00faltimo dict\u00f3 sentencia, en la cual declar\u00f3 \u00abprobada la excepci\u00f3n de pago parcial de la obligaci\u00f3n, esto es tener como pagos los conceptos certificados por el colegio Gimnasio Campestre del Norte respecto de los a\u00f1os 2015 a 2022[,] gastos mensuales[,] a saber pensi\u00f3n, transporte, alimentaci\u00f3n[,] excluyendo el concepto de recargo[,] y de igual manera las transferencias aportadas con la contestaci\u00f3n de la demanda a trav\u00e9s de la cuenta de Nequi de la menor\u2026[,] que no superen los $200.000\u2026 (pagos semanales para cubrir transporte y refrigerios)\u00bb; y orden\u00f3 \u00abseguir adelante la ejecuci\u00f3n para el cumplimiento de la obligaci\u00f3n determinada en el mandamiento ejecutivo, teniendo en cuenta lo dispuesto en el ordinal anterior\u00bb. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela, en concreto, el accionante se doli\u00f3 de \u00ablos autos que negaron [su] solicitud de la totalidad de pruebas y en especial la\u2026 pericial y la negaci\u00f3n de los recursos formulados de\u2026 18 de mayo de 2023 y 22 de junio de 2023\u00bb; y de que en el fallo de instancia se incurri\u00f3 defecto f\u00e1ctico al desconocer \u00abel acuerdo privado de las partes donde cada uno\u2026 [se oblig\u00f3] a pagar diferentes cosas en pro de [su] hija y donde [\u00e9l] asum[i\u00f3] la educaci\u00f3n y[,] la demandante[,] vivienda y alimentos; y que desconoci\u00f3 todos los pagos de educaci\u00f3n que reali[z\u00f3] cuando a la demandante le correspond\u00eda de 2013 a la fecha pagar el 50% la suma de $13\u00b4780.563[,] [la] cual deb\u00eda ser reportad[a] como pago [suyo] y no ser descontado a favor de la demandante\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Centro Zonal Tunja 2 de la Regional Boyac\u00e1 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar indic\u00f3 que le correspond\u00eda \u00abal juez constitucional evaluar si efectivamente se desconocieron los derechos fundamentales del accionante con la decisi\u00f3n emitida por el Juzgado\u2026, sin desconocer el inter\u00e9s superior y la garant\u00eda de los derechos que le asiste a la NNA V.P.M., dado que el derecho de alimentos es un derecho fundamental en trat\u00e1ndose de menores de edad\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero de Familia de Tunja histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas y deprec\u00f3 despachar adversamente el resguardo, \u00abdada su carencia de fundamento y que no se advierte causal alguna de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencia judicial\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que \u00aborden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n, teniendo en cuenta los pagos por los conceptos certificados por el colegio Gimnasio Campestre del Norte respecto de los a\u00f1os 2015 a 2022, gastos mensuales a saber pensi\u00f3n, transporte, alimentaci\u00f3n[,] excluyendo el concepto de recargo[,] y de igual manera las transferencias aportadas con la contestaci\u00f3n de la demanda a trav\u00e9s de la cuenta de Nequi de la menor\u2026[,] que no superen los $200.000\u2026 (pagos semanales para cubrir transporte y refrigerios)\u00bb; y que, \u00ab[t]eniendo en cuenta que la parte ejecutante solicit\u00f3 en la demanda las cuotas atrasadas a partir del a\u00f1o 2015, los recibos anteriores a esa fecha, no se tuvieron en cuenta, dado que el acuerdo verbal al que refiere el ejecutado, no logr\u00f3 probarse\u00bb. <\/p>\n
3. Yudhy Carolina Mancilla Ruiz se\u00f1al\u00f3 que no se present\u00f3 ninguna vulneraci\u00f3n \u00abal debido proceso ni a la igualdad\u2026[,] nunca hubo una valoraci\u00f3n arbitraria de las pruebas, que pudiera poner en peligro a alguna de las partes, por el contrario, si hubo una igualdad material en donde el operador jur\u00eddico tom[\u00f3] su decisi\u00f3n bajo un criterio objetivo, permitiendo un equilibrio de las cargas procesales\u2026 en un estado de imparcialidad\u00bb; y que no pod\u00eda establecerse afectaci\u00f3n del debido proceso porque \u00abse reconoce los pagos que [\u00e9]l ha realizado y no se le est\u00e1n cobrando nuevamente dineros que ya pag[\u00f3] sino[,] por el contrario[,] se busca es que\u2026 pague aquellos\u2026 que le corresponde\u2026 y su pago aun no ha sido efectuado[,] como se evidencia en la liquidaci\u00f3n que el juzgado\u2026 pidi\u00f3 realizar y que ya obra dentro del expediente\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal a-quo deneg\u00f3 la protecci\u00f3n al considerar que \u00ab[n]o se encuentra\u2026 que en la decisi\u00f3n generada en audiencia de instrucci\u00f3n y fallo se hayan dejado de apreciar las manifestaciones y pruebas, precisamente por que (sic) se atendieron en favor del demandado es que se reconoci\u00f3 el pago parcial. En todo caso, debe prevalecer el inter\u00e9s superior de la menor\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que \u00abatendiendo no solo las versiones de las partes, sino las pruebas, en la sentencia proferida se dispuso\u2026 declarar probada la excepci\u00f3n de pago parcial y se orden\u00f3 a las partes presentar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito. Por lo que en el razonamiento de la\u2026 juez accionada, se encuentra que su decisi\u00f3n es motivada, si hace valoraci\u00f3n probatoria, \u2026se corresponde con el dicho del demandado, y no hay un actuar que desatienda las pruebas del proceso, no se estructura la v\u00eda de hecho invocada\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 el tutelante insistiendo en sus planteamientos iniciales, enfatiz\u00f3 que ha satisfecho, a cabalidad, sus obligaciones como padre para con su hija menor de edad y que, contrario a lo sentenciado, no existe prueba alguna que demuestre que el cruce de cuentas que adujo su antagonista se produjo desde el a\u00f1o 2008, por lo que debieron reconocerse a su favor y no de la madre de la adolescente, los porcentajes que a ella correspond\u00eda solventar sobre los montos directamente cancelados por \u00e9l, aunado a que tambi\u00e9n debieron incluirse las sumas que sufrag\u00f3 por \u00abconceptos de matr\u00edcula, formaci\u00f3n en ingl\u00e9s y formaci\u00f3n art\u00edstica[,] la cual comprende artes o m\u00fasica[,] que a pesar de ser electivas no dejan de ser de pago obligatorio para el curso de los a\u00f1os acad\u00e9micos, montos que cancel[\u00f3] sin que la demandante [l]e reintegrar\u00e1 la parte que le correspond\u00eda[,] como falsamente afirm\u00f3 ante la juez y a su vez \u00e9sta le crey\u00f3\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. De esta manera, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u2019 (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr.). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Descendiendo al sub examine, se tiene que en su impugnaci\u00f3n el accionante, en concreto, critic\u00f3 al Juzgado acusado porque en la sentencia que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n entablada en su contra, en favor de su hija menor de edad, no sopes\u00f3 adecuadamente las pruebas, las cuales, en su sentir, daban cuenta de todos los pagos que efectu\u00f3 y conllevaban al decaimiento del cobro, al hallarse al d\u00eda en la obligaci\u00f3n alimentaria exigida. <\/p>\n
4. Puestas as\u00ed las cosas, en primer lugar, teniendo en cuenta que en este debate est\u00e1 involucrada una menor de edad, pertinente es recordar, como lo tiene por sentado la Sala, que los ni\u00f1os y adolescentes gozan de prerrogativas especiales para asegurar su adecuada formaci\u00f3n y desarrollo, en resultas del concepto de su inter\u00e9s superior. <\/p>\n
4.1. En efecto, el constituyente de 1991 consagr\u00f3 como sujetos de especial protecci\u00f3n, por parte del Estado, a los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, autorizando la protecci\u00f3n integral, el inter\u00e9s superior1 y la prevalencia de sus garant\u00edas2 respecto de los dem\u00e1s sujetos de derecho, incluidos los de su n\u00facleo familiar, lo cual tiene su fuente en la trascendencia que revisten para la sociedad, am\u00e9n del momento de formaci\u00f3n en que se encuentren, que exige medidas adecuadas para permitir el desarrollo de una identidad propia, que contribuya dentro de su individualidad a la existencia, consolidaci\u00f3n y desarrollo de los cometidos del Estado y la comunidad, por tanto existen intereses superiores3 que claman por su salvaguarda. <\/p>\n
Sobre este inter\u00e9s superior del menor, la Corte Constitucional en sentencia T-587\/98, dijo: <\/p>\n
\u2026esta nueva visi\u00f3n del menor se justific\u00f3 tanto desde una perspectiva humanista -que propende la mayor protecci\u00f3n de quien se encuentra en especiales condiciones de indefensi\u00f3n-, como desde la \u00e9tica que sostiene que s\u00f3lo una adecuada protecci\u00f3n del menor garantiza la formaci\u00f3n de un adulto sano, libre y aut\u00f3nomo. La respuesta del derecho a estos planteamientos consisti\u00f3 en reconocerle al menor una caracterizaci\u00f3n jur\u00eddica espec\u00edfica fundada en sus intereses prevalentes. Tal reconocimiento qued\u00f3 plasmado en la Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o (art\u00edculo 3\u00b0) y, en Colombia, en el C\u00f3digo del Menor (decreto 2737 de 1989) [hoy Ley 1098 de 2006]. Conforme a estos principios, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica elev\u00f3 al ni\u00f1o a la posici\u00f3n de sujeto merecedor de especial protecci\u00f3n por parte del Estado, la sociedad y la familia (art\u00edculos 44 y 45). <\/p>\n
Ahora bien, el inter\u00e9s superior del menor no constituye una cl\u00e1usula vac\u00eda susceptible de amparar cualquier decisi\u00f3n. Por el contrario, para que una determinada decisi\u00f3n pueda justificarse en nombre del mencionado principio, es necesario que se re\u00fanan, al menos, cuatro condiciones b\u00e1sicas: (1) en primer lugar, el inter\u00e9s del menor en cuya defensa se act\u00faa debe ser real, es decir, debe hacer relaci\u00f3n a sus particulares necesidades y a sus especiales aptitudes f\u00edsicas y sicol\u00f3gicas; (2) en segundo t\u00e9rmino, debe ser independiente del criterio arbitrario de los dem\u00e1s y, por tanto, su existencia y protecci\u00f3n no dependen de la voluntad o capricho de los padres o de los funcionarios p\u00fablicos encargados de protegerlo; (3) en tercer lugar, se trata de un concepto relacional, pues la garant\u00eda de su protecci\u00f3n se predica frente a la existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderaci\u00f3n debe ser guiado por la protecci\u00f3n de este principio; (4) por \u00faltimo, debe demostrarse que dicho inter\u00e9s tiende a lograr un beneficio jur\u00eddico supremo consistente en el pleno y arm\u00f3nico desarrollo de la personalidad del menor. <\/p>\n
En ese sentido, la jurisprudencia tambi\u00e9n ha fijado algunas pautas (CC T-261\/13)4, entre las cuales se destaca que: <\/p>\n
[L]as decisiones susceptibles de afectar a un menor de edad deben ajustarse a par\u00e1metros de razonabilidad y proporcionalidad (…) <\/p>\n
Lo anterior da cuenta, en s\u00edntesis, de que la prevalencia del inter\u00e9s del menor en el marco de un proceso judicial se garantiza cuando la decisi\u00f3n que lo resuelve i) es coherente con las particularidades f\u00e1cticas debidamente acreditadas en el proceso y ii) considera los lineamientos que los tratados internacionales, las disposiciones constitucionales y legales relativas a la protecci\u00f3n de los ni\u00f1os y las ni\u00f1as y la jurisprudencia han identificado como criterios jur\u00eddicos relevantes para establecer, frente a cada caso concreto, qu\u00e9 medidas resultan m\u00e1s convenientes, desde la \u00f3ptica de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, para asegurar el bienestar f\u00edsico, sicol\u00f3gico, intelectual y moral del menor (se resalt\u00f3). <\/p>\n
4.2. En consonancia con esa singular protecci\u00f3n que le asiste a los menores de edad, al expedir el C\u00f3digo General del Proceso el legislador patrio contempl\u00f3 en el par\u00e1grafo 1\u00ba de su canon 281 que \u00ab[e]n los asuntos de familia, el juez podr\u00e1 fallar ultrapetita y extrapetita, cuando sea necesario para brindarle protecci\u00f3n adecuada\u2026 al ni\u00f1o, la ni\u00f1a o adolescente… y prevenir controversias futuras de la misma \u00edndole\u00bb. <\/p>\n
A lo cual debe a\u00f1adirse que el precepto 11 del mismo estatuto ense\u00f1a que el juzgador, \u00abal interpretar la ley procesal\u2026[,] deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb; que las eventuales dudas que surjan en esa empresa \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb; y que ha de abstenerse \u00abde exigir y de cumplir formalidades innecesarias\u00bb. <\/p>\n
4.3. Por ese sendero, tambi\u00e9n se muestra oportuno recordar que, trat\u00e1ndose de procesos de alimentos como el aqu\u00ed fustigado, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel beneficiario de la prestaci\u00f3n reclamada corresponde a un sujeto de especial protecci\u00f3n por parte del Estado, pues se trata de un menor de edad, lo que implica la imperiosa necesidad de analizar el asunto con mayor rigor\u00bb (CSJ STC18581-2016, 16 dic., rad. 2016-00640-01); y que el juzgador debe \u00abdesplegar todas aquellas acciones para lograr que tal herramienta sea eficaz, pues en esos casos est\u00e1 evidenciada la urgencia del alimentante de percibir esos ingresos a fin de conjurar una eventual situaci\u00f3n de calamidad\u00bb (CSJ STC1314-2017, 7 feb., rad. 2016-00695-01). <\/p>\n
5. Aplicando tales premisas al caso bajo estudio, advierte la Corte que la petici\u00f3n de protecci\u00f3n estaba llamada al fracaso, por lo cual se confirmar\u00e1 el fallo impugnado, en la medida en que la sentencia reprochada, contrario a lo aducido por el reclamante, para esta Sala no luce arbitraria, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho. <\/p>\n
5.1. En efecto, para adoptar su decisi\u00f3n, previamente destac\u00f3 los hechos relevantes sobre los que reca\u00eda la discusi\u00f3n, destacando, entre ellos, que \u00abel 9 de octubre del a\u00f1o 2008 los progenitores aceptaron y se obligaron, para efectos de los alimentos de\u2026 [su hija menor de edad], y en particular el se\u00f1or Jonathan Pardo Parada, suministrar la suma de $300.000 mensuales, para los gastos de manutenci\u00f3n, sin incluir vestuario, los costos adicionales de matr\u00edcula, \u00fatiles u otros similares\u2026, con el 50% del valor total, de igual manera, con posterioridad, se cita ante el Centro de Conciliaci\u00f3n de la Universidad de Boyac\u00e1, el d\u00eda 2 de marzo del a\u00f1o 2010, a efectos de modificar o acordar nuevamente una cuota, sin que se haya llegado a un acuerdo sobre el mismo\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente recapitul\u00f3 que la ejecutante formul\u00f3 el libelo \u00abargumentando que no se han pagado las cuotas alimentarias desde el mes de enero del a\u00f1o 2015 al momento de la presentaci\u00f3n de la demanda\u00bb, a la vez que el ejecutado manifest\u00f3 que s\u00ed las hab\u00eda cancelado y propuso las excepciones de m\u00e9rito \u00abde pago total de la obligaci\u00f3n, ilegitimidad por activa frente a la solicitud de cuotas alimentarias de los a\u00f1os 2015 a 2023, el cobro de lo no debido, la mala fe y fraude procesal por parte del extremo actor, fundamentado en que se modific\u00f3 la cuota alimentaria en el sentido de que el se\u00f1or Edward Jonathan Pardo Parada asumir\u00eda la totalidad de los gastos de educaci\u00f3n\u2026 y la se\u00f1ora Judith Carolina\u2026 los gastos de alimentaci\u00f3n y manutenci\u00f3n de la menor\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, tras hallar satisfechos los presupuestos procesales y ausente situaci\u00f3n invalidatoria alguna, precis\u00f3 que el problema jur\u00eddico a resolver consist\u00eda en determinar si \u00abexiste m\u00e9rito para seguir adelante la ejecuci\u00f3n por las cuotas no cubiertas por el ejecutado a favor de su menor hija\u2026, en los t\u00e9rminos especificados en el acuerdo privado de\u2026 9 de octubre del\u2026 2008, o si, por el contrario, oper\u00f3 de manera definitiva o parcial la excepci\u00f3n propuesta por quien en la causa funge como ejecutado y, previo a ello, determinar si de alguna manera el acuerdo fue modificado por las partes\u00bb. <\/p>\n
Bajo ese itinerario, luego de rese\u00f1ar algunas generalidades en torno a los procesos ejecutivos de alimentos, con apoyo, en esencia, en los c\u00e1nones 422 y 431 del C\u00f3digo General del Proceso, y 129 de la Ley 1098 de 2006, resalt\u00f3 que \u00abla obligaci\u00f3n que se concilia no se puede modificar en forma unilateral, pues se debe cumplir en el tiempo y modo establecido en el acuerdo que se fij\u00f3\u00bb; y que la misma \u00absubsiste hasta tanto el obligado u obligada\u2026 sea exonerado de la misma\u00bb. <\/p>\n
Despu\u00e9s, pas\u00f3 a sopesar de forma conjunta el material suasorio recopilado, bajo el tamiz de la sana cr\u00edtica, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u2026militan en el proceso los elementos de prueba como son\u2026 la copia del registro civil de nacimiento de [la menor de edad]\u2026, que da cuenta que efectivamente es hija de quien est\u00e1 obligado a suministrarle alimentos, en este caso, el se\u00f1or Eduardo Jonathan Pardo Parada; la copia del acuerdo privado suscrito por\u2026 el aqu\u00ed demandado y el cual\u2026 se presenta como t\u00edtulo ejecutivo por la ejecutante, de\u2026 9 de octubre del a\u00f1o 2008, el cual fue aportado con la demanda; de igual manera se tiene\u2026 la copia de la tarjeta de identidad de [la adolescente]\u2026; tenemos tambi\u00e9n\u2026 la copia del acta de conciliaci\u00f3n que se desarroll\u00f3 el 2 de marzo del a\u00f1o 2010, en\u2026 el centro de conciliaci\u00f3n de la Universidad de Boyac\u00e1; y tenemos aportadas por el extremo demandado las certificaciones expedidas por los pagos efectuados respecto de los a\u00f1os cursados por [la menor]\u2026 en el Colegio Gimnasio Campestre del Norte, en la que se especifican los valores anuales y mensuales en los cuales\u2026 incurri\u00f3 el se\u00f1or Edward Jonathan Pardo Parada, teniendo en cuenta que la certificaci\u00f3n explica que quien las cancel\u00f3 fue \u00e9l; tambi\u00e9n\u2026 obran recibos del abono de un curso semestral de franc\u00e9s; \u2026unos recibos de pago del almac\u00e9n\u2026, recibos de caja menor del mes de febrero del\u2026 2019, del 10\u2026, 21\u2026 [y] 24 de febrero del\u2026 2020, en los cuales se dice que fueron para el refrigerio y fueron entregados por Jonathan Pardo a [la menor]\u2026[;] hay otros de estos de $140.000 por compra de vestido de ba\u00f1o y el viaje a control de oculoplastia y la cita de ortodoncia; \u2026un comprobante de transferencia de\u2026 16 de junio del\u2026 2021; \u2026una factura de Dogger Mayorca del 23 de julio del\u2026 2021; comprobante de transacci\u00f3n de\u2026 agosto 18 del 2021 y diferentes comprobantes de transferencia que se dice se hicieron de la cuenta del aqu\u00ed ejecutado y al n\u00famero de celular que corresponde a la cuenta de nequi de [la menor de edad]\u2026; de igual manera obra la respuesta expedida a la solicitud del despacho, del Colegio Gimnasio Campestre del Norte, respecto de la certificaci\u00f3n de los gastos\u2026 de estudio generados respecto de [la adolescente]. <\/p>\n
Tambi\u00e9n\u2026 tenemos que en esta audiencia se practic\u00f3 el interrogatorio a las partes y se escuch\u00f3 la testimonial de Blanca Cecilia Parada Moreno\u2026[,] Sindy Yesmid S\u00e1nchez y [la menor de edad]… <\/p>\n
Revisado el t\u00edtulo ejecutivo se advierte que la obligaci\u00f3n que se ejecuta se estipul\u00f3 de la siguiente manera, se dice textualmente all\u00ed que el se\u00f1or Jonathan Pardo se compromete a colaborar con la suma de $300.000 mensuales para los gastos de manutenci\u00f3n de [la menor de edad]\u2026, sin incluir vestuario. Los gastos adicionales\u2026 de matr\u00edcula, \u00fatiles u otros similares se har\u00e1n en el momento y contribuir\u00e1 con el 50% del valor total. <\/p>\n
En ese orden de ideas, interpreta el despacho que la cuota alimentaria para su momento se estableci\u00f3 en la suma de $300.000 y, de igual manera, est\u00e1 constituida por el 50% de los gastos, all\u00ed se llaman adicionales, de matr\u00edcula, \u00fatiles u otros similares. <\/p>\n
Al pregunt\u00e1rsela a las partes sobre lo que constitu\u00eda la cuota alimentaria conforme a ese acuerdo, pese a que esgrimen circunstancias\u2026 para haberse adoptado este, \u2026encuentra el despacho que efectivamente se trataba de que\u2026 era el 50% de los gastos de matr\u00edcula, de \u00fatiles, de uniformes y los que corresponden a los anuales para ingreso del a\u00f1o escolar; y as\u00ed lo reconoci\u00f3 tanto la demandante como el demandado cuando al pregunt\u00e1rsele por el despacho que si inclu\u00eda algunos otros aspectos, ese 50%, pues se\u00f1alaron que no, y que los $300.000, conforme se extrae del documento adjunto, en donde se hace una relaci\u00f3n aparentemente de los gastos de [la menor de edad], pues all\u00ed la cuota alimentaria cubr\u00eda lo correspondiente a alimentaci\u00f3n, el colegio, el almuerzo, la recreaci\u00f3n y\u2026 la salud, estaban all\u00ed, porque\u2026 sobre estos otros aspectos nada dice el t\u00edtulo ejecutivo. <\/p>\n
Se alega\u2026 por el extremo ejecutado que la cuota alimentaria, \u2026si bien se estableci\u00f3 en el\u2026 2008\u2026, despu\u00e9s, en el a\u00f1o 2010, cuando se\u2026 intent\u00f3 la modificaci\u00f3n de la misma en el centro de conciliaci\u00f3n de la Universidad de Boyac\u00e1, lo cual no fue positivo, porque durante los a\u00f1os anteriores al 2010, entre la fijaci\u00f3n de la cuota, se restableci\u00f3 la convivencia entre ellos y solo es con posterioridad a esta fecha en que se\u2026 caus\u00f3 la misma; se dice por el extremo ejecutado que la cuota fue modificada de com\u00fan acuerdo y de manera verbal con la se\u00f1ora Judith Carolina Mancilla Ruiz para que le correspondiera al aqu\u00ed ejecutado asumir la totalidad de los gastos de educaci\u00f3n de su hija\u2026, tal cual \u00e9l dice lo ha venido haciendo. <\/p>\n
Sin embargo\u2026, en el interrogatorio de parte la ejecutante no reconoce que esto haya sido as\u00ed, sino que acepta que se hizo una modificaci\u00f3n hace aproximadamente 3 a\u00f1os, en la cual el tema de los gastos\u2026 anuales por concepto de educaci\u00f3n de matr\u00edcula, \u00fatiles, uniformes y dem\u00e1s, se acord\u00f3 que \u00e9l asumiera lo correspondiente a matr\u00edcula y ella asum\u00eda lo correspondiente a \u00fatiles y uniformes, que el resto de tiempo respecto de estos gastos anuales esto se hizo por cruce de cuentas respecto de otros gastos que se generaban para [la adolescente]\u2026 <\/p>\n
En ese orden de ideas\u2026, encuentra el despacho que s\u00ed acepta una modificaci\u00f3n, pero s\u00f3lo frente al valor de los gastos anuales para efectos de la educaci\u00f3n. <\/p>\n
Se habla de unos indicios por el extremo demandado respecto a el por qu\u00e9 no se cobraron las cuotas anteriores al a\u00f1o 2015 y\u2026 porque se advierte tambi\u00e9n que \u00e9l ven\u00eda cumpliendo el pago de la obligaci\u00f3n \u00fanicamente en el colegio, en donde\u2026 se asum\u00eda no solo lo\u2026 que le correspond\u00eda a \u00e9l por matr\u00edcula y gastos de inicio de a\u00f1o, sino de igual manera de pensi\u00f3n, de transporte, de alimentaci\u00f3n y que, incluso\u2026, lo que corresponde a actividades extracurriculares viajes y dem\u00e1s. <\/p>\n
De lo acreditado concluy\u00f3 el fallador que no pod\u00eda hablarse \u00abde una modificaci\u00f3n de la cuota alimentaria\u00bb, comoquiera que las testimoniales \u00abdan cuenta de que eso es lo que ellas entend\u00edan y era lo que hab\u00edan escuchado del se\u00f1or Edwin Pardo frente al valor de la cuota alimentaria, que el asum\u00eda lo de educaci\u00f3n y eso, pero\u2026 no brindan certeza al despacho de que hubiesen estado presentes en el momento en que se realiz\u00f3 la modificaci\u00f3n o por alg\u00fan medio se hubieran enterado por parte de la se\u00f1ora Carolina que esto fue as\u00ed\u00bb; por tanto, \u00abel t\u00edtulo base de ejecuci\u00f3n se presentaba con la demanda y\u2026 es el que ser\u00e1 objeto de cobro para efectos de la cuota alimentaria que se estableci\u00f3 para [la adolescente], y comoquiera que en el presente asunto se est\u00e1n cobrando son las cuotas alimentarias del a\u00f1o 2015, la suma de dinero que corresponde a la\u2026 cuota mensual y que para el a\u00f1o 2015 ascend\u00eda a la suma de $381.680, y que para el a\u00f1o 2023 conforme el incremento del IPC, dado que el t\u00edtulo ejecutivo sencillamente establece una suma de dinero en el que se compromete el ejecutado; y si bien es cierto no establece una forma de pago debe de hacerse una interpretaci\u00f3n en favor del inter\u00e9s superior de [la menor de edad]\u2026 y esto es que\u2026 la cuota alimentaria ser\u00eda entregada a la representante de ella o cubierta de alguna manera por el ejecutado, toda vez que en este aspecto si hay libertad pero con miras a satisfacer las necesidades de [la adolescente]\u2026, [y] comoquiera que no se estableci\u00f3 la forma en que se incrementar\u00eda, la norma suple ese vac\u00edo al indicarnos el art\u00edculo 129 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia que el incremento que se debe hacer es conforme al IPC y as\u00ed lo hizo el despacho desde el momento en que se libr\u00f3 mandamiento de pago\u00bb. <\/p>\n
Zanjado lo anterior, desechada la existencia de un supuesto acuerdo posterior al documento base de recaudo, hall\u00f3 la sentenciadora que \u00abla obligaci\u00f3n que contiene el t\u00edtulo\u2026 es clara y es expresa porque se estableci\u00f3 una suma de dinero y de igual manera se constituy\u00f3 una obligaci\u00f3n compleja en el sentido que se dijo que era el 50% de los gastos que las partes precisaron en el interrogatorio, y que tambi\u00e9n as\u00ed lo entendieron, vinieron cumpliendo como fueron matr\u00edcula, \u00fatiles, uniformes y los gastos que se generaban\u2026 al comienzo\u2026 del a\u00f1o para efectos del ingreso al colegio y que se deb\u00edan cancelar para efectos de la matr\u00edcula, los cuales est\u00e1n soportados de manera clara en cada una de las certificaciones expedidas por el Colegio\u00bb; recalc\u00f3 que all\u00ed se se\u00f1al\u00f3 que ese \u00abgasto debi\u00f3 ser asumido, matr\u00edcula, \u00fatiles y uniformes, en un 50%; la ejecutante en su interrogatorio reconoce que efectivamente\u2026 ella asum\u00eda \u00fatiles y uniformes y que es el ejecutado quien ha venido cancelando lo correspondiente a matr\u00edcula y los gastos de profundizaci\u00f3n y dem\u00e1s que ha establecido el colegio para\u2026 comienzos de a\u00f1o y poderle causar el ingreso\u2026 a cada a\u00f1o escolar\u00bb; y que \u00abcon el cruce de cuentas, que llama la ejecutante, han efectuado y que da cuenta el pantallazo aportado como prueba\u2026 al descorrer el traslado de las excepciones de m\u00e9rito\u2026, encuentra acreditado el despacho que\u2026 Edward Jonathan Pardo Parada cubri\u00f3 lo referente al 50% de los gastos que se llaman en el t\u00edtulo ejecutivo matr\u00edcula, \u00fatiles y similares, y que las partes hab\u00edan determinado previamente\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, advirti\u00f3 que de las certificaciones expedidas por el aludido ente educativo se desprend\u00eda que el ac\u00e1 accionante \u00abha asumido el pago de gastos mensuales o por concepto de pensi\u00f3n, de transporte y de alimentaci\u00f3n, sin, obviamente\u2026, tener en cuenta los recargos, porque el hecho de que haya incurrido en mora no puede imput\u00e1rsele a [su hija]\u00bb; por lo que qued\u00f3 acreditado que \u00abestos pagos por conceptos mensuales de pensi\u00f3n y durante el a\u00f1o lectivo desde el 2015 al 2022\u2026 deben ser imputados al valor de la cuota\u2026, porque\u2026 se estableci\u00f3 una suma mensual, no se dijo c\u00f3mo se pagar\u00eda, pero\u2026 se ha venido cancelando, cubriendo, la pensi\u00f3n y los dem\u00e1s gastos que ha establecido el colegio\u00bb. <\/p>\n
Con fundamento en todo ello, determin\u00f3 que las defensas propuestas por el ejecutado, excepto la de pago parcial de la obligaci\u00f3n, se mostraban infundadas, lo que, in extenso, as\u00ed razon\u00f3: <\/p>\n
\u2026no es llamada prosperar la excepci\u00f3n de pago total de la obligaci\u00f3n por cuanto se advierte que no cubre la totalidad de las sumas ordenadas en el mandamiento ejecutivo, pero si hay un pago parcial, toda vez que, conforme se ha dicho\u2026, la pensi\u00f3n debe ser imputada al pago de la cuota mensual, porque es que el t\u00edtulo ejecutivo es claro, y as\u00ed se lo pregunt\u00e9, que si la pensi\u00f3n hac\u00eda parte\u2026 de los similares que dec\u00eda el t\u00edtulo, y fue clara y enf\u00e1tica la se\u00f1ora ejecutante en su interrogatorio en decir que no, que la pensi\u00f3n estaba aparte; es un gasto en que ha incurrido el demandado y que debe ten\u00e9rsele por paga, y eso solo en cuanto a las certificaciones que\u2026 se encuentran soportadas y que da cuenta el Colegio Gimnasio Campestre de que fueron efectuadas por el aqu\u00ed demandado. <\/p>\n
Respecto de\u2026 lo que alega el ejecutado de haberle pagado cursos extracurriculares, viajes, a su menor hija\u2026, que deben ser tenidos en cuenta como pago de la cuota alimentaria\u2026; el despacho no\u2026 encuentra de recibo este argumento teniendo en cuenta\u2026 que en esto s\u00ed le asiste raz\u00f3n a la parte ejecutante, cuando se trata de otras cosas adicionales que se le est\u00e1n brindando a la hija por fuera de la cuota alimentaria y que porque ha sido su voluntad brindarlas, no puede establecerse, diferente es porque la pensi\u00f3n\u2026 se incluye como una cuota integral dentro de los valores que ellos sometieron a consideraci\u00f3n y que da cuenta tambi\u00e9n la hoja escrita a pu\u00f1o de ellos y que se aporta\u2026 como parte del t\u00edtulo ejecutivo, en el cual se dec\u00eda que la cuota alimentaria comprend\u00eda, o cuando sacan el total de los gastos, por, en su momento, 600 algo, pues incluye alimentaci\u00f3n, educaci\u00f3n, salud, y que como adicionales solo se estableci\u00f3 que no se inclu\u00edan mudas de ropa y el 50% de lo que era la matr\u00edcula, los \u00fatiles, los uniformes y o similares. <\/p>\n
Entonces, no puede el despacho tener como parte de pago de la cuota alimentaria, ni los viajes, ni los cursos extracurriculares, porque definitivamente estos no estaban incluidos en lo que en su momento quisieron albergar como cuota alimentaria integral. <\/p>\n
Frente al per\u00edodo compartido con el padre en vacaciones y en los cuales se establece un valor que se debe descontar\u2026, tampoco es de recibo este argumento, toda vez que\u2026 el t\u00edtulo ejecutivo no contempla nada al respecto de que no se va a cobrar la cuota por el periodo de tiempo en donde la ni\u00f1a comparta con el pap\u00e1, entonces, la cuota se causa est\u00e9 o no est\u00e9 la ni\u00f1a bajo\u2026 el cuidado de la progenitora, y mucho menos si se trata del per\u00edodo establecido para compartir con su padre como r\u00e9gimen de visitas\u2026 <\/p>\n
Ahora, respecto de los recibos aportados\u2026 de las transferencias de nequi y que da cuenta en su declaraci\u00f3n [la menor de edad], que efectivamente corresponden a los gastos que \u00e9l asum\u00eda semanalmente por $50.000 o valores similares, el Juzgado\u2026 ordenar\u00e1 tambi\u00e9n\u2026 tenerlos como pago parcial de la obligaci\u00f3n, pero los que est\u00e9n por debajo de las sumas de $200.000\u2026, porque fueron claros en expresar que eran pagos que se hac\u00edan semanalmente o conforme la periodicidad de que tuviera capacidad econ\u00f3mica el\u2026 ejecutado, en la medida en que fueran pedidos por [la adolescente]; [y]\u2026 esto es porque se tiene[n] que tener como v\u00e1lida[s] las formas de pago de la cuota, en tanto no se estableci\u00f3 una\u2026 cuenta o que se realizar\u00e1 por giro, sino\u2026 eran v\u00e1lidas todas las formas de pago y, en este caso, incluida\u2026 la de la cuenta de nequi de [la menor]\u2026, igual estos gastos est\u00e1n destinados a satisfacer las necesidades que establecieron como parte de la cuota en su momento, raz\u00f3n por la cual\u2026 hay que tenerse como pago parcial estas sumas de dinero que no superen los valores de $200.000, las dem\u00e1s no, y respecto al a\u00f1o 2023\u2026 no se soporta ning\u00fan pago por cuanto\u2026 en el presente proceso no se est\u00e1 cobrando nada de los gastos educativos que se establecieron en el t\u00edtulo ejecutivo, porque se entiende por la ejecutante que\u2026 respecto de estos y conforme los cruces de cuentas de los que ella habl\u00f3, se encuentran cubiertos; este a\u00f1o, por lo menos, se advierte para el ejecutado que cumpli\u00f3 con el valor de la matr\u00edcula que es a lo que est\u00e1 obligado, seg\u00fan el t\u00edtulo ejecutivo; las dem\u00e1s cuotas, respecto de esas, sino hay prueba de pago, toda vez que el Colegio certifica que los pagos de conceptos mensuales se hicieron hasta el a\u00f1o 2022. <\/p>\n
Para el efecto, entonces, el Juzgado tiene como pago para los a\u00f1os correspondiente al 2015 la suma\u2026 certificada por el Colegio respecto de pensi\u00f3n y dem\u00e1s gastos, descontando\u2026 lo que se certifica por recargo, toda vez que eso no debe ser asumido por [la menor de edad]\u2026, la suma de $2.457.860; para el 2016, $2.611.720; para el\u2026 2017, $2.835.540; para el 2018, $3.039.700; para el\u2026 2019, $3.243.360; para el\u2026 2020, $3.475.260; para el\u2026 2021, $3.634.430; y para el\u2026 2022, $3.915.730, m\u00e1s los gastos correspondientes a transporte y alimentaci\u00f3n de los a\u00f1os que se causaron. <\/p>\n
Respecto de las dem\u00e1s excepciones planteadas por el extremo ejecutado, ilegitimidad por activa frente a la solicitud de cuotas alimentarias, \u00e9sta, conforme a los argumentos explicados con anterioridad, \u2026no est\u00e1 llamada a prosperar, toda vez que s\u00ed hay legitimidad en el cobro de las cuotas alimentarias adeudadas, toda vez que no se evidenci\u00f3 el pago de manera total, no se est\u00e1 cobrando algo que no se debe, por tanto, \u2026se advierte que la cuota alimentaria fue cancelada sin cubrir la totalidad de los conceptos establecidos; y\u2026 la de mala fe y fraude procesal, toda vez que es leg\u00edtimo, para el representante legal del menor en favor de quien se haya fijado los alimentos, acudir a las acciones legales a efectos de obtener el pago total de lo que se estableci\u00f3 como cuota alimentaria. <\/p>\n
5.2. Bajo ese contexto, es evidente la inviabilidad del amparo en el asunto espec\u00edfico, porque las consideraciones y fundamentos de la decisi\u00f3n censurada, al margen de que se compartan, no resultan arbitrarios o caprichosos, tanto m\u00e1s cuando, contrario a lo aducido por el gestor, la juez acusada, con una interpretaci\u00f3n plausible del ordenamiento legal vigente y bajo el an\u00e1lisis conjunto de todo el material suasorio recolectado, especialmente en favor de los derechos prevalentes de la menor involucrada, concluy\u00f3, muy a pesar de las alegaciones del quejoso, que no se acredit\u00f3 la existencia de modificaci\u00f3n alguna frente a las obligaciones contenidas en el t\u00edtulo ejecutivo, en el que se pact\u00f3, entre otras cosas, que \u00e9l asumir\u00eda el 100% de la matr\u00edcula estudiantil anual de la menor de edad y el 50% de los gastos mensuales del Colegio, \u00faltimos que tuvo como incluidos en la cuota monetaria mensual de $300.000 que se acord\u00f3 para el 2008 -con sus respectivos aumentos de ley-, exigida ejecutivamente desde enero de 2015 al a\u00f1o 2022, por lo que accedi\u00f3 a la excepci\u00f3n de pago parcial, teniendo en cuenta las sumas canceladas por los \u00faltimos conceptos durante dicho periodo, denunciado como insatisfecho, de ah\u00ed que no pudieran incluirse all\u00ed las pagadas en tiempos anteriores y por cargos diferentes, lo que por s\u00ed mismo no se muestra arbitrario, sin que esa ejecuci\u00f3n fuera el estadio adecuado para exigir de la madre de la menor de edad el pago del porcentaje de la cuota alimentaria a su cargo y a favor de \u00e9sta, a modo de compensaci\u00f3n frente a lo exigido al censor, en tanto que \u00e9ste no adujo ni demostr\u00f3 que es rec\u00edprocamente acreedor de la \u00abalimentaria\u00bb, al margen de las acciones que considere adecuado agotar, al respecto, contra la progenitora de su hija, que no frente a la adolescente, si alguna inconformidad tiene en torno a ello. <\/p>\n
5.3. En consonancia con lo anterior, oportuno resulta traer a colaci\u00f3n que, contrario a lo propuesto por el quejoso, de cara a juicios de id\u00e9ntica naturaleza al ac\u00e1 cuestionado, esta Corte ha sido enf\u00e1tica al desaprobar que se compensen los pagos realizados por los ejecutados, \u00abpor gastos educativos\u00bb de sus hijos, \u00abcon las cuotas alimentarias\u00bb, comoquiera que al ocuparse de la excepci\u00f3n de pago el fallador natural ha de observar, con rigor, \u00abla forma en que se pact\u00f3 la cancelaci\u00f3n de la cuota alimentaria en el t\u00edtulo soporte de la ejecuci\u00f3n, pues si se acord\u00f3 el pago de una suma liquida de dinero, no se le puede obligar al acreedor a recibir cosa diferente, de conformidad con lo previsto en los art\u00edculos 1626 y 1627, a menos que se demuestre la variaci\u00f3n de los compromisos adquiridos\u00bb, supuesto \u00faltimo que, como qued\u00f3 dicho, en el caso auscultado no ocurri\u00f3. As\u00ed se ha dejado por sentado: <\/p>\n
3. Descendiendo al caso sub examine, se advierte que la autoridad enjuiciada cometi\u00f3 varios desafueros que ameritaban la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, por cuanto, en primer lugar, al compensar los pagos que realiz\u00f3 el demandante por gastos educativos de sus menores hijas, con las cuotas alimentarias que se reclamaban en el juicio criticado, desconoci\u00f3 la jurisprudencia que, sobre ese particular, ha dictado esta Sala Especializada. <\/p>\n
3.1. Y es que, t\u00e9ngase en cuenta que, en un caso similar al ahora analizado, la Corte tuvo la oportunidad de sostener: <\/p>\n
\u2026 como se evidencia de las piezas adosadas a este tr\u00e1mite, el gestor aleg\u00f3 que debe tenerse en cuenta lo que sufrag\u00f3 para solventar las \u00abnecesidades b\u00e1sicas del menor\u00bb as\u00ed: <\/p>\n
[p]ara los tres meses siguientes: abril, mayo y junio de 2017 (\u2026) deb\u00eda cancelar la suma total de $8\u2019975.000, para lo cual hizo diferentes tipos de abonos que responden a las necesidades del ni\u00f1o\u2026, por la suma de $8\u2019389.418, como se puede observar en la tabla 1, y los dem\u00e1s pagos por compensaci\u00f3n por deudas adquiridas por la pareja antes del divorcio, por la suma de $24\u2019.486.735. Ver tabla No. 2., tal como se prueba con los recibos adjuntos. <\/p>\n
Respecto de la \u00abcompensaci\u00f3n\u00bb ense\u00f1\u00f3 tambi\u00e9n que: [f]undamento esta excepci\u00f3n en el hecho cierto e indiscutible que el se\u00f1or Hansel\u2026, ha cumplido cabalmente con su obligaci\u00f3n alimentaria para con su hijo\u2026, pues no solamente ha cubierto los dineros que se comprometi\u00f3 sino que viene cubriendo gastos adicionales, tal y como se prueba con los recibos que relaciono a continuaci\u00f3n: Ver tabla No. 2. <\/p>\n
En la tabla 1 relaciona bajo el r\u00f3tulo de \u00abtipo de abono\u00bb: \u00abImportaciones (USD) para [XXX], Transferencia a Indira, Gastos fijos vivienda y servicios (mensual) [cuota de administraci\u00f3n, recibo agua, recibo gas, recibo luz, recibo internet], Salud (mensual), Costo env\u00edo importaciones\u00bb. Y en la 2 discrimina \u00abtipo de gasto\u00bb: \u00abSeguros (anual) [Allianz Seguros (Mayo)]\u00bb, \u00abCuotas cr\u00e9ditos (mensual) [Auto Indira, Cr\u00e9dito Colpatria y Cr\u00e9dito BBVA], \u00abgastos fijos, vivienda y servicios (mensual)\u00bb [Administraci\u00f3n Cartagena, Recibo Agua, Recibo Gas, Recibo Luz, Recibo internet]. <\/p>\n
3.2. Ahora, el funcionario reconvenido para desatender el hecho seg\u00fan el cual hab\u00eda efectuado \u00ababonos al cr\u00e9dito\u00bb por medio de las erogaciones descritas en la tabla 1 explic\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) el demandado ha imputado como pago de la obligaci\u00f3n alimentaria el pago de gastos fijos de vivienda y servicios, administraci\u00f3n, salud, inclusive costos de importaciones tal y como se relaciona en la tabla No. 1, sin embargo, para este despacho judicial dichos pagos no ser\u00e1n tenidos en cuenta para el proceso ejecutivo, pues la obligaci\u00f3n alimentaria se pact\u00f3 como una cuota mensual \u00fanica que cubre los gastos mensuales que demanda el infante\u2026 y cuya administraci\u00f3n se encuentra en cabeza de su progenitora quien es la que ostenta la custodia y cuidado personal de su menor hijo, por tal raz\u00f3n no es factible reputar dichos pagos como abono a la cuota alimentaria, pues si los extremos procesales hubiesen querido distribuir as\u00ed los pagos, as\u00ed debi\u00f3 haber quedado en la audiencia de conciliaci\u00f3n, sin embargo la voluntad de los sujetos procesales fue otra, y por consiguiente, no puede haber alteraci\u00f3n a lo pactado y aprobado por este estrado judicial. <\/p>\n
Apreciaci\u00f3n que concuerda con la realidad, ya que la soluci\u00f3n de los compromisos estipulados en la \u00abconciliaci\u00f3n\u00bb se convino a trav\u00e9s de la entrega peri\u00f3dica de un valor representado en dinero, y conforme a las reglas sobre el pago contempladas en el C\u00f3digo Civil, \u00e9ste \u00abes la prestaci\u00f3n de lo que se debe\u00bb (art. 1626), am\u00e9n que \u00abse har\u00e1 bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligaci\u00f3n (\u2026)\u00bb, sin que el acreedor pueda \u00abser obligado a recibir otra cosa que lo que se le deba, ni a\u00fan a pretexto de ser de igual o mayor valor la ofrecida\u00bb (art. 1627 ib\u00eddem). <\/p>\n
Frente al t\u00f3pico, en un asunto de similares contornos a \u00e9ste, la Sala expuso que <\/p>\n
[b]ajo esa perspectiva, emerge di\u00e1fana la inviabilidad de la protecci\u00f3n reclamada, en la medida en que, no est\u00e1n acreditadas las ostensibles circunstancias estructurantes del yerro judicial que pudiera abrir las puertas del \u00e9xito a la tutela, toda vez que la exposici\u00f3n de motivos decisorios al efecto manifestado por el querellado para \u00abno declarar probada la excepci\u00f3n de pago total de la obligaci\u00f3n\u00bb propuesta por Guillermo\u2026 (aqu\u00ed accionante); y ordenar seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, se guarecen en t\u00f3picos normativos y jurisprudenciales que regulan el preciso tema abordado, esto es, que luego de un juicioso an\u00e1lisis de las demostraciones arrimadas, aplicando los art\u00edculos 115, 177, 294 y 488 del Estatuto Procesal Civil, determin\u00f3 no tener en cuenta los desembolsos que efectu\u00f3 el demandado en especie, dado que en el acuerdo que sirvi\u00f3 de base para el recaudo nada se dice al respecto; es decir, que la cuota alimentaria debi\u00f3 cancelarse en la forma y t\u00e9rminos convenida (\u2026). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se descarta as\u00ed cualquier asomo de vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales invocados, ya que la interpretaci\u00f3n que al particular caso se le dio el juzgador de conocimiento no est\u00e1 desprovista de la suficiente y necesarias razones que, independientemente que la Corte la proh\u00edje, mal pueden tenerse por antojadizas en grado sumo para conculcar las presunciones de apego a derecho y acierto que de tal se reviste; por consiguiente, dicha determinaci\u00f3n no puede ser alterada por esta v\u00eda, todo lo cual no merece reproche desde la \u00f3ptica ius fundamental para que deba proceder la inaplazable intervenci\u00f3n del juez constitucional (STC3551-2015). <\/p>\n
3.3. En cuanto a la \u00abcompensaci\u00f3n\u00bb, si bien afirma el recurrente el fallador, estableci\u00f3 que es inadmisible alegarla en los \u00abejecutivos por alimentos\u00bb, los supuestos en que funda el pluricitado \u00abmedio de defensa\u00bb no dan cuenta de esa forma de \u00abextinci\u00f3n de las obligaciones\u00bb, en vista que no adujo ni demostr\u00f3 que es rec\u00edprocamente acreedor del \u00abalimentario\u00bb, como lo disponen los art\u00edculos 1714 y 1716 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Esto, porque lo que opuso a la prestaci\u00f3n \u00aben dinero\u00bb a la que se \u00aboblig\u00f3\u00bb fue el pago por concepto de \u00abseguros\u00bb, \u00abcuotas cr\u00e9ditos [Colpatria y BBVA], \u00abgastos fijos, vivienda y servicios (mensual) [recibo agua, recibo gas, recibo luz, recibo internet], pretendiendo adem\u00e1s descontar deudas derivadas de la relaci\u00f3n conyugal que sostuvo con Indira\u2026, quien no es la titular de los \u00abalimentos\u00bb reclamados, sino el peque\u00f1o que tienen en com\u00fan. Sobre el particular, recu\u00e9rdese que al replicar los pedimentos de ese litigio arguy\u00f3: \u00ab(\u2026) y los dem\u00e1s pagos por compensaci\u00f3n por deudas adquiridas por la pareja antes del divorcio, por la suma de $24\u2019.486.735\u00bb, lo que descarta la viabilidad de ese alegato. (CSJ STC12783-2018; sobre el particular ver tambi\u00e9n STC2020-2020). <\/p>\n
En sentido similar, en sentencia STC13676-2021, se precis\u00f3 que: <\/p>\n
Ahora, respecto del \u00abpago total\u00bb, el juzgado precis\u00f3 que el hecho de haber aportado documentaci\u00f3n que da cuenta de la cancelaci\u00f3n de algunos \u00abbonos\u00bb de medicina prepagada y la adquisici\u00f3n de vestuario, no eran suficientes para demostrar que fueron saldadas las obligaciones derivadas del acuerdo conciliatorio que funge como t\u00edtulo ejecutivo, pues en lo atinente a \u00abcopagos\u00bb no se establece si corresponden a los \u00ab10 vales mensuales\u00bb a que se oblig\u00f3, y similar situaci\u00f3n acontece con las prendas de vestir, al punto que las \u00abfacturas\u00bb no evidencian si fueron compradas para la menor y efectivamente entregadas a la beneficiaria. <\/p>\n
Ello porque, aunado a que las declaraciones de parte y de terceros que fueron recibidas, tampoco arrojan certeza del punto en comento y en raz\u00f3n a la contraposici\u00f3n que al respecto mostr\u00f3 la demandante, dijo que de aceptarse la tesis del tutelante, se estar\u00eda contrariando la jurisprudencia de esta Sala, seg\u00fan la cual si la satisfacci\u00f3n de los alimentos se determin\u00f3 mediante la entrega de una suma de dinero, no es posible admitir la \u00abalteraci\u00f3n\u00bb unilateral de su forma de pago, pues reiter\u00f3 que sobre el particular, en el plenario no hab\u00eda asentimiento de la actora que diera lugar a un entendimiento diferente de la conciliaci\u00f3n base de ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
En apoyo de lo anteriormente resuelto por el accionado, esta Corporaci\u00f3n ha avalado que se mantenga el cobro de alimentos pese a que se alegue que su pago se realiz\u00f3 \u00aben especie\u00bb, cuando, como en este caso, no est\u00e1 probada ni la variaci\u00f3n por las partes de la manera en que se cumplir\u00eda la tasaci\u00f3n, ni que los pagos que se aducen realizados, realmente se dirigieron a atender las obligaciones a su cargo y que seg\u00fan la demanda son objeto de ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
3.2. Entonces, al momento de resolver sobre la excepci\u00f3n de pago en procesos ejecutivos de alimentos, el fallador debe atender la forma en que se pact\u00f3 la cancelaci\u00f3n de la cuota alimentaria en el t\u00edtulo soporte de la ejecuci\u00f3n, pues si se acord\u00f3 el pago de una suma liquida de dinero, no se le puede obligar al acreedor a recibir cosa diferente, de conformidad con lo previsto en los art\u00edculos 1626 y 1627, a menos que se demuestre la variaci\u00f3n de los compromisos adquiridos\u2026 <\/p>\n
3.5. As\u00ed las cosas, se reitera, evidente es que el despacho judicial acusado tuvo por cancelados los alimentos reclamados, con las sumas que el progenitor abon\u00f3 directamente al colegio en el que estudian las alimentarias, sin entrar a analizar la forma en que se pact\u00f3 el pago en el t\u00edtulo base de la ejecuci\u00f3n o si \u00e9sta (la forma de pago) fue modificada por las partes, examen que resultaba forzoso, atendiendo los precedentes jurisprudenciales antes citados. <\/p>\n
3.6. Atendiendo lo anterior, evidente es que el juzgado acusado desconoci\u00f3 los par\u00e1metros establecidos por esta Corporaci\u00f3n en la jurisprudencia antes citada, lo que impone la concesi\u00f3n del resguardo (se destac\u00f3 – CSJ STC5203-2023, 31 may., rad. 2023-00209-01). <\/p>\n
5.4. De all\u00ed que las disquisiciones exteriorizadas por el Juzgado acusado al dictar sentencia en el juicio recriminado no puedan ser desaprobadas de plano, \u00abm\u00e1xime si… no resulta[n] contrari[as] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [el juez constitucional] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al [fallador ordinario]… para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451). <\/p>\n
Por ese sendero, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, muy a pesar de las alegaciones del impugnante, la Corte observa que los razonamientos cuestionados se realizaron en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades propias del Juez ordinario que hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial y que, en consecuencia, inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en ellas, sustituyendo a aqu\u00e9l como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual; es decir, aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por el juzgador natural, esa sola disonancia no es motivo suficiente para calificar como absurda la referida determinaci\u00f3n. <\/p>\n
6. Lo considerado impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a trav\u00e9s del medio m\u00e1s expedito a todos los interesados y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 8 de la Ley 1098 de 2006. Inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes. \u00abSe entiende por inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacci\u00f3n integral y simult\u00e1nea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Canon 9\u00ba \u00eddem. <\/p>\n
4\u0002 Citada en STC5016-2016, 21 abr., rad. 2016-00922-00. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC11999-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC11999-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15001-22-13-000-2023-00133-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Edward Jonathan Pardo Parada frente al fallo proferido el pasado 13 de septiembre por la Sala Civil-Familia del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-77019","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77019","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77019"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77019\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77019"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77019"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77019"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}