STC12008-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC12008-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03995-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n virtual de veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Resuelve la Corte la tutela que Gerardo Alonso Herrera Hoyos instaur\u00f3 contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior y el Juzgado Tercero Civil del Circuito, ambos del Distrito Judicial de Pereira, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 66001-31-03-002-2021-00137-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al \u00abdebido proceso\u00bb para que se ordenara al juzgado accionado, declarar la \u00abp[\u00e9rdida de] competencia por falta de jurisdicci\u00f3n y remita inmediatamente a lo contencioso administrativo\u00bb y, al Tribunal censurado \u00ab(\u2026) [no permitir] la mora y la renuencia de la juzgadora (\u2026)\u00bb de primer grado. <\/p>\n
El 18 de octubre siguiente la secretar\u00eda de dicho despacho emiti\u00f3 constancia de ejecutoria de dicho fallo, en la que indic\u00f3 que \u00e9ste qued\u00f3 en firme; luego, la coadyuvante all\u00ed reconocida elev\u00f3 varias solicitudes, entre ellas, \u201cgesti\u00f3n[ar] el mecanismo de control de la vigilancia judicial administrativa (\u2026) [y] se suscite el conflicto de competencia y se traslade esta decisi[\u00f3n] a una entidad administrativa imparcial superior\u201d. <\/p>\n
El quejoso controvierte que la juzgadora primigenia se \u201cnie[gue] rotunda y persistentemente a perder competencia art 121 CGP, pese a que nunca cumple un solo t\u00e9rmino perentorio (\u2026) que le impone art 84 Ley 472 de 1998\u201d y, que, adem\u00e1s, \u201cse nieg[ue] a declarar falta de competencia pues la renuente acci\u00f3n se debe tramitar en la jurisdicci\u00f3n administrativa tal como lo ha ordenado la H Corte Constitucional\u201d, presuntas irregularidades que han sido permitidas por el ad quem, quien avala \u201cla mora y la renuencia de la juzgadora, pues nunca le exige nada en derecho en las a populares\u201d. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior de Pereira dijo que \u201crevisado el Sistema Justicia XXI y el libro radicador (\u2026) de la acci\u00f3n popular objeto de tutela, (\u2026) no aparece en la base de datos (\u2026), por lo que resulta imposible pronunciamiento alguno frente a los hechos\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub examine, delanteramente se anuncia el decaimiento del resguardo, por las siguientes razones: <\/p>\n
1.1.- Frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira el menoscabo revelado no ha tenido ocurrencia, puesto que, de la revisi\u00f3n minuciosa de la prueba obrante en el infolio, se advierte que la \u00abacci\u00f3n popular\u00bb n.\u00b0 2021-00137 no arrib\u00f3 a dicha Colegiatura y, seguramente no va a llegar, en raz\u00f3n a que, la sentencia de primera instancia proferida el 10 de octubre de 2023 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, no fue apelada, seg\u00fan constancia secretarial expedida en el asunto -18 oct. 2023-; de manera que, no es posible endilgarle un comportamiento ap\u00e1tico, indiferente, negligente o arbitrario que transgreda los privilegios de Gerardo Alonso. <\/p>\n
Sobre el particular esta Corte ha predicado que, para la prosperidad del auxilio, \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (STC6835-2019, reiterada en STC7898-2021, STC11741-2022 y STC1171-2023). <\/p>\n
De igual modo, se requiere: <\/p>\n
(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda (STC6835-2019, reiterada en STC11741-2022, STC1171-2023 y STC2027-2023). <\/p>\n
1.2.- En lo que concierne con las censuras frente al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, relacionadas con la \u00abfalta de competencia\u00bb porque la contienda debi\u00f3 adelantarse ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa y por superar el per\u00edodo contemplado en el canon 121 del estatuto procesal civil, se vislumbra que el precursor inobserv\u00f3, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, el presupuesto de la inmediatez que caracteriza este sendero especial.\u202f <\/p>\n
Se hace tal aseveraci\u00f3n, por cuanto Gerardo Alonso formul\u00f3 tales pedimentos en la \u00abacci\u00f3n popular\u00bb cuestionada y dicho estrado los solvent\u00f3 mediante prove\u00eddos de 11 de agosto de 2021 y 30 de enero de 2023, respectivamente; de ah\u00ed que, a partir de la \u00faltima fecha y la radicaci\u00f3n de la demanda superlativa (12 oct. 2023), transcurrieron m\u00e1s de ocho (8) meses; esto es, se sobrepas\u00f3 el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han estimado como prudente para ejercer la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Sala ha esbozado que:\u202f <\/p>\n
[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental.\u202f\u202f <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. Se resalta (STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC6690-2021, STC8192-2022 y en STC2024-2023).\u202f <\/p>\n
Lo anterior impide examinar el fondo de la cuesti\u00f3n, habida cuenta que, si el auspiciante se demor\u00f3 en ejercer esta v\u00eda supralegal, su descuido, per se, es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible al juzgado recriminado y con repercusi\u00f3n directa en los atributos b\u00e1sicos requeridos.\u202f <\/p>\n
1.3.- Si bien en algunos casos se ha superado la falta de tal exigencia, flexibiliz\u00e1ndola, ello solo sucede cuando la dilaci\u00f3n en activar este dispositivo est\u00e1 \u00abdebidamente justificada\u00bb. No obstante, en el sub lite, no acaece ninguna de las hip\u00f3tesis previstas en el fallo STC3949-2021 con dicho fin, en la medida que el querellante no mencion\u00f3 alguna circunstancia v\u00e1lida para conjurar su desidia en acudir oportunamente a esta v\u00eda. <\/p>\n
2.- Ergo, la ayuda suplicada resulta inviable. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instada por Gerardo Alonso Herrera Hoyos contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior y el Juzgado Tercero Civil del Circuito, ambos del Distrito Judicial de Pereira. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el infolio a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC12008-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada Ponente STC12008-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03995-00 (Aprobado en Sesi\u00f3n virtual de veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Resuelve la Corte la tutela que Gerardo Alonso Herrera Hoyos instaur\u00f3 contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-77027","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77027","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77027"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77027\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77027"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77027"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77027"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}