STC12012-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2023-02088-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 21 de septiembre de 2023, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e11, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00d3scar Boh\u00f3rquez Mill\u00e1n contra la Superintendencia de Sociedades \u2013 Coordinaci\u00f3n Grupo de Peque\u00f1as Intervenciones Judiciales; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los dem\u00e1s involucrados en el proceso de intervenci\u00f3n, bajo la medida de toma de posesi\u00f3n de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de la sociedad Organizaci\u00f3n Newbet International S.A.S. (rad. n\u00b0 98847). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando en su propio nombre, el accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, debido proceso y trabajo, presuntamente vulneradas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
El querellante empez\u00f3 por indicar que \u00abla Superintendencia de Sociedades: orden\u00f3 la Intervenci\u00f3n bajo la medida de toma de posesi\u00f3n de los bienes y haberes de la sociedad Organizaci\u00f3n Newbet International S.A.S. y otros, con expediente 98847, por captaci\u00f3n ilegal de dineros, [siendo] nombrado como Agente Interventor del cual tom[\u00f3] posesi\u00f3n mediante acta del 20 de septiembre de 2021\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, dice el actor que dentro de la labor encargada emiti\u00f3 la providencia de reconocimiento de afectados, sin que contra la misma se interpusiera recurso alguno, \u00abpor lo que no hubo nada por resolver\u00bb; no obstante, mediante auto fue requerido para que \u00abaportara constancia del \u201ctr\u00e1mite a los recursos que se hubieran podido presentar\u00bb, por lo que inform\u00f3 que \u00abno existi\u00f3 recurso (\u2026) y expli[c\u00f3] todo lo pertinente, quedando as\u00ed subsanada cualquier inquietud\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, arguye que m\u00e1s adelante se dio apertura de incidente de remoci\u00f3n en su contra -como auxiliar de la justicia- por \u00abincumplimiento reiterado de las \u00f3rdenes del juez, [as\u00ed como por] la omisi\u00f3n de sus deberes como agente interventor al no haber culminado la etapa de reconocimiento de afectados\u00bb. <\/p>\n
Enterado personalmente de dicha actuaci\u00f3n, aduce que \u00abformul[\u00f3] recurso de reposici\u00f3n y nulidad (\u2026) manifestando entre otros que ya estaba superado el requerimiento, que las demoras presentadas no dependieron de [su] gesti\u00f3n y que no hubo notificaci\u00f3n personal de los \u201crequerimientos\u201d hechos por el despacho\u00bb; pero los mismos fueron desestimados al tratarse de \u00abasuntos que deb\u00edan resolverse dentro del tr\u00e1mite incidental\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, precisa que en el desarrollo de la audiencia correspondiente, se \u00abprocedi\u00f3 con la lectura de los antecedentes, las consideraciones y luego la decisi\u00f3n final de exclusi\u00f3n y remoci\u00f3n y nombramiento de nuevo Agente Interventor, [desconociendo que] al tratarse de una decisi\u00f3n ll\u00e1mese auto o sentencia la juez no hizo Control de Legalidad previo (\u2026), ni abri\u00f3 espacio para Alegatos de Conclusi\u00f3n\u00bb y tampoco concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n all\u00ed formulada, pasando por alto que \u00abel proceso de Intervenci\u00f3n por captaci\u00f3n ilegal de dineros es una situaci\u00f3n ajena al Auxiliar de Justicia, quien aparece en dicho proceso como colaborador de la justicia\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, recrimina que no se accedi\u00f3 a la solicitud de aclaraci\u00f3n que present\u00f3 y, en cuanto a la nulidad y el remedio horizontal interpuestos, indica que los mismos fueron negados por la funcionaria querellada, quien incurri\u00f3 en presuntas v\u00edas de hecho, toda vez que determin\u00f3 que \u00ablas partes de manera impl\u00edcita era la juez contra el Auxiliar de Justicia, hecho que de entrada permite dar claridad que ese procedimiento no encajaba y que deb\u00eda ser tramitado por otra persona diferente (\u2026); en la solicitud de nulidades contra la decisi\u00f3n del incidente no respondi\u00f3 todas las nulidades planteadas (\u2026); la juez decret\u00f3 un receso de cuatro (4) d\u00edas, cuando lo correcto era suspender y tramitar por escrito dentro de los 10 d\u00edas siguientes la decisi\u00f3n; (\u2026) la juez manifest\u00f3 sobre el incidente como tal (art\u00edculo 8\u00ba ley 1116 de 2006) pero omite y No dijo nada en particular del inexistente Incidente de \u201cremoci\u00f3n\u201d (\u2026); no manifest\u00f3 nada sobre lo indicado por el C\u00f3digo General Disciplinario Libro III T\u00edtulo I R\u00e9gimen de los particulares en el Art\u00edculo 70 y las competencias del juez. (\u2026); omite y No manifest\u00f3 nada sobre la proporcionalidad y racionalidad, dado que abri\u00f3 un incidente de Remoci\u00f3n y en la decisi\u00f3n de este, le agreg\u00f3 la Exclusi\u00f3n (\u2026); cit\u00f3 el Decreto \u00danico reglamentario 1074 de 2015 art\u00edculo 2.2.2.9.3.1 y por Ning\u00fan lado hace referencia a \u201cincidente de remoci\u00f3n\u201d aplicable a los auxiliares de justicia [y adem\u00e1s] omite pronunciarse sobre lo que indica art\u00edculo 2.2.2.11.6.1 par\u00e1grafo 2 que dice que: \u201cLa superintendencia de Sociedades tramitar\u00e1 la exclusi\u00f3n por v\u00eda administrativa, cuando medie una orden judicial previa o cuando la causal de exclusi\u00f3n no requiera de una orden judicial para su configuraci\u00f3n\u201d. En conclusi\u00f3n, la juez no tuvo en cuenta o transgredi\u00f3 la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia (\u2026); el C\u00f3digo General del Proceso (\u2026); el Decreto 1074 de 2015 par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 2.2.2.11.6.1; la Ley 1952 de 2019 C\u00f3digo General Disciplinario Libro III T\u00edtulo I R\u00e9gimen de los particulares en el Art\u00edculo 70\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que se reconozcan las v\u00edas de hecho denunciadas. <\/p>\n
La Coordinadora del Grupo de Peque\u00f1as Intervenciones Judiciales compareci\u00f3 al tr\u00e1mite oponi\u00e9ndose a la prosperidad del petitum, en tanto que, \u00ablas decisiones adoptadas en la audiencia celebrada los d\u00edas 14 y 18 de julio de 2023, (\u2026) se emitieron con observancia en las normas que rigen el proceso de intervenci\u00f3n. Particularmente, lo dispuesto en el Decreto 4334 de 2008, DUR 1074 de 205, Ley 1116 de 2006, y el C\u00f3digo General del Proceso. As\u00ed como, con fundamento en las pruebas regular y oportunamente aportadas al proceso\u00bb y que, contrario a lo reprochado por el convocante, \u00abbajo las competencias que le fueron conferidas; abri\u00f3 y tramit\u00f3 un incidente de remoci\u00f3n bajo las normas procesales que correspond\u00edan y, siguiendo dicho procedimiento, adopt\u00f3 una decisi\u00f3n fundamentada\u00bb, encontr\u00e1ndose igualmente facultada para disponer no s\u00f3lo la remoci\u00f3n, sino la consecuente exclusi\u00f3n. <\/p>\n
Asimismo, en cuanto a las presuntas omisiones al resolver las nulidades formuladas, destac\u00f3 que \u00abconforme consta en Acta 2023-01-592062 de 21 de julio de 2023, si bien, tales determinaciones fueron notificadas en estrados, el Se\u00f1or Boh\u00f3rquez no formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n contra dicha providencia (\u2026). Por lo que, se evidencia la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela\u00bb y que, \u00abde acuerdo con el art\u00edculo 3 del Decreto 4334 de 2008, las providencias que se profieran en desarrollo de este proceso, tienen efectos de cosa juzgada erga omnes, en \u00fanica instancia y con car\u00e1cter jurisdiccional. As\u00ed, contra las decisiones que emita la Superintendencia de Sociedades como juez en el marco del proceso de intervenci\u00f3n solo procede el recurso de reposici\u00f3n\u00bb, sin que con ello se transgredan los derechos fundamentales del actor. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, dijo que, \u00abfrente a la presunta vulneraci\u00f3n del derecho al trabajo (\u2026) lo cierto es que, se aplicaron las consecuencias jur\u00eddicas que expresamente estableci\u00f3 el ordenamiento jur\u00eddico frente a ese actuar negligente\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo deneg\u00f3 el amparo al concluir que \u00abla decisi\u00f3n censurada no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, pues no se detecta un yerro superlativo que lo amerite\u00bb y reiter\u00f3 lo dicho por la Corte Constitucional, al establecer que \u00abla acci\u00f3n constitucional: \u201cno puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluaci\u00f3n probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto (\u2026)\u201d\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el actor insistiendo en los argumentos expuestos en el escrito inicial y aleg\u00f3 que el a-quo no estudi\u00f3 de fondo el asunto, pues \u00abn[o] se analizaron uno a uno los errores de hecho y derecho del juez de la Intervenci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3 tambi\u00e9n que \u00abno se discute que la norma de los procesos de intervenci\u00f3n sea el Decreto 4334 de 2008 y que el art\u00edculo 15 remita en lo no previsto al Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero para la toma de posesi\u00f3n y al R\u00e9gimen de insolvencia empresarial. La norma usada por la juez de la intervenci\u00f3n que por remisi\u00f3n hizo, fue el inciso 1 del art\u00edculo 8 de la ley 1116 de 2006 respecto que las cuestiones accesorias se resolver\u00e1n siguiendo el art\u00edculo 127 del C.GP y subsiguientes mediante incidente. Lo que he alegado es que la Exclusi\u00f3n y remoci\u00f3n del Auxiliar de Justicia no es una cuesti\u00f3n accesoria al tr\u00e1mite de la Intervenci\u00f3n en s\u00ed mismo\u00bb y que \u00absiempre h[a] pedido es que el proceso que pod\u00eda aplicarse en [su] caso era el de la v\u00eda administrativa con todas las garant\u00edas de defensa y con juez diferente, pues el incidente podr\u00eda aplicase solo para multar[lo] si eso era lo que hubiera pretendido\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, reliev\u00f3 que el supuesto incumplimiento que se le endilga \u00abno es cierto, porque (\u2026) aparte de [que el proceso encargado es] muy precario y sin dineros aprehendidos para devolver, tampoco es cierto que hubiese recursos de reposici\u00f3n por resolver contra la providencia de reconocimiento de afectados (\u2026), ni tampoco hay norma que disponga que los recursos que se resolvieren deban ser publicados en prensa\u00bb y dijo que err\u00f3 la autoridad convocada al considerarlo parte, al negar la apelaci\u00f3n formulada y al \u00abpublicitar (sic) los traslados de la apertura del incidente (\u2026) dentro del expediente principal\u00bb, a\u00f1adiendo que no era competente para adelantar el incidente y que lo decidido se sustenta en las modificaciones que estableci\u00f3 el Decreto 1167 de 2023, cuando \u00abla apertura del mal llamado \u201cincidente de remoci\u00f3n\u201d se dio el 6 de diciembre de 2022\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, record\u00f3 que \u00abla designaci\u00f3n del nuevo agente interventor (\u2026) no fue estudiado de fondo, [aun cuando] pretend\u00eda establecer que desde antes de la audiencia (\u2026) en el proceso ya estaba asignado otro agente interventor [constituyendo] prejuzgamiento\u00bb y que, contrario a la extemporaneidad de los recursos presentados el 25 de julio de 2023, \u00abh[a] interpuesto todos los recursos y [se ha] defendido, pero siempre todo ha sido negado\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad convocada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el tr\u00e1mite incidental de remoci\u00f3n y consecuente exclusi\u00f3n de la lista de auxiliares de la justicia de la Superintendencia de Sociedades, que se promovi\u00f3 en contra del libelista, quien actuaba como agente interventor dentro del proceso de intervenci\u00f3n, bajo la medida de toma de posesi\u00f3n de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de la Organizaci\u00f3n Newbet International S.A.S. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos generales de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de la Corte, mediante la cual la Coordinadora del Grupo de Peque\u00f1as Intervenciones Judiciales de la Superintendencia de Sociedades resolvi\u00f3, entre otros, \u00abTener por no cumplidas las \u00f3rdenes impartidas por el Despacho y de sus deberes por parte del auxiliar de la justicia [y, en consecuencia], Remover del cargo de interventor dentro del proceso, a Oscar Boh\u00f3rquez Mill\u00e1n (\u2026) por la configuraci\u00f3n de lo dispuesto en el numeral 1 y 5 del art\u00edculo 2.2.2.11.4.1 del Decreto 1074 de 2015; el inciso tercero del art\u00edculo 2.2.2.11.1.6. del DUR 1074 de 2015, las causales se\u00f1aladas en el numeral 2 y 4 del art\u00edculo 2.2.2.11.6.1; as\u00ed como, las del numeral 1, 2, y 3 del art\u00edculo 45 de la Resoluci\u00f3n \u00danica de Auxiliares de la Justicia 100-006746 (2020-01-605360) de 20 de noviembre de 2020, [e igualmente, excluirlo] de la lista de auxiliares de la Justicia\u00bb; no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. En efecto, preliminarmente, la funcionaria endilgada recapitul\u00f3 que al designar como agente interventor a \u00d3scar Boh\u00f3rquez Mill\u00e1n \u2013 aqu\u00ed accionante-, mediante auto de 17 de septiembre de 2021, le advirti\u00f3 que al tomar posesi\u00f3n del cargo no s\u00f3lo se comprometi\u00f3 a cumplir la gesti\u00f3n que le fue encomendada, seg\u00fan las obligaciones y funciones se\u00f1aladas en el Decreto 4334 de 2008, y en especial las impartidas en el auto de apertura, sino que se adhiri\u00f3 de manera expresa a lo dispuesto en el Manual de \u00c9tica de esa entidad. <\/p>\n
A partir de lo anterior, arguy\u00f3 la juzgadora que, a trav\u00e9s de prove\u00eddo de 6 de diciembre de 2022, dispuso abrir incidente de remoci\u00f3n contra el referido auxiliar; decisi\u00f3n que le notific\u00f3 personalmente al citado, quien al descorrer traslado solicit\u00f3: \u00ab(i) Tener en cuenta el recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n interpuesto mediante memorial 2023-01-023730 de 17 de enero de 2023, y (ii) Declarar la nulidad de la apertura del incidente, por la falta de notificaci\u00f3n de los requerimientos, por falta de tr\u00e1mite al recurso interpuesto, en concordancia con el art\u00edculo 80 del Decreto 430 de 2016, y por la falta de manifestar en el auto de apertura los recursos procedentes\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, n\u00f3tese que tras rechazar de plano las nulidades formuladas, indic\u00f3 que lo alegado era asunto para resolver \u00abdentro del tr\u00e1mite incidental propiamente dicho\u00bb, por lo que, a continuaci\u00f3n, decret\u00f3 pruebas y cit\u00f3 a audiencia. <\/p>\n
Definido lo anterior, despu\u00e9s de hacer un recuento del marco normativo pertinente, puntualiz\u00f3 frente al caso sub-examine, que \u00abconsta en Acta 2021-06-004663 de 20 de septiembre de 2021 que, al momento de su posesi\u00f3n como agente interventor, el se\u00f1or Oscar Boh\u00f3rquez Mill\u00e1n se adhiri\u00f3 de manera expresa a lo dispuesto en el manual de \u00e9tica de esta entidad, y se comprometi\u00f3 a cumplir con la gesti\u00f3n encomendada, cumpliendo con las obligaciones y funciones se\u00f1aladas en el Decreto 4334 de 2008. Sumado a ello, afirm\u00f3 que dar\u00eda estricto cumplimiento a las \u00f3rdenes impartidas por el Juez de la intervenci\u00f3n. As\u00ed las cosas, el auxiliar de la justicia era conocedor de que deb\u00eda realizar sus gestiones con diligencia, conforme a las reglas del debido proceso y con eficacia y eficiencia para cumplir con los fines y objetivos de sus funciones y cumplir con las actuaciones procesales de manera oportuna\u00bb. <\/p>\n
Bajo ese entendido, la juez de la intervenci\u00f3n, pas\u00f3 a determinar que los argumentos de defensa del convocado se concretaban en alegar la existencia de un hecho superado frente a los requerimientos elevados; que no exist\u00eda incumplimiento, dilaciones injustificadas, ni omisiones a sus deberes, como quiera que no se hab\u00edan presentado recursos contra la decisi\u00f3n de reconocimiento de afectados; que no hab\u00eda faltado a su deber de \u00e9tica, en tanto ninguna de sus actuaciones estaba provista de mala fe; que hab\u00eda informado las gestiones pertinentes frente al \u00fanico bien inmueble involucrado; y que \u00abel proceso no contaba con recursos para el pago de gastos de administraci\u00f3n, o para proceder con la devoluci\u00f3n a los afectados, existiendo la mera incertidumbre frente a los inmuebles encontrados, por lo que, a su juicio, el proceso estaba llamado a terminarse por no existir dineros para devolver y, en consecuencia, tampoco exist\u00eda incumplimientos, ni dilaciones de su parte\u00bb. <\/p>\n
Acorde con ello, al referirse a la etapa de reconocimiento de afectados, la falladora subray\u00f3 que era de \u00abcompetencia exclusiva del auxiliar de la justicia, como lo prescribe el art\u00edculo 10 del Decreto 4334 de 2008\u00bb y por ende involucraba una serie de actividades, todas ellas bajo la exclusiva responsabilidad del agente interventor, junto con el acatamiento de los t\u00e9rminos all\u00ed previstos, pues \u00abni el juez de la intervenci\u00f3n ni las partes, incluyendo al auxiliar de la justicia, est\u00e1n en capacidad de modificar el sentido ni los contenidos de las oportunidades previstas en las normas de procedimiento del Decreto 4334 de 2008 ni de las dem\u00e1s normas complementarias\u00bb. <\/p>\n
No obstante, determin\u00f3 que aun cuando esa etapa, que le correspond\u00eda adelantar al convocado, debi\u00f3 culminar \u00aba m\u00e1s tardar el 31 de octubre de 2021, con la decisi\u00f3n donde se tramitaban los recursos presentados, o con aquella que dejara constancia de la firmeza de la decisi\u00f3n inicial. Lo que habr\u00eda dado paso a la ejecuci\u00f3n de las etapas siguientes, tendientes por su puesto, a la consecuci\u00f3n de las finalidades del proceso, (\u2026); [lo cierto es que], de acuerdo con la informaci\u00f3n que reposa en el expediente, no fue sino hasta el 24 de abril de 2023, esto es, un a\u00f1o y medio despu\u00e9s de la fecha que correspond\u00eda y con posterioridad a la apertura del incidente que nos ocupa, que el interventor publicar\u00eda la Decisi\u00f3n donde resolvi\u00f3\u0301 el recurso de reposici\u00f3n presentado frente al reconocimiento de afectados. Lo anterior, de acuerdo con lo informado por este \u00faltimo en memorial 2023-01-296327 de 24 de abril de 2023, donde indic\u00f3 que en dicha fecha publicar\u00eda la Decisi\u00f3n No. 2, en la Editorial la Rep\u00fablica, de lo que no obra prueba. Lo que deja en evidencia un actuar m\u00e1s que negligente frente a su deber de adelantar y culminar la etapa de reconocimiento de afectados en los t\u00e9rminos del Decreto 4334 de 2008\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, especific\u00f3 que ello deriv\u00f3 porque el aviso inicial -solo en atenci\u00f3n a otros requerimientos previos-, \u00abdebiendo publicarse el 22 de septiembre de 2021, finalmente se public\u00f3\u0301 el 26 de febrero de 2022 (5 meses despu\u00e9s), pese a tratarse de un tr\u00e1mite sin complejidad\u00bb; por su parte, la decisi\u00f3n inicial de reconocimiento de afectados -antecedida igualmente de insistentes requerimientos y explicaciones del tr\u00e1mite a seguir-, \u00fanicamente \u00abfue expedida el 22 de septiembre de 2022 y publicada hasta el 26 del mismo mes y a\u00f1o\u00bb; aunado a que, trat\u00e1ndose del tr\u00e1mite otorgado a los recursos presentados, el auxiliar se abstuvo de informar \u00absi la decisi\u00f3n inicial se encontraba en firme, o el tr\u00e1mite dado a los recursos que se hubieran podido presentar, incumpliendo nuevamente con sus deberes\u00bb, lo que implic\u00f3 un nuevo llamado, que al no ser atendido, dio lugar a la apertura del presente tr\u00e1mite incidental, pues la actuaci\u00f3n desplegada, \u00absin lugar a duda, condujo a m\u00e1s retrasos injustificados que han paralizado el proceso\u00bb y m\u00e1s cuando \u00abno fue sino hasta la apertura del incidente de remoci\u00f3n referido que el interventor emiti\u00f3\u0301 pronunciamiento frente a la instancia de los recursos presentados. Lo anterior, a trav\u00e9s de los memoriales 2022-01-926369 y 2022-01-925739 de 15 de diciembre de 2022, en los que present\u00f3 lo que denomin\u00f3 un \u201cINFORME\u201d\u00bb, justificado en que no se formularon recursos sino una mera solicitud proveniente del se\u00f1or Jonathan Osorio, quien solicitaba igualmente devoluci\u00f3n de dineros en el aludido proceso. <\/p>\n
Frente a ello, aclar\u00f3 la funcionaria encartada que: <\/p>\n
\u00abla ausencia de recursos implica que, durante la oportunidad respectiva no se present\u00f3\u0301 ninguna solicitud donde se requiriera la modificaci\u00f3n de la Decisi\u00f3n de reconocimiento de afectados. Caso en el cual, al interventor le correspond\u00eda proferir una providencia dejando constancia de dicho hecho. Lo anterior, a efectos de garantizar el debido proceso de las partes, e interesados, quienes solo de esa manera podr\u00edan tener certeza de que las decisiones adoptadas por el auxiliar de la justicia gozaban de firmeza, culminado con ello, esa primera etapa del proceso y permitiendo el avance del mismo. Cosa distinta es se\u00f1alar que, el recurso resulto\u0301 improcedente. Porque en este caso, se parte de la existencia de una solicitud, que exigi\u00f3\u0301 de un estudio y un an\u00e1lisis cuidadoso, para determinar tal improcedencia. Sobra se\u00f1alar que dicha conclusi\u00f3n solo pod\u00eda ser adoptada a trav\u00e9s de una providencia debidamente motivada, y comunicada a los interesados, a efectos de que estos pudieran ejercer las acciones legales que consideraran pertinentes\u00bb. <\/p>\n
Y si bien, en este caso, \u00abel Se\u00f1or Osorio no se\u00f1al\u00f3 en su solicitud que presentaba un recurso de reposici\u00f3n, lo cierto es que, lo requerido implicaba la toma de una decisi\u00f3n que en efecto podr\u00eda modificar el reconocimiento de los afectados del proceso, bien fuera, incluy\u00e9ndolo o no. (\u2026) En punto a la publicidad de dicha decisi\u00f3n, en efecto, el Decreto 4334 de 2008 no exige que la misma deba hacerse a trav\u00e9s de un aviso en un diario de amplia circulaci\u00f3n, no obstante, tal circunstancia no puede entenderse, como un eximente para que, dicha providencia pueda ser proferida sin su respectiva comunicaci\u00f3n. M\u00e1xime, cuando lo anterior, constituir\u00eda una violaci\u00f3n directa al derecho fundamental del debido proceso de los afectados y dem\u00e1s interesados en el mismo\u00bb, obligaci\u00f3n que defini\u00f3 estaba a cargo del auxiliar de la justicia convocado y sin que el inicio del incidente pueda entenderse como \u00abuna nueva oportunidad para que el auxiliar de la justicia enmiende sus faltas, presentando aquello que se le hab\u00eda requerido, sino para sancionar su actuar negligente\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, al encontrar que, a la fecha de la apertura del incidente, el interventor hab\u00eda incumplido con sus funciones, adem\u00e1s de resaltar otras imprecisiones frente a las actuaciones adelantadas para la presentaci\u00f3n del inventario valorado, concluy\u00f3 que era viable sancionarlo, a lo que adicion\u00f3 que \u00abno se present\u00f3 ninguna raz\u00f3n que justificara tal retraso. Contrario a ello, [se] advierte que, las decisiones que deb\u00eda adoptar el auxiliar de la justicia, no revest\u00edan ninguna complejidad. M\u00e1xime cuando solo se present\u00f3\u0301 un afectado al proceso, y durante el t\u00e9rmino para presentar recursos, recibi\u00f3\u0301 \u00fanicamente una solicitud. De all\u00ed que, no se justifique un retardo de m\u00e1s de 1 a\u00f1o y medio para proferir tal decisi\u00f3n. Esto, por supuesto, en caso de que efectivamente hubiese publicado lo que afirma ser la decisi\u00f3n No. 2, el 24 de abril de 2023\u00bb. <\/p>\n
Con todo, agreg\u00f3 que aun ante la ausencia de recursos econ\u00f3micos para el pago de los gastos de administraci\u00f3n, o bien, para la devoluci\u00f3n de dineros a los afectados que fueron reconocidos dentro del proceso -seg\u00fan lo aleg\u00f3 igualmente el auxiliar citado-, ello no imped\u00eda que, en atenci\u00f3n a los deberes que le asisten, desarrollara todas las etapas del procedimiento de intervenci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, reiter\u00f3 que \u00ablas providencias emitidas en el marco de este proceso, son notificadas en estados, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 295 del Estatuto Procesal\u00bb y no como pretende el convocado, a quien, en todo caso, se lo enter\u00f3 personalmente del auto que abri\u00f3 el tr\u00e1mite sancionatorio. <\/p>\n
De esta manera, al valorar la conducta procesal desplegada por el interventor cuestionado, defini\u00f3 la Superintendencia de Sociedades que aquel \u00abincumpli\u00f3\u0301 en reiteradas ocasiones con las \u00f3rdenes impartidas, desatendiendo los plazos y condiciones establecidas por el Juez\u00bb, soslayando su deber de actuar con la m\u00e1s alta diligencia y demostrando que no ten\u00eda conocimiento de la labor a su cargo, pues \u00abno actuaba si no era en virtud de un requerimiento, cuando sus funciones estaban claramente definidas, as\u00ed como los t\u00e9rminos en los que deb\u00eda desarrollarlas\u00bb, lo que a su vez, \u00abde conformidad con lo dispuesto en los art\u00edculos 2.2.2.11.1.6. y 2.2.2.11.6.1. del DUR 1074 de 2015, modificado por el Decreto 1167 de 2023, el incumplimiento de los deberes consagrados en el art\u00edculo 2.2.2.11.4.1 de la misma norma, as\u00ed como, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Manual de \u00c9tica, facultaba a la Superintendencia a excluir de la lista al auxiliar de la Justicia\u00bb. <\/p>\n
Inconforme, el interesado interpuso recurso de reposici\u00f3n con fundamento en similares motivos a los esbozados en este escenario constitucional, frente a los cuales la Superintendencia encartada decidi\u00f3 desestimarlos y confirmar lo decidido. <\/p>\n
Lo anterior, tras considerar -adem\u00e1s de mantener lo ya indicado- que \u00abel prop\u00f3sito de esta audiencia no era otro que resolver el incidente de remoci\u00f3n al que se dio apertura el pasado 6 de diciembre de 2022, por lo que, si lo que pretende el interventor es recurrir \u00e9sta \u00faltima providencia, resulta claro que esta no es la oportunidad para proponerlo, pues se trata de una decisi\u00f3n que se encuentra en firme y debidamente ejecutoriada. Sumado a (\u2026) dentro de los argumentos presentados en [al proponer reposici\u00f3n], en ning\u00fan momento se refiri\u00f3 a la presunta carencia de poderes del Juez para abrir este incidente (\u2026), sin perder de vista que s\u00ed se indicaron las facultades del juez para adoptar la decisi\u00f3n\u00bb, esencialmente, por la remisi\u00f3n que el Decreto 4334 de 2008 habilita a la Ley 1116 de 2008, al estatuto procesal, al Decreto Reglamentario 1074 de 2015 (modificado parcialmente por el Decreto 1167 de 2023) y al Manual de \u00c9tica y Conducta Profesional de los auxiliares de la Superintendencia, que le otorgan competencia tanto para designar a los auxiliares de la justicia que act\u00faan en esta clase de procesos, como para removerlos y excluirlos, cuando incumplen sus deberes y que, seg\u00fan el art\u00edculo 8 de la mencionada Ley 1116, al tratarse de una actuaci\u00f3n accesoria, se suscita a trav\u00e9s de tr\u00e1mite incidental, el que en este asunto -afirm\u00f3- se ha cumplido a cabalidad, al correr traslado, decretar pruebas y convocar a audiencia para su resoluci\u00f3n, precisando que el llamado ejerci\u00f3 su derecho de contradicci\u00f3n \u00abal presentar el memorial 2023-01-093736 de 21 de febrero de 2023 donde descorri\u00f3 el traslado en menci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, record\u00f3 que \u00abde acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo 3 del Decreto 4334 de 2008 las providencia que se profieren en curso del proceso de intervenci\u00f3n judicial, solo admiten el recurso de reposici\u00f3n, como quiera que, tienen efectos de cosa juzgada, en \u00fanica instancia\u00bb y que \u00abla aclaraci\u00f3n del Auxiliar, seg\u00fan la cual, este es el primer proceso de intervenci\u00f3n que recibe como interventor, y que lo acept\u00f3 por mero principio de colaboraci\u00f3n, pues se trata de un proceso precario, que no estaba en su ciudad, y que no se acompasaba a su categor\u00eda. Es preciso advertir que esto de ninguna manera puede constituirse en excusa para incumplir con las obligaciones que le fueron encomendadas. M\u00e1xime cuando con su posesi\u00f3n no solo se adhiri\u00f3 de manera expresa a lo dispuesto en el manual de \u00e9tica de esta entidad, y se comprometi\u00f3 a cumplir con la gesti\u00f3n encomendada, cumpliendo con las obligaciones y funciones se\u00f1aladas en el Decreto 4334 de 2008, sino que, adicional afirm\u00f3 que dar\u00eda estricto cumplimiento a las \u00f3rdenes impartidas por el Juez de la intervenci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3.2. Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del gestor no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquel frente a la autoridad cuestionada, en tanto esa disposici\u00f3n fue contraria a sus expectativas. <\/p>\n
Por ello cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la determinaci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub-lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, rad. 02137-00). <\/p>\n
Con todo, en un asunto de similares contornos a este, esta Corporaci\u00f3n estim\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en rigor, lo expuesto es el desacuerdo con el an\u00e1lisis normativo y probatorio que efectu\u00f3 la Superintendencia de Sociedades para arribar a la citada decisi\u00f3n, por virtud del cual constat\u00f3 como las varias omisiones del liquidador en atender sus requerimientos o la respuesta tard\u00eda o defectuosa a los mismos, aunado al descuido de \u00e9ste en la custodia y cuidado de los bienes de la sociedad en liquidaci\u00f3n, afectaron la normalizaci\u00f3n del pasivo pensional, demoraron el tr\u00e1mite del proceso y repercutieron directamente en la considerable desmejora de la prenda general de garant\u00eda de los acreedores, actuar que no solo no era predicable de un hombre de negocios, como le era exigido por la ley al colaborador de la justicia, sino que encuadraba en varias conductas sancionables con la remoci\u00f3n del cargo y la exclusi\u00f3n de la lista de auxiliares de la justicia, establecidas en el Manual de \u00c9tica y en la ley, lo que justific\u00f3 tomar la decisi\u00f3n cuestionada, siendo esos los motivos que en esencia justificaron desde un inicio el tr\u00e1mite incidental, lo que descarta incongruencia en lo definido. Entonces, tales deducciones no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias (\u2026)\u00bb (CSJ STC13327-2022, 5 oct.). <\/p>\n
3.3. De otra parte, en lo atinente a los dem\u00e1s embates formulados por el gestor -dirigidos a cuestionar las decisiones alusivas a desatender las nulidades por \u00e9l propuestas, as\u00ed como la improcedencia del remedio vertical formulado-, cabe decir que estos aspectos -debido a lo reiterativo de sus argumentos propuestos en esta sede y al interior del asunto objeto de queja- quedaron inmersos en la providencia que acaba de verse y, en todo caso, tales reproches desconocen el presupuesto de subsidiariedad, toda vez que enterado del prove\u00eddo que neg\u00f3 la nulidad, el gestor \u00fanicamente deprec\u00f3 su aclaraci\u00f3n, desperdiciando el recurso ordinario a su alcance -reposici\u00f3n- y, en cuanto a la insistencia de la viabilidad de la apelaci\u00f3n formulada, el recurso de queja interpuesto, result\u00f3 extempor\u00e1neo, seg\u00fan lo decidido en el auto de 14 de agosto de 2023, que tampoco fue objeto de reproche. <\/p>\n
As\u00ed, adem\u00e1s de devenir infructuosos esos reparos, estas \u00faltimas controversias desatienden el presupuesto de subsidiariedad de la acci\u00f3n, en la modalidad de incuria. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Autoridad a la que fue remitido el asunto por competencia, por parte del Juzgado D\u00e9cimo Administrativo de Bucaramanga, a quien inicialmente correspondi\u00f3 por reparto. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC12012-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2023-02088-01 (Aprobado en Sala de veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 21 de septiembre de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-77031","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77031","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77031"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77031\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77031"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77031"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77031"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}