STC12013-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12013-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 76111-22-13-000-2023-00124-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 15 de septiembre de 2023, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Norha Elena Dom\u00ednguez Garc\u00eda contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Palmira. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su garant\u00eda esencial de debido proceso, supuestamente vulnerada por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
2.1. En el curso del ejecutivo con garant\u00eda real que Norha Elena Dom\u00ednguez Garc\u00eda inici\u00f3 contra Eduardo Rodr\u00edguez Rojas (q.e.p.d.)1 y Mar\u00eda Eugenia \u00c1lvarez P\u00e9rez (rad. n.\u00ba 2004-00071), el Juzgado Primero Civil del Circuito de Palmira adelant\u00f3 la diligencia de remate el 21 de marzo de 2023, en la que la gestora hizo postulaci\u00f3n por el valor de su cr\u00e9dito ($248.128.912,31), en virtud de lo cual se le adjudic\u00f3 el inmueble con folio de matr\u00edcula n.\u00ba 378-66462, cuyo aval\u00fao era de $151.882.500. De igual forma, se calcul\u00f3 el impuesto del 5% en $12.406.445,61.2 <\/p>\n
2.2. Sin embargo, como \u00abel despacho no dio claridad a los intervinientes dentro de la audiencia\u00bb, no present\u00f3 recursos de forma tempestiva contra la citada determinaci\u00f3n3, pese a encontrarse inconforme con el valor de la adjudicaci\u00f3n y el impuesto, en tanto la autoridad \u00abdebi\u00f3 calcular (\u2026) $151.882.500 como valor para adjudicar el bien, contribuci\u00f3n que arroja la cantidad de $7.594.125 como impuesto final de remate a pagar y no haberse liquidado dicho impuesto en la cifra de $248.128.912 como cifra quien postulo por su cr\u00e9dito y erradamente como cifra con la que se adjudic\u00f3 el bien, para pagar una contribuci\u00f3n de $12.406.445\u00bb. <\/p>\n
2.3. Por lo anterior, se\u00f1al\u00f3 que se incurri\u00f3 en un yerro en la almoneda, en la medida en que el art\u00edculo 468-5 del C\u00f3digo General del Proceso establece que \u00abel acreedor con hipoteca de primer grado, podr\u00e1 hacer postura con base en la liquidaci\u00f3n de su cr\u00e9dito\u00bb y su inciso 2.\u00ba precisa que \u00absi el precio del bien fuere inferior al valor del cr\u00e9dito y las costas, se adjudicar\u00e1 el bien por dicha suma (\u2026)\u00bb, preceptos que habr\u00eda desconocido el cognoscente, al insistir en que la interpretaci\u00f3n que debe darse es que si el valor del bien es inferior al del cr\u00e9dito y se hace postura por cuenta de este \u00faltimo, la adjudicaci\u00f3n se tendr\u00e1 con ese monto. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El Juzgado Primero Civil del Circuito de Palmira expuso que \u00abla accionante a trav\u00e9s de su gestor judicial ha insistido en que durante la diligencia no se determin\u00f3 el monto del impuesto y que adem\u00e1s se tuvo como valor final del remate, el monto del cr\u00e9dito, cuando lo que deb\u00eda tenerse presente para el mencionado calculo, era el aval\u00fao del inmueble rematado.Respecto del primer punto, es evidente que ese valor del 5% correspondiente al impuesto de remata, es un imperativo legal y de p\u00fablico conocimiento, m\u00e1ximo cuando en este caso, la demandante se encuentra representada por abogado titulado, quienes asistieron conjuntamente a la diligencia, y cuando se les pregunto si estaban dispuestos al pago del impuesto correspondiente, asintieron, y ahora, pretenden una disminuci\u00f3n del monto que por ley se exige, bajo un errado argumento de interpretaci\u00f3n normativa\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n anot\u00f3 que \u00abeste juzgado ha sido garantista por dem\u00e1s, al punto que, al contestar los recursos y pronunciamientos de la parte actora, ha mantenido vigente la oportunidad para el pago del impuesto, en aras de evitar aplicar las sanciones del inciso final del art. 453 del CGP, explic\u00e1ndole auto 518 de agosto 25 hoga\u00f1o, que el valor del impuesto de remate, no lo decide el juez muto propio, sino que es una disposici\u00f3n legal, que conforme al art\u00edculo 12 de la ley 1743 de 2014 corresponde al \u201c\u2026cinco por ciento (5%) sobre el valor final del remate\u201d adicionando que; si el valor del cr\u00e9dito es inferior al del bien, el adjudicatario deber\u00e1 consignar el excedente, por cuanto el demandado no est\u00e1 obligado a pagar sino lo que debe y que si al contrario, el valor del bien es inferior al cr\u00e9dito y se hace postura por cuenta del cr\u00e9dito, ese valor del cr\u00e9dito ser\u00e1 el de la adjudicaci\u00f3n, sin que signifique que el valor final del remate corresponda al del aval\u00fao del inmueble, como erradamente lo entiende la accionante y su apoderado\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo concedi\u00f3 el amparo, porque \u00abpese a que la postulante formul\u00f3 los recursos de ley contra la decisi\u00f3n acusada de manera extempor\u00e1nea, ello no impide el examen de fondo de la acci\u00f3n superlativa, habida cuenta que es evidente que la actuaci\u00f3n de la Juez criticada es abiertamente desproporcionada a los l\u00edmites hermen\u00e9uticos de la legislaci\u00f3n procesal que aplic\u00f3 en el caso y, por consiguiente, se configur\u00f3 un defecto sustantivo\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto \u00abla gestora en la audiencia de remate del bien inmueble avaluado en la suma de $151.882.500, manifest\u00f3 al Juzgado denunciado que hac\u00eda postura por cuenta de su cr\u00e9dito que asciende a la cantidad de $248.128.912 -de acuerdo al auto del 14\/02\/2023-. La autoridad judicial por medio del prove\u00eddo censurado le adjudic\u00f3 a esta el bien objeto de almoneda por el \u00faltimo valor y, le impuso que consignara el impuesto correspondiente sobre dicho monto, esto es, el importe de $12.406.445,61, relativo al 5% sobre la cifra del bien que le fue adjudicado\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, reliev\u00f3 que \u00abla providencia aludida incurre en un defecto sustantivo, dado que a partir de la errada interpretaci\u00f3n que la Juez de primer nivel hizo del art\u00edculo 468.5 ut supra, adjudic\u00f3 el bien inmueble sobre el valor de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, cuando la objetiva comprensi\u00f3n que emana de la norma, es que la adjudicaci\u00f3n ser\u00e1 por el monto del aval\u00fao del inmueble objeto de remate. Precisamente, en su sentido literal, consagra: \u201cEl acreedor con hipoteca de primer grado, podr\u00e1 hacer postura con base en la liquidaci\u00f3n de su cr\u00e9dito (\u2026) Si el precio del bien fuere inferior al valor del cr\u00e9dito y las costas, se adjudicar\u00e1 el bien por dicha suma (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En tal virtud, orden\u00f3 \u00abal Juzgado Primero Civil del Circuito de Palmira (V) que, dentro de las 48 horas siguiente a la notificaci\u00f3n de esta providencia, proceda a dejar sin efectos la providencia del 21\/03\/2023, en relaci\u00f3n a la adjudicaci\u00f3n del bien inmueble a favor de la actora por el valor de su cr\u00e9dito dentro del proceso ejecutivo hipotecario mencionado y las dem\u00e1s decisiones que se deriven de esta actuaci\u00f3n y en su lugar emita una nueva conforme a la parte considerativa de esta providencia\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La titular del estrado encartado recurri\u00f3 la precitada providencia, porque \u00abla diligencia de remate, que nos ocupa, se da dentro de un proceso ejecutivo hipotecario que data del a\u00f1o 2004, donde el valor del cr\u00e9dito permit\u00eda entender que las obligaciones adeudadas superaban el valor de la base de la licitaci\u00f3n, y donde el aval\u00fao del bien se estableci\u00f3 en la suma de $151.882.500 y la ejecutante, hizo postura por cuenta del cr\u00e9dito, bajo expresi\u00f3n de: \u201cMi postulaci\u00f3n es por el valor de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito a corte de 30 de abril de 2022, aprobada por auto interlocutorio 090 del 14 de febrero de 2023, por un valor de $248.128.912\u201d. As\u00ed entonces si conforme el art\u00edculo 453 del C.G.P., deb\u00eda pagarse el impuesto de remate, y bajo el tenor del art\u00edculo 12 de la ley 1743 de 2014, que establece: \u201cImpuesto de remate. En adelante, el art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 11 de 1987 quedar\u00e1 as\u00ed: \u201cArt\u00edculo 7\u00b0. Los adquirentes en remates de bienes muebles e inmuebles que se realicen por el Martillo, los Juzgados Civiles, los Juzgados Laborales y dem\u00e1s entidades de los \u00f3rdenes nacional, departamental y municipal, pagar\u00e1n un impuesto del cinco por ciento (5%) sobre el valor final del remate, con destino al Fondo para la Modernizaci\u00f3n, Descongesti\u00f3n y Bienestar de la Administraci\u00f3n de Justicia. Sin el lleno de este requisito no se dar\u00e1 aprobaci\u00f3n a la diligencia respectiva.\u201d, el despacho a mi cargo obr\u00f3 conforme a derecho\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Circunscrita la Corte a la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 la funcionaria querellada contra la sentencia de primer grado, corresponde establecer si en el ejecutivo de la referencia (rad. n.\u00ba 2004-00071) se incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en la diligencia del remate, por adjudicar el inmueble en disputa por el valor total del cr\u00e9dito de la postulante-demandante. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
2.1. De acuerdo con los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, pues, en aras de mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional no le es dado inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
No obstante, en los precisos casos en los cuales los funcionarios respectivos incurran en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
2.2. Si bien los falladores ordinarios tienen libertad discrecional y razonable para interpretar y aplicar el ordenamiento jur\u00eddico, los jueces constitucionales pueden intervenir en esa funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u00ab[e]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada en STC4269-2015, 16 abr.). <\/p>\n
As\u00ed mismo, se presenta v\u00eda de hecho cuando se omite por cuenta del fallador en su providencia, ahondar y resolver sobre aspectos esenciales de la controversia suscitada, circunstancia que representa una falta de motivaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Sobre el defecto sustantivo, se ha dicho que se configura, entre otros supuestos, cuando deja de aplicarse una norma que gobierna el tema o se hace en un sentido manifiestamente contrario a su contenido; al respecto, la Corte Constitucional ha explicado que se incurre en ese error cuando: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) (i) la decisi\u00f3n cuestionada se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable al caso concreto, por ejemplo, ora porque la norma empleada no se ajusta al caso, no se encuentra vigente por haber sido derogada, o ha sido declarada inconstitucional; (ii) a pesar del amplio margen interpretativo que la Constituci\u00f3n le reconoce a las autoridades judiciales, la interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n que se hace de la norma en el caso concreto, desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance; (iii) cuando se fija el alcance de una norma desatendiendo otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica; (iv) cuando la norma pertinente es inobservada y, por ende, inaplicada; o finalmente, (v) en el evento en que, no obstante la norma en cuesti\u00f3n est\u00e1 vigente y es constitucional, no se adec\u00faa a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica a la cual se aplic\u00f3, porque a \u00e9sta, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente se\u00f1alados por el legislador\u00bb (CC T-781\/11) <\/p>\n
As\u00ed mismo, se ha precisado sobre dicho error que se configura, adem\u00e1s de los supuestos indicados en el precitado precedente, tambi\u00e9n cuando la aplicaci\u00f3n de la norma, que aun siendo la pertinente para el caso, se hace en un sentido manifiestamente contrario a su contenido. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Revisadas las diligencias, de acuerdo con la informaci\u00f3n obrante en el expediente y con observancia en los motivos de impugnaci\u00f3n de la funcionaria destinataria de la orden impartida en primer grado, precisa la Corte que habr\u00e1 de ratificarse la concesi\u00f3n que hizo la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en la medida en que, en la almoneda realizada en el ejecutivo auscultado, se incurri\u00f3 en defecto sustantivo. <\/p>\n
En efecto, a pesar de que la parte inconforme no formul\u00f3 recursos tempestivamente contra lo dispuesto en la citada audiencia, es necesario flexibilizar el presupuesto de subsidiariedad, por cuanto la interpretaci\u00f3n que se dio a las normas que gobiernan el asunto es contraria a su literalidad y correcto entendimiento, por lo que resulta evidente la trasgresi\u00f3n iusfundamental. <\/p>\n
Ahora bien, n\u00f3tese que Norha Elena Dom\u00ednguez Garc\u00eda present\u00f3 postura por cuenta de su cr\u00e9dito, el cual ascend\u00eda a $248.128.912,31, y en el anotado remate se le adjudic\u00f3 el inmueble por dicho valor y sobre este \u00faltimo se calcul\u00f3 el impuesto del 5%, el cual se fij\u00f3 en $12.406.445,61. Lo anterior, pese a que el bien estaba avaluado en la suma de $151.882.500, y aun cuando el canon 468-5 del C\u00f3digo General del Proceso, en el que se fundament\u00f3 la decisi\u00f3n, establece que: <\/p>\n
\u00abEl acreedor con hipoteca de primer grado, podr\u00e1 hacer postura con base en la liquidaci\u00f3n de su cr\u00e9dito; si quien lo hace es un acreedor hipotecario de segundo grado, requerir\u00e1 la autorizaci\u00f3n de aquel y as\u00ed sucesivamente los dem\u00e1s acreedores hipotecarios. <\/p>\n
Si el precio del bien fuere inferior al valor del cr\u00e9dito y las costas, se adjudicar\u00e1 el bien por dicha suma; si fuere superior, el juez dispondr\u00e1 que el acreedor consigne a orden del juzgado la diferencia con la \u00faltima liquidaci\u00f3n aprobada del cr\u00e9dito, y de las costas si las hubiere, en el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas, caso en el cual aprobar\u00e1 el remate (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Es decir, contrario a lo expuesto por la autoridad recriminada, de la norma transcrita no podr\u00eda colegirse que el valor de la adjudicaci\u00f3n corresponde al del cr\u00e9dito con el que la interesada ofert\u00f3 en el remate, en su calidad de demandante, toda vez que esa intelecci\u00f3n contraviene la adecuada hermen\u00e9utica de ese postulado, con efectos desproporcionados en casos como el actual, en el que la ejecutante se hizo parte de la diligencia por cuenta de su acreencia ($248.128.912,31), la cual es superior al aval\u00fao del bien ($151.882.500). <\/p>\n
De este modo, la argumentaci\u00f3n de la falladora ri\u00f1e con lo preceptuado en la norma en cita, toda vez que, al ser el monto del aval\u00fao del inmueble inferior al valor liquidado de la obligaci\u00f3n, y haber adjudicado a la acreedora el bien subastado por el valor de lo adeudado, dando por extinguida la obligaci\u00f3n, pese a la posibilidad que tiene la acreedora de exigir posteriormente el saldo restante a su favor, se incurri\u00f3 en el defecto sustancial denunciado, m\u00e1s a\u00fan cuando ese yerro condujo a que se liquidara incorrectamente el valor a cancelar por concepto del impuesto de remate en menci\u00f3n. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme con ello, se ratificar\u00e1 el fallo de primer grado, por cuanto en el pronunciamiento revisado se incurri\u00f3 en la precitada causal excepcional de procedencia del amparo contra providencias judiciales. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cuyas sucesoras procesales Daniela y Melissa Rodr\u00edguez \u00c1lvarez fueron reconocidas a trav\u00e9s de prove\u00eddo de 14 de agosto de 2021 (archivo 13, cd. ppal.). <\/p>\n
2\u0002 De acuerdo con el acta de la audiencia (archivo 44, ib\u00eddem). <\/p>\n
3\u0002 Ya que radic\u00f3 recurso de reposici\u00f3n luego de conocer el acta, no en la diligencia, por lo que se declar\u00f3 extempor\u00e1neo con auto de 20 de junio de 2023. De igual forma se tuvo por improcedente el de queja, en decisi\u00f3n de 25 de agosto siguiente. <\/p>\n
<\/p>\n
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