STC12014-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12014-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-01393-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 20 de septiembre de 20231, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Bladimir Mateus Almendrales contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Empresa Colombiana de Petr\u00f3leos -Ecopetrol S.A.-; tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las Salas Laborales de los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales de Bucaramanga y Bogot\u00e1; los Juzgados Dieciocho y Primero Laborales del Circuito de esta ciudad y de Barrancabermeja; la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, Jos\u00e9 Ricardo Roa L\u00f3pez, Sa\u00fal Calder\u00f3n Calder\u00f3n, Antonio Manuel Dur\u00e1n, Nelson Hurtado S\u00e1nchez, Alberto Mej\u00eda Lengua, as\u00ed como las dem\u00e1s partes e intervinientes en los asuntos nrs.\u00ba 2018-00044 y 2022-00161. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00abde petici\u00f3n, a la asociaci\u00f3n sindical, a la negociaci\u00f3n colectiva, a la seguridad social (\u2026) principio de favorabilidad, y aplicaci\u00f3n del precedente constitucional\u00bb, presuntamente vulnerados por las encartadas. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
2.1. Bladimir Mateus Almendrales y otros promovieron ordinario laboral contra Ecopetrol S.A., en procura del reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n extralegal \u00abconforme al art\u00edculo 109 (hoy 106) de la Convenci\u00f3n Colectiva suscrita entre la Uni\u00f3n Sindical Obrera y la Empresa\u00bb2 (rad. n.\u00b0 2018-00044); cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, quien absolvi\u00f3 a la sociedad enjuiciada. <\/p>\n
Posteriormente, en virtud de la alzada propuesta, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta ciudad confirm\u00f3 lo fallado por el a quo, en tanto advirti\u00f3 que \u00ablos demandantes, al 29 de julio de 2005, data de entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005, no ten\u00edan ning\u00fan derecho adquirido, pues para ese entonces, aunque algunos contaban con la edad de 50 a\u00f1os, no acontec\u00eda lo mismo con el tiempo de servicios\u00bb. <\/p>\n
Inconformes, los all\u00ed querellantes recurrieron en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral mantuvo inc\u00f3lume lo dispuesto por el ad quem, pues evidenci\u00f3 que \u00ablos demandantes no ten\u00edan un derecho adquirido, pues no cumplieron los requisitos contemplados en la convenci\u00f3n colectiva de trabajo durante su vigencia\u00bb. <\/p>\n
2.2. Ecopetrol S.A. \u00abinstaur\u00f3 demanda especial de fuero sindical-acci\u00f3n de levantamiento\u00bb contra Bladimir Mateus Almedrales en calidad de \u00abSecretario General de la Junta Directiva del (\u2026) SINDICATO DE LA INDUSTRIA DEL PETROLEO\u00bb, argumentando la configuraci\u00f3n de una \u00abjusta causa para resolver el contrato de trabajo, esto es, reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez\u00bb (rad. n.\u00b0 2022-00161). <\/p>\n
El proceso fue estudiado por el estrado Primero Laboral del Circuito de Barrancabermeja quien declar\u00f3 \u00abla existencia del contrato de trabajo entre los contendientes; (\u2026) probada la justa causa alegada y autoriz\u00f3 despedir del demandado\u00bb. <\/p>\n
Determinaci\u00f3n confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, pues observ\u00f3 que se acredit\u00f3 \u00abla causal de terminaci\u00f3n (\u2026) prevista en el par\u00e1grafo 3\u00ba del art. 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art. 9\u00ba de la Ley 797 de 2003, m\u00e1xime cuando, al demandado se le reconoci\u00f3 de pret\u00e9rito, pensi\u00f3n de vejez, y se supedit\u00f3 su inclusi\u00f3n en n\u00f3mina al retiro del servicio, con el agravante que, el trabajador no es destinatario de la prerrogativa contenida en el art. 1 de la Ley 1821 de 2016\u00bb3. <\/p>\n
2.3. El gestor acude a la presente salvaguarda censurando que la providencia SL1070-2023, 1 mar., desconoci\u00f3 el precedente de la Corte Constitucional, especialmente el contenido en \u00ablas Sentencias SU-267 de 2019 y SU-027 de 2021, y recientemente en la Sentencia SU-022 de 2023\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n anot\u00f3 que, el despido efectuado por Ecopetrol S.A. fue contrario a \u00ablas disposiciones contenidas en el numeral 14 del art\u00edculo 7 del Decreto 2351 de 1965\u00bb y a \u00ablo delimitado por la Corte Constitucional en sentencia C-1443 de 2000\u00bb, toda vez que se \u00abomiti\u00f3 consultar al trabajador si deseaba hacer uso de la posibilidad prevista en el art\u00edculo 33, par\u00e1grafo 3, de la Ley 100 de 1993\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende: (i) se deje sin efectos el fallo SL1070-2023, 1 mar., y, en consecuencia, se \u00abemita una nueva (\u2026) en la cual observe el precedente de la Corte Constitucional, en relaci\u00f3n con el principio de favorabilidad y su aplicaci\u00f3n para la interpretaci\u00f3n de convenciones colectivas\u00bb; y (ii) se declare la ineficacia de la terminaci\u00f3n del contrato. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la decisi\u00f3n confutada se remiti\u00f3 a las consideraciones expuestas en la misma (SL1070-2023, 1 mar.), y manifest\u00f3 que \u00abel sentido de las [resoluciones] judiciales por s\u00ed solas no implica una transgresi\u00f3n a los derechos fundamentales y, en ese orden, aunque se pueda disentir de las mismas, si lo prove\u00eddo se ajusta al ordenamiento jur\u00eddico, como efectivamente aqu\u00ed acontece, la acci\u00f3n de amparo no debe abrirse paso\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barrancabermeja indic\u00f3 que \u00ablas irregularidades que, manifiesta el accionante, (\u2026) y que pudieron incidir en la sentencia dictada (\u2026) son desconocidas por la suscrita, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que no fueron alegadas por la defensa\u00bb. <\/p>\n
3. El estrado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 realiz\u00f3 un recuento de lo sucedido en el juicio rad. 2018-00044. <\/p>\n
4. Colpensiones reliev\u00f3 que \u00abactualmente (\u2026) no tiene petici\u00f3n o tr\u00e1mite pendiente por resolver a favor del ciudadano\u00bb. <\/p>\n
5. Ecopetrol S.A. adujo que \u00aba ning\u00fan trabajador de [esa sociedad] se le aplica la disposici\u00f3n de edad de retiro forzoso en atenci\u00f3n a que legalmente no es posible la aplicaci\u00f3n de La ley 1821 de 2016 como quiera que no se desempe\u00f1a funci\u00f3n p\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
6. El P.A.R.I.S.S. indic\u00f3 que \u00aben la tutela de la referencia NO se hizo parte ni se vincul\u00f3 al extinto ISS, como tampoco a es[e] Patrimonio\u00bb. <\/p>\n
7. Leonardo Antonio Arias Mart\u00ednez y Liliana Trinidad Rojas N\u00fa\u00f1ez solicitaron su desvinculaci\u00f3n del presente asunto. <\/p>\n
8. \u00d3scar Jos\u00e9 Due\u00f1as Ruiz -quien fue el apoderado de los demandantes en sede extraordinaria-, resalt\u00f3 que \u00abel r\u00e9gimen de excepci\u00f3n, el sistema pensional no se rige por la ley 100 de 1993 sino por la normatividad anterior. Para el evento del r\u00e9gimen exceptuado, no vale la derogaci\u00f3n expresa del art\u00edculo 260 del C. S. del T. puesto que dicha derogaci\u00f3n se predica solamente respecto del r\u00e9gimen ordinario, adem\u00e1s pod\u00eda seguir produciendo efectos jur\u00eddicos como lo dijo la sentencia C-862 de 2006 de la Corte Constitucional y la sentencia del 26 de agosto de 2020 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo, en tanto coligi\u00f3 que \u00ablas determinaciones aqu\u00ed cuestionadas fueron adoptadas de manera razonable y est\u00e1n justificadas en las pruebas obrantes en los procesos\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 el recurrente para insistir en su pretensi\u00f3n, destacando que \u00abla Sala de Casaci\u00f3n Laboral, opt\u00f3 por la interpretaci\u00f3n m\u00e1s restrictiva de la norma convencional, desconociendo que las autoridades judiciales al omitir en su an\u00e1lisis interpretativo el principio constitucional de in dubio pro operario o de favorabilidad en sentido amplio, incurriendo en el defecto de violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n, al no realizar una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica entre la norma convencional y la carta fundamental\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el tr\u00e1mite laboral promovido por el gestor (SL1070-2023, 1 mar.), por mantener en firme la decisi\u00f3n desestimatoria del tribunal, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al estudiar el fallo sometido a escrutinio de esta Corte, mediante el cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral querellada dej\u00f3 inc\u00f3lume la determinaci\u00f3n desestimatoria del tribunal ad quem pues evidenci\u00f3 que \u00ablos demandantes no ten\u00edan un derecho adquirido, pues no cumplieron los requisitos contemplados en la convenci\u00f3n colectiva de trabajo durante su vigencia\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver conjuntamente los tres cargos formulados por: <\/p>\n
(i) La v\u00eda directa por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del \u00abdel par\u00e1grafo transitorio 3 del Acto Legislativo No. 1 de 2005 que adicion\u00f3 el art\u00edculo 48 de la C.P.; y debido a esa err\u00f3nea interpretaci\u00f3n el Tribunal no aplic\u00f3, debiendo hacerlo, el Convenio 98 de la OIT ratificado por Colombia mediante ley 27 de 1976; los art\u00edculos 53, 55, 58, 83, numeral 1\u00b0 del 150 y 93 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; la ley 1118 de 2006 art\u00edculo 7, el art\u00edculo 279 de la ley 100 de 1993, el art\u00edculo 1\u00b0 del decreto 807 de 1994, el art\u00edculo 2.2.4.10.2 del decreto 1833 de 2016; y tambi\u00e9n dej\u00f3 de aplicar los art\u00edculos 481 (subrogado por el art. 69 de la ley 50 de 1990) y 467 del C. S. del T. y el 478 ibidem; ni tener en cuenta el art\u00edculo 7 de la ley 71 de 1988 y el art\u00edculo 30 de la ley 153 de 1887 en armon\u00eda con el art\u00edculo 1536 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
(ii) Por la misma senda por \u00abno aplicar el art\u00edculo 58 de la C.P. el art\u00edculo 1\u00b0 de la [L]ey 797 de 2003, ni el art\u00edculo 9\u00b0 del [D]ecreto 254 de 2000 \u2014todos ellos en cuanto protegen los derechos adquiridos con arreglo a las leyes-; y, por ende, no aplicar el texto normativo derivado de las cl\u00e1usulas convencionales sobre pensiones establecidas en la Convenci\u00f3n colectiva de trabajo -2009-2014- suscrita entre Ecopetrol S. A. y la organizaci\u00f3n sindical USO (cl\u00e1usula 109, hoy 106), no tener en cuenta la [L]ey 1118 de 2006 art\u00edculo 7\u00b0, el art\u00edculo 1\u00b0 del [D]ecreto 807 de 1994, el art\u00edculo 2.2.4.10.2 del [D]ecreto 1833 de 2016; por no aplicar. debiendo hacerlo, los art\u00edculos 53, 55, 48, 83 y 93 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; por no aplicar los art\u00edculos 481 (subrogado por el art. 69 de la [L]ey 50 de 1990) y 467 del C. S. del. y el 478 ibidem; ni el art. 7\u00b0 ley 71 de 1988, ni el art. 30 de la [L]ey 153 de 1887, ni el art. 1536 del C\u00f3digo Civil. Y, por no aplicar el art\u00edculo 279 de la [L]ey 100 de 1993, en armon\u00eda con el laudo arbitral de 2003 vigente para los trabajadores de Ecopetrol S.A. lo cual signific\u00f3 tambi\u00e9n inaplicaci\u00f3n del art\u00edculo 260 del C. S. del T.\u00bb. <\/p>\n
(iii) Por la v\u00eda indirecta por \u00aberror de hecho manifiesto en la apreciaci\u00f3n de la prueba, espec\u00edficamente del Laudo arbitral expedido el 9 de diciembre de 2003 aplicable a los trabajadores de Ecopetrol y de las Negociaciones Colectivas celebradas entre la Uni\u00f3n Sindical Obrera de la Industria del Petr\u00f3leo \u2014USO- y la EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS \u2014ECOPETROL S.A. , entre otras las de 2001, 2006, 2009 lo cual llev\u00f3 a la no apreciaci\u00f3n de otras pruebas obrantes en el expediente [como los registros de nacimiento, certificados laborales y la contestaci\u00f3n de la demanda]\u00bb; el estrado encartado expuso que: <\/p>\n
\u00ab[L]e corresponde a la Corte elucidar si las reglas convencionales en materia de pensiones de las personas que estuvieron excluidas del r\u00e9gimen en virtud del art\u00edculo 279 de la Ley 100 de 1993, perdieron vigencia el 31 de julio de 2010, conforme al Acto Legislativo 01 de 2005\u00bb. <\/p>\n
De conformidad con lo anterior, precis\u00f3 que \u00absi bien es cierto, los trabajadores de Ecopetrol inicialmente fueron excluidos del sistema general de pensiones, tambi\u00e9n lo es que en el art\u00edculo 3\u00b0 de la Ley 797 de 2003 se incorpor\u00f3 a los servidores de dicha entidad que ingresaran a partir de su entrada en vigor, y por la adenda constitucional de 2005 se dispuso que a partir del 31 de julio de 2010 perd\u00edan vigencia \u00ablos reg\u00edmenes pensionales especiales, exceptuados y cualquier otro distinto al r\u00e9gimen general\u00bb, sin perjuicio de los derechos adquiridos\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, refiri\u00f3 que \u00ablos instrumentos colectivos a los que alude la censura, posteriores a tal data no mantuvieron su eficacia\u00bb; raz\u00f3n por la cual \u00ablos demandantes no ten\u00edan un derecho adquirido, pues no cumplieron los requisitos contemplados en la convenci\u00f3n colectiva de trabajo durante su vigencia\u00bb. Negrilla fuera de texto. <\/p>\n
Luego, analiz\u00f3 las pruebas denunciadas. Respecto del texto extralegal y el laudo arbitral se\u00f1al\u00f3 que \u00ablos requerimientos de edad y tiempo de servicio son de causaci\u00f3n, por lo que deb\u00edan estar acreditados antes de la p\u00e9rdida de vigencia del documento\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, coligi\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abEn cuanto a que no dio por probado que laboraron por m\u00e1s de 20 a\u00f1os \u00abantes de presentarse la demanda\u00bb se reitera que en virtud del Acto legislativo 01 de 2005, la consolidaci\u00f3n del derecho debe ser en fecha anterior a la p\u00e9rdida de vigencia de la norma convencional respectiva, conforme lo expuesto (\u2026) [en] la Sentencia CSJ SL3635-2020; que para los actores es el instrumento convencional 2001-2002, que produjo efectos hasta el 9 de junio de 2006 data en la que inici\u00f3 la vigencia de la convenci\u00f3n 2006-2009. Verificando la edad de los accionantes en tal interregno, con base en los registros civiles de nacimiento que obran en el expediente, se tiene que todos llegaron a los 50 a\u00f1os en fecha posterior a la finalizaci\u00f3n de la vigencia del instrumento convencional 2001-2002\u00bb. <\/p>\n
De acuerdo con ello, la resoluci\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del gestor no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una diferencia de criterio de aquel frente a la autoridad convocada, en tanto lo fallado fue contrario a sus expectativas. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la disposici\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar [los veredictos] judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
3.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb, tampoco se abre paso el resguardo, comoquiera que la sentencia confutada realiz\u00f3 un an\u00e1lisis razonable y ponderado de la situaci\u00f3n expuesta y de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en la foliatura, en el marco de su discrecionalidad judicial, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
4. Precisiones adicionales. <\/p>\n
4.1. Ahora bien, en lo que ata\u00f1e a los cuestionamientos sobre el despido efectuado por Ecopetrol S.A., el cual se dio con ocasi\u00f3n del proceso \u00abEspecial Fuero Sindical\u00bb (rad. 2022-00161), se colige que se incumple con el presupuesto de la inmediatez, ya que, la determinaci\u00f3n que acusa el actor como transgresora de sus derechos fue proferida el 22 de noviembre de 2022, que corresponde al fallo de segundo grado dictado por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga que confirm\u00f3 lo dispuesto por el a quo, en el sentido de \u00ablevantar el fuero sindical del accionado y autorizar la resoluci\u00f3n del contrato\u00bb; mientras que, el presente resguardo fue radicado el 10 de julio de 2023. <\/p>\n
Lo anterior permite establecer que desde la fecha de la decisi\u00f3n indicada hasta el momento en que se ejerci\u00f3 el auxilio se super\u00f3 el plazo considerado como razonable por la jurisprudencia. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
4.2. Respecto de la manifestaci\u00f3n del libelista, en la que indica que \u00abECOPETROL S,A., no ha brindado respuesta integral al derecho de petici\u00f3n presentado el d\u00eda nueve (09) de mayo de 2022\u00bb, se observa que el querellante no acredit\u00f3 la radicaci\u00f3n de dicho requerimiento ante la referida sociedad, situaci\u00f3n que refuerza la inviabilidad de la salvaguarda, pues \u00abes preciso demostrar que la instituci\u00f3n accionada efectivamente recibi\u00f3 la solicitud del actor y su contenido, pues es claro que si no lleg\u00f3 a su conocimiento no pudo ser constre\u00f1ida para responderla y, por consiguiente, no tuvo siquiera la posibilidad de quebrantar o amenazar las garant\u00edas superiores invocadas\u00bb (CSJ STC, 31 ene. 2011, rad. 2010-01485-01, reiterada en STC1416-2023, 22 feb.). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
5.1. La primera providencia confutada es razonable, puesto que no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
5.2. La queja sobre el segundo pronunciamiento pretermite el criterio de inmediatez. <\/p>\n
5.3. Sobre la petici\u00f3n a la que aludi\u00f3 el memorialista no se acredit\u00f3 su efectiva radicaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 11 de octubre de 2023, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto, luego de que con auto ATC974-2023, 22 ago., se decretara la nulidad de lo actuado por falta de notificaci\u00f3n de algunos interesados. <\/p>\n
2\u0002 De acuerdo con el fallo de casaci\u00f3n. <\/p>\n
3\u0002 Archivo \u00ab0003Anexos\u00bb fls. 44-54 expediente digital. <\/p>\n
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STC12014-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC12014-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-01393-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-77033","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77033","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77033"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77033\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77033"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77033"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77033"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}