STC12015-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12015-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2023-00444-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 5 de octubre de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Sadith Garc\u00eda C\u00e1ceres contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes e interesados en el pleito n\u00b0 2006-00215. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, la solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el despacho convocado en el diligenciamiento del asunto antes referido. <\/p>\n
2. Expuso que \u00aben desarrollo de la actividad social de las compa\u00f1\u00edas Arrocera San Crist\u00f3bal Limitada y Arrocera Japonesa Hnos. y C\u00eda. Ltda., ella y los dem\u00e1s socios fueron deudores solidarios de las acreencias que en el giro ordinario de sus negocios mercantiles tales personas jur\u00eddicas contrajeron con entidades del sector financiero, con proveedores y con terceras personas con las que tuvieron relaciones\u00bb. <\/p>\n
Que \u00aben el a\u00f1o 2006\u00bb, debido a la \u00abiliquidez\u00bb generada por la \u00abprofunda crisis econ\u00f3mica [de las sociedades en menci\u00f3n], como consecuencia del decaimiento de la actividad agr\u00edcola\u00bb, emergi\u00f3 la \u00abcesaci\u00f3n de pagos de las obligaciones contra\u00eddas con sus acreedores\u00bb, y ella incurri\u00f3 en \u00abincumplimiento de las obligaciones dinerarias personales\u00bb, ante ello, procedi\u00f3, \u00abbajo el imperio de la ley 222 de 1995, en ese momento vigente, [a presentar] solicitud de admisi\u00f3n a un concordato preventivo\u00bb, la cual admiti\u00f3 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga el 8 de septiembre de 2006. <\/p>\n
Que en dicho proceso \u00abse cumplieron los siguientes pasos: 1) Presentaci\u00f3n de la solicitud, 2) Admisi\u00f3n, 3) Publicidad, 4) Informaci\u00f3n, 5) Traslado de Cr\u00e9ditos, 6) Traslado y Tramite de Objeciones, 7) Resoluci\u00f3n de Objeciones, 8) Graduaci\u00f3n y Calificaci\u00f3n de Cr\u00e9ditos y, 9) Fijaci\u00f3n de fecha de celebraci\u00f3n de Audiencia de Discusi\u00f3n, Aprobaci\u00f3n de F\u00f3rmula Concordataria y Presentaci\u00f3n del acuerdo en el cual, con fundamento en el Plan de Reorganizaci\u00f3n y el flujo de caja proyectado para la vigencia del acuerdo, el apoderado judicial de la deudora y ella misma han puesto a consideraci\u00f3n de los acreedores dicho acuerdo para su aprobaci\u00f3n mediante votaci\u00f3n de conformidad con los porcentajes de cr\u00e9ditos exigidos [75%] en los art\u00edculos 129 y 130 de la Ley 222 de 1995\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel pasado 5 de agosto de 2022, en audiencia de acuerdo al art\u00edculo 130 de la Ley 222 de 1995, se decidi\u00f3 por mayor\u00eda calificada sobre las cesiones y subrogaciones pendientes y se aprob\u00f3, en igual forma, la f\u00f3rmula propuesta con el 75.80% de los votos de los acreedores y el del deudor, [y que] el valor de la deuda a reestructurar por concepto de capital objeto del acuerdo, asciende a la suma de $3.751\u2019451.923,76, [tras lo cual], se comprometi\u00f3 dentro de los plazos fijados en el acuerdo a efectuar las amortizaciones a los cr\u00e9ditos [de 1\u00aa, 3\u00aa y 5\u00aa clase] con fundamento en sus ingresos provenientes de sueldos y arriendos, conforme al flujo de caja proyectado que hace parte del acuerdo\u00bb. <\/p>\n
Que, con auto del 22 de agosto de 2022, el estrado accionado \u00abdetermin\u00f3 que es obligatorio indexar el capital de cada una de las acreencias dentro del acuerdo concordatario (\u2026), desde la fecha del vencimiento de la obligaci\u00f3n, esto quiere decir que estamos ante una indexaci\u00f3n de m\u00e1s de quince a\u00f1os de cada una de las obligaciones dinerarias\u00bb, frente a lo cual su apoderado interpuso recurso de reposici\u00f3n -procedente seg\u00fan el art\u00edculo 224 de la Ley 222 de 1995-, el cual fue desatado de manera desfavorable mediante prove\u00eddo del 22 de marzo de 2023. <\/p>\n
Que con el anterior proceder, el querellado incurri\u00f3 en \u00aben defecto sustantivo, desconocimiento del precedente y violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n\u00bb\u00bb, en tanto, \u00abinterpret\u00f3 que por el hecho de que no hubo votaci\u00f3n por parte de los acreedores para fijar intereses ni la junta de acreedores tampoco lo hizo, como juez del concurso con base en la decisi\u00f3n tomada dentro del Acuerdo de Reorganizaci\u00f3n de Falcon Freigth S.A. Acta No 4000-000778 del 28 de abril de 2017, aplic\u00f3 tal decisi\u00f3n dentro del acuerdo concordatario, sin tener en cuenta que dicho Concordato y Acuerdo se solicitaron en el a\u00f1o 2006 bajo el imperio de la Ley 222 de 1995. En suma, la interpretaci\u00f3n dada por el Juez (\u2026) aplicando la decisi\u00f3n tomada dentro del Acuerdo de Reorganizaci\u00f3n (\u2026), no procede ya que esta no aclara la ley 222 de 1995, que ser\u00eda una de las excepciones a la retroactividad de la Ley\u00bb. Adem\u00e1s, \u00abtrasgredi\u00f3 los principios de seguridad jur\u00eddica, confianza leg\u00edtima y los derechos adquiridos por la actora dentro del acuerdo concordatario\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende se proceda a \u00abdejar sin efecto parcialmente el auto de marzo 22 de 2023 [mediante el cual se resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n formulado contra el] auto de agosto 22 de 2022\u00bb, y como consecuencia, \u00abse apruebe el acuerdo concordatario sin la indexaci\u00f3n de los cr\u00e9ditos reconocidos, [y] las cl\u00e1usulas segunda, tercera, cuarta y quinta se mantengan inc\u00f3lumes\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Segunda Civil del Circuito de Bucaramanga, pidi\u00f3 negar el amparo porque la decisi\u00f3n \u00abde indexar los cr\u00e9ditos reconocidos en el acuerdo concordatario, [se adopt\u00f3] con ocasi\u00f3n de las observaciones que los mismos acreedores hicieron, concretamente el Banco Agrario S.A. y Reintegra, atendiendo al hecho de que en el aludido acuerdo no se pactaron intereses y para lo cual se tomaron en consideraci\u00f3n pronunciamientos que al efecto ha emitido la Superintendencia de Sociedades, autoridad que igualmente conoce asuntos de tipo concursal, similares al asunto en cuesti\u00f3n y, quien a su vez los ha apoyado en pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia\u00bb; por ello, \u00abno se advierte vulneraci\u00f3n alguna, [porque lo resuelto], tuvo lugar con apego a la ley y precedentes en la materia, [m\u00e1xime cuando] los montos adeudados(\u2026) se contraen a acreencias de m\u00e1s de 17 a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
2. El Banco Agrario de Colombia S.A., \u00abcomo acreedor quirografario reconocido dentro del concordato\u00bb, manifest\u00f3 atenerse a lo que se resuelva en este asunto. <\/p>\n
3. Reintegra S.A.S., se opuso a lo pretendido porque se presenta \u00abinexistencia de violaci\u00f3n al derecho fundamental al debido; inexistencia de v\u00eda de hecho \u2013 decisiones judiciales ajustadas a derecho; improcedencia de la acci\u00f3n de tutela [en raz\u00f3n a su] competencia residual\u00bb, y porque \u00abno es tercera instancia del proceso\u00bb. <\/p>\n
4. El abogado C\u00e9sar Orlando Jaimes S\u00e1nchez, quien dijo actuar como \u00abapoderado judicial del Banco Santander hoy Banco Ita\u00fa dentro del proceso concursal [en cuesti\u00f3n]\u00bb, dijo que se aten\u00eda a lo que definiera el fallador, pero en todo caso, que la entidad \u00abno ha vulnerado derecho fundamental\u00bb. <\/p>\n
5. Miguel Buenahora Rodr\u00edguez, Nicole Nassar Joya y Miguel Roberto Mar\u00edn Landinez, solicitaron que se acceda al resguardo, al afirmar que son ciertos los hechos y con ello la configuraci\u00f3n de los yerros alegados por la demandante. <\/p>\n
6. Fiduciaria Bogot\u00e1 S.A., pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n y la declaratoria de improcedencia del auxilio, por cuanto \u00abel accionante no acredit\u00f3 ninguna de las causales que exige [la jurisprudencia constitucional] para que se configure una v\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
7. Crear Pa\u00eds S.A., afirm\u00f3 que \u00abno ha vulnerado los derechos fundamentales\u00bb, y pidi\u00f3 \u00abse desvincule y\/o se absuelva\u00bb. <\/p>\n
8. El Banco Pichincha S.A. y el Banco Davivienda S.A., pidieron se les desvinculara de este tr\u00e1mite tutelar, aduciendo falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Desestim\u00f3 el amparo al sostener que la decisi\u00f3n fustigada era razonable, pues para ordenar la indexaci\u00f3n de los cr\u00e9ditos, la juez acogi\u00f3 \u00abconceptos de la Superintendencia de Sociedades [los que], si bien no son obligatorios, constituyen doctrina, la cual es un criterio auxiliar en la actividad judicial, en concreto cit\u00f3 el concepto No. 220-031639 del 17 de abril de 2019 y un auto del 1 de junio de 2016. En consideraci\u00f3n a los alegado por la censora, seg\u00fan la cual esos conceptos no son aplicables en este caso, toda vez que hac\u00edan referencia un proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial llevado a cabo bajo la ley 1116 de 2006, precis\u00f3 que tuvo en cuenta el concepto porque se fund\u00f3 a su vez en un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, afirm\u00f3 que \u00ablas conclusiones a las que se llega con b\u00e1culo en los conceptos emitidos por la Superintendencia de Sociedades no se fundan en la procedencia de la indexaci\u00f3n a partir de las disposiciones de la ley 1116 de 2006, la que sin duda alguna no es aplicable en el asunto de marras, sino en la ratio decidendi de esos conceptos, cual es la equidad, principio general del derecho, que tiene como una de sus aplicaciones la completitud del pago prevista en el art\u00edculo 1.626 del C\u00f3digo Civil\u00bb, acotando que ello no significa \u00abque se est\u00e9 inaplicando o desconociendo la irretroactividad de la [ley 1116 de 2006, ni] se est\u00e1 vulnerando el art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n, pues el reconocimiento de la indexaci\u00f3n nada tiene que ver con el desconocimiento de derechos sustanciales\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la querellante para insistir, entre otros argumentos, en que \u00abun fallo judicial que se profiere bajo gobierno, de principio a fin, de la ley 1116 de 2006\u00bb, no pod\u00eda aplicarse en el asunto sub examine \u00abque se gobierna por la Ley 222 de 1995\u00bb; que se desconoci\u00f3 \u00abla naturaleza del acuerdo logrado entre acreedores y deudor en un proceso concursal\u00bb, y que la decisi\u00f3n acogi\u00f3 el \u00abpedido extempor\u00e1neo de la minor\u00eda [de los votos]\u00bb, cuando \u00absolo puede ser modificado, adicionado, reformado, por la asamblea de acreedores\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga, vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por la accionante, porque al aprobar el acuerdo concordatario (rad. 2006-00215), dispuso la indexaci\u00f3n de los cr\u00e9ditos adeudados, o si, por el contrario, tal determinaci\u00f3n denota razonabilidad que impida la intervenci\u00f3n del fallador constitucional. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Seg\u00fan la decantada jurisprudencia, el auxilio no procede contra esta clase de actuaciones, porque en aras de mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de las prerrogativas superiores de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, es imprescindible que cuando se trate de desafuero procesal, \u00e9ste sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el actor identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia criticada no sea sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente jurisprudencial o se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Conforme a las anteriores premisas, examinados los argumentos de la presente reclamaci\u00f3n y cotejados con las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n de la salvaguarda, porque la decisi\u00f3n confutada no constituye yerro espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarla. <\/p>\n
3.1. En ese sentido, por cuanto la censura est\u00e1 dirigida contra el auto proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga el 22 de agosto de 2023, en el que dispuso \u00abAPROBAR el acuerdo concordatario celebrado por la deudora SADITH GARCIA CACERES y sus acreedores, allegado por el apoderado de \u00e9sta el 11 de agosto de 2022, atendiendo lo deliberado y decidido en audiencia del d\u00eda 5 del mismo mes y a\u00f1o\u00bb, pero en raz\u00f3n a que para su \u00abejecuci\u00f3n y exigibilidad\u00bb el despacho orden\u00f3 la \u00abindexaci\u00f3n de los cr\u00e9ditos reconocidos\u00bb, la atenci\u00f3n se centra en la sustentaci\u00f3n dada sobre el particular, la cual plante\u00f3 el accionado as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en punto de las otras observaciones hechas por la apoderada del Banco Agrario, a las cuales se adhiri\u00f3 el apoderado de Reintegra S.A.S., respecto de situaciones que no fueron contempladas en el acuerdo concordatario presentado, procede el despacho, en ejercicio del control de legalidad que hace del mismo, a efectuar las siguientes precisiones: <\/p>\n
1. En cuanto a la solicitud contra\u00edda a que se ajusten las cl\u00e1usulas quinta y novena del acuerdo, en lo relativo al reconocimiento de intereses y a la indexaci\u00f3n del capital desde la fecha del vencimiento de la obligaci\u00f3n hasta la fecha del pago; conviene traer a colaci\u00f3n lo expuesto sobre dichos aspectos por la Superintendencia de Sociedades, en m\u00faltiples pronunciamientos, en t\u00e9rminos como los siguientes: <\/p>\n
\u201cAcerca del reconocimiento de la indexaci\u00f3n en el pago de las obligaciones dentro del proceso de reorganizaci\u00f3n, esta Oficina tuvo la oportunidad de pronunciarse por Oficio 220-178005 del 11 de agosto de 2017, en el cual precis\u00f3: \u201c(…) Ahora, si bien la mencionada Ley 1116 de 2006, al regular el tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n solo contempla el reconocimiento de la indexaci\u00f3n o actualizaci\u00f3n de las obligaciones a cargo del deudor cuando se denuncia el incumplimiento del acuerdo y a partir de los valores consignados en el mismo, lo cierto es que \u201cno resulta ser exacto y legal que el deudor moroso que paga con moneda desvalorizada, extinga en esas condiciones real e \u00edntegramente la obligaci\u00f3n por \u00e9l debida y, menos, que el pago as\u00ed efectuado sea justo y equitativo, como quiera que de aceptarse obtendr\u00eda un provecho indebido, producto de su propio incumplimiento y con desmedro econ\u00f3mico para el acreedor\u201d, como lo precis\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 30 de marzo de 1984, con ponencia del Magistrado Dr. Alberto Ospina Botero. <\/p>\n
\u201cEn ese sentido la jurisprudencia vigente de este Despacho, reflejada en el Auto del 21 de abril de 2017 de confirmaci\u00f3n del Acuerdo de Reorganizaci\u00f3n de Falc\u00f3n Freigth S.A, Acta No. 4000-000778 del 28 de abril de 2017, considera que \u201cen aquellos acuerdos de reorganizaci\u00f3n donde se prescinda absolutamente de la causaci\u00f3n de intereses, o del reconocimiento de los mismos o su condonaci\u00f3n, es imperativo tener en cuenta que para la efectividad del pago, este debe ser completo y comprender el componente de indexaci\u00f3n, la depreciaci\u00f3n de la moneda. As\u00ed las cosas, de conformidad con lo anotado, se entiende que el pago debe ser indexado, y por tal raz\u00f3n no se requiere que el acuerdo lo indique, pues la p\u00e9rdida de poder adquisitivo (inflaci\u00f3n) es un hecho notorio. Cabe anotar, que cuando se contemple el pago con intereses, \u00e9stos contemplan la indexaci\u00f3n y el riesgo de la operaci\u00f3n, entre otros componentes [Oficio 220-031639 del 17 de abril de 2019 de la Superintendencia de Sociedades]\u201d. Resalta y subraya el Despacho. <\/p>\n
En similar sentido indic\u00f3 el citado organismo en auto del 12 de junio de 2016, <\/p>\n
j) Sin embargo, en lo que respecta a los cr\u00e9ditos calificados y graduados en la reorganizaci\u00f3n o el concordato, la actualizaci\u00f3n implica, adem\u00e1s de depurar de pagos totales o parciales la calificaci\u00f3n, dar cuenta en sede de liquidaci\u00f3n de la p\u00e9rdida de poder adquisitivo de la moneda, es decir, actualizar los cr\u00e9ditos reconocidos previamente implica indexar los capitales debidos, esto es, actualizar dichas sumas a partir de la aplicaci\u00f3n de una f\u00f3rmula de actualizaci\u00f3n con base en la variaci\u00f3n del \u00edndice de Precios al Consumidor (inflaci\u00f3n). <\/p>\n
k) En efecto, el paso del tiempo supone una consecuente depreciaci\u00f3n en las unidades de cambio (moneda) que diluye su valor de intercambio. Esta depreciaci\u00f3n se mide, mes a mes, a partir del \u00edndice de inflaci\u00f3n, y su reconocimiento en las obligaciones dineradas ha sido entendido por la jurisprudencia como una proyecci\u00f3n del principio de integridad del pago. (\u2026) <\/p>\n
m) Seg\u00fan esto, entonces, cuando la norma concursal dice actualizar, tambi\u00e9n dice indexar, pero no liquidar intereses sobre el capital. Deriva de ello que, si se ordena actualizar, la operaci\u00f3n se contrae a aplicar, a los cr\u00e9ditos que se califiquen en la liquidaci\u00f3n, el \u00edndice de depreciaci\u00f3n teniendo en cuenta, eso s\u00ed que no son acumulables intereses y depreciaci\u00f3n debido a su relaci\u00f3n de continente a contenido: \u201cLas f\u00f3rmulas metodol\u00f3gicas [para calcular la tasa de inter\u00e9s comercial] contienen el costo puro del dinero, el riesgo de la operaci\u00f3n y la depreciaci\u00f3n monetaria o inflaci\u00f3n\u00bb. Con esto, se corrige expresamente lo dicho en el ordinal 13 del apartado considerativo del Auto 400-001342 de 29 de enero de 2016. (Subraya el Despacho). <\/p>\n
Sobre el particular ha de tenerse en cuenta, que el acuerdo concordatario aprobado en el presente caso no contempl\u00f3 el pago de intereses, lo cual es bien sabido que quedaba a criterio de quienes deb\u00edan votarlo; caso en el cual, de conformidad con los citados pronunciamientos, se abre paso a la aplicaci\u00f3n de la indexaci\u00f3n sin que se requiriera al efecto que se hubiera indicado ello en dicho acuerdo, pues esta debe reflejarse en sede de liquidaci\u00f3n y al efectuarse el pago. <\/p>\n
En consecuencia, es obligaci\u00f3n de la deudora hacer el pago considerando al efecto el valor indexado de todas las acreencias que fueron reconocidas en el presente tr\u00e1mite, para cuyo c\u00e1lculo habr\u00e1 de tenerse como \u00edndice inicial la fecha de vencimiento de la respectiva obligaci\u00f3n y como \u00edndice final, la fecha de la presente providencia\u00bb. <\/p>\n
3.2. Contra la anterior resoluci\u00f3n, la actora interpuso recurso de reposici\u00f3n, aduciendo que \u00abel concordato preventivo potestativo (\u2026) se gobierna en un todo por lo normado en la Ley 222 de 1995, que era la que estaba vigente para tales calendas [y por ello], el acuerdo concordatario celebrado con sus acreedores y sus efectos se norman tambi\u00e9n por [dicha normativa]\u00bb, por lo que, en su sentir, no era dable incorporar \u00abla figura de la indexaci\u00f3n al capital adeudado (\u2026), con base en la posici\u00f3n sentada por la Superintendencia de Sociedades en el Oficio 220-031639 de 17 de abril de 2019, al responder una consulta que le fue hecha por un usuario de tal dependencia de la Rama Ejecutiva, [por tanto] no puede ser considerada como precedentes judiciales para con base en ellas fundamentar una decisi\u00f3n judicial\u00bb. Tambi\u00e9n, porque \u00abel deudor en concordato y sus acreedores no consideraron prudente aplicar la indexaci\u00f3n a las obligaciones dinerarias y por ello no incluyeron tal figura en el acuerdo concordatario [y por consiguiente], esa voluntad debe respetarse\u00bb, aunado a que \u00abel hecho notorio pertenece al mundo de lo subjetivo\u00bb. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en efecto como lo manifiesta el recurrente, los conceptos citados en la providencia recurrida no son de obligatorio cumplimiento para los jueces de la rep\u00fablica, (\u2026) los mismos se caracterizan por constituir doctrina y \u00e9sta \u00faltima por tratarse de un criterio auxiliar de la justicia, sirve de apoyo a la actividad judicial como lo ha decantado la Corte Suprema de Justicia [al sostener] \u201cque cuando un juez acude a los diferentes criterios auxiliares para dirimir una controversia sometida a su escrutinio, con ello no se rebela contra el ordenamiento jur\u00eddico existente, sino que, por el contrario, cumple con un mandato que \u00e9l mismo impone, conforme con lo dispuesto por el art\u00edculo 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (\u2026)\u201d [CSJ, Sala de Casaci\u00f3n Civil, sentencia del 28 de septiembre de 2010, rad. 38833]. <\/p>\n
[Que si bien] se acudi\u00f3 en el presente tr\u00e1mite al concepto No. 220-031639 del 17 de abril de 2019 y al auto del 10 de Junio de 2016, ambos emitidos por la Superintendencia de Sociedades, para atender las observaciones de las entidades financieras frente a la indexaci\u00f3n de los cr\u00e9ditos, en tanto en el acuerdo concordatario se pact\u00f3 el no pago de intereses de mora; entidad cuya doctrina plantea que, cuando se prescinda en el acuerdo de reorganizaci\u00f3n del reconocimiento de intereses, el pago deber\u00e1 comprender la respectiva indexaci\u00f3n para que sea completo, sin que la misma deba ser contemplada en el acuerdo por tratarse la devaluaci\u00f3n de la moneda de un hecho notorio\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente respondi\u00f3 \u00abal planteamiento de si el mismo pod\u00eda o no ser aplicado al caso bajo discusi\u00f3n, teniendo en cuenta la fecha del mismo -17 de abril de 2019- y que en \u00e9l se har\u00eda referencia al proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial consignado en la Ley 1116 de 2006, desconociendo que el tr\u00e1mite que aqu\u00ed se adelanta se rige por lo dispuesto en la Ley 222 de 1995, lo que, en sentir del censor, configurar\u00eda una aplicaci\u00f3n retroactiva de la que actualmente se encuentra vigente, ya que la de 1995 no contempla nada en cuanto a la indexaci\u00f3n de los cr\u00e9ditos objeto de concordato y que, en todo caso, dicho tema tampoco fue objeto del acuerdo, debiendo entonces respetarse lo acordado al respecto por los acreedores\u00bb, precisando que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) tom\u00f3 en consideraci\u00f3n el Despacho dicho concepto, no s\u00f3lo por haber sido expedido por una autoridad experta y tambi\u00e9n competente para conocer de asuntos de tipo concursal, similares al que aqu\u00ed se discute; sino tambi\u00e9n porque para sustentar la posici\u00f3n de ser necesario indexar los cr\u00e9ditos adeudados -aun cuando ello no haya sido contemplado en el acuerdo-, se apoya el mismo en la decisi\u00f3n adoptada por la Corte Suprema de Justicia el 30 de marzo de 1984, en t\u00e9rminos como los siguientes: <\/p>\n
\u201c1. El pago para que tenga entidad de extinguir la obligaci\u00f3n, debe hacerlo el deudor al acreedor en las condiciones establecidas por la ley, entre las cuales merece destacarse el de que se debe efectuar en forma completa, o sea, que mediante \u00e9l se cubra la totalidad, a virtud de que el deudor no puede compeler al acreedor a que lo reciba por partes, salvo estipulaci\u00f3n en el punto, pues sobre el particular establece el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 1626 del C\u00f3digo Civil que el \u201cpago efectivo es la prestaci\u00f3n de lo que se debe\u201d y, para que sea cabal, \u00edntegro o completo, debe hacerse, adem\u00e1s, con sus intereses e indemnizaciones debidas, tal como reza el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 1646 ibidem cuando dispone que \u201cel pago total de la deuda comprende el de los intereses e indemnizaciones que se deban\u201d. <\/p>\n
2. Partiendo del postulado legal de que el pago para que extinga la obligaci\u00f3n debe ser completo, no se da tal fen\u00f3meno, especialmente respecto de deudores morosos de obligaciones de dinero, cuando \u00e9stos pagan con moneda desvalorizada, o sea, sin la consiguiente correcci\u00f3n monetaria, pues en tal evento se trata de un pago ilusorio e incompleto, como acertadamente lo sostienen la doctrina y la jurisprudencia, no s\u00f3lo nacional sino for\u00e1nea, la cual insiste en que si la obligaci\u00f3n no es pagada oportunamente, se impone reajustarla, para representar el valor adeudado, porque ese es la \u00fanica forma de cumplir con el requisito de la integridad del pago. <\/p>\n
(…) De suerte que no resulta ser exacto y legal que el deudor moroso que paga con moneda desvalorizada, extinga en esas condiciones real e \u00edntegramente la obligaci\u00f3n por \u00e9l debida y, menos, que el pago as\u00ed efectuado sea justo equitativo, comoquiera que de aceptarse obtendr\u00eda un provecho indebido, producto de su propio incumplimiento y con desmedro econ\u00f3mico para el acreedor [CSJ, SC, 30 mar., 1984, CLXXVI, p\u00e1g.136]. <\/p>\n
Conviene agregar al respecto, que [seg\u00fan la misma Corporaci\u00f3n]: <\/p>\n
\u201cla correcci\u00f3n monetaria -o indexaci\u00f3n- es una remuneraci\u00f3n equitativa y razonable para contrarrestar la p\u00e9rdida de poder adquisitivo del dinero por la inflaci\u00f3n, es decir, una retribuci\u00f3n para que la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica tenga un valor igual -o similar- al que tuvo en el momento en que se ejecutaron las obligaciones del respectivo negocio (…). <\/p>\n
Por eso debe atenderse, conforme a la doctrina de esta Corte para entronizar la correcci\u00f3n pecuniaria como una forma de justicia en las obligaciones que lo admiten, que cumplir estas sin ese mecanismo, impondr\u00eda al acreedor la recepci\u00f3n de un dinero envilecido por la merma de su valor real o poder de compra, pues para que reine la equidad en el verdadero valor de esas cargas o restauraciones pecuniarias, es menester que la tra\u00edda a valor presente de ellas cobije todo el tiempo en que estuvieron sujetas a la depreciaci\u00f3n por causa de la inflaci\u00f3n\u201d [CSJ SC10291-2017, 18 jul., rad. 2008-00374-01]. <\/p>\n
Por lo antedicho, la autoridad convocada concluy\u00f3 que: <\/p>\n
Y es que, no se trata la indexaci\u00f3n de una \u201csanci\u00f3n\u201d como lo indica el censor, ni de una contravenci\u00f3n al acuerdo concordatario, sino de la garant\u00eda del pago efectivo de una deuda en condiciones reales y justas, como decidi\u00f3 tenerlo en cuenta el Despacho con respaldo en lo que sobre el particular han contemplado la doctrina y la jurisprudencia; siendo incluso que al respecto en la audiencia de deliberaciones finales sobre el acuerdo concordatario, los acreedores Banco Agrario y Refinancia SAS solicitaron que se realizara la respectiva correcci\u00f3n monetaria. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no le asiste raz\u00f3n al recurrente al intentar la revocatoria de la decisi\u00f3n que aprob\u00f3 dicho acuerdo y orden\u00f3 indexar las obligaciones adeudadas por la se\u00f1ora SADITH GARC\u00cdA C\u00c1CERES, pues se trata, por las razones que vienen de exponerse, de una decisi\u00f3n justa y razonable; la cual, por ende, se mantendr\u00e1 inc\u00f3lume\u00bb. <\/p>\n
3.5. Conforme a lo que acaba de verse, la protecci\u00f3n iusfundamental deprecada deviene inviable, ya que para ordenar la indexaci\u00f3n de los cr\u00e9ditos a cargo de la hoy reclamante, cuya liquidaci\u00f3n y pago debe surtirse al interior del tr\u00e1mite radicado bajo el n\u00b0 2006-00215, el juzgado se vali\u00f3 de una motivaci\u00f3n que lejos est\u00e1 de lucir caprichosa o antojadiza, por tanto, tal actuaci\u00f3n no revela arbitrariedad o desmesura que conlleve amenaza o vulneraci\u00f3n a las garant\u00edas esenciales invocadas. <\/p>\n
En las condiciones descritas, se reitera que el hecho de que lo resuelto no se avenga a los intereses de la actora, es cuesti\u00f3n que en s\u00ed misma considerada, escapa al \u00e1mbito de competencia del juez excepcional, quien \u00abno puede entrar a descalificar la gesti\u00f3n del juzgador, ni a imponerle una determinada hermen\u00e9utica, m\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, citada entre otras en STC11264-2023, 10 oct., rad. 00199-01). <\/p>\n
En ese mismo sentido la Corte ha sostenido que la sola divergencia conceptual no abre paso a este excepcional mecanismo, porque \u00abno \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis\u00bb (CSJ STC, 11 dic. 2009, exp. 02212-00, citada en STC8772-2023, 31 ago., rad. 03233-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
En atenci\u00f3n a lo discurrido en precedencia, se avalar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del resguardo, por evidenciarse que la actuaci\u00f3n criticada, no es producto de un subjetivo criterio que conlleve desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga la aptitud para lesionar las prerrogativas fundamentales invocadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC12015-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC12015-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2023-00444-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-77034","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77034","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77034"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77034\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77034"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77034"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77034"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}