STC12016-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12016-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2023-02151-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e11 el 26 de septiembre de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Oswaldo Estrada Oropeza contra BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. y el Juzgado Cuarenta y Seis Civil del Circuito de esta ciudad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados Colpensiones, Sanitas E.P.S., as\u00ed como los dem\u00e1s intervinientes en la causa rad. n\u00b0 2021-00585. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando en su propio nombre, el accionante reclama la protecci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales al m\u00ednimo vital, debido proceso, petici\u00f3n, igualdad, vivienda y vida en condiciones dignas, presuntamente vulneradas por los convocados. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, se\u00f1ala que \u00abel 11 de julio de 2019 el Banco Bbva Colombia le concedi\u00f3 un cr\u00e9dito [junto con su] c\u00f3nyuge Luz Dary Avella Suarez\u00bb, respaldado con garant\u00eda hipotecaria que recae sobre el inmueble que \u00abcorresponde con el lugar de [su] vivienda y la de [su] familia\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, resalta el gestor que con el referido cr\u00e9dito \u00absuscribi\u00f3 p\u00f3liza de seguros fungiendo en la misma como beneficiario y tomador BBVA COLOMBIA S.A., y \u00e9l como asegurado\u00bb y que las cuotas correspondientes -incluidas las de la p\u00f3liza- se pagaron con normalidad hasta junio de 2021, cuando adelant\u00f3 \u00abrenegociaci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb pero la misma no pudo materializarse, toda vez que el 7 de abril de 2022 \u00abseg\u00fan impresi\u00f3n diagnostica se determin\u00f3 \u201cenfermedad cerebro vascular\u201d\u00bb que deriv\u00f3 en la emisi\u00f3n del dictamen de 5 de enero de 2023 que estableci\u00f3 una calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral del 65,08%, seg\u00fan el tr\u00e1mite adelantado por Colpensiones y E.P.S. Sanitas. <\/p>\n
A partir de lo anterior, aduce que \u00abel d\u00eda 13 de febrero de 2023 nuevamente se acude al medio telef\u00f3nico dispuesto por BBVA SEGUROS para reportar a esta entidad tanto del siniestro como del dictamen de p\u00e9rdida de capacidad laboral emitido por COLPENSIONES\u00bb; sin embargo, le informaron que \u00abla p\u00f3liza (\u2026) no ten\u00eda cobertura\u00bb. En ese sentido, dice el querellante que \u00abhaciendo el respectivo estudio de las respuestas obtenidas, se evidencia que (\u2026) no corresponden con la solicitud realizada, dado que hacen menci\u00f3n a otra p\u00f3liza y a otras obligaciones diferentes de la que se realiz\u00f3 la solicitud\u00bb, aunado a que del contenido se evidencia la existencia de \u00abuna disposici\u00f3n abusiva y lesiva a [sus] derechos, puesto que legalmente no le es dable a la aseguradora establecer la fecha de ocurrencia del siniestro, m\u00e1xime cuando Colpensiones, quien es un organismo habilitado para calificar la p\u00e9rdida de capacidad laboral, determin\u00f3 como fecha de estructuraci\u00f3n el d\u00eda 07 de abril de 2022, es decir, la misma fecha de ocurrencia del siniestro. Lo cual nos indica que la p\u00e9rdida de capacidad laboral fue de manera instant\u00e1nea y le impidi\u00f3 seguir laborando. Por otra parte, la cl\u00e1usula en menci\u00f3n le imposibilita, en cualquier caso, hacer efectiva la p\u00f3liza de seguros\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, manifiesta que ante el despacho judicial accionado cursa juicio ejecutivo promovido por el Banco Bbva en su contra, siendo decretada \u00abmedida cautelar de embargo y secuestro de [su] casa, (\u2026) por lo que [se encuentra] en una situaci\u00f3n de desesperaci\u00f3n (\u2026), toda vez que injustamente esta ad-portas de perder [su] vivienda\u00bb y destaca que si bien pudo acceder a una pensi\u00f3n por invalidez, la suma de sus gastos mensuales es superior, por lo que \u00abactualmente [con su familia], dependen en gran parte de la caridad de familiares y amigos\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pide que se ordene \u00aba la aseguradora pagar la totalidad del saldo insoluto de las obligaciones adquiridas\u00bb y, frente al estrado judicial encartado, que \u00absuspenda el proceso ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. E.P.S. Sanitas S.A.S. y Colpensiones, como agentes del Sistema de Seguridad Social, hicieron un recuento de las actuaciones adelantadas a su cargo y alegaron falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
2. El Juzgado Cuarenta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que conoce del proceso ejecutivo n\u00ba 2021-00585-00 que Bbva Colombia S.A. promueve en contra del aqu\u00ed accionante y resalt\u00f3 que \u00aben prove\u00eddo del 11 de septiembre de 2023, (\u2026) se advirti\u00f3 que la parte actora aport\u00f3 al plenario \u00fanicamente pruebas documentales (\u2026) [por lo que] proceder\u00e1 a emitir sentencia anticipada\u00bb, pidiendo su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Bbva Seguros de Vida Colombia S.A. invoc\u00f3 el car\u00e1cter subsidiario de la acci\u00f3n, toda vez que existen otros mecanismos ordinarios para formular las peticiones de esta tutela y m\u00e1s cuando \u00abel amparo constitucional no se instituy\u00f3 para definir controversias econ\u00f3micas, pecuniarias o patrimoniales, ni resolver asuntos en litigio desvirtuando su naturaleza y los fines para lo cual fue creada\u00bb; y agreg\u00f3 que \u00abla parte accionante ni siquiera aport\u00f3 la totalidad de bienes y cantidad de ingresos y gastos mensuales o erogaciones que tiene para demostrar que est\u00e1 en imposibilidad econ\u00f3mica de acudir a la justicia ordinaria\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda tras considerar que en el presente asunto \u00abno se cumple con el postulado de la subsidiariedad pues su proponente cuenta con un medio de defensa id\u00f3neo para suscitar la controversia que ahora propone, como es el proceso verbal ante el juez natural, con un amplio debate probatorio y argumentativo. Ahora, si bien el fondo de pensiones lo dictamin\u00f3 con una PCL de 68.5%4 y, dado su estado de invalidez, puede considerarse sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, no es menos cierto que actualmente cuenta con una pensi\u00f3n por valor de $6350011 suma que, al margen de las obligaciones que dice tener, permite atender sus necesidades b\u00e1sicas, de suerte que no est\u00e1 amenazado su m\u00ednimo vital\u00bb; en cuanto a la solicitud de suspensi\u00f3n del proceso, a\u00f1adi\u00f3 que \u00abno se avizora que el se\u00f1or Oropeza (sic) haya elevado dicha petici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante insistiendo en sus alegaciones iniciales y resalt\u00f3 su \u00abcondici\u00f3n de debilidad manifiesta, la especial protecci\u00f3n constitucional que merecen las personas en condici\u00f3n de discapacidad, el riesgo inminente e irremediable en el que se encuentra de perder su vivienda\u00bb; asimismo, puntualiz\u00f3 que \u00abel a quo no se tom\u00f3 el trabajo de por lo menos sumar los gastos actuales que [tiene], los cuales se corroboraban f\u00e1cilmente en las pruebas aportadas y que dan una suma aproximada de $9.588.000 pesos, as\u00ed como tampoco revis\u00f3 la documental aportada (\u2026), en donde se adosan los recibos de pagos de algunos de los gastos mensuales del hogar y n\u00facleo familiar\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional es procedente ordenar el pago del valor asegurado en una p\u00f3liza de seguro de vida grupo deudores, as\u00ed como la suspensi\u00f3n de una ejecuci\u00f3n judicial, con fundamento en los hechos invocados por el promotor en el libelo introductor. <\/p>\n
2. De la trascendencia constitucional como presupuesto de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: \u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible entonces que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado devele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar, como lo ha sostenido esta Sala al precisar que para la procedencia de este instrumento se requiere: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
Acorde con ello, la Corte Constitucional ha precisado igualmente que el estudio de la \u00abrelevancia constitucional\u00bb, a fin de considerar la preponderancia del presunto agravio o defecto atribuido al accionado, persigue principalmente tres finalidades: \u00ab(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acci\u00f3n de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acci\u00f3n de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces\u00bb. Negrillas fuera de texto (Sentencia C-590 de 2005). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Aplicadas las rese\u00f1adas pautas al asunto bajo estudio, pronto se advierte que el fallo de primera instancia ser\u00e1 ratificado, por las siguientes razones: <\/p>\n
3.1 La discusi\u00f3n que aqu\u00ed plante\u00f3 el gestor, en punto a obtener el pago de un saldo insoluto de un cr\u00e9dito como valor asegurado en una p\u00f3liza de seguro de vida grupo deudores, reviste una naturaleza netamente econ\u00f3mica, para cuya definici\u00f3n tendr\u00e1 que acudir a los mecanismos ordinarios, pues, como ya se tiene decantado, \u00abla acci\u00f3n de tutela es un procedimiento preferente y sumario que est\u00e1 dirigido a lograr en forma inmediata la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, previsi\u00f3n constitucional que descarta el tr\u00e1mite y posterior decisi\u00f3n respecto de derechos de contenido puramente patrimonial\u00bb (Corte Constitucional, Sentencias T-1476 de 2000 y T-160 de 2007, entre otras). <\/p>\n
Adem\u00e1s, ni el escrito inicial, ni los elementos de convicci\u00f3n obrantes en el expediente, muestran que la situaci\u00f3n f\u00e1ctica puesta de presente en la petici\u00f3n de amparo involucre un perjuicio inminente e irremediable para el accionante, lo cual tambi\u00e9n impide acoger las pretensiones a manera de \u00abmecanismo transitorio\u00bb (art. 8, Decreto 2591 de 1991). <\/p>\n
Ciertamente, aunque lo invoc\u00f3, el promotor no acredit\u00f3 que se hubieran configurado las m\u00ednimas exigencias que hagan posible esa modalidad de protecci\u00f3n, debi\u00e9ndose recordar que para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01, citada, entre otras, en STC13377-2019, 2 oct. 2019, rad. 00384-01), que no lo es en este caso. <\/p>\n
3.2 Finalmente, tampoco procede la suspensi\u00f3n del juicio ejecutivo que se promueve en contra del accionante – deprecada igualmente a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n-, pues el interesado ninguna actuaci\u00f3n ha procurado al interior de aquella causa para pedir lo que aqu\u00ed aspira, destac\u00e1ndose adem\u00e1s que, habiendo formulado excepciones de m\u00e9rito, el asunto a\u00fan no cuenta con decisi\u00f3n de fondo. <\/p>\n
As\u00ed, al tener a su alcance otros medios judiciales de defensa, los cuales no ha agotado y otros se encuentran en curso, deviene inviable que el juez constitucional anticipadamente pueda arrogarse facultades que le compete decidir a otro funcionario so pretexto de la incursi\u00f3n en defectos de procedibilidad, cuyo estudio se condiciona a que se hayan superado los esenciales presupuestos generales entre los cuales est\u00e1 el de la subsidiariedad. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abeste medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, citada entre otras en STC10384-2021, 18 ago.). <\/p>\n
Con todo, sobre la afirmaci\u00f3n del libelista de que es sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional \u2013por el grado de discapacidad que padece\u2013, esta Colegiatura pone de relieve que no resulta suficiente esa aseveraci\u00f3n para otorgar lo pretendido con la salvaguarda, pues, sobre el tema, se ha dicho que \u00ab(\u2026) las condiciones personales y econ\u00f3micas invocadas por la gestora como fundamento del amparo, no pueden sobreponerse a lo decidido (\u2026) escenario donde cont\u00f3 con plenas garant\u00edas para la defensa de sus derechos e intereses jur\u00eddicos\u00bb (CSJ. 19 may. de 2011, exp. 00412, reiterada en STC9124-2014, 14 jul.). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo, por cuanto los reproches atribuidos a las convocadas no alcanzan la relevancia constitucional suficiente para habilitar la intervenci\u00f3n de esta sede excepcional; igualmente, el asunto no supera el presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a-quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Toda vez que el asunto le fue remitido, por competencia, por parte del Juzgado Veintinueve de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1, a quien inicialmente le correspondi\u00f3 por reparto. <\/p>\n
<\/p>\n
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