STC12019-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12019-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-03931-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Armtrans Ltda., contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Superintendencia Financiera \u2013 Delegatura para Funciones Jurisdiccionales \u2013, y los intervinientes en el tr\u00e1mite de acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor radicado n\u00ba 003-2022-02583. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La empresa solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, debido proceso y tutela judicial efectiva, presuntamente vulnerados por la corporaci\u00f3n judicial convocada. <\/p>\n
2. Expone en s\u00edntesis que, suscribi\u00f3 un contrato de leasing con Bancolombia respecto de 12 veh\u00edculos (tipo camioneta), los cuales, a su vez subarrend\u00f3 a un cliente (New Logistic Renta Car); dichos automotores fueron \u00abobjeto de hurto\u00bb el 27 de noviembre de 2021 (al d\u00eda siguiente instaur\u00f3 la denuncia respectiva ante la fiscal\u00eda). <\/p>\n
Relata que, se recuperaron 10 de los 12 veh\u00edculos, por lo que, el 21 de febrero de 2022 el ente investigador expidi\u00f3 constancia de \u00abno recuperaci\u00f3n de los veh\u00edculos con placas JGZ782 y JGZ784\u00bb (ambos Marca Toyota, Modelo 2019, color Blanco Perlado). <\/p>\n
Cuenta que, como dichos veh\u00edculos se encontraban amparados con una p\u00f3liza global de Seguros Generales Suramericana S.A. \u2013 Sura \u2013, elev\u00f3 la reclamaci\u00f3n ante dicha aseguradora por los dos automotores desaparecidos, ya que uno de los riesgos asegurables contemplaba el hurto; no obstante, el Comit\u00e9 de Evaluaci\u00f3n de Siniestros de esa compa\u00f1\u00eda objet\u00f3 la solicitud con fundamento en que \u00abno se tipificaba el delito de hurto [\u2026] dado que seg\u00fan la informaci\u00f3n que ten\u00edan, la conducta realizada pod\u00eda configurarse como estafa o abuso de confianza\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, promovi\u00f3 ante la Superintendencia Financiera acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor financiero pretendiendo que, se declare la existencia del contrato de seguro \u00abrepresentado en la p\u00f3liza global n\u00ba 900000312770 de la que se deriv\u00f3 la p\u00f3liza de riesgo n\u00ba 709225245727 con una vigencia desde el 8 de octubre de 2021 hasta el 8 de octubre de 2022\u00bb; se declare que la objeci\u00f3n a la reclamaci\u00f3n elevada \u00abno estuvo fundada, ya que la p\u00f3liza global y las derivadas [\u2026] proteg\u00edan [\u2026] contra el siniestro de hurto [\u2026] seg\u00fan la definici\u00f3n de hurto all\u00ed contenida\u00bb. <\/p>\n
El 14 de abril de 2023, la Superintendencia dict\u00f3 fallo estimatorio de las pretensiones y ampar\u00f3 los derechos del consumidor financiero Armtrans Ltda., decisi\u00f3n que apel\u00f3 la compa\u00f1\u00eda de seguros. <\/p>\n
El 21 de julio de 2023, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 revoc\u00f3 el fallo de la Superintendencia Financiera, y en su lugar, declar\u00f3 \u00abprobada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito denominada riesgo excluido\u00bb. <\/p>\n
Dirige su queja contra la sentencia del tribunal. Frente a lo resuelto por el accionado alega que, el consumidor financiero no tiene por qu\u00e9 soportar la carga de las resultas de un proceso penal que puede demorar a\u00f1os, y que adem\u00e1s, la fiscal\u00eda \u00abya hab\u00eda definido [\u2026] que la conducta a trav\u00e9s de la cual se apropiaron los automotores asegurados era el hurto (\u2026)\u00bb. Agrega que, no existi\u00f3 una valoraci\u00f3n probatoria completa a partir de la cual se pudiera establecer que \u00ablo que se present\u00f3 fue efectiva y evidentemente una estafa o un abuso de confianza, presumiendo que, quien se apoder\u00f3 de los veh\u00edculos fue la persona a quien la empresa New Logisti se los entreg\u00f3 y que es precisamente lo que no se pudo averiguar en la indagaci\u00f3n penal, ya que los veh\u00edculos no se recuperaron y las circunstancias de la sustracci\u00f3n de los mismos no se conocen con certeza, ni su destino final\u00bb; de manera que, aduce, la calificaci\u00f3n preliminar de la conducta que realiz\u00f3 la fiscal\u00eda deb\u00eda ser atendida por la justicia civil. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pretende que, se deje sin efectos la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Civil, por medio de la cual revoc\u00f3 la de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia; y, que se declare \u00aben firme la sentencia emitida por esta \u00faltima entidad, al interior del proceso de acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor rad. 003-2022-02583-01\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistrada del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Civil, ponente de la decisi\u00f3n recriminada, defendi\u00f3 la postura de esa colegiatura en el asunto en cuesti\u00f3n y, en torno al debate suscitado por la empresa accionante explic\u00f3 que, aunque a la autoridad penal le compete definir cu\u00e1l es el delito cometido, el juez civil \u00abdebe adecuar la conducta al tipo penal que cobija la cobertura o al de las exclusiones [\u2026] y en esa tarea, se evidenci\u00f3 que quien recibi\u00f3 los veh\u00edculos objeto de cobertura, lo hizo en calidad de t\u00edtulo no traslativo de dominio (arrendamiento) aspecto que imped\u00eda adecuar la conducta en el il\u00edcito del hurto, punible que requiere para su determinaci\u00f3n que el sujeto se apodere del objeto, pero en este caso fue entregado a t\u00edtulo precario por la propia v\u00edctima (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. La Superintendencia Financiera de Colombia hizo un recuento de la actuaci\u00f3n cuestionada y, seguidamente, precis\u00f3 que, como la accionante no dirigi\u00f3 ning\u00fan reproche en contra de esa entidad, la valoraci\u00f3n sobre la presunta vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales debe hacerse frente al pronunciamiento del juzgador de segunda instancia. <\/p>\n
3. Seguros Generales Suramericana S.A., se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n tutelar dado que, considera que el tribunal accionado no incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho alguna pues, la sentencia que dict\u00f3 \u00abno se emiti\u00f3 con desconocimiento del ordenamiento jur\u00eddico y tampoco se aplicaron normas inexistentes, por el contrario, la misma se encuentra debidamente sustentada en las normas aplicables al caso y en el precedente de la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la corporaci\u00f3n convocada vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales denunciadas al interior del juicio de acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor financiero n\u00ba 003-2022-02583, promovido por la accionante Armtrans Ltda., contra Seguros Generales Suramericana SURA, al dictar el fallo del 21 de julio de 2023 con el cual revoc\u00f3 el estimatorio de la Superintendencia Financiera, para en su lugar, exonerar del pago a la compa\u00f1\u00eda aseguradora demandada, incurriendo con ello en v\u00eda de hecho (defecto sustantivo) al interpretar, supuestamente, de forma errada la exclusi\u00f3n de los riesgos contenidos en la p\u00f3liza de seguro cuestionada. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que el amparo no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez constitucional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Caso concreto \u2013 La sentencia atacada. <\/p>\n
Al examinar el veredicto sometido a escrutinio de esta Corte, con el l\u00edmite propio del juez constitucional, no se observa procedente el amparo, puesto que el mismo, en lo que es objeto puntual de reclamo, no constituye desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico con aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores invocadas. <\/p>\n
3.1. Descendiendo al sublite, preliminarmente el tribunal aclar\u00f3 que, la compa\u00f1\u00eda Armtrans Ltda., rent\u00f3 un total de 12 camiones a la empresa New Logistic Renta Car, la cual, a su vez, los alquil\u00f3 a Manuel Antonio Casta\u00f1eda Bernal, persona que aparentemente se los habr\u00eda apropiado. <\/p>\n
Seguidamente explicit\u00f3 que, en la p\u00f3liza de seguro de dichos automotores qued\u00f3 estipulado que quedar\u00edan excluidos los riesgos que \u00absean causados directa o indirectamente por estafa, abuso de confianza o cualquier otro delito contra el patrimonio econ\u00f3mico, de acuerdo a las definiciones del C\u00f3digo Penal, salvo el hurto, si fue contratada esa cobertura\u00bb; por lo tanto, indic\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque es cierto que en la sentencia apelada el Juez de conocimiento intent\u00f3 exponer la relaci\u00f3n causa-efecto entre las circunstancias de hecho y la p\u00e9rdida derivada del hurto de los veh\u00edculos, no lo es menos que en el plenario obran los medios demostrativos que evidencian que no existi\u00f3 tal conexidad o por lo menos respecto de dicho tipo penal, por lo que se considera que no fue evaluada en debida forma la exclusi\u00f3n reclamada por la demandada. <\/p>\n
En efecto, qued\u00f3 verificada la estipulaci\u00f3n contractual en la que se excluy\u00f3 de la cobertura de la p\u00f3liza cuando sean causadas directa o indirectamente por estafa, abuso de confianza o cualquier otro delito contra el patrimonio econ\u00f3mico, salvo el hurto, de conformidad con las definiciones del C\u00f3digo Penal; tal causal aparece debidamente acreditada en la excepci\u00f3n denominada \u201cRiesgo Excluido\u201d\u00bb. <\/p>\n
M\u00e1s adelante, el tribunal destac\u00f3 que, si bien es cierto, la discusi\u00f3n sobre la calificaci\u00f3n penal de la conducta delictiva escapa a la controversia, \u00ablo cierto es que refulge necesario realizar dicha distinci\u00f3n en aras de establecer si la causal de exclusi\u00f3n se encuentra acreditada o no\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, tras analizar detalladamente la denuncia penal instaurada, coligi\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la relaci\u00f3n que encontr\u00f3 probada el Juez de instancia entre la desaparici\u00f3n de los veh\u00edculos con el hecho punible de hurto, no est\u00e1 plenamente comprobada, habida cuenta que, en la forma y circunstancia que se present\u00f3 la desaparici\u00f3n de los rodantes, no es t\u00edpica de la conducta endilgada por la Superintendencia en la sentencia\u00bb. <\/p>\n
De esa forma, a partir de la definici\u00f3n normativa de las conductas de hurto, estafa y abuso de confianza y acudiendo a la diferenciaci\u00f3n realizada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal respecto de dichos punibles, dilucid\u00f3 la magistratura accionada que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de conformidad con la denuncia presentada por la empresa arrendadora, New Logisti, con apoyo en el testimonio de su representante legal, sugiere que la relaci\u00f3n existente entre el hecho denunciado y las actuaciones del se\u00f1or Manuel Ant\u00f3nio Casta\u00f1eda Bernal a quien se le subarrend\u00f3 los veh\u00edculos, son indiciarios a que el delito por medio del que se apropi\u00f3 de los bienes encaja en las conductas de abuso de confianza o estafa, por cuanto al precitado, tenedor precario, se le entregaron los veh\u00edculos, a trav\u00e9s de un contrato y, con posterioridad a \u00e9ste se apoder\u00f3 il\u00edcitamente de ellos; infracci\u00f3n \u00e9sta que es la que contin\u00faa abierta por el Ente Fiscal. No se puede afirmar que se trat\u00f3 de un hurto, en cualquiera de sus modalidades simple o agravado, porque este punible exige el apoderamiento directo que hace el sujeto activo del bien; ac\u00e1 el due\u00f1o o poseedor, sujeto pasivo, no le entrega los bienes, sino que aqu\u00e9l se apodera de ellos. <\/p>\n
Con todo, ser\u00e1 la autoridad penal que defina en \u00faltimas el delito cometido por este a quien se le entregaron los veh\u00edculos a t\u00edtulo precario; pero como para definir el asunto el juez civil debe adecuar la conducta al tipo penal que cobija la cobertura o al de las exclusiones, dicha labor necesariamente debe hacerse sin que con ello se invadan \u00f3rbitas de otras autoridades. <\/p>\n
N\u00f3tese que, de una parte, quien en \u00faltimas recibi\u00f3 las camionetas a t\u00edtulo no traslativo de dominio (arrendamiento) fue el se\u00f1or Casta\u00f1eda Bernal, persona que en apariencia seg\u00fan se relata gan\u00f3 la confianza de su arrendadora para despu\u00e9s sustraer [\u2026] los referidos bienes <\/p>\n
Y es que, en efecto, los hechos rese\u00f1ados permiten inferir que la p\u00e9rdida de los automotores de la demandante se produjo cuando \u00e9stos se hallaban bajo el cuidado y administraci\u00f3n de terceros, quienes a su turno recibieron la guarda\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la colegiatura tutelada entendi\u00f3 que la excepci\u00f3n propuesta por la compa\u00f1\u00eda aseguradora demandada deb\u00eda prosperar, comoquiera que los veh\u00edculos desaparecidos no se encontraban amparados frente a los riesgos de estafa y abuso de confianza, y recalc\u00f3 que la Superintendencia, <\/p>\n
En esas condiciones, queda en evidencia el \u201cRiesgo Excluido\u201d propuesta como excepci\u00f3n por la aseguradora demandada, toda vez que lo amparado era el hurto y no figuras delictivas que aunque similares no pueden ser iguales como el abuso de confianza o la estafa. Lo anterior obviamente sin perjuicio de la responsabilidad contractual que pueda surgir entre la empresa demandante con la sociedad New Logistic Renta Car Ltda. y entre \u00e9sta con el se\u00f1or Manuel Ant\u00f3nio Casta\u00f1eda Bernal\u00bb. <\/p>\n
3.2. Entonces, bajo el contexto que viene de verse, m\u00e1s all\u00e1 de que la Corte comparta o no la determinaci\u00f3n reprochada, como aquella se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la arbitrariedad, resulta improcedente la intervenci\u00f3n del juez de tutela; as\u00ed lo ha indicado en precedencia esta Sala, puntualizando que no ser\u00e1 viable la injerencia de esta justicia excepcional, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, CSJ STC10726-2015 y STC1496-2016). <\/p>\n
De otro lado, se ha dicho que resulta impertinente acudir a esta v\u00eda tutelar con el \u00fanico prop\u00f3sito de hacer prevalecer una particular interpretaci\u00f3n de la normativa aplicable o del contexto f\u00e1ctico-jur\u00eddico puesto en conocimiento del juzgador; en este aspecto se ha indicado de forma reiterada que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01); <\/p>\n
Ahora, el que la gestora del auxilio disienta de la postura que ataca, no por ello se abre camino la prosperidad del reclamo constitucional; no es suficiente una decisi\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que \u00e9sta se encuentre afectada por defectos superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en este evento. Al respecto, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, rad. 02137-00; STC1558-2015 y STC4705-2016, 13 abr. rad. 00077-01). <\/p>\n
En definitiva, no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, ni sustancial, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n arbitraria que la colegiatura aqu\u00ed tutelada tom\u00f3 su decisi\u00f3n, pues los motivos que con suficiencia expuso, constituyen una interpretaci\u00f3n judicial respetable, que no configura ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a las garant\u00edas constitucionales del demandante. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La decisi\u00f3n criticada no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda; adem\u00e1s, porque lo pretendido por la accionante es anteponer su propio criterio al de la magistratura tutelada en el asunto puesto a su consideraci\u00f3n, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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