STC12023-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
STC12023-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 44001-22-14-000-2023-00062-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha el 4 de octubre de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Deiner Sofain Sarmiento Solano contra el Juzgado Promiscuo de Familia de San Juan del Cesar; tr\u00e1mite al cual fue vinculada Sindy Marcela Castrillo Correales, como interviniente en la causa rad. n\u00ba 2023-00076. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Obrando en nombre propio, el solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso presuntamente vulnerado por la autoridad judicial convocada.<\/p>\n
2. En s\u00edntesis, el gestor empez\u00f3 por exponer que, ante el estrado encartado, Sindy Marcela Castrillo Correales promueve en su contra \u00abuna demanda para que se declare la existencia de la sociedad marital entre [compa\u00f1eros] permanentes, consecuencial a la formaci\u00f3n de la sociedad patrimonial\u00bb y su liquidaci\u00f3n, la cual fue admitida a pesar de que \u00abla parte actora (\u2026) incumpli[\u00f3] la notificaci\u00f3n que manda el decreto 806 del 2020, y los art\u00edculos 6 y 8 de la ley 1322-2022 (sic)\u00bb, toda vez que pas\u00f3 por alto \u00abla notificaci\u00f3n que debi\u00f3 hacer (\u2026) previamente a la radicaci\u00f3n del libelo\u00bb, aunado a que \u00abincumple (\u2026) el art\u00edculo 82 del C\u00f3digo General del Proceso que establece un orden que debe cumplir la demanda\u00bb, pues alter\u00f3 su \u00abconsecutividad\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, critica que el extremo demandante \u00abprecisa la existencia de gananciales, [pero] solicita se embargue los salarios y prestaciones sociales que devenga (\u2026) en Carbones Colombianos del Cerrej\u00f3n, cuando es sabido que ese rubro no corresponde a gananciales, puesto que son derechos que se traducen en sumas correspondientes a factores salariales (\u2026) y no de la comunidad marital (\u2026), ni menos de la sociedad patrimonial de la pareja\u00bb, desconociendo tambi\u00e9n el \u00abtope de inembargabilidad\u00bb, lo que afecta el sustento de su n\u00facleo familiar y le ocasiona un perjuicio irremediable. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que se \u00abdecret[e] la suspensi\u00f3n del proceso y desemba[rgo]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo de Familia de San Juan del Cesar hizo un recuento de las actuaciones adelantadas a su cargo y aleg\u00f3 la improcedencia del amparo, como quiera que \u00abtodos los reparos y alegaciones esbozados por el actor ha podido ventilarlos al interior del proceso, a trav\u00e9s del uso de los diferentes recursos que el ordenamiento adjetivo dispone para controvertir las decisiones judiciales, sin necesidad de acudir a este excepcional mecanismo constitucional, m\u00e1xime, cuando no demuestra que se pretenda utilizar como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb. <\/p>\n
2. El abogado Stiwar Rafael Solano Romero, quien act\u00faa como apoderado de Sindy Marcela Castrillo Correales en el asunto objeto de queja, contest\u00f3 cada uno de los hechos expuestos en el escrito inicial y se opuso a las pretensiones porque \u00ablos requisitos formales de la demanda y el decreto de medidas cautelares, son cuestiones que deben debatirse al interior del proceso como tal, no en sede constitucional, [pues] el juez de tutela no puede suplir al natural\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el resguardo deprecado por improcedente al considerar que \u00abno se cumple con el requisito de la subsidiariedad\u00bb, en tanto que \u00abel aqu\u00ed accionante a pesar de haber sido notificado no compareci\u00f3 al proceso a ejercer su derecho de defensa, por lo que, si dej\u00f3 precluir las oportunidades legales a su favor, no puede ahora a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, alegar inconformidades que en \u00faltimas, le corresponde resolver al juzgado accionado, pues el Juez de tutela no puede inmiscuirse en asuntos que son propios de otras autoridades y menos a\u00fan, convertirse en una instancia adicional para revivir los t\u00e9rminos ya precluidos\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el querellante bajo los argumentos presentados en el escrito de tutela y puntualiz\u00f3 que \u00abel embargo de [su] salario [afecta] la \u00fanica entrada de dinero que [tiene] para subsistir con [su] familia\u00bb -que involucra a sus hijos menores de edad y a su madre-, por lo que insisti\u00f3 en \u00abel desembargo (\u2026) a la menor brevedad por los perjuicios econ\u00f3micos en la subsistencia [y] m\u00ednimo vital\u00bb. Lo anterior fue reiterado en escrito adicional allegado ante esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si el interesado ha agotado los mecanismos ordinarios a su alcance y, de superarse lo anterior, corroborar si el Juzgado Promiscuo de Familia de San Juan del Cesar, vulner\u00f3 las prerrogativas esenciales invocadas en el asunto rad. n.\u00b0 2023-00076. <\/p>\n
2. Del presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n tiene por sentado que, en principio, el amparo no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, porque en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
As\u00ed, para la viabilidad del ruego tuitivo respecto de providencias judiciales, deben haberse cumplido todas y cada una de las causales generales decantadas por la jurisprudencia, entre las cuales es esencial la subsidiariedad, esto es, que previo a la reclamaci\u00f3n se agoten los mecanismos defensivos. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto el uso racional de la tutela, conforme a la naturaleza jur\u00eddica prevista en el canon 86 de la Carta Pol\u00edtica y el Decreto 2591 de 1991, se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos de protecci\u00f3n de sus derechos, pues la acci\u00f3n no es sustitutiva, alternativa, paralela, ni complementaria de las dem\u00e1s herramientas que consagra el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisadas las diligencias, precisa la Sala que se ratificar\u00e1 la improcedencia del resguardo, porque de la verificaci\u00f3n del escrito inicial y los medios de convicci\u00f3n obrantes en el expediente, deviene di\u00e1fano el incumplimiento del aludido presupuesto de la subsidiariedad que rige este mecanismo, conforme pasa a explicarse. <\/p>\n
<\/p>\n
1. En efecto, n\u00f3tese que aunque el reproche del promotor se dirige a cuestionar el indebido enteramiento del proceso sobre declaraci\u00f3n de existencia de uni\u00f3n marital de hecho y la consecuente liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial que se promueve en su contra, as\u00ed como la improcedencia de las medidas cautelares all\u00e1 decretadas; lo cierto es que ninguna actuaci\u00f3n ha procurado al interior de aquella causa para deprecar lo que aqu\u00ed aspira, en tanto ni siquiera ha comparecido. <\/p>\n
Acorde con ello, al tener a su alcance otros medios judiciales de defensa, los cuales no ha agotado, deviene inviable que el juez constitucional anticipadamente pueda arrogarse facultades que le compete decidir a otro funcionario so pretexto de la incursi\u00f3n en defectos de procedibilidad, cuyo estudio se condiciona a que se hayan superado los esenciales presupuestos generales entre los cuales est\u00e1 el de la subsidiariedad. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abeste medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, citada entre otras en STC10384-2021, 18 ago.). <\/p>\n
Ante este panorama, se considera necesario ratificar la postura, seg\u00fan la cual, sin que el demandante hubiera acudido a la respectiva acci\u00f3n ante el juez ordinario y empleando el medio id\u00f3neo que prev\u00e9 el ordenamiento legal, este instrumento excepcional no resulta viable en la medida en que la tutela no puede convertirse en un medio alternativo o adicional, ya que su finalidad no consiste en reemplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos. <\/p>\n
De manera que esa circunstancia, por s\u00ed sola, emerge como impedimento para que el juez de tutela intervenga en el proceso confutado, porque se desconocen las medidas que puedan adoptarse en el curso del mismo, lo que impone declarar la inviabilidad del auxilio; ya que, se itera, en el sub-examine se est\u00e1 ante la inobservancia del mentado criterio, en atenci\u00f3n a lo previsto en el numeral 1 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
3.2. Por lo dem\u00e1s, el amparo tampoco procede como mecanismo transitorio, porque no se prob\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable, evento para el cual se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, ex. 00194-01), que no lo es en este caso. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
De conformidad con lo discurrido, se respaldar\u00e1 el fallo de primera instancia que declar\u00f3 improcedente el auxilio implorado, al no superar el requisito de la subsidiariedad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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