STC12029-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12029-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2023-00465-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 11 de octubre de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Yarides P\u00e9rez Medina contra el Juzgado Segundo de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el pleito n\u00b0 2001-00348. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de petici\u00f3n, igualdad, al buen nombre, debido proceso, vivienda y vida digna, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que como demandado en un proceso en el que se fijaron alimentos a favor de sus dos hijas Mar\u00eda Paula y Mar\u00eda Fernanda P\u00e9rez Bar\u00f3n, quienes \u00abya tienen 24 y 22 a\u00f1os [de edad], respectivamente\u00bb, elev\u00f3 peticiones al Juzgado Segundo de Familia de Bucaramanga, solicitando \u00ablas certificaciones de estudio de [las alimentarias, respecto de quienes] me descuenta la cuota mensual, [ya que] el juzgado debe tener el soporte reciente\u00bb, y pese a que tales \u00abmemoriales son de fecha 2023-05-04, 2023-07-12 [y] 2023-30-08 [y los hizo] llegar por [el] correo institucional de ese despacho (\u2026), a la fecha [4 de octubre de 2023] no emitieron ning\u00fan pronunciamiento a mi reclamo\u00bb. <\/p>\n
3. De lo antedicho, se infiere que lo pretendido es que se resuelvan sus peticiones, las cuales est\u00e1n encaminadas a que sea exonerado de la obligaci\u00f3n alimentaria para con sus hijas actualmente mayores de edad. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El funcionario judicial encartado, tras precisar que la tasaci\u00f3n de alimentos -cuyo pago el accionante se duele-, tuvo lugar dentro del proceso de filiaci\u00f3n extramatrimonial radicado en su despacho bajo el n\u00b0 2001-00348, conforme a sentencia del \u00ab10 de diciembre de 2003\u00bb, y que desde entonces se han atendido sendas peticiones de las partes. <\/p>\n
Sobre la actual reclamaci\u00f3n, surgida a partir del \u00ab05 de julio de 2022\u00bb, reiterado \u00abel 06 de octubre de 2022\u00bb, frente a los cuales, \u00aba manera de orientaci\u00f3n al memorialista, mediante correo electr\u00f3nico de fecha 13 de octubre de 2022, le fue indicado a trav\u00e9s de secretaria al hoy tutelante [que]: \u201c(\u2026) las solicitudes de exoneraci\u00f3n de obligaci\u00f3n alimentaria para todos los procesos deben ser presentadas a trav\u00e9s de apoderado judicial (apoderado de confianza, miembro de consultorio jur\u00eddico, defensor p\u00fablico de la Defensor\u00eda del Pueblo) con los debidos soportes y pruebas que pretenda hacer valer, con la finalidad que pueda ser tramitado conforme lo dispone el Art. 397 del C\u00f3digo General del Proceso\u201d\u00bb, y que en atenci\u00f3n a las reiteraci\u00f3n del pedimento, con prove\u00eddo del 9 de octubre de 2023, se le brind\u00f3 similar respuesta. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio al sostener que \u00abno se acredita la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n alegado, por cuanto, contrario sensu, la c\u00e9lula judicial accionada s\u00ed resolvi\u00f3 la petici\u00f3n elevada por el actor \u2013 y sus reiteraciones – de manera, clara, congruente y de fondo\u00bb, pues, \u00abcosa muy distinta es que no haya el Juzgado accedido a remitir los certificados de estudios que [el accionante] a\u00f1ora; empero, ello per se no configura la violaci\u00f3n de su garant\u00eda constitucional de petici\u00f3n, ni comporta una postura arbitraria o caprichosa por parte del estrado\u00bb. Por tanto, \u00abcomo se lo explic\u00f3 el juzgado, el certificado de estudios de sus hijas que pretende obtener debe ser solicitado como material probatorio al interior de un tr\u00e1mite de modificaci\u00f3n, exoneraci\u00f3n o disminuci\u00f3n de la cuota alimentaria de mayor de edad que debe promover, conforme lo estipula el n\u00fam. 06\u00ba del art. 396 (sic) del CGP\u00bb, y \u00abpromoverlo por conducto de un apoderado judicial\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el demandante para insistir en que solicit\u00f3 al juzgado \u00abdocumentos [que este debe] hacer a llegar (sic) [como son] certificados de estudios de sus hijas, copia de las notas, copia de la matricula a la educaci\u00f3n o copia del pago de cuotas de estudio superior, [pues el accionado] debe ser el responsable de mes a mes pedir el documento para entregar los t\u00edtulos\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Segundo de Familia de Bucaramanga, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales al debido proceso y acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia del actor, porque se abstuvo de dar curso a las reiteradas solicitudes de exoneraci\u00f3n de cuota alimentaria, al exigir para ello la formulaci\u00f3n de una demanda a trav\u00e9s de apoderado judicial. <\/p>\n
2. De los fallos de tutela ultra y extra petita. <\/p>\n
El planteamiento del objeto de esta acci\u00f3n tiene lugar porque si bien el reproche del querellante se circunscribe, como lo precis\u00f3 en sede de impugnaci\u00f3n, a que el juzgado responda de fondo su derecho de petici\u00f3n consistente en remitirle -v\u00eda correo electr\u00f3nico- los documentos que acrediten la calidad de estudiantes de sus hijas, es deber del juez constitucional realizar un estudio panor\u00e1mico del caso y adoptar las medidas que estime pertinentes para resguardar las garant\u00edas superiores. <\/p>\n
En este espec\u00edfico caso se precisa que cuando una de las partes o interesado en un proceso judicial, eleva una petici\u00f3n dirigida a que el despacho expida documentos que pod\u00edan integrar el expediente, para resolverla de manera clara, congruente y de fondo, debe verificarse si estos obran o no en dicha foliatura, y en caso positivo remit\u00edrselos prontamente al solicitante, en su defecto, informarle que ello no es posible, evitando as\u00ed incursionar en otro tipo de situaciones como la acaecida respecto de las certificaciones de estudio deprecadas por el hoy querellante. <\/p>\n
Sobre el punto, n\u00f3tese que, contrario a lo requerido por quejoso, al juez cognoscente del pleito no le es imperativo estar exigiendo peri\u00f3dicamente que se acredite la calidad de estudiantes de alimentarios mayores de edad, pues dicha prestaci\u00f3n es de tracto sucesivo y por tanto se causa mientras est\u00e9n dadas las circunstancias que originaron su tasaci\u00f3n, siendo el interesado en eximirse de su pago a quien le corresponde demostrar si tales condiciones se mantienen -a\u00fan despu\u00e9s de que los beneficiarios rebasen su minor\u00eda de edad-, o si variaron para posibilitar su exoneraci\u00f3n. <\/p>\n
Dilucidado lo anterior, retomando la figura jur\u00eddica anunciada, se se\u00f1ala que la misma es procedente en tanto que, \u00aben materia de tutela, el juez puede al estudiar el caso concreto, conceder el amparo solicitado, incluso por derechos no alegados, pues la misma naturaleza de esta acci\u00f3n, as\u00ed se lo permite\u00bb (CC T-532\/94). En ese mismo sentido, se ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) dada la naturaleza de la presente acci\u00f3n, la labor del juez no debe circunscribirse \u00fanicamente a las pretensiones que cualquier persona exponga en la respectiva demanda, sino que su labor debe estar encaminada a garantizar la vigencia y la efectividad de los preceptos constitucionales relativos al amparo inmediato y necesario de los derechos fundamentales. En otras palabras, en materia de tutela no s\u00f3lo resulta procedente, sino que en algunas ocasiones se torna indispensable que los fallos sean extra o ultra petita. Argumentar lo contrario (\u2026), equivaldr\u00eda a que la administraci\u00f3n de justicia tendr\u00eda que desconocer el mandato contenido en el art\u00edculo 2\u00ba superior y el esp\u00edritu mismo de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, pues -se reitera- la vigencia de los derechos constitucionales fundamentales es el cimiento mismo del Estado social de derecho\u00bb (CC T-310\/95). Se subraya. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Con fundamento en las anteriores premisas, de los argumentos de la queja constitucional y su cotejo con las piezas procesales pertinentes, la Sala revocar\u00e1 el fallo impugnado y en su lugar conceder\u00e1 el resguardo, pero no en el sentido deprecado sino en raz\u00f3n a que la agencia judicial accionada, por no haber dado curso expedito a las solicitudes de exoneraci\u00f3n de alimentos presentadas por el se\u00f1or P\u00e9rez Medina al interior del pleito n\u00b0 2001-00348, incurri\u00f3 en yerros espec\u00edficos de procedibilidad, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. Preliminarmente, se recuerda que, seg\u00fan la decantada jurisprudencia de esta Corte, la tutela contra decisiones judiciales solamente es viable cuando los funcionarios incurren en un proceder claramente opuesto al ordenamiento jur\u00eddico, por arbitrario o antojadizo, y de esa manera se hace indispensable restablecerlo. Esto, porque en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Entonces, aunque los falladores ordinarios tienen libertad razonable para interpretar y aplicar la ley, los jueces de tutela pueden intervenir en esa funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n de esta, toda vez que: \u00ab[e]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183, citada en STC13340-2023, 5 oct., rad. 00253-01, entre otras). <\/p>\n
3.2. Dilucidado lo anterior, la afectaci\u00f3n a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, y por consiguiente la injerencia del fallador excepcional para remediarla, emerge al configurarse los yerros -espec\u00edficos de procedibilidad- procedimental y de desconocimiento del precedente jurisprudencial, materializados al no tramitar adecuadamente la solicitud de exoneraci\u00f3n de la cuota alimentaria que formul\u00f3 el hoy tutelante. <\/p>\n
Ciertamente, mediante comunicaci\u00f3n remitida v\u00eda correo electr\u00f3nico el \u00ab12 de octubre de 2022\u00bb, al responder la petici\u00f3n inicial del demandante, el juzgado accionado, tras advertir que su pretensi\u00f3n era la \u00abexoneraci\u00f3n\u00bb de la obligaci\u00f3n alimentaria fijada a favor de sus dos hijas mayores de edad, le respondi\u00f3 que las solicitudes de ese linaje \u00abdeben ser presentadas a trav\u00e9s de apoderado judicial (\u2026) con los debidos soportes y pruebas que pretenda hacer valer, con la finalidad [de] que pueda ser tramitado conforme lo dispone el art. 397 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, postura que mantuvo en reciente prove\u00eddo -del 9 de octubre de 2023-, al contestar las reiteraciones que elev\u00f3 el interesado el 24 de mayo, 11 de julio y 30 de agosto de 2023. <\/p>\n
Como se anunci\u00f3, los anteriores pronunciamientos del accionado ri\u00f1en con la normativa que rige dicha tem\u00e1tica, as\u00ed como con la interpretaci\u00f3n que ha venido sosteniendo esta Sala al desatar acciones constitucionales donde se debatieron asuntos de similares connotaciones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas, por ende, aplicables en el sub j\u00fadice. <\/p>\n
En efecto, enfatizando que el fuero de atracci\u00f3n o conexidad aplica en relaci\u00f3n con los asuntos previstos en el par\u00e1grafo 2\u00b0 del art\u00edculo 390 del C\u00f3digo General del Proceso y en el numeral 6\u00b0 del canon 397 ibidem, la Corte indic\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Para este tipo de asuntos, no puede desconocerse lo previsto en el art\u00edculo 390 del C\u00f3digo General del Proceso, que enlista las cuestiones que deben ser tramitadas bajo el procedimiento verbal sumario. <\/p>\n
As\u00ed, el numeral segundo de la mentada disposici\u00f3n contempla los de \u201cfijaci\u00f3n, aumento, disminuci\u00f3n, exoneraci\u00f3n de alimentos y restituci\u00f3n de pensiones alimenticias\u201d, siempre y cuando, -res\u00e1ltese- \u201cno hubieren sido se\u00f1alados judicialmente\u201d. <\/p>\n
De, lo anterior, den\u00f3tese que el caso, como el que es ahora objeto de revisi\u00f3n, qued\u00f3 excluido de la regla general descrita, comoquiera que la solicitud elevada ante el despacho acusado, se present\u00f3 luego de que, contra \u00e9l, se fijara una cuota alimentaria en sentencia de 29 de septiembre de 2015. <\/p>\n
En suma, la citada prerrogativa, no enuncia ning\u00fan otro requisito que deba contemplarse para efectos de solicitar la exoneraci\u00f3n de alimentos, basta \u2013rep\u00edtase-, con solicitarlo al juez de la causa, para que \u00e9ste, a continuaci\u00f3n del proceso de alimentos, proceda a resolverla en audiencia, con la comparecencia y participaci\u00f3n, claro est\u00e1, de la parte contraria, como se dej\u00f3 visto\u00bb (CSJ STC5710-2017, 27 abr., rad. 00122-01, reiterada en STC19138-2017, 17 nov., rad. 00704-01). Se resalta. <\/p>\n
Siguiendo esa misma directriz, en un caso semejante, expuso que \u00abresult\u00f3 desatinado el actuar del juzgado (\u2026) cuestionado toda vez que, err\u00f3 al rechazar la demanda de incremento de cuota alimentaria y dio un tr\u00e1mite ajeno al pertinente, en esa medida, equivoc\u00f3 la direcci\u00f3n del asunto de marras, ello a la luz del a normatividad aplicable y la jurisprudencia que frente al tema se ha desarrollado\u00bb (STC10326-2018, 10 ago. 2018, rad. 00318-01, reiterada en STC11756-2018, 12 sep. 2018, rad. 00379-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante esta Sala precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) cuando la cuota de alimentos ya se encuentra determinada por la autoridad judicial competente, los asuntos atinentes al aumento, reducci\u00f3n o exoneraci\u00f3n de dicha obligaci\u00f3n, corresponde conocerlos y dirimirlos el mismo juez que la fij\u00f3, precisando que para ello no se requiere agotar conciliaci\u00f3n prejudicial ni las dem\u00e1s exigencias formales de una nueva demanda, sino que solo es menester la petici\u00f3n elevada por la parte interesada. <\/p>\n
Lo anterior en momento alguno impide que la contraparte haga uso del derecho de defensa y contradicci\u00f3n, pues de acuerdo al precepto 397 del estatuto adjetivo general, el asunto se tramita y decide \u00aben audiencia previa citaci\u00f3n a la parte contraria\u00bb; tampoco implica que la decisi\u00f3n se adopte sin un adecuado sustento probatorio, porque adem\u00e1s de la oportunidad para que las partes aporten y soliciten los pertinentes medios de convicci\u00f3n, la normativa en comento establece que \u00abel juez, a\u00fan de oficio, decretar\u00e1 las pruebas necesarias para establecer la capacidad econ\u00f3mica del demandado y las necesidades del demandante (\u2026)\u00bb (CSJ STC13655-2021, 13 oct., rad. 00105-01, citada en STC1220-2022, 9 feb., rad. 2021-00864-01; STC5487-2022, 5 may., rad. 00129-01; STC11795-2022, 7 sep., rad. 00170-01, y STC4884-2023, 24 may., rad. 00075-01, entre otras). Se subraya. <\/p>\n
Recientemente la Sala afianz\u00f3 esa posici\u00f3n al se\u00f1alar que: \u00ab(\u2026) al haberse fijado o ratificado la cuota alimentaria por el mismo juez, las pretensiones enfiladas a modificarla (aumento, reducci\u00f3n, restituci\u00f3n o exoneraci\u00f3n), no conllevan la carga de una acci\u00f3n independiente y menos con el lleno de los requisitos formales de una demanda; s\u00f3lo debe formularse la solicitud enunciando los fundamentos f\u00e1cticos que denoten justificaci\u00f3n para la variaci\u00f3n, aportar los medios de prueba que est\u00e9n a su alcance y solicitar los que considere deben practicarse en audiencia, a la cual debe concurrir su contraparte, a quien debe citarse previamente y otorgarle las oportunidades de ley para que ejerza sus derechos de defensa y contradicci\u00f3n\u00bb (CSJ STC6430-2023, 5 jul., rad. 00142-01). <\/p>\n
En este orden, por cuanto el accionado requiri\u00f3 del reclamante el cumplimiento de formalidades que s\u00f3lo ser\u00edan verificables en trat\u00e1ndose de una demanda, no de una simple solicitud de exoneraci\u00f3n -con las m\u00ednimas exigencias descritas por los precedentes jurisprudenciales-, la soluci\u00f3n al sub lite no puede ser otra que la dada por la Corte a los examinados en precedencia, en los que se concedi\u00f3 la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia del peticionario. <\/p>\n
Ahora, respecto a la necesidad de acreditar el derecho de postulaci\u00f3n, n\u00f3tese que la misma viene dada en relaci\u00f3n con el proceso ejecutivo de alimentos, no en los asuntos que acaban de referirse, y de ello claramente da cuenta la constante y reiterada jurisprudencia de esta Sala1. <\/p>\n
3.3. Sobre el advertido defecto procedimental, es necesario recordar que, en primer lugar, se tipific\u00f3 en la modalidad de absoluto, porque so pretexto de ce\u00f1irse al principio de legalidad, el accionado se apart\u00f3 de su funci\u00f3n como garante de los derechos de las partes, en particular del demandante, al actuar al margen del procedimiento por no darle el debido alcance a las garant\u00edas contenidas en los art\u00edculos 390 y 397 del C\u00f3digo General del Proceso; en segundo lugar, se configur\u00f3 por exceso ritual manifiesto, al exigir rigurosamente formalidades de una demanda, cuando, como se observ\u00f3 en precedencia, ello es contrario a los postulados de una pronta y eficaz administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Sobre tal desafuero, se ha sostenido que ri\u00f1e con el principio de prevalencia del derecho sustancial y desconoce la adecuada interpretaci\u00f3n de la norma adjetiva aplicable, ya que se incurre en \u00e9l cuando el juez procede a: \u00ab(i) aplicar disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exige el cumplimiento de requisitos formales de manera irreflexiva, aunque en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situaci\u00f3n se encuentre comprobada; [y] (iii) incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u00bb (CC T-031\/16), y, cuando \u00abpor un apego extremo y una aplicaci\u00f3n mec\u00e1nica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva patente en los hechos, deriv\u00e1ndose de su actuar una inaplicaci\u00f3n de la justicia material y del principio de la prevalencia del derecho sustancial\u00bb (CC T-234\/17). <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que para incursionar en el yerro en cuesti\u00f3n, el acusado tambi\u00e9n soslay\u00f3 el art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso, que previene: \u00abel juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb, y que las posibles dudas que surjan \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb. <\/p>\n
Ahora, sobre el defecto de \u00abdesconocimiento del precedente jurisprudencial\u00bb, se ha precisado que el que obliga es el especializado y vertical, en la medida que: \u00ablos jueces \u201cest\u00e1n perfectamente facultados para decidir de manera independiente y aut\u00f3noma, ya que acoger el precedente jurisprudencial o de cumplir con la carga de exponer los motivos por los cuales no se atiende, s\u00f3lo recae cuando aqu\u00e9l proviene de un superior jer\u00e1rquico (\u2026)\u201d (sentencias del 15 de noviembre y del 12 de diciembre de 2005, exp. T. 01892-01 y 2279-01)\u00bb (CSJ STC, 11 oct. 2013, rad. 01713-01), por ello, cuando se enfrente a un caso que guarda connotaciones similares, el juez est\u00e1 llamado a atenderlo para no lesionar las prerrogativas que se protegen en sede constitucional. <\/p>\n
Dicha figura ha sido definida como \u00abaquel conjunto de sentencias previas al caso que se habr\u00e1 de resolver que, por su pertinencia para la resoluci\u00f3n de un problema jur\u00eddico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia\u00bb. Tambi\u00e9n se ha indicado que \u00abla aplicabilidad del precedente por parte del juez es de car\u00e1cter obligatorio, siempre que la ratio decidendi de la sentencia antecedente (i) establezca una regla relacionada con el caso a resolver posteriormente; (ii) haya servido de base para solucionar un problema jur\u00eddico semejante, o una cuesti\u00f3n constitucional similar a la que se estudia en el caso posterior; y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la providencia anterior sean semejantes o planteen un punto de derecho parecido al que se debe resolverse posteriormente\u00bb (CC T-1029\/12). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido, se revocar\u00e1 el fallo desestimatorio de primer grado y en su lugar se conceder\u00e1 el auxilio en el sentido advertido en esta instancia. Como consecuencia, se invalidar\u00e1 lo decidido por el accionado en relaci\u00f3n con la solicitud y reiteraci\u00f3n de exoneraci\u00f3n de alimentos elevadas a partir del 5 de julio de 2022, y se ordenar\u00e1, que, sin perjuicio de los ajustes que tal pedimento llegue a requerir para su viabilidad seg\u00fan lo dicho en precedencia, el mismo sea tramitado en el t\u00e9rmino perentorio de 5 d\u00edas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada y en su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia invocados por el demandante. <\/p>\n
SEGUNDO: DEJAR sin efecto las determinaciones proferidas por el Juzgado Segundo de Familia de Bucaramanga, en relaci\u00f3n con la desestimaci\u00f3n a la solicitud de exoneraci\u00f3n de alimentos elevada dentro del litigio n\u00b0 2001-00348, en particular el auto del 9 de octubre de 2023. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR al titular del despacho convocado, que en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de este fallo, se pronuncie de nuevo sobre la referida petici\u00f3n de exoneraci\u00f3n de cuota alimentaria, con observancia en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
CUARTO: COMUNICAR lo resuelto a las partes y al tribunal a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 (CSJ, STC, 15 feb. 1995, exp. 1986, citada en STC, 9 nov. 2011, exp. 00285-01; STC, 18 mar. 2013, exp. 2012-00393-01; STC, 19 nov. 2013 exp. 00217-02; STC, 29 nov. 2013, exp. 00334-01; STC5261-2016, 28 abr., rad. 00060-01; STC15994-2017, 4 oct., rad. 00492-01; STC15996-2017, 4 oct., rad. 00298-01; STC5247-2018, 25 abr., rad. 00061-01, y STC734-2019, 31 ene., rad. 00331-01, entre otras). <\/p>\n
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STC12029-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC12029-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2023-00465-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-77047","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77047","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77047"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77047\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77047"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77047"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77047"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}