STC12031-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12031-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-03712-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Esta Sala decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Seguros de Vida del Estado S.A. contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 2022-00193. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad gestora -a trav\u00e9s de apoderado- reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad censurada. <\/p>\n
2. Del expediente allegado se resalta lo que viene. El 11 de septiembre de 2020, Diana Beatriz Yenny Arias Ibago solicit\u00f3 contratar con la compa\u00f1\u00eda accionante dos p\u00f3lizas individuales de vida deudores, con el fin de amparar los cr\u00e9ditos de n\u00fameros 90000078985 y 90000078991 adquiridos con Bancolombia, para lo cual diligenci\u00f3 -en se\u00f1al de asentimiento- el documento de solicitud de seguro de vida individual y conocimiento del cliente. En este se manifest\u00f3 no haber padecido, padecer o ser tratada de enfermedades relacionadas \u00abcon problemas de coraz\u00f3n, diabetes, visi\u00f3n, presi\u00f3n arterial, ri\u00f1ones, pulmones, enfermedades neurol\u00f3gicas, enfermedades hep\u00e1ticas, infecci\u00f3n por V.I.H.\u00bb. El 7 de diciembre de 2021, la tomadora falleci\u00f3. En consecuencia, C\u00e9sar Humberto Vera P\u00e1ez, el 7 de enero de 2022 present\u00f3 solicitud de pago de la indemnizaci\u00f3n estipulada en las p\u00f3lizas. <\/p>\n
2.1. La sociedad actora refiri\u00f3 que, la informaci\u00f3n suministrada por la asegurada -al momento de solicitar la p\u00f3liza- no fue exacta, completa ni veraz, pues se conoci\u00f3 que la se\u00f1ora Arias ten\u00eda diferentes antecedentes m\u00e9dicos, tales como: \u00abobesidad, el s\u00edndrome metab\u00f3lico, el manejo con cirug\u00eda bari\u00e1trica con nueva ganancia de peso, episodios de ansiedad y depresi\u00f3n, lesi\u00f3n en rodilla bilateral, lesi\u00f3n de cuello uterino, difusi\u00f3n tiroidea, gastropat\u00eda por helicobacter pylori, alteraci\u00f3n neurol\u00f3gica en miembro superior\u00bb, previos a la suscripci\u00f3n de los contratos de seguro. Por ello, promovi\u00f3 demanda verbal de nulidad relativa de contrato contra C\u00e9sar Humberto Vera P\u00e1ez. <\/p>\n
2.2. Una vez repartida la demanda, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 \u2013con providencia del 12 de julio de 2022- la admiti\u00f3 y orden\u00f3 notificar y correr traslado al demandado por el t\u00e9rmino de 20 d\u00edas1. <\/p>\n
2.3. C\u00e9sar Humberto Vera P\u00e1ez, oportunamente contest\u00f3 la demanda. Se opuso a todas las pretensiones y propuso como excepciones de fondo, a saber: \u00abausencia de reticencia o inexactitud en la declaraci\u00f3n de asegurabilidad, inactividad de la aseguradora para justificar el no pago, muerte por causa diferente a lo preguntado en el cuestionario, amparo b\u00e1sico cubre el suicidio como evento gravoso, ratificaci\u00f3n de las condiciones con la expedici\u00f3n de la renovaci\u00f3n de la p\u00f3liza, nulidad relativa como acci\u00f3n contractual inter partes, prescripci\u00f3n y caducidad contra la aseguradora\u00bb. Y la gen\u00e9rica2. Igualmente formul\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n. Sin embargo, esta fue rechazada3. <\/p>\n
2.4. Surtidos los ritos de ley, el juzgado -en audiencia del 17 de enero de 2023- neg\u00f3 las pruebas solicitadas por el extremo demandante. Y resolvi\u00f3: (i) declarar infundadas las excepciones de \u00abNULIDAD RELATIVA COMO ACCI\u00d3N CONTRACTUAL INTERPARTES, Y PRESCRIPCI\u00d3N Y CADUCIDAD CONTRA LA ASEGURADORA\u00bb. (II) declarar fundada la excepci\u00f3n de \u00abINEXISTENCIA DE RETICENCIA O INEXACTITUD EN LA DECLARACI\u00d3N DE ASEGURABILIDAD\u00bb. (iii) desestimar las s\u00faplicas de la demanda. Y (iv) condenar en costas a la actora. Inconforme, el apoderado de la parte actora interpuso recurso de apelaci\u00f3n contra el auto que neg\u00f3 el decreto de pruebas y la sentencia4. <\/p>\n
2.5. El Tribunal accionado -con auto del 14 de julio de 2023- confirm\u00f3 la decisi\u00f3n que neg\u00f3 el decreto de la prueba testimonial y documental en poder de terceros solicitada por el demandante5. Y, el 22 de agosto de 2023 confirm\u00f3 la sentencia recurrida6. <\/p>\n
2.6. La sociedad accionada censura que el Tribunal incurri\u00f3 en \u00abdefecto f\u00e1ctico en dimensi\u00f3n negativa, [al] confirmar la decisi\u00f3n de primera instancia que neg\u00f3 las pruebas legal y oportunamente solicitadas, al considerar que los testimonios de los doctores Javier Restrepo y Oliver Esguerra, no resultaban conducentes ni \u00fatiles, en tanto, con dichas probanzas se pretende probar, de una parte\u2026 las consecuencias t\u00e9cnicas que habr\u00eda tenido al interior de Seguros de Vida del Estado S.A. de haberse conocido el verdadero estado de riesgo\u2026 y de otra, \u2026el an\u00e1lisis de la reclamaci\u00f3n y relevancia de las circunstancias que la Sra. Arias Ibago omiti\u00f3 informar a la compa\u00f1\u00eda de cara a la suscripci\u00f3n del riesgo\u00bb. <\/p>\n
Aduce que la Corporaci\u00f3n accionada \u00abincurri\u00f3 en defecto sustantivo al inaplicar los art\u00edculos 212 y 213 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. Y, que \u00abincurri\u00f3 en m\u00faltiples defectos f\u00e1cticos en dimensi\u00f3n negativa, al momento de emitir la decisi\u00f3n de fondo que resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n\u2026 en tanto que\u2026 no se decretaron las pruebas testimoniales oportuna y debidamente solicitadas, sin embargo, de manera contradictoria son pruebas que echa de menos\u2026 en la emisi\u00f3n de la sentencia, [pues] se\u00f1al\u00f3 que no se acredit\u00f3 dentro del tr\u00e1mite procesal una declaraci\u00f3n reticente o inexacta por parte de la asegurada, desconociendo pruebas documentales que daban plan cuenta de la existencia de una declaraci\u00f3n reticente por parte de la Dra Diana Beatriz Yenny Arias Ibago\u00bb. Lo mismo al exigir \u00abuna relaci\u00f3n de causalidad o conexidad entre la situaci\u00f3n objeto de reticencia o inexactitud y las causas del hipot\u00e9tico siniestro como presupuesto para la declaratoria de nulidad relativa del contrato por declaraci\u00f3n reticente, partiendo de un protuberante error de interpretaci\u00f3n y del desconocimiento e inaplicaci\u00f3n del\u2026 art\u00edculo 1058, 1059 o 1158 del C de Co, y contradice directamente reiterada jurisprudencia\u2026 en procesos declarativos que, no incorporan tal exigencia, que se reitera, no est\u00e1 en la Ley\u00bb. <\/p>\n
3. Depreca que se tutelen sus derechos fundamentales. En consecuencia, solicit\u00f3 que se deje sin efectos la sentencia proferida por el Tribunal accionado el 22 de agosto de 2023 y el auto del 14 de julio siguiente. <\/p>\n
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II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
Las autoridades accionadas y vinculadas -en escritos separados- realizaron un recuento de lo actuado, defendieron su legalidad y remitieron el enlace del proceso rebatido. <\/p>\n
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III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Si bien el auxilio se dirige contra del auto que neg\u00f3 el decreto probatorio y la consecuente sentencia, proferidos ambos por el Juez Plural cuestionado, se impone circunscribir el estudio de esta salvaguarda a la providencia de segundo grado que resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n, por ser la que resolvi\u00f3 de manera definitiva el proceso de nulidad de contrato objeto de revisi\u00f3n7. <\/p>\n
2. En segundo lugar, revisada la providencia cuestionada, esta Sala advierte que la acci\u00f3n constitucional no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. En efecto, el Tribunal encartado \u2013con providencia del 22 de agosto de 2023-, tras realizar un recuento de las pretensiones de nulidad relativa del contrato de seguro contenido en las p\u00f3lizas adquiridas, refiri\u00f3 que la sentencia recurrida neg\u00f3 tales aspiraciones por considerar que \u00abla reticencia que aleg\u00f3 la compa\u00f1\u00eda demandante, no tuvo la entidad suficiente para viciar el contrato de seguro, pues la tomadora falleci\u00f3 por un c\u00e1ncer de tallo cerebral fulminante\u2026 causa de muerte [que] no obedece a ninguna de las patolog\u00edas descritas en la demanda, las cuales no se aprecian relevantes en el deceso de la tomadora\u00bb. <\/p>\n
2.1. Resalt\u00f3 que los argumentos esgrimidos como motivo de inconformidad eran entendidos como los relativos a la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio. En desarrollo de tal planteamiento, defini\u00f3 el instituto de la reticencia como causal de nulidad relativa del contrato de seguro, destacando que \u00abla exigencia legal de declarar sinceramente las circunstancias para apreciar exactamente el riesgo que se va a cubrir, adem\u00e1s de ser requisito del objeto constituye la motivaci\u00f3n para contratar\u00bb. De manera que su inobservancia, conforme a los dos primeros incisos del referido articulado, producen la \u00abnulidad relativa, que no la absoluta, del contrato de seguro o la modificaci\u00f3n de sus condiciones\u00bb. <\/p>\n
2.2. Destac\u00f3 que son dos las circunstancias que prev\u00e9 la norma en las que dicho fen\u00f3meno no opera. La primera, \u00ab\u2026cuando la aseguradora ha conocido o debi\u00f3 conocer antes de celebrarse el contrato los hechos o circunstancias sobre los vicios de la declaraci\u00f3n del tomador, caso en el cual no puede alegar la nulidad relativa del contrato o perseguir la disminuci\u00f3n de su obligaci\u00f3n, porque si pese al conocimiento de las condiciones reales del riesgo asume su amparo, no hay enga\u00f1o imputable al otro contratante\u2026 la segunda\u2026 en que despu\u00e9s de celebrado el contrato, la aseguradora tiene conocimiento de la reticencia o la inexactitud en la que incurri\u00f3 el tomador y guarda silencio, pues se entiende que con su aquietamiento, lo acepta\u00bb. De manera que la omisi\u00f3n del tomador en manifestar su estado real de salud al momento de la celebraci\u00f3n del contrato, \u00abes tambi\u00e9n atribuible a la aseguradora, por el deber de diligencia y previsi\u00f3n en el que se enmarca su actividad comercial\u00bb. En respaldo cit\u00f3 jurisprudencia de esta Sala8. Y enfatiz\u00f3 que, si el asegurador antes de la celebraci\u00f3n del contrato tuvo ocasi\u00f3n de ponderar el elenco probatorio a su alcance, \u00abal concurrir su voluntad en el pacto hab\u00eda ya aceptado asumir el riesgo objeto del pacto\u00bb. <\/p>\n
2.3. Sostuvo que, \u00absi la aseguradora ignor\u00f3 la informaci\u00f3n que con una conducta prudente, exigible a su labor profesional, hubiera obtenido, o renunci\u00f3 a efectuar valoraciones que sin ser onerosas resultaban aconsejables para la ponderaci\u00f3n del riesgo que se pretendi\u00f3 asegurar, removi\u00f3 con ello cualquiera incidencia con fuerza de afectar su consentimiento y por tanto, desaparece el fundamento de la reticencia como sanci\u00f3n bajo la modalidad que consagra el art\u00edculo 1058 mercantil, pues ning\u00fan enga\u00f1o podr\u00eda en dichas condiciones pregonarse, cuando el asegurador ha conocido la realidad, pues\u2026 la falta de diligencia radicada en cabeza de un profesional en el riesgo\u2026 pod\u00edan haber servido para elucidar circunstancias fidedignas que signaban al riesgo en su estado primigenio9\u00bb <\/p>\n
2.4. En esa l\u00ednea, destac\u00f3 que \u00abla declaraci\u00f3n del tomador sobre su estado de salud no era obst\u00e1culo para que la aseguradora indagara la realidad de las afirmaciones del futuro asegurado, en especial ante la presencia de circunstancias relevantes que conducir\u00edan a la variaci\u00f3n de las condiciones del contrato\u2026 no basta simplemente alegar la reticencia o inexactitud, sino que debe tambi\u00e9n probar que la aseguradora fue diligente en su actividad empresarial, para establecer el estado de riesgo, pues de no hacerlo, puede v\u00e1lidamente considerarse que la inexactitud o reticencia fue intrascendente y por ello se celebr\u00f3 el contrato de seguro\u00bb. Como sustento de su planteamiento, cit\u00f3 reciente pronunciamiento de esta Sala en sede de casaci\u00f3n -CSJ SC167-2023-, en el que se precisaron las subreglas para la configuraci\u00f3n de la nulidad relativa del contrato de seguro. E hizo \u00e9nfasis en que en \u00abla \u00faltima regla enunciada\u2026 como conocimiento presunto, o presuntivo, del asegurador sobre los vicios de la declaraci\u00f3n de asegurabilidad\u2026 debe tenerse presente una pauta hermen\u00e9utica que parte de entender que el instituto del consentimiento presuntivo no es un remedio general para indultar o condonar notorias reticencias, sino un correctivo para preservar el contrato frente a controversias suscitadas a ra\u00edz de hechos que el asegurador deb\u00eda y pod\u00eda conocer, pero que no implica dejar de lado el celo, honestidad y transparencia, que el tomador debe observar cuando declara las circunstancias del riesgo que busca trasladar\u201d\u00bb. <\/p>\n
2.5. Sumado a que, en virtud del principio de buena fe y de los postulados normativos en materia contractual, es deber de la aseguradora probar que la parte denunciada en efecto, incurri\u00f3 en mala fe al faltar a la verdad en su declaraci\u00f3n de asegurabilidad, lo cual, en el caso, no se cumpli\u00f3. M\u00e1xime que de la revisi\u00f3n del material probatorio \u00abes claro, que la relevancia o trascendencia del estado de salud de la asegurada al tiempo de la declaraci\u00f3n de asegurabilidad no fue probada como tampoco se demostr\u00f3 que la se\u00f1ora ARIAS IBAGO falleci\u00f3 como resultado de las patolog\u00edas supuestamente omitidas. De la lectura de la historia cl\u00ednica aportada con la demanda, no es posible establecer, que, para la fecha de la declaraci\u00f3n de asegurabilidad, esto es, el 11 de septiembre de 2020, la salud de la asegurada se encontraba gravemente afectada\u00bb. <\/p>\n
2.6. En cuanto al alcance probatorio de la historia cl\u00ednica, expuso que \u00absu m\u00e9rito probatorio debe establecerse de acuerdo a las reglas de la sana critica, debiendo ser apreciada en conjunto con las pruebas restantes, m\u00e1xime cuando su contenido se refiere a conceptos que en muchos casos son ajenos al conocimiento del funcionario10\u00bb. En ilaci\u00f3n con tal planteamiento, memor\u00f3 que, si bien la aseguradora pretendi\u00f3 el decreto de los testimonios de dos m\u00e9dicos con el fin de probar las consecuencias t\u00e9cnicas que habr\u00eda tenido, de haberse conocido el \u00abverdadero estado de riesgo de acuerdo al real estado de salud de la asegurada\u00bb, dichas pruebas fueron negadas y confirmadas en primera instancia, dado que: <\/p>\n
\u2026ellas pretend\u00edan probar los efectos jur\u00eddicos de la presunta reticencia, pero no el verdadero estado de salud de la declarante al tiempo de su declaraci\u00f3n, ni mucho menos, la relevancia o trascendencia de la inexactitud o reticencia, aspectos medulares que la demandante no prob\u00f3 durante el proceso. <\/p>\n
Misma orfandad probatoria que debe predicarse sobre la conducta diligente empleada por la compa\u00f1\u00eda aseguradora, tendiente a verificar el verdadero estado de salud de la asegurada, pues no obra en el expediente, que previamente a la celebraci\u00f3n del contrato de seguro, haya adelantado labor\u00edo en desarrollo de su actividad empresarial orientado a establecer el verdadero estado del riesgo que se pretend\u00eda asegurar, exigiendo o practicando ex\u00e1menes m\u00e9dicos a la peticionaria, lo que significa que la demandante se conform\u00f3 con la declaraci\u00f3n efectuada por la solicitante del seguro, por lo que sin dilaci\u00f3n procedi\u00f3 a perfeccionar el contrato y expedir la p\u00f3liza respectiva. <\/p>\n
2.7. Con base en ello, sostuvo que \u00abno se prob\u00f3 la relevancia de las patolog\u00edas alegadas por la demandante; el escaso caudal probatorio recaudado no permite inferir razonablemente que la tomadora falt\u00f3 a la verdad o que infringi\u00f3 el principio de la buena fe en su declaraci\u00f3n \u2026no es posible admitir con grado de certeza ni como verdad absoluta, que para la \u00e9poca de la declaraci\u00f3n la salud de la tomadora se encontraba gravemente afectada con las enfermedades que se alegan en v\u00eda de apelaci\u00f3n, lo que conlleva a concluir que la reticencia o al menos la inexactitud en la declaraci\u00f3n no se prob\u00f3\u00bb. <\/p>\n
2.8. Finalmente, en cuanto al nexo de causalidad entre la presunta reticencia y el deceso de la tomadora, dijo que \u00abla desidia de la gestora \u2026 en el cumplimiento de sus cargas probatorias, \u2026tampoco aport\u00f3 prueba id\u00f3nea del acaecimiento del siniestro amparado, vale decir, la muerte de la se\u00f1ora ARIAS IBAGO, dado que no alleg\u00f3 el correspondiente registro civil de defunci\u00f3n que acreditara tal deceso (art. 106 Decreto 1260 de 1970). Mucho menos prob\u00f3 que el fallecimiento de la mencionada se\u00f1ora, tuvo como causa una o unas de las presuntas patolog\u00edas omitidas en su declaraci\u00f3n de asegurabilidad\u00bb, lo cual era su deber, pues como \u00abparte contractual \u2026tiene la carga de probar dicho elemento objetivo para efectos de exonerarse de su responsabilidad en el pago de la indemnizaci\u00f3n11\u00bb. Postura que sent\u00f3 como precedente esta Sala en sede de casaci\u00f3n en pronunciamiento CSJ SC3791-2021 y que fue reiterada recientemente en CSJ STC484-2023. En consecuencia, concluy\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026el nexo de causalidad entre la reticencia o inexactitud y la causa del siniestro, se impone como elemento que debe ser probado para que proceda la nulidad relativa del contrato de seguro, establecida en el art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio, elemento que tampoco prob\u00f3 la compa\u00f1\u00eda demandante. Por tanto, haciendo una revisi\u00f3n integral de los requisitos establecidos por el art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio y la jurisprudencia, as\u00ed como de las pruebas recopiladas durante el curso del proceso, es conclusi\u00f3n obligada que la parte demandante no demostr\u00f3 los elementos estructurales necesarios para que se configure la causal de nulidad relativa establecida por el mencionado precepto. <\/p>\n
3. De lo expuesto, para esta Sala, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez ordinario, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable.12 Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo, probatorio y jurisprudencial del tema debatido, en el que la aseguradora accionante no acredit\u00f3 la existencia de los elementos que dan lugar a la declaratoria de nulidad relativa establecidos en el art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio y la jurisprudencia de esta Corte. <\/p>\n
Se insiste, la razonabilidad es cuesti\u00f3n ancha: no se soporta -necesariamente- en la tesis \u00fanica. En gracia de discusi\u00f3n, podr\u00eda tambi\u00e9n apoyarse incluso sobre el disenso con respecto de aquello decidido por la autoridad natural, siempre que no se aprecie una ostensible v\u00eda de hecho \u2013lo que se descarta en el caso en concreto-. En efecto, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente (ver en CSJ STC 12201-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 1218-2021, CSJ STC 9218-2021, CSJ STC2870-2021, CSJ STC 1551-2021, CSJ STC 492-2021, CSJ STC 6617-2021, CSJ STC 5632-2021). Y \u00abmenos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la parte actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia13\u00bb. Aunado a que, \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la acci\u00f3n de tutela impetrada. Notif\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(con salvamento de voto) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(con salvamento de voto) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-03712-00 <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Con pleno respeto por los integrantes de la Sala que conformaron mayor\u00eda para la adopci\u00f3n de la sentencia proferida en el asunto de la referencia, nos permitimos expresar los motivos de nuestra discrepancia. <\/p>\n
1. Precisiones sobre el sub ex\u00e1mine. <\/p>\n
En el caso analizado, Seguros de Vida del Estado S.A. reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia, debido proceso, entre otras, supuestamente vulneradas por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, por confirmar, en segunda instancia, la decisi\u00f3n del Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 (rad. n.\u00ba 2022-00193), a trav\u00e9s de la cual neg\u00f3 la nulidad relativa del contrato de seguro, aun cuando, en su criterio, la tomadora habr\u00eda incurrido en \u00abreticencia e inexactitud\u00bb al momento de suscribir las p\u00f3lizas14, pues ocult\u00f3 su verdadero estado de salud. <\/p>\n
En la providencia de la cual nos apartamos, en relaci\u00f3n con la queja anotada, la mayor\u00eda de la Sala opt\u00f3 por avalar la determinaci\u00f3n confutada, en el entendido de que \u00abfue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo, probatorio y jurisprudencial del tema debatido, en el que la aseguradora accionante no acredit\u00f3 la existencia de los elementos que dan lugar a la declaratoria de nulidad relativa establecidos en el art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio y la jurisprudencia de esta Corte\u00bb. <\/p>\n
2. Sobre la reticencia en el contrato de seguro. <\/p>\n
Respetuosamente consideramos, como se ha indicado en varias oportunidades15, que la tesis que se calific\u00f3 como razonable en este pronunciamiento, seg\u00fan la cual, para que se configure la reticencia es necesario demostrar \u00ab[que] el fallecimiento (\u2026) tuvo como causa una o unas de las presuntas patolog\u00edas omitidas en su declaraci\u00f3n de asegurabilidad\u00bb, es contraria a la postura que la Corte Suprema de Justicia ha sostenido en otras ocasiones, as\u00ed como al entendimiento que ha tenido ese punto en la doctrina y legislaci\u00f3n nacional. <\/p>\n
Para explicar esta afirmaci\u00f3n, deben recordarse los rasgos de la reticencia, compendiados en el fallo CSJ SC5327-2018, dic. 13: <\/p>\n
\u00abDe acuerdo con el art\u00edculo 1058 del C. de Co. la reticencia o inexactitud en que incurra el tomador del seguro acerca del estado del riesgo genera nulidad relativa del contrato, siempre que los datos omitidos o imprecisos sean relevantes para la calificaci\u00f3n del estado del riesgo. Esa inadvertencia, para afectar la validez de la convenci\u00f3n, debe ser trascendente, toda vez que, si la declaraci\u00f3n incompleta se concentra en aspectos que, conocidos por la aseguradora, no hubieran influido en su voluntad contractual, ninguna consecuencia se puede derivar en el sentido sancionatorio mencionado, todo lo cual se funda en la lealtad y buena fe que sustenta los actos de este linaje. De ese modo, son relevantes, al decir de la norma en cita, las inexactitudes y reticencias cuando \u00abconocidas por el asegurador, lo hubieren retra\u00eddo de celebrar el contrato, o inducido a estipular condiciones m\u00e1s onerosas (…)\u00bb, vale decir, la relevancia de la omisi\u00f3n o defectuosa declaraci\u00f3n del estado del riesgo tiene qu\u00e9 ver directamente con datos esenciales para la cabal expresi\u00f3n de la voluntad. <\/p>\n
(…) El tomador o el asegurado, en cumplimiento de la buena fe comercial, debe dar una informaci\u00f3n clara y fidedigna sobre el aspecto puntual que se le indaga, relativo al inter\u00e9s asegurable, pues si as\u00ed no lo hace, conduce a la compa\u00f1\u00eda a contratar con base en la creencia de hechos diversos a los que en verdad existen, esto es, la lleva a emitir el consentimiento cimentado en el error, lo cual es, sin duda, un vicio del consentimiento generador de nulidad relativa. <\/p>\n
Ahora bien, esas inexactitudes y reticencias son predicables del tomador, ya que \u00e9ste es el obligado \u201c… a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo, seg\u00fan el cuestionario que le sea propuesto por el asegurador (…)\u201d, como lo refiere el canon 1058 del C. de Comercio. De manera que, si \u00e9l conoc\u00eda la circunstancia omitida o pod\u00eda conocerla, hay lugar a la sanci\u00f3n de nulidad relativa por reticencia, pero si ignoraba ese hecho, por ejemplo, porque era del resorte del asegurado, cuando \u00e9ste es persona diferente del tomador, no es posible hablar de aquella\u00bb. <\/p>\n
De lo anotado se infiere que la reticencia, entendida como la omisi\u00f3n consciente de circunstancias que agravan el estado del riesgo \u2013y que no conoc\u00eda o deb\u00eda conocer la aseguradora\u2013, es un vicio que se estructura en la etapa anterior a la celebraci\u00f3n del convenio aseguraticio (la fase precontractual a que alude el art\u00edculo 863 del C\u00f3digo de Comercio), en la medida en que altera la base f\u00e1ctica sobre la cual la entidad financiera edific\u00f3 su consentimiento para contratar, en las condiciones en las que lo hizo. <\/p>\n
Es decir, la falta de sinceridad en la declaraci\u00f3n del estado del riesgo adultera la voluntad expresada por las partes al celebrar el contrato de seguro, contrariando as\u00ed uno de los requerimientos que prev\u00e9 el ordenamiento para obligarse por un acto o declaraci\u00f3n (art\u00edculo 1502-2, C\u00f3digo Civil). De ah\u00ed que ese vicio conlleve la nulidad relativa del contrato de seguro, y no una sanci\u00f3n distinta. <\/p>\n
En ese orden, carecer\u00eda totalmente de incidencia que las circunstancias agravantes del estado del riesgo que fueron omitidas no hubieran dado lugar al siniestro, pues a\u00fan en ese supuesto, la formaci\u00f3n del consentimiento del asegurador seguir\u00eda viciada, lo que necesariamente afecta la validez misma del v\u00ednculo negocial. Afirmar lo contrario ser\u00eda tanto como supeditar los efectos de un vicio de la voluntad al curso de los acontecimientos posteriores a la expresi\u00f3n de esa voluntad. <\/p>\n
Sobre el particular, ha explicado la doctrina especializada: <\/p>\n
\u00ab[N]o importa que la circunstancia silenciada no hubiera influido lo m\u00e1s m\u00ednimo en la producci\u00f3n del siniestro: la experiencia de los grandes n\u00fameros, que la hac\u00eda considerar en la mente del asegurador como una circunstancia agravante del riesgo, no se destruye en modo alguno por una prueba contraria posterior al contrato (…). El juez determina (…) si la circunstancia silenciada o inexactamente declarada era tan grave que alterara esencialmente la opini\u00f3n del riesgo, no importa que falte todo nexo causal entre aquella circunstancia y la muerte del asegurado. El magistrado, que juzga de la validez del consentimiento dado por la compa\u00f1\u00eda, debe remontarse al momento en que se estipulaba el contrato y se ignoraba cu\u00e1l habr\u00eda de ser su suerte\u00bb16. <\/p>\n
Tambi\u00e9n lo ha sostenido as\u00ed esta Sala de Casaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(…) esa reticencia acreditada en el proceso, que de otra parte no tiene porqu\u00e9 ser la causa del siniestro, dado que tal exigencia no la contempla ley, de conformidad con el art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio, debi\u00f3 conducir a que el Tribunal declarara la nulidad relativa del contrato de seguro, sobre todo porque del acervo probatorio recaudado aflora que la compa\u00f1\u00eda de seguros no ten\u00eda motivo alguno que le generara desconfianza y le impusiera el deber profesional de auscultar el estado del riesgo a\u00fan m\u00e1s de lo que hizo, que fue examinar el estado de salud del futuro asegurado y exigir el concepto profesional del asesor y del gerente de la agencia o sucursal de la aseguradora, v\u00edctima por tanto de un enga\u00f1o que le asalt\u00f3 su buena fe\u00bb (CSJ SC, 11 abr. 2002, rad. 6825)\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, la Corte reiter\u00f3: <\/p>\n
\u00abEs palmario que el legislador quiso arropar la falta de sinceridad del contratante y su obrar contrario a la buena fe, bajo la sanci\u00f3n de la nulidad relativa, con lo cual, en ejercicio de una actividad que le es propia y para la cual se halla facultado, construy\u00f3 un r\u00e9gimen particular que inclusive alcanza a superar en sus efectos el ordenamiento com\u00fan de los vicios del consentimiento, frente al que, tal como fue instituido en el citado art\u00edculo 1058, no puede el int\u00e9rprete hacer distingos, observ\u00e1ndose que el vicio se genera independientemente de que el siniestro finalmente no se produzca como consecuencia de los hechos significativos, negados u ocultados por quien tom\u00f3 el seguro\u00bb. <\/p>\n
Tan evidente es esta inferencia, que la propia Corte Constitucional la defendi\u00f3 en la sentencia C-232 de 1997, fallo de constitucionalidad que resulta trascendental como pauta interpretativa del ordenamiento: <\/p>\n
\u00ab(…) cuando, a pesar de la infidelidad del tomador a su deber de declarar sinceramente todas las circunstancias relevantes que constituyen el estado del riesgo, de buena fe se le ha expedido una p\u00f3liza de seguro, la obligaci\u00f3n asegurativa est\u00e1 fundada en el error y, por tanto, es justo que, tarde o temprano, por intermedio de la rescisi\u00f3n, anulabilidad o nulidad relativa, salga del \u00e1mbito jur\u00eddico. <\/p>\n
En este sentido, el profesor Ossa escribi\u00f3: \u201cDebe, por tanto, existir una relaci\u00f3n causal entre el vicio de la declaraci\u00f3n (ll\u00e1mese inexactitud o reticencia) y el consentimiento del asegurador, cuyo error al celebrar el contrato o al celebrarlo en determinadas condiciones s\u00f3lo ha podido explicarse por la deformaci\u00f3n del estado del riesgo imputable a la infidelidad del tomador. Ello no significa, en ning\u00fan caso, como algunos lo han pretendido, que la sanci\u00f3n s\u00f3lo sea viable jur\u00eddicamente en la medida en que el hecho o circunstancia falseados, omitidos o encubiertos se identifiquen como causas determinantes del siniestro. Que, ocurrido o no, proveniente de una u otra causa, de una magnitud u otra, es irrelevante desde el punto de vista de la formaci\u00f3n del contrato\u201d (J. Efr\u00e9n Ossa G., ob. cit. Teor\u00eda General del Seguro – El Contrato, p\u00e1g. 336)\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al haberse decantado el tribunal accionado por una interpretaci\u00f3n opuesta a las rese\u00f1adas pautas17 \u2013desarrolladas en la jurisprudencia de esta Sala Especializada y del \u00f3rgano de cierre constitucional, as\u00ed como en la doctrina\u2013, debi\u00f3 evaluarse la posibilidad de otorgar la protecci\u00f3n deprecada. <\/p>\n
3. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo expuesto, comedidamente consideramos que, en el sub-lite, debi\u00f3 verificarse el planteamiento de Seguros de Vida del Estado S.A., con observancia en los citados postulados normativos y jurisprudenciales. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejamos fundamentado nuestro salvamento de voto, con la reiteraci\u00f3n de respeto por los dem\u00e1s integrantes de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural. <\/p>\n
Fecha ut supra, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Carpeta Primera instancia. C01CuadernoPpal. Documento pdf009AutoAdmitedemanda. Expediente digital <\/p>\n
2\u0002 Carpeta Primera instancia. C01CuadernoPpal. Documento pdf016ContestacionDemadna. Expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Carpeta C02 Demanda de Reconvenci\u00f3n. Documento pdf006AutoRechazoNosubsan\u00f3. Expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Carpeta Primera instancia. C01CuadernoPpal. Documento pdf028ActaAud372y373CGP-Sentencia. Expediente digital <\/p>\n
5\u0002 Carpeta C02 Segunda Instancia. Subcarpeta 03SegundaInstancia. Documento pdf04AutoConfirma. Expediente digital. <\/p>\n
6\u0002 Carpeta C02 Segunda Instancia. Subcarpeta 04SegundaInstanciaResuelveSentencia. Documento pdf15SentenciaConfirma. Expediente digital. <\/p>\n
7\u0002 (\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada) Ver. CSJ STC613-2017, reiterada en CSJ STC6491-2018. <\/p>\n
8\u0002 Cas. 2 de agt. 2011. MP. Dr Carlos Ignacio Jaramillo. Exp. 6146. <\/p>\n
9\u0002 Cas. 2 de agt. 2011. MP. Dr Carlos Ignacio Jaramillo. Exp. 6146 y CSJ CS 14 de julio 2006. Exp 01177-00. <\/p>\n
10\u0002 CSJ SC15746-2014 <\/p>\n
11\u0002 CC T-282 de 2016. <\/p>\n
12\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
13\u0002 CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020 <\/p>\n
14\u0002 \u00abP\u00f3liza Vida Individual F\u00e1cil Deudores No. 64-80- 1000001923, continuada por la P\u00f3liza Vida Individual F\u00e1cil Deudores No. 21-80-1000002805, y en la P\u00f3liza Vida Individual F\u00e1cil Deudores No. 64- 80-1000001926, continuada por la P\u00f3liza Vida Individual F\u00e1cil Deudores No. 21-80-1000002802, en los que figura como tomadora y asegurada Diana Beatriz Yenny Arias Ibago y como asegurador Seguros de Vida del Estado S.A., junto con sus anexos, pr\u00f3rrogas y modificaciones, al presentarse los supuestos del art\u00edculo 1058 del C. de Co.\u00bb, de acuerdo con el fallo del ad quem en dicha causa. <\/p>\n
15\u0002 Al respecto, ver: salvamentos de voto a los fallos STC5953-2021, 26 may. y SC3791-2021, 1 sep. <\/p>\n
16\u0002 VIVANTE, Cesar. Derecho Comercial T. XIV (Del contrato de seguro). Ed. Adiar, Buenos Aires. 1952, p. 271. <\/p>\n
17\u0002 Al insistir en que \u00abel nexo de causalidad entre la reticencia y el siniestro, hoy por hoy puede considerarse tema pac\u00edfico en nuestro \u00e1mbito jur\u00eddico, con ocasi\u00f3n de la jurisprudencia patria que en diversos pronunciamientos tiene por sentado que para que la reticencia, desde luego debidamente probada, tenga el alcance de generar la nulidad relativa del contrato de seguro, es necesario probar dicha relaci\u00f3n de causalidad\u00bb. <\/p>\n
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STC12031-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC12031-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-03712-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Esta Sala decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Seguros de Vida del Estado S.A. contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca. Al […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-77049","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77049","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77049"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77049\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77049"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77049"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77049"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}