STC12034-2023<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12034-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 41001-22-14-000-2023-00170-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Esta Sala decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva el 8 de agosto de 2023, con la cual se declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por la Cl\u00ednica de Fracturas y Ortopedia LTDA contra los Juzgados Tercero Civil del Circuito y Tercero Civil Municipal de Neiva y la Previsora S.A. Compa\u00f1\u00eda de Seguros. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo de radicado 2021-00515. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad promotora -a trav\u00e9s de apoderada judicial- reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, defensa y debido proceso, presuntamente vulnerados por los accionados. <\/p>\n
2. Del expediente allegado se resalta lo que viene. El 28 de septiembre de 2021, la sociedad actora promovi\u00f3 proceso ejecutivo contra La Previsora S.A. Compa\u00f1\u00eda de Seguros tendiente a que se librara mandamiento ejecutivo de pago de gastos m\u00e9dicos con cargo a una p\u00f3liza -SOAT-, representados en 126 facturas. Una vez repartida la demanda, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Neiva \u2013con providencia del 29 de octubre de 2021- dispuso la orden de apremio. <\/p>\n
2.2. Descorrido el traslado de las excepciones, reformada y acumulada la demanda con nuevas facturas, el 10 de agosto de 2022, el juzgado adelant\u00f3 la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento. Y con providencia del 24 de agosto de 2022 resolvi\u00f3: (i) declarar no probadas las excepciones de m\u00e9rito propuestas por la compa\u00f1\u00eda demandada. (ii) ordenar seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, conforme al mandamiento de pago adiado 29 de octubre de 2021. (iii) ordenar el aval\u00fao y posterior remate de los bienes cautelados. Y (iv) condenar en costas a la parte demandada. <\/p>\n
2.3. Frente a lo determinado, el extremo pasivo de dicha contienda interpuso recurso de apelaci\u00f3n. El estrado del Circuito accionado -con determinaci\u00f3n del 27 de enero de 2023- revoc\u00f3 en todas sus partes la sentencia recurrida. Y, en su lugar, neg\u00f3 el mandamiento ejecutivo. Consider\u00f3 que \u00abno fueron aportados documentos que contengan obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo del deudor, por cuanto existe controversia pendiente de resolver por las autoridades competentes respecto a las objeciones debidamente presentadas por la compa\u00f1\u00eda aseguradora; y las reclamaciones integradas, entre otros, por las facturas N\u00b0. FEC1-437 y FEC1-438\u2026carecen de la totalidad de requisitos legales, ante la ausencia del recibido del servicio en el cuerpo de los t\u00edtulos\u00bb. <\/p>\n
2.4. La compa\u00f1\u00eda promotora censur\u00f3 en la sentencia proferida en segunda instancia no se valoraron las pruebas allegadas y \u00abse desconocieron flagrantemente las normas especiales y reiteradas Jurisprudencias vigentes proferidas por distintos Tribunales de cierre, al igual que conceptos emitidos por la Supersalud, vulner\u00e1ndose los derechos aqu\u00ed reclamados en contra del patrimonio de la demandante y tutelante\u00bb. Adujo que se dio una \u00abindebida interpretaci\u00f3n de la demanda y la causa petendi de acuerdo a lo previsto en el art.42 numeral 5 y art. 90 del C.G.P. \u2026aunado a que NUNCA ha suscrito ning\u00fan tipo de contrato con dicha compa\u00f1\u00eda de seguros para la atenci\u00f3n de sus asegurados ya que el servicio que en la mayor\u00eda de los casos es por URGENCIAS, se presta \u00fanica y exclusivamente por mandato legal\u2026 basta CONSTATAR detalladamente cada una de las 126 facturas y se podr\u00e1 verificar que se adjuntaron con todos y cada uno de los soportes legales y contables como lo exigen las normas especiales que regulan esta ejecuci\u00f3n motivo por el cual el Juzgado Tercero Civil Municipal de Neiva profiri\u00f3 orden de apremio\u2026configur\u00e1ndose sin duda alguna los defectos procedimentales por exceso ritual manifiesto al incurrirse en evidentes contradicciones en la parte motiva y considerativa del fallo\u00bb. <\/p>\n
3. Deprec\u00f3 que se \u00abORDENE al tutelado Juzgado tercero Civil del Circuito de Neiva, profiera un nuevo fallo ajustado a derecho teniendo como soporte legal y base de recaudo de la obligaci\u00f3n las 126 facturas que se aportaron cada una junto con los soportes legales y contables, en cumplimiento a la regla de la sana cr\u00edtica\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas, defendiendo su legalidad. Por su parte, quien dijo ser la apoderada de la Compa\u00f1\u00eda La Previsora S.A. Compa\u00f1\u00eda de Seguros respald\u00f3 la decisi\u00f3n emitida. Sin embargo, no alleg\u00f3 poder que acreditara el mandato deprecado. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Constitucional declar\u00f3 improcedente la salvaguarda impetrada. Estim\u00f3 \u00abla insatisfacci\u00f3n del requisito relacionado con la temporalidad [pues] la actuaci\u00f3n judicial denunciada es la sentencia de segunda instancia proferida el 27 de enero de 2023, sin que aparezca motivada por la entidad accionante, una justa raz\u00f3n que permita comprender porque aguard\u00f3 un lapso aproximado a los 6 meses para ejercer la presente acci\u00f3n, cuando los efectos del prove\u00eddo se\u00f1alado, se hicieron vigentes al vencimiento de su ejecutoria, lo cual ocurri\u00f3 tan solo unos d\u00edas despu\u00e9s de su notificaci\u00f3n, es decir, a \u00faltima hora h\u00e1bil del 01 de febrero de 2023\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la sociedad promotora. Insisti\u00f3 en los argumentos expuestos en el escrito inicial. Refiri\u00f3 que \u00abla \u201csupuesta\u201d OMISI\u00d3N que la H Sala Cuarta de Decisi\u00f3n le atribuye \u2026en cuanto al requisito de la \u201cprontitud\u201d para instaurar la Acci\u00f3n de Tutela, configura un condicionamiento que adem\u00e1s NO est\u00e1 contemplado en ning\u00fan precepto jur\u00eddico el cual deviene inocuo y superfluo ya que \u2026bastaba con contabilizar las FECHAS del fallo de segunda instancia proferido \u2026el 27 de enero de 2023 \u2026y meridianamente se puede corroborar con grado de certeza ABSOLUTA que NO super\u00f3 los seis (6) meses que exige el Precedente Constitucional del principio de inmediatez\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En primer lugar, esta Sala considera que la decisi\u00f3n impugnada habr\u00e1 de ser confirmada \u2013se niega la tutela-, pero por las razones que se ofrecen. Ciertamente -contrario a lo definido por el a-quo constitucional-, se advierte satisfecho el presupuesto de inmediatez. Esto, comoquiera que la sentencia censurada fue dictada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva el 27 de enero de 2023 y a la presente tutela se radic\u00f3 el 24 de julio de 20231. Esto es, no transcurrieron m\u00e1s de los 6 meses definidos como razonables por la jurisprudencia para acudir a la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
2. En segundo lugar, se observa que la autoridad Judicial debatida -con prove\u00eddo 27 de enero de 2023- consider\u00f3 que \u00aben el caso en estudio se tiene que los documentos presentados como base de la ejecuci\u00f3n, no constituyen un t\u00edtulo ejecutivo complejo con obligaciones claras, expresas y exigibles\u00bb. Ello por cuanto, si bien \u00abla parte ejecutante reclama el pago de las sumas de dinero que le adeuda LA PREVISORA S.A. COMPA\u00d1\u00cdA DE SEGUROS por ocasi\u00f3n de la atenci\u00f3n m\u00e9dica hospitalaria que brind\u00f3 a las personas lesionadas y amparadas por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tr\u00e1nsito SOAT\u00bb, lo cierto es que \u00abno es suficiente que la parte ejecutante soporte su aspiraci\u00f3n de pago de las sumas adeudadas, en facturas de venta, como si se tratase de ejercer la acci\u00f3n cambiaria de manera aut\u00f3noma, cuando lo que correspond\u00eda era conformar el t\u00edtulo ejecutivo complejo, derivado de la reclamaci\u00f3n presentada ante la aseguradora y de su no pago, en las condiciones previstas en la Ley\u00bb. <\/p>\n
2.1. En desarrollo del planteamiento, refiri\u00f3 que, trat\u00e1ndose de la prestaci\u00f3n de servicios de salud a v\u00edctimas de accidente de tr\u00e1nsito, \u00abla legitimaci\u00f3n para obtener el pago de los servicios prestados, est\u00e1 demarcada por la existencia de los presupuestos previstos en la Ley y no, por la celebraci\u00f3n de un negocio jur\u00eddico entre las partes, como ocurre en algunos casos, en la prestaci\u00f3n de servicios de salud en los que es parte una IPS, previo contrato con la EPS\u00bb. Destac\u00f3 que una vez atendida la v\u00edctima por la entidad prestadora de salud, a la interesada le corresponde presentar la solicitud de pago por los servicios brindados acompa\u00f1ada de los documentos que refiere el art\u00edculo 2.6.1.4.2.2.0 del Decreto 780 de 2016. Y que, presentada la reclamaci\u00f3n, la compa\u00f1\u00eda de seguros estudia su procedencia conforme las prescripciones del art\u00edculo 2.6.1.4.3.10 de la referida normativa. Tambi\u00e9n explic\u00f3 el tr\u00e1mite para el pago por parte de la aseguradora. Y agreg\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible a cargo de la compa\u00f1\u00eda de seguros, surge cuando: i) el prestador del servicio de salud presenta en t\u00e9rmino la reclamaci\u00f3n acreditando la ocurrencia del siniestro y la cuant\u00eda de la p\u00e9rdida, junto con la totalidad de documentos exigidos por la Ley, especialmente aquellos previstos en el Decreto 780 del 2016 y, ii) la Aseguradora omite realizar su pago dentro del t\u00e9rmino del mes siguiente, siempre y cuando, no formule objeci\u00f3n, conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 1053 de C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
Cuesti\u00f3n distinta ocurre, cuando la Aseguradora objeta la reclamaci\u00f3n, pues en este caso, surge un desacuerdo entre la entidad responsable del pago de servicios de salud y el prestador; en otras palabras, hay controversia frente al contenido obligacional, lo que le impide al acreedor acudir al proceso ejecutivo ante la ausencia de certeza y claridad de la obligaci\u00f3n, oblig\u00e1ndolo, a acudir a las autoridades competentes para dirimirla. As\u00ed pues, si opta por acudir a la jurisdicci\u00f3n civil, la v\u00eda elegida debe ser el proceso verbal, pues surge palmario que el proceso ejecutivo deja de ser el indicado, ante la ausencia de t\u00edtulo <\/p>\n
ejecutivo que contenga una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible. <\/p>\n
2.2. De lo transcrito advirti\u00f3 que, como las reclamaciones presentadas por la parte demandante fueron objetadas en t\u00e9rmino, con excepci\u00f3n de algunas facturas que se objetaron extempor\u00e1neamente, \u00abhac\u00edan imperativo que\u2026previo a incoar un proceso ejecutivo, dirimiera la controversia a trav\u00e9s de los medios previstos por el Legislador, para que existiera claridad y certeza frente a la existencia de la obligaci\u00f3n\u00bb. De manera que no era factible pretender \u00abel cobro coercitivo con soporte en facturas de venta, como si entre las partes existiese un negocio jur\u00eddico causal que diera lugar a la creaci\u00f3n de tales instrumentos, pasando por alto, la normativa especial que regula la prestaci\u00f3n de servicios de salud a las v\u00edctimas de accidentes de tr\u00e1nsito y el procedimiento de cobro\u00bb. Ello pues, \u00abno basta con que el prestador de salud presente la factura de venta ante la Aseguradora para hacer efectivo su derecho pues existe una normativa especial, que le exige presentar la reclamaci\u00f3n acreditando la ocurrencia del siniestro y la cuant\u00eda de la p\u00e9rdida, aportando no s\u00f3lo la factura, sino tambi\u00e9n, los documentos expresamente se\u00f1alados en el art\u00edculo 2.6.1.4.2.20 del Decreto 780 del 2016\u00bb. <\/p>\n
2.3. Con relaci\u00f3n a las reclamaciones de las facturas \u00abfacturas N\u00b0. FEC1-437, FEC1-438, FEC1-674, FEC1-682, FEC1-687, FEC1-1566, 184081\u00bb, dijo que su cobro no era procedente puesto que \u00abno consta en el cuerpo de los instrumentos, el recibo del servicio por parte de su beneficiario, indicando el nombre, identificaci\u00f3n o la firma de quien recibe, y la fecha de recibo\u00bb. Por esto, concluy\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026como las facturas N\u00b0. FEC1-437, FEC1-438, FEC1-674, FEC1-682, FEC1-687, FEC1-1566 y 184081, no cumplen con la totalidad de requisitos previstos en el C\u00f3digo de Comercio, resulta imperativo concluir que las reclamaciones presentadas por CL\u00cdNICA DE FRACTURAS Y ORTOPEDIA LTDA. ante la demandada, carecen de todos los documentos exigidos en el art\u00edculo 2.6.1.4.2.20 del Decreto 780 del 2016 y por tanto, de m\u00e9rito ejecutivo, pues para que opere \u00e9sta caracter\u00edstica, es necesario, presentar la reclamaci\u00f3n aparejada de los comprobantes indispensables para acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuant\u00eda de la p\u00e9rdida, junto con los documentos que re\u00fanan los requisitos previstos en la normativa especial. As\u00ed las cosas, el control oficioso sobre los t\u00edtulos ejecutivos aportados, permite concluir que no fueron aportados documentos que contengan obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo del deudor, por cuanto existe controversia pendiente de resolver por las autoridades competentes respecto a las objeciones debidamente presentadas por la compa\u00f1\u00eda aseguradora; y las reclamaciones integradas, entre otros, por las facturas N\u00b0. FEC1-437, FEC1-438, FEC1-674, FEC1-682, FEC1-687, FEC1-1566 y 184081, carecen de la totalidad de requisitos legales, ante la ausencia del recibido del servicio en el cuerpo de los t\u00edtulos. <\/p>\n
3. De lo expuesto, para esta Sala, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez ordinario, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable.2 Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo y probatorio del tema debatido -las facturas para el cobro de servicios de salud derivadas de la ocurrencia de accidentes de tr\u00e1nsito son t\u00edtulos ejecutivos de naturaleza compleja-. <\/p>\n
Se reitera, la razonabilidad es cuesti\u00f3n ancha: no se soporta -necesariamente- en la tesis \u00fanica. En gracia de discusi\u00f3n, podr\u00eda tambi\u00e9n apoyarse incluso sobre el disenso con respecto de aquello decidido por la autoridad natural, siempre que no se aprecie una ostensible v\u00eda de hecho \u2013lo que se descarta en el caso en concreto-. En efecto, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente (ver en CSJ STC 12201-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 1218-2021, CSJ STC 9218-2021, CSJ STC2870-2021, CSJ STC 1551-2021, CSJ STC 492-2021, CSJ STC 6617-2021, CSJ STC 5632-2021). <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Salvamento de Voto) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Salvamento Parcial de Voto) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 41001-22-14-000-2023-00170-01 <\/p>\n
Con el acostumbrado respeto por los Magistrados que conforman la Sala de Decisi\u00f3n, me permito expresar los motivos de disenso con la determinaci\u00f3n adoptada, en la que se confirm\u00f3 el fallo de primera instancia para negar el amparo reclamado, en el asunto de la referencia <\/p>\n
1. En el fallo del cual me aparto, se examin\u00f3 la sentencia de 27 de enero de 2023 proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva, mediante el cual se revoc\u00f3 la providencia de 24 de agosto de 2022 emitida por el Juzgado Tercero Civil Municipal de esa ciudad, para negar las pretensiones de la demanda ejecutiva que promovi\u00f3 la Cl\u00ednica de Fracturas y Ortopedia Ltda., contra La Previsora S.A., Compa\u00f1\u00eda de Seguros (radicado 2021-00515), para obtener el recaudo de una sumas de dinero contenidas en facturas relacionadas con servicios m\u00e9dicos hospitalarios prestados a personas amparadas por el SOAT, con afectaci\u00f3n de las p\u00f3lizas de seguro expedidas por la ejecutada. <\/p>\n
2. En esa decisi\u00f3n, el Juzgado del Circuito afirm\u00f3 que las facturas presentadas para su ejecuci\u00f3n, \u00abno constituyen un t\u00edtulo valor ejecutivo complejo, con obligaciones claras, expresas y exigibles\u00bb. <\/p>\n
Expuso que, si la reclamaci\u00f3n para el pago de los servicios de SOAT reun\u00eda los requisitos, \u00abla [a]seguradora pagar\u00e1 dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho de acuerdo con el art\u00edculo 1077 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb. As\u00ed, dedujo que la obligaci\u00f3n ser\u00e1 clara, expresa y exigible, cuando: \u00abi) el prestador del servicio de salud presenta en t\u00e9rmino la reclamaci\u00f3n acreditando la ocurrencia del siniestro y la cuant\u00eda de la p\u00e9rdida, junto con la totalidad de documentos exigidos por la Ley, especialmente aquellos previstos en el Decreto 780 del 2016 y, ii) la Aseguradora omite realizar su pago dentro del t\u00e9rmino del mes siguiente, siempre y cuando, no formule objeci\u00f3n, conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 1053 de C\u00f3digo de Comercio\u00bb. <\/p>\n
Frente a este \u00faltimo aspecto explic\u00f3 que \u00abcuando la [a]seguradora objeta la reclamaci\u00f3n (\u2026) surge un desacuerdo entre la entidad responsable del pago de servicios de salud y el prestador; en otras palabras, hay controversia frente al contenido obligacional, lo que le impide al acreedor acudir al proceso ejecutivo ante la ausencia de certeza y claridad de la obligaci\u00f3n, oblig\u00e1ndolo, a acudir a las autoridades competentes para dirimirla. As\u00ed pues, si opta por acudir a la jurisdicci\u00f3n civil, la v\u00eda elegida debe ser el proceso verbal, pues surge palmario que el proceso ejecutivo deja de ser el indicado, ante la ausencia de t\u00edtulo ejecutivo que contenga una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible\u00bb. <\/p>\n
En el caso concreto, sostuvo que, como \u00abno existe duda que las objeciones a las reclamaciones presentadas por la aseguradora demandada, hac\u00edan imperativo que la parte demandante, previo a incoar un proceso ejecutivo, dirimiera la controversia a trav\u00e9s de los medios previstos por el Legislador, para que existiera claridad y certeza frente a la existencia de la obligaci\u00f3n. Por el contrario, la ejecutante opt\u00f3 por accionar a trav\u00e9s del juicio ejecutivo, pretendiendo el cobro coercitivo con soporte en facturas de venta, como si entre las partes existiese un negocio jur\u00eddico causal que diera lugar a la creaci\u00f3n de tales instrumentos, pasando por alto, la normativa especial que regula la prestaci\u00f3n de servicios de salud a las v\u00edctimas de accidentes de tr\u00e1nsito y el procedimiento para el cobro\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, resalt\u00f3 que, seg\u00fan el Decreto 780 de 2016, la factura es apenas uno de los documentos que conforman la reclamaci\u00f3n, \u00abpues existe una normativa especial, que le exige presentar la reclamaci\u00f3n acreditando la ocurrencia del siniestro y la cuant\u00eda de la p\u00e9rdida, aportando no solo la factura, sino tambi\u00e9n, los documentos expresamente se\u00f1alados en el art\u00edculo 2.6.1.4.2.20 del Decreto 780 de 2016\u00bb (\u00e9nfasis de la Sala). <\/p>\n
Tesis que deja a salvo las facturas Nos. FEC1-437, FEC1-438, FEC1-674, FEC1-682, FEC1-687, FEC1-1566 y 184081, por cuanto de estas advirti\u00f3 que la objeci\u00f3n fue extempor\u00e1nea; no obstante, tambi\u00e9n constat\u00f3 que no pod\u00edan ejecutarse, porque carec\u00edan del recibo del servicio por parte de su beneficiario, indicaci\u00f3n del nombre, indicaci\u00f3n o firma de quien recibe y la fecha de recibo. <\/p>\n
Concluy\u00f3 as\u00ed que las reclamaciones presentadas por la ejecutante a la aseguradora, \u00abcarecen de todos los documentos exigidos en el art\u00edculo 2.6.1.4.2.20 del Decreto 780 del 2016 y por tanto, de m\u00e9rito ejecutivo, pues para que opere \u00e9sta caracter\u00edstica, es necesario, presentar la reclamaci\u00f3n aparejada de los comprobantes indispensables para acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuant\u00eda de la p\u00e9rdida, junto con los documentos que re\u00fanan los requisitos previstos en la normativa especial\u00bb (negrillas fuera del texto original). <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, en la decisi\u00f3n de la que me separo, se adujo que, \u00ab(\u2026) con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez ordinario, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable. Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo y probatorio del tema debatido -las facturas para el cobro de servicios de salud derivadas de la ocurrencia de accidentes de tr\u00e1nsito son t\u00edtulos ejecutivos de naturaleza compleja\u00bb. <\/p>\n
3. Estimo que debi\u00f3 accederse al amparo para ordenar al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva que decidiera nuevamente el recurso de apelaci\u00f3n propuesto contra la sentencia de primera instancia, en atenci\u00f3n a que la de segunda instancia contiene una insuficiente e indebida valoraci\u00f3n de los elementos probatorios. <\/p>\n
3.1. Ninguna duda subsiste frente a que las facturas para el cobro de los servicios de salud prestados a las v\u00edctimas de accidentes de tr\u00e1nsito, con ocasi\u00f3n de la afectaci\u00f3n de las p\u00f3lizas SOAT constituyen t\u00edtulos ejecutivos complejos, lo que implica que aquellas deben ser radicadas junto con los soportes definidos en las normas especiales que regulan el tr\u00e1mite para su pago, esto es, los Decretos 663 de 1993 y 3990 de 2007, 056 de 2015 y 780 de 2016, en armon\u00eda con lo dispuesto en los art\u00edculos 1053 y 1077 del C\u00f3digo de Comercio y dem\u00e1s disposiciones concordantes. <\/p>\n
Al respecto esta Sala ha sostenido que, cuando se trate \u00ab(\u2026) del cobro de \u201cfacturas\u201d atinentes a gastos m\u00e9dicos, la \u201cdocumentaci\u00f3n\u201d necesaria para constituir el \u201ct\u00edtulo ejecutivo complejo\u201d eran los \u201cFormularios de reclamaci\u00f3n, seg\u00fan el formato adoptado por el Ministerio de la Protecci\u00f3n Social, certificado m\u00e9dico de atenci\u00f3n, formato adoptado por el Ministerio de la Protecci\u00f3n Social, la factura y fotocopia de la p\u00f3liza\u00bb (CSJ STC19525-2017, citada en STC2064-2020 y STC14094-2022, se pueden consultar en similar sentido STC3056-2021, STC3451-2023 y STC10912-2023). <\/p>\n
3.2. Ahora, al contrastar los razonamientos del Juzgado accionado con los precedentes y normativa citada, y con el amplia material probatorio que obra en el expediente que se revisa, se vislumbra la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho por defecto f\u00e1ctico por la indebida valoraci\u00f3n probatoria denunciado, toda vez que en la sentencia cuestionada el ad quem se limit\u00f3 a afirmar que las facturas presentadas para el cobro no pueden tenerse como t\u00edtulos ejecutivos complejos,3 en la medida que, como la aseguradora las objet\u00f3, \u00able impide al acreedor acudir al proceso ejecutivo ante la ausencia de certeza y claridad de la obligaci\u00f3n\u00bb, por lo que debe acudir a un juicio verbal para resolver esa controversia. <\/p>\n
Circunstancia que incidi\u00f3 de manera ostensible en la definici\u00f3n del litigio, por cuanto dej\u00f3 de analizar las facturas aportadas, junto con los documentos por medio de los cuales, seg\u00fan la ejecutante, daba cuenta de la constituci\u00f3n de t\u00edtulos complejos. <\/p>\n
Y es que, el solo hecho de que las facturas hayan sido objetadas no desvirt\u00faa su complejidad, como al parecer lo entiende el despacho accionado, puesto que ni la ausencia ni la presencia de objeciones o glosas, confirma o desvanece, por s\u00ed solas, el car\u00e1cter de \u00abcomplejo\u00bb de los t\u00edtulos presentados para su recaudo. De suerte que, el estudio efectuado por la referida autoridad judicial al abordar de oficio los requisitos formales, no fue el m\u00e1s apropiado, por lo que la tutela debi\u00f3 paso para restablecer las garant\u00edas vulneradas. <\/p>\n
3.3. Basta con examinar el expediente digital remitido, del que se alcanza a divisar, por ejemplo, en el caso de la Factura FEC1-537, que se anex\u00f3 la historia cl\u00ednica de la paciente Luz \u00c1ngela Charry (v\u00edctima), la epicrisis, el formulario de reclamaci\u00f3n dispuesto por el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social, prescripciones m\u00e9dicas, copia de su cedula de ciudadan\u00eda, copia de la licencia de transito de Leidy Serna (conductora de la motocicleta), certificado del SOAT, comprobante de la prestaci\u00f3n de la atenci\u00f3n m\u00e9dica firmada por la paciente, respuesta a las glosas que efectu\u00f3 la aseguradora (09-03-2020) y monto de la liquidaci\u00f3n de la reclamaci\u00f3n ($3\u00b4196.639), de los que se extrae en detalle los por menores de la atenci\u00f3n de salud que recibi\u00f3 aquella con ocasi\u00f3n del accidente de tr\u00e1nsito que padeci\u00f3. <\/p>\n
En esas mismas circunstancias, es decir, que la ejecutante aport\u00f3 las facturas junto con los documentos relacionados en el p\u00e1rrafo anterior, se encuentran las facturas FEC1-551, 178727, 179035, 181916, 181949, 181958, 182033, 182264, 182266, 182356, 182357, FEC1-662, FEC1-685, FEC1-839, FEC1-847, FEC1-851, s\u00f3lo por citar algunas. <\/p>\n
De hecho, a derivado \u00ab28Allegan material probatorio.pdf\u00bb del expediente digital bajo an\u00e1lisis, la ejecutante alleg\u00f3 nuevamente las respuestas a las objeciones o glosas efectuadas por la aseguradora. <\/p>\n
De ah\u00ed que surg\u00eda la imperiosa necesidad de verificar en detalle y con diligencia, el m\u00e9rito ejecutivo de cada uno de los instrumentos adosados a la ejecuci\u00f3n, conforme los precedentes y las leyes citadas. <\/p>\n
Ning\u00fan inter\u00e9s le gener\u00f3 al ad quem, el examinar los m\u00e1s de 5200 documentos allegados junto con las facturas, mediante los cuales la acreedora pretend\u00eda demostrar que los t\u00edtulos complejos s\u00ed reun\u00edan las exigencias legales y jurisprudenciales para ser ejecutados, as\u00ed como tampoco realiz\u00f3 esfuerzo alguno en examinar si las glosas se encontraban fundadas y fueron presentadas en debida forma, si fueron respondidas, subsanadas o resueltas por la acreedora, si se aportaron los dem\u00e1s documentos necesarios para tal fin y si se cumplieron los t\u00e9rminos para el agotamiento de cada etapa del procedimiento dispuesto en la ley (en especial en el Decreto 780 de 2016). <\/p>\n
En pocas palabras, se abstuvo de valorar y apreciar la situaci\u00f3n particular de cada una de las facturas, alej\u00e1ndose del deber que la ley y la jurisprudencia le imponen. <\/p>\n
4. Bajo ese escenario, reitero, lo que se evidencia es una indebida e insuficiente valoraci\u00f3n probatoria, en perjuicio de los intereses de la accionante-ejecutante, que debi\u00f3 ser amparada por esta v\u00eda excepcional, para que el Juzgado accionado volviera a emitir una decisi\u00f3n en la que valorara, si las facturas y los documentos allegados al proceso constitu\u00edan t\u00edtulos ejecutivos complejos o no, para lo cual deb\u00eda abordar el estudio de cada caso por separado y no de manera gen\u00e9rica como lo hizo. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo consignado mi salvamento de voto. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO PARCIAL <\/p>\n
MAGISTRADO: OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Expediente. 41001-22-14-000-2023-00170-01 <\/p>\n
Con el mayor respeto hacia los dem\u00e1s integrantes de la Sala, salvo parcialmente mi voto. Estoy de acuerdo en que es razonable la revocatoria de la orden de seguir adelante la ejecuci\u00f3n por concepto de las facturas que fueron objetadas por la Aseguradora demandada, debido a la existencia de dichas r\u00e9plicas. Pero difiero de la misma apreciaci\u00f3n en torno a los documentos \u00abFEC1-437, FEC1-438, FEC1-674, FEC1-682, FEC1- 687, FEC1-1566, 184081\u00bb, pues, a mi juicio, en este punto, la acci\u00f3n tutela debi\u00f3 prosperar, con el fin de conjurar los defectos sustantivo y f\u00e1ctico en que incurri\u00f3 el fallador accionado. <\/p>\n
En efecto, la agencia judicial, con estribo en el art\u00edculo 773 del C\u00f3digo de Comercio, exigi\u00f3 demostrar la constancia de prestaci\u00f3n del servicio en el cuerpo de las facturas \u00abFEC1-437, FEC1-438, FEC1-674, FEC1-682, FEC1- 687, FEC1-1566, 184081\u00bb, dejando de lado la reglamentaci\u00f3n especial que rige a dichas piezas, seg\u00fan la cual, a tales efectos debe conformarse un t\u00edtulo complejo, que, entre otros aspectos revele que las facturas corresponden a servicios efectivamente prestados. En esa direcci\u00f3n, esta Sala ha indicado que: <\/p>\n
Ahora, revisada la jurisprudencia de la Sala sobre el punto, ciertamente la Corte, al resolver acciones constitucionales, ha se\u00f1alado que para obtener el pago de facturas por servicios de salud a personas amparadas con el SOAT se requiere la constituci\u00f3n de un \u00abt\u00edtulo complejo\u00bb, el cual debe estar integrado por los \u00abFormularios de reclamaci\u00f3n, seg\u00fan el formato adoptado por el Ministerio de la Protecci\u00f3n Social, certificado m\u00e9dico de atenci\u00f3n, formato adoptado por el Ministerio de la Protecci\u00f3n Social, y la factura y fotocopia de la p\u00f3liza\u00bb (CSJ STC19525-2017, STC14094-2022, STC10912-2023). <\/p>\n
Hermen\u00e9utica que, a su vez, provoc\u00f3 que el sentenciador dejara de valorar los documentos anexos a los t\u00edtulos, los cuales mostraban que los mismos correspond\u00edan a servicios de salud efectivamente prestados a beneficiarios del SOAT, como la historia cl\u00ednica de los pacientes y el \u00abcomprobante de recibido de prestaci\u00f3n de servicios de salud y\/o constancia de atenci\u00f3n\u00bb4. <\/p>\n
Significa, entonces, como lo se\u00f1al\u00f3 la quejosa, que el juzgador demandado le exigi\u00f3 cumplir con presupuestos no contemplados en la normatividad aplicable al caso, y por ese camino rest\u00f3 m\u00e9rito a las facturas que, por no haber sido objetadas, eran susceptibles de ser perseguidas por la v\u00eda ejecutiva. Lo cual, impon\u00eda a la Sala revocar el veredicto del a quo constitucional, para en su lugar, conceder en parte la salvaguarda implorada. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos, dejo consignada mi discrepancia parcial. <\/p>\n
Fecha, ut supra. <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Documento pdf10ACTA DE REPARTO. Expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Salvo las facturas Nos. FEC1-437, FEC1-438, FEC1-674, FEC1-682, FEC1-687, FEC1-1566 y 184081 que fueron objetadas extempor\u00e1neamente, pero que, seg\u00fan se dijo, carec\u00edan de otros requisitos. <\/p>\n
4\u0002 Anexos demanda acumulada, Expediente Ejecutivo. <\/p>\n
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STC12034-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC12034-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 41001-22-14-000-2023-00170-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Esta Sala decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-77052","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77052","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77052"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77052\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77052"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77052"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77052"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}