STC12036-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC12036-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2023-00360-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 15 de agosto de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en la tutela que Ricardo Palacio Villamil instaur\u00f3 contra los Juzgados Cuarto Civil del Circuito y Quince Civil Municipal de esa misma ciudad, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2022-00399-00\/01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, a trav\u00e9s de apoderado, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, dignidad humana, lealtad procesal y actuaci\u00f3n de los poderes p\u00fablicos\u00bb, para que se ordenara: <\/p>\n
i) \u00ab(\u2026) al JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE SEGUNDA INSTANCIA de Bucaramanga; QUE DISPONGA REVOCAR LA SENTENCIA proferida por el JUZGADO QUINCE CIVIL MUNICIPAL de Bucaramanga; y\/o si es del caso INCORPORAR Y VALORAR la prueba VIDEO LLAMADA aportada por la parte apelante y accionante, se\u00f1or RICARDO PALACIO VILLAMIL\u00bb y, <\/p>\n
ii) \u00ab(\u2026) se SUSPENDA LA EJECUCION de los bienes de propiedad de RICARDO PALACIO VILLAMIL; dentro del proceso de Ejecuci\u00f3n radicado; 68001400300720190062901 (sic); mientras se decide la acci\u00f3n tutelar\u00bb. <\/p>\n
En sustento adujo que el Juzgado Quince Civil Municipal de Bucaramanga en el juicio ejecutivo de menor cuant\u00eda que Fidel Ramiro Duarte Torres adelant\u00f3 en su contra para la cancelaci\u00f3n de tres letras de cambio por valor de $30.000.000, libr\u00f3 mandamiento de pago, frente al cual, formul\u00f3 las excepciones de m\u00e9rito de inexistencia de las obligaciones, cobro de lo no debido, temeridad, mala fe y compensaci\u00f3n. <\/p>\n
En audiencia de 1\u00b0 de febrero de 2023, aquel declar\u00f3 no probadas tales defensas, dispuso seguir adelante con el cobro, el avalu\u00f3 y remate de los bienes embargados y secuestrados, lo conden\u00f3 en costas y mand\u00f3 remitir las diligencias a los juzgados de ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n dicha determinaci\u00f3n, de la que conoci\u00f3 el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa urbe, quien neg\u00f3 la prueba documental concerniente a una video- llamada (1\u00b0 jun.) y, posteriormente convalid\u00f3 el veredicto de primera instancia (1\u00b0 ag. 2023). <\/p>\n
Manifest\u00f3 que los despachos confutados no valoraron la \u00abprueba\u00bb testimonial donde se evidenci\u00f3 la ausencia de instrucciones para el diligenciamiento de las \u00abletras de cambio\u00bb. <\/p>\n
2.- Los Juzgado Cuarto Civil del Circuito y Quince Civil Municipal de Bucaramanga defendieron la legalidad de su proceder; el primero, adem\u00e1s, narr\u00f3 las actuaciones surtidas en la lid objetada. <\/p>\n
Ramiro Duarte Torres se opuso al ruego destacando que en el litigio reprochado se realiz\u00f3 una valoraci\u00f3n adecuada y ponderada de las \u00abpruebas\u00bb aportadas por cuanto las providencias emitidas se ajustan a derecho. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga desestimo el resguardo, porque el \u00abauto, mediante el cual se neg\u00f3 la solicitud probatoria en segunda instancia -recu\u00e9rdese, la incorporaci\u00f3n de la grabaci\u00f3n de una llamada como medio de prueba – no fue recurrido por la parte ejecutada, aqu\u00ed actora, al interior del proceso de marras (art. 318 CGP); ergo, no se satisface el requisito de subsidiariedad que habilite el estudio de aquel asunto por v\u00eda constitucional\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, porque \u00aben lo que ata\u00f1e a la sentencia emitida el 01 de agosto de 2023 por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga al interior del proceso ejecutivo No.2022-00399, promovido por Fidel Ramiro Duarte Torres contra el aqu\u00ed accionante, Ricardo Palacio Villamil, se avistan reunidos los requisitos de procedencia general de la acci\u00f3n de tutela; sin embargo, al margen de si se comparte o no la decisi\u00f3n, lo cierto es que no se encuentra configurado el defecto endilgado a aquella. Contrario sensu, aquella es razonable, no es caprichosa, ni arbitraria; obedece a las normas sustanciales y procesales aplicables a la materia objeto de estudio y es producto de la sana e independiente hermen\u00e9utica de la censora de conocimiento\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00abtras analizar que los testimonios tra\u00eddos al proceso por el demandado no tienen la fuerza probatoria para desvirtuar la literalidad de los t\u00edtulos valores ejecutados, como \u00e9ste mismo lo reconoce en el libelo introductorio, ni tienen aquellos la fuerza para probar las excepciones propuestas. En otras palabras, no tiene la virtualidad de probar fehacientemente la inexistencia de las obligaciones, el pago siquiera parcial de la obligaci\u00f3n, ni la mala fe del ejecutante\u00bb. <\/p>\n
Recurri\u00f3 el precursor con similares argumentos a los del pliego genitor, agregando, que el a quo \u00abdesconoci\u00f3 la petici\u00f3n TUTELAR a favor de mi poderdante los derechos constitucionales fundamentales violados; y ordenar se SUSPENDA LA EJECUCION de los bienes de propiedad de RICARDO PALACIO VILLAMIL; dentro del proceso de ejecuci\u00f3n (\u2026)\u00bb radicado 2022-00399; \u00abmientras se decide la acci\u00f3n tutelar\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Se anuncia el decaimiento de la salvaguarda y, por ende, la refrendaci\u00f3n del prove\u00eddo de primer grado, por las razones que a continuaci\u00f3n se exponen. <\/p>\n
1.1.- En lo que concierne con el auto de 1\u00b0 de junio de 2023, en el que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga \u00ab[neg\u00f3] la solicitud de pruebas realizada por el apoderado judicial del demandado\u00bb en el proceso n.\u00b0 2022-00399-00, Ricardo Palacio Villamil no interpuso recurso de reposici\u00f3n que resultaba viable al tenor del art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, dejando fenecer la oportunidad con que contaba para alegar las inconformidades que ahora exhibe. <\/p>\n
Frente a dicho t\u00f3pico, esta Sala ha reiterado que, <\/p>\n
(\u2026.) el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. (STC6663-2018, citada en STC3496-2022 y en la STC371-2023). <\/p>\n
Ello, en virtud, a que <\/p>\n
(\u2026) [e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala (STC6663-2018, citada en STC3496-2022 y en la STC371-2023). <\/p>\n
En este orden de ideas, resulta inviable el an\u00e1lisis a profundidad del rito, ya que la falta del presupuesto de la subsidiariedad frena cualquier intento de inmiscuirse en el caso concreto. <\/p>\n
1.2.- De otro lado, la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga (1 ag. 2023), no luce antojadiza, irrazonada ni caprichosa, sino que, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa aplicable al caso y la jurisprudencia depurada sobre el tema, as\u00ed como a una apreciaci\u00f3n del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del plenario. <\/p>\n
En efecto, para arribar a tal conclusi\u00f3n, con base en el material suasorio obrante en el plenario, esboz\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se otea que, los documentos -letras de cambio- arrimados como soporte de la ejecuci\u00f3n, cumplen a cabalidad los presupuestos antes se\u00f1alados, como quiera que hacen menci\u00f3n al derecho de cr\u00e9dito que incorporan, se encuentran aceptadas por el se\u00f1or RICARDO PALACIO VILLAMIL, oblig\u00e1ndose expresamente a pagar al vencimiento del plazo convenido, esto es, sin condici\u00f3n alguna, la suma contenida en las tres letras de cambio aportadas cada una por $30.000.000.oo a FIDEL RAMIRO DUARTE TORRES. <\/p>\n
Impone entonces el estudio del recurso de apelaci\u00f3n formulado por el apoderado del extremo ejecutado, iniciando con la denominada \u201cINEXISTENCIA DE OBLIGACIONES\u201d, para ello, alude la parte pasiva que, los cartulares presentados adolecen de vicios y defectos cambiarios, puesto que a juicio de la censura fueron suscritos en blanco en lo que ata\u00f1e a la fecha de vencimiento, por cuanto, las obligaciones cobradas fueron canceladas en otras ocasiones (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) En efecto, tenemos que, al entregarse los t\u00edtulos incoados o empezados pero firmados por el ejecutado, hace presumir que asumi\u00f3 el compromiso directo con su acreedor de pagar incondicionalmente las prestaciones all\u00ed consignadas, como quiera que la obligaci\u00f3n cambiaria nace precisamente con la firma m\u00e1s no, con la integraci\u00f3n del cartular -art.625 c\u00f3d. com.-. De ah\u00ed, que la misma norma mercantil permita que los t\u00edtulos se creen con espacios en blanco, siempre que su llenado por el tenedor legitimo se verifique de manera previa a su cobro y con observancia a las instrucciones dadas por su creador (\u2026). <\/p>\n
De esta forma, este estrado encuentra que, las razones expuestas por el Juzgado de instancia para declarar impr\u00f3speras las excepciones se encuentran ajustadas a derecho y acordes al material probatorio tra\u00eddo al juicio; basta declarar que, por id\u00e9nticas tesis a las expuestas en precedencia, habr\u00e1 de declararse tambi\u00e9n la improcedencia, de los medios exceptivo titulados \u201cCOBRO DE LO NO DEBIDO\u201d y TEMERIDAD Y MALA FE\u201d pues, el hecho que las letras de cambio incoadas tengan su g\u00e9nesis como garant\u00eda de diversas obligaciones bilaterales, tampoco les resta la eficacia como t\u00edtulos valores, ni el ejercicio de la acci\u00f3n cambiaria configura un acto temerario constitutivo de mala fe o un cobro de lo no debido. Rep\u00e1rese en que, si la firma del deudor se estamp\u00f3 a\u00fan bajo esta modalidad, ello no constituye eximente de ninguna especie que lo excluya de asumir las correspondientes prestaciones cambiarias ejecutadas, en quien iterase en riesgo de fatigar, se presume la buena fe, a\u00fan la exenta de culpa que no aparece contrarrestada en este asunto. <\/p>\n
Es decir, que quien permite la creaci\u00f3n y circulaci\u00f3n de un cartular con un contenido no determinado literalmente ni limitado por las instrucciones a observar, est\u00e1 asumiendo un riesgo a cuyas consecuencias debe responder, lo cual no significa que la integraci\u00f3n del t\u00edtulo sea caprichosa o arbitraria, porque entre partes el negocio causal tiene influencia determinante en el negocio cambiario y entonces \u00e9l se erige en un hito que demarca la relaci\u00f3n cambiaria. <\/p>\n
Por consiguiente, y de conformidad con el art. 167 del c\u00f3digo general el proceso, le correspond\u00eda al demandado desvirtuar la presunci\u00f3n a que alude el citado art\u00edculo, debiendo acudir a los diversos medios probatorios previstos por la ley de enjuiciamiento civil. Para el efecto, no le bastaba acreditar tan s\u00f3lo que el t\u00edtulo fue creado en blanco, sino que era forzoso demostrar igualmente en qu\u00e9 consistieron las instrucciones dadas y que las mismas no se cumplieron en debida forma, pues no se vislumbra dolo en la conducta del acreedor consistente en iniciar una ejecuci\u00f3n para el cobro de la suma adeudada y no cancelada en tiempo. <\/p>\n
En este orden de ideas, al asistirle al acreedor un derecho de cr\u00e9dito insoluto incorporado en la literalidad de las letras de cambio aportadas, mal se har\u00eda en sostener como vanamente pretende hacer creer la censura que, no existe obligaci\u00f3n a cargo del demandado, habida cuenta que las cartulares incorporan el cr\u00e9dito mismo y son plena prueba de \u00e9l, por lo tanto, se impone como en efecto se hizo declarar no probadas la excepciones propuestas y debi\u00e9ndose entonces, por consecuencia, confirmar la sentencia impugnada. Ahora por ser imperativo legal, las costas de la instancia estar\u00e1n a cargo del recurrente (Num. 3\u00ba. Art. 365 del C.G.P.). <\/p>\n
1.3.- En lo que concierne con la inquietud del impulsor plasmada en el escrito de impugnaci\u00f3n, relacionada con que se \u00abdesconoci\u00f3 la petici\u00f3n TUTELAR a favor de mi poderdante los derechos constitucionales fundamentales violados; y ordenar se SUSPENDA LA EJECUCION de los bienes de propiedad de RICARDO PALACIO VILLAMIL; dentro del proceso de ejecuci\u00f3n(\u2026)\u00bb n.\u00b0 2022-00399 \u00abmientras se decide la acci\u00f3n tutelar\u00bb, la misma obviamente debe ser negada, en tanto, resulta ser una consecuencia l\u00f3gica de no prosperar las anteriores pretensiones, adem\u00e1s, de ser ajena a los fines propios de la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb, estatuida con el \u00fanico prop\u00f3sito de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, los cuales no se advierte aqu\u00ed vulnerados. <\/p>\n
2.- As\u00ed las cosas, se impone el acompa\u00f1amiento de la directriz refutada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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STC12036-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada Ponente STC12036-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2023-00360-01 (Aprobado en Sala de veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 15 de agosto de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-77054","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77054","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77054"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77054\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77054"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77054"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77054"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}