STC12037-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12037-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2023-02204-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 3 de octubre de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Bautista Caro Guerrero contra el Juzgado Diecinueve Civil Municipal de esta capital, la Alcald\u00eda Local y la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Usaqu\u00e9n, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de la misma ciudad y los intervinientes en el litigio n\u00ba 2020-00039. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre propio, el accionante invoc\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, m\u00ednimo vital, igualdad, \u00abDIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL [y] VIVIENDA DIGNA\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis expuso que, Jos\u00e9 Florentino Su\u00e1rez Gil adelant\u00f3 en su contra proceso para obtener la restituci\u00f3n de un inmueble debido a la mora en el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento pactados y al subarriendo del predio sin permiso, asunto que correspondi\u00f3 conocer al Juzgado Diecinueve Civil Municipal de Bogot\u00e1 (n\u00b0 2020-00039), quien agotado el tr\u00e1mite de rigor, mediante sentencia proferida el 11 de enero de 2022 accedi\u00f3 a lo pretendido, decisi\u00f3n que apelada, fue confirmada \u00edntegramente por el Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de la misma ciudad, libr\u00e1ndose el respectivo despacho comisorio para la entrega, quebrantando sus garant\u00edas fundamentales, pues \u00abla carga probatoria presentada no fue en mi parecer analizada por la JUEZ, ya que fue evidente mediante pruebas testimoniales que el se\u00f1or JOS\u00c9 FLORENTINO nunca ha sido reconocido como propietario por los dem\u00e1s arrendatarios dentro del predio (…) [m\u00e1s a\u00fan cuando] mi recurso econ\u00f3mico subsiste en los arriendos que recibo de la propiedad\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, se extrae que lo pretendido a trav\u00e9s de la acci\u00f3n, es que se dejen sin valor ni efecto las sentencias proferidas en ambas instancias procesales, para que \u00abprime la realidad sobre la formalidad y se lleve a cabo una pr\u00e1ctica de pruebas que se analicen dentro del proceso CON VERACIDAD\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Diecinueve Civil Municipal de Bogot\u00e1, luego de relacionar cada una de las actuaciones surtidas al interior del proceso criticado, precis\u00f3 que \u00abno se observa que en el tr\u00e1mite objeto de censura se haya incurrido en alguna actuaci\u00f3n que pueda considerarse vulneradora de los derechos fundamentales de que es titular el actor, habida cuenta que la decisi\u00f3n de la que se duele el promotor del amparo se adopt\u00f3 conforme a la normatividad que regula la materia, con observancia del debido proceso y citando la jurisprudencia relevante para el caso (\u2026); esta juzgadora efectu\u00f3 un an\u00e1lisis integral del material probatorio obrante al interior del asunto, valorando de manera conjunta los medios de convicci\u00f3n arrimados sin que la determinaci\u00f3n adoptada pueda ser calificada de arbitraria o antojadiza, siendo el resultado de un an\u00e1lisis del caso de forma detallada y se produjo en virtud del principio de sana cr\u00edtica y de acuerdo con las circunstancias que en consideraci\u00f3n de esta juzgadora se encontraron probadas\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de la misma urbe, remiti\u00f3 el link del expediente contentivo de la actuaci\u00f3n procesal cuestionada. <\/p>\n
3. La Secretar\u00eda Distrital de Gobierno \u2013Alcald\u00eda Local e Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Usaqu\u00e9n, se opuso a lo pretendido por el gestor, comoquiera que sus actuaciones se soportan en el despacho comisorio No. 44 radicado el 28 de julio de 2023 por el Juzgado Diecinueve Civil Municipal, dentro del proceso de restituci\u00f3n de inmueble n\u00b0 2020-00039, procedi\u00e9ndose a fijar fecha y hora para la correspondiente diligencia el 24 de octubre de 2023. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a-quo neg\u00f3 el resguardo, tras considerar que las decisiones censuradas por esta v\u00eda se fundamentaron en los supuestos f\u00e1cticos, jur\u00eddicos y probatorios obrantes en el proceso revisado, pues \u00abde la lectura del fallo fustigado por esta v\u00eda, se infiere que la iudex abord\u00f3 todas las pruebas adosadas al plenario, en la forma exigida por el art\u00edculo 176 del C.G.P., s\u00f3lo que despu\u00e9s de la valoraci\u00f3n de las mismas concluy\u00f3 que los testimonios solicitados por la parte demandada no tuvieron la capacidad de desvirtuar lo acreditado con el resto de material probatorio aportado que la llev\u00f3 al convencimiento de la existencia del contrato de arrendamiento, de la mora en el pago de los c\u00e1nones derivados del mismo as\u00ed como del subarriendo del bien, causales que motivaron la orden de su restituci\u00f3n, conforme a la normatividad que rige la materia, ello sin perder de vista que el demandante figura en calidad de propietario inscrito del predio objeto de la Litis, conforme se otea en la anotaci\u00f3n No 008 del FMI 50N-20365823\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue interpuesta por el querellante para insistir en los argumentos del escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las garant\u00edas denunciadas al declarar terminado el contrato de arrendamiento y ordenar al actor la restituci\u00f3n del inmueble, dentro del proceso seguido en su contra por Jos\u00e9 Florentino Su\u00e1rez Gil (n\u00b0 2020-00039). <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis <\/p>\n
Si bien el reclamo se dirige contra las determinaciones de primera y segunda instancia, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a la decisi\u00f3n proferida el 19 de abril de 2023 por el Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1, por cuanto fue la que defini\u00f3 el asunto al confirmar la decisi\u00f3n que orden\u00f3 al aqu\u00ed interesado restituir el inmueble arrendado al demandante, tomada el 11 de enero de 2022 por el Juzgado Diecinueve Civil Municipal de la misma localidad. <\/p>\n
Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que, \u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada entre otras, en STC1454-2023, 22 feb. 2023, rad. 00005-01). <\/p>\n
4. Razonabilidad de la providencia cuestionada <\/p>\n
La Sala ratificar\u00e1 la negativa del amparo tal como lo concluy\u00f3 el tribunal constitucional de primer grado, en tanto que, del examen del prove\u00eddo censurado no se vislumbra irregularidad alguna con fuerza suficiente que imponga la necesaria injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
En el asunto estudiado, la juez convocada comenz\u00f3 por se\u00f1alar los antecedentes del asunto, precisando que la inconformidad del recurrente, aqu\u00ed querellante, se soporta en que \u00abel a quo no realiz\u00f3 una debida valoraci\u00f3n de las pruebas allegadas y recaudadas en el asunto y de las que se desprende que el contrato de arrendamiento hab\u00eda sido suscrito de confianza para respaldar el pr\u00e9stamo de un dinero en virtud de la existencia de negocios previos entre las partes; no se tuvo en cuenta que en el proceso que cursa ante el Juzgado 50 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, se debate la validez de la Escritura P\u00fablica No. 3439 del veintis\u00e9is (26) de diciembre de dos mil trece (2013) de la Notar\u00eda 43 de Bogot\u00e1 y por ello, de declararse nulo, queda sin piso cualquier reclamaci\u00f3n del demandante; de los testimonios recaudados qued\u00f3 evidenciado que los inquilinos del inmueble que se solicita en restituci\u00f3n desconocen al se\u00f1or Suarez (sic) Gil, teniendo por propietario al se\u00f1or Juan Bautista, quien ha realizado reparaciones locativas al inmueble bajo dicha calidad; finalmente que en virtud del tama\u00f1o del inmueble y su distribuci\u00f3n no es l\u00f3gico que se arriende un predio para vivienda de una familia cuando dicho bien consta de siete apartamentos y es el arrendatario quien realiza las reparaciones y mejoras al predio\u00bb. <\/p>\n
Luego, procedi\u00f3 al an\u00e1lisis de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00abla acci\u00f3n promovida en el presente caso, es la de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, la cual est\u00e1 regulada procesalmente por el art\u00edculo <\/p>\n
Para la prosperidad de la pretensi\u00f3n aqu\u00ed formulada, se requiere: i) la existencia de relaci\u00f3n contractual entre las partes en la que el demandante le entregue la tenencia de un bien o conjunto de estos al demandado, lo cual permite establecer, de paso, la legitimidad de quienes integran los extremos del litigio, y ii) la comprobaci\u00f3n de la causal invocada, en el presente caso, la mora en el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento\u00bb. <\/p>\n
Y continu\u00f3 diciendo: <\/p>\n
\u00abSobre el primer punto se tiene que el art. 1973 del C\u00f3digo Civil define el arrendamiento como: [\u2026] un contrato en que las dos partes se obligan rec\u00edprocamente, la una a conceder el goce de una cosa [\u2026] y la otra a pagar por \u00e9ste goce [\u2026] un precio determinado. De igual suerte al leer de forma conjunta los arts. 1500 y 1979 ejusdem se puede ver que el arrendamiento es un convenio consensual y se perfecciona por el solo acuerdo entre las partes respecto de los elementos esenciales del contrato, esto es el bien o servicio que se va a arrendar y la renta que se pagar\u00e1 la tenencia permitida\u00bb (\u2026) . <\/p>\n
\u00abcon la demanda se aport\u00f3 el Contrato de Arrendamiento para vivienda urbana VV-04397867 de 26 de diciembre de 2013 en donde Jos\u00e9 Florentino Su\u00e1rez Gil en su calidad de arrendador se compromete a entregar al segundo la tenencia del inmueble ubicado en la Carrera 6B No. 171 \u2013 48 de esta ciudad a Juan Bautista Caro Guerrero en su calidad de arrendatario, por un per\u00edodo de un (1) a\u00f1o a partir del veintiseises (26) de diciembre de dos mil trece (2013), mientras que el arrendatario se oblig\u00f3 a pagar por el goce del predio la suma de $3.000.000.oo dentro de los cinco (5) primeros d\u00edas de cada mensualidad, al pago de los servicios p\u00fablicos y del incremento del canon anualmente de acuerdo con el porcentaje legalmente autorizado; documento que no fue desconocido, redarg\u00fcido o tachado de falso por el demandado, y el mismo da cuenta de una relaci\u00f3n de contractual de arrendamiento entre los extremos activo y pasivo de esta litis, por lo cual estos sirven para probar la existencia del primer elemento del litigio. <\/p>\n
Ahora bien, respecto al segundo presupuesto de este asunto, en lo referente a las casuales de terminaci\u00f3n del convenio de este pelito, debe entonces esta sede judicial estarse a lo dispuesto en dicho contrato. As\u00ed las cosas, se tiene que conforme a los numerales 1 y 3 de la cl\u00e1usula s\u00e9ptima, el arrendador ten\u00eda la facultad de dar por terminado el contrato de arrendamiento por \u201cla no cancelaci\u00f3n por parte del el (los) arrendatario (s) del precio del canon y reajuste dentro del t\u00e9rmino estipulado del mismo\u201d y \u201cel subarriendo total o parcial del inmueble, la cesi\u00f3n del contrato o del goce del inmueble, o el cambio de destinaci\u00f3n del inmueble sin consentimiento exprese del (los) arrendador (es)\u201d. Luego, la mora por parte del demandado en la cancelaci\u00f3n del precio mensual de renta y subarrendar el bien lo coloca en situaci\u00f3n de incumplimiento y permite al extremo actor solicitar tanto la terminaci\u00f3n del acuerdo como tambi\u00e9n la restituci\u00f3n a su favor del bien objeto del contrato de arrendamiento\u00bb. <\/p>\n
Tras citar lo previsto en el art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso y jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la carga de la prueba, refiri\u00f3: <\/p>\n
\u00abse observa de la documentaci\u00f3n allegada con la contestaci\u00f3n de la demanda que el extremo pasivo hizo consignaciones hasta el 24 de septiembre de 2019 en la cuenta bancaria del actor y que el demandado en su interrogatorio de parte manifest\u00f3 que \u201c\u2026un d\u00eda en el a\u00f1o 2019 le pague, en julio fue la \u00faltima cuota que le pague, cuando \u00e9l en septiembre me envi\u00f3 una carta dici\u00e9ndome que le deb\u00eda 3 meses y que necesitaba que le entregara la casa\u2026\u201d, luego se puede decir que hubo incumplimiento por parte del demandado en el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento. <\/p>\n
Ahora bien, en punto a los argumentos expuestos por el impugnante, espec\u00edficamente el relativo a la existencia del proceso que cursa ante el Juzgado 50 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 bajo el radicado 2020-003043, y su incidencia en este asunto, se encuentra que en tal proceso no se discute acerca del contrato de arrendamiento VV-04397867 de 26 de diciembre de 2013 que es objeto de este proceso, sino que aqu\u00e9l versa sobre la validez de la Escritura P\u00fablica No. 3439 del veintis\u00e9is (26) de diciembre de dos mil trece (2013) de la Notar\u00eda 43 de Bogot\u00e1, luego, lo que en este asunto se decide no depende de lo que se resuelva en aqu\u00e9l, puesto que, si el contrato de arrendamiento es o no simulado es un punto que s\u00f3lo se discute en este proceso y no en aqu\u00e9l, de modo que no se vislumbra la existencia de la prejudicialidad alegada\u00bb. <\/p>\n
Lo que conllev\u00f3 a la falladora a se\u00f1alar, en cuanto a la supuesta indebida valoraci\u00f3n probatoria alegada, que aunque afirma el apelante que las pruebas <\/p>\n
\u00abson concluyentes en lo concerniente a que el contrato de arrendamiento es simulado, no se evidencia en forma alguna del material probatorio recaudado, prueba contundente que permita arribar a esa conclusi\u00f3n, pues ello no se deriva en forma alguna del tenor literal de las documentales aportadas, como son el contrato de promesa de compraventa suscrito el 23 de diciembre de 2023 o la Escritura Publica 03439 de 26 de diciembre del mismo a\u00f1o de la Notar\u00eda 43 de esta ciudad, ni a\u00fan a manera a indicio, pues no es suficiente lo afirmado por el demandado en su interrogatorio de parte para sustentar tal hecho, atendiendo a que la jurisprudencia ha decantado que las declaraciones de las partes alcanzan relevancia, s\u00f3lo en la medida en que \u201cel declarante admita hechos que le perjudiquen o, simplemente, favorezcan al contrario, o lo que es lo mismo, si el declarante meramente narra hechos que le favorecen, no existe prueba, por una obvia aplicaci\u00f3n del principio conforme al cual a nadie le es l\u00edcito crearse su propia prueba\u201d (sentencia de 13 de septiembre de 1994, citada por Sent. Cas. Civ. de 27 de julio de 1999 Exp. No. 5195.) <\/p>\n
V\u00e9ase as\u00ed mismo, que los testimonios de Jos\u00e9 Baudilio Su\u00e1rez Gil, H\u00e9ctor Gonzalo Rodr\u00edguez Mora y Olimpo Campos Almonacid, se limitan a ratificar la existencia del contrato de arrendamiento y la ocurrencia de la mora en el pago de los c\u00e1nones por parte del se\u00f1or Caro Guerrero, ratificando con ello la veracidad del contrato y sus efectos, al punto que en la declaraci\u00f3n del se\u00f1or Rodr\u00edguez Mora, quien indic\u00f3 haber estado presente en la firma del documento sustento de la acci\u00f3n y presenciado la determinaci\u00f3n de sus efectos, no se narra que dicha papeler\u00eda correspond\u00eda a una garant\u00eda de un pr\u00e9stamo y no a un contrato como afirma el demandado. <\/p>\n
De otro lado y de la totalidad de las declaraciones practicadas a solicitud del extremo demandado, esto es los testimonios de Esperanza Libreros de Henao, David Vargas, Daniel Leonardo Barrag\u00e1n y Carolina Hoyos, se encuentra que ninguna de ellos estuvo presente al momento de la firma del contrato de arrendamiento objeto de la litis ni conoce sus antecedentes o la existencia de pr\u00e9stamos entre las partes del mismo y el simple hecho de reconocer al se\u00f1or Caro Guerrero como arrendatario no desvirt\u00faa la eficacia del contrato No. VV-04397867 y s\u00ed por el contrario, ratifica la casual de terminaci\u00f3n contenida en el numeral 3 de la cl\u00e1usula s\u00e9ptima de tal documento, sin que la sola declaraci\u00f3n de Myriam Mery Sosa Galindo pueda ten\u00e9rsele como plena prueba de las defensas del demandado, atendiendo a que las pruebas deben ser apreciadas en conjunto y no existe tampoco ninguna otra en el plenario que sustente las afirmaciones de la testigo\u00bb. <\/p>\n
Concluyendo as\u00ed que, a diferencia de lo considerado por el inconforme, \u00abse han acreditado suficientemente los elementos axiol\u00f3gicos que componen la acci\u00f3n de restituci\u00f3n de bien dado en tenencia y, ante la improsperidad de alguna excepci\u00f3n que enervara las pretensiones, es ostensible que se cumplen los supuestos f\u00e1cticos necesarios para dar paso a las s\u00faplicas de la demanda\u00bb. <\/p>\n
Como puede observarse de lo rese\u00f1ado, el Juzgado del Circuito querellado valor\u00f3 cada uno de los elementos centrales objeto de discusi\u00f3n del recurso y los medios de prueba aportados, para darles el alcance demostrativo que seg\u00fan su criterio era menester conferirles, hermen\u00e9utica que, desde luego, no puede ser alterada por esta v\u00eda, m\u00e1xime si no se aprecia inconsulta, desfasada o irracional, en todo caso, distante de edificar la v\u00eda de hecho denunciada. <\/p>\n
Es que sobre la pretensi\u00f3n de exigir al juzgador una determinada valoraci\u00f3n de los medios probatorios y de la interpretaci\u00f3n normativa, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes, la Sala en precedencia ha indicado: <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, en STC3479-2015, STC-9611-2015, y, STC098-2023, 18 en. 2023, rad. 00207-01). <\/p>\n
De manera que esta particular justicia s\u00f3lo intervendr\u00eda en la esfera probatoria, cuando eventualmente el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea notorio, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la disposici\u00f3n, lo cual ciertamente no ocurri\u00f3 en este supuesto. <\/p>\n
Ahora bien, el solo hecho de no compartir los argumentos anteriores, no convierte esa determinaci\u00f3n en una v\u00eda de hecho apta de ser revisada por el juez de tutela, pues, la sola divergencia conceptual no puede ser fuente para demandar el amparo constitucional, porque esta v\u00eda excepcional no fue concebida como instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las deducciones valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta. Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
5. Improcedencia de la tutela para obtener la suspensi\u00f3n de diligencias judiciales <\/p>\n
El promotor del resguardo pretende que a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo se suspenda la comisi\u00f3n para la entrega dispuesta por el Juzgado Diecinueve Civil Municipal de Bogot\u00e1 en el proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado donde result\u00f3 vencido en ambas instancias. <\/p>\n
No obstante, basta con se\u00f1alar que, la citada orden se produjo luego del agotamiento de todas las etapas legales dentro del precitado tr\u00e1mite, lo que hace inviable la solicitud, dado que la realizaci\u00f3n de este tipo de diligencias \u00ab(\u2026) no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales (\u2026) De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u00bb (CSJ, STC, 29 nov. 2006, citada en STC7665 de 9 jun. 2016). <\/p>\n
En tal medida, resulta claro que no puede ser acogida la pretensi\u00f3n formulada por el accionante con miras a que se suspenda la diligencia de entrega, debido a que, seg\u00fan lo tiene precisado esta Corporaci\u00f3n, \u00ab(\u2026) la tutela no se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2009, exp. 1496-01, citada en STC9158 de 7 jul. 2016 y reiterada, entre otras, en STC9769-2022, 1\u00b0 ag. 2022, rad. n\u00b0 00330-01). <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 lo resuelto por el tribunal, dado que la decisi\u00f3n adoptada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda, al tiempo que el gestor pretende utilizar esta herramienta de protecci\u00f3n a modo de instancia adicional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC12037-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC12037-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2023-02204-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-77055","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77055","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77055"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77055\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77055"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77055"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77055"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}