STC12047-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12047-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-04002-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por la Copropiedad Edificio El Conquistador PH., contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y el Juzgado Sexto Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el juicio de impugnaci\u00f3n de actas de asambleas n\u00ba 2022-00360. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La copropiedad solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la corporaci\u00f3n judicial convocada. <\/p>\n
2. Expone en s\u00edntesis que, el 26 de agosto de 2022 se llev\u00f3 a cabo asamblea extraordinaria de copropietarios del Edificio El Conquistador, de la cual se deriv\u00f3 la elecci\u00f3n de un nuevo consejo de administraci\u00f3n. El 26 de septiembre de 2022 dicha asamblea fue demandada por Myriam Montoya Pinto, una de las copropietarias (proceso de impugnaci\u00f3n de acta de asamblea), asunto que le correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena, bajo el radicado 2022-00294. <\/p>\n
Aduce que, veinte (20) d\u00edas m\u00e1s tarde, la misma copropietaria inco\u00f3 una nueva demanda contra la referida acta de asamblea, por intermedio de un abogado diferente al de la primera; esta fue asignada al mismo despacho judicial \u2013 Sexto Civil del Circuito de Cartagena \u2013 pero con el radicado 2022-00360. <\/p>\n
Relata que, las referidas demandas eran esencialmente id\u00e9nticas, con la peque\u00f1a diferencia que la segunda de ellas \u2013 2023-00360 \u2013 fue registrada en la plataforma por la oficina judicial que iba dirigida contra \u00abAsociaci\u00f3n de Copropiedad Edificio Villa\u00bb. <\/p>\n
Cuenta que, ambos libelos fueron inadmitidos y posteriormente rechazados por el juzgado mencionado, decisiones que no fueron recurridas por la actora. Sin embargo, destaca que, el apoderado de la se\u00f1ora Montoya Pinto promovi\u00f3 incidente de nulidad con fundamento en una aparente indebida notificaci\u00f3n del auto inadmisorio de la demanda con radicado 2022-00360, alegando especialmente que, en la publicaci\u00f3n del mismo, figur\u00f3 como demandado la \u00abAsociaci\u00f3n de Copropiedad Edificio Villa\u00bb y no el Edificio El Conquistador. <\/p>\n
Mediante auto de 24 de febrero de 2023, el juzgado de conocimiento neg\u00f3 la nulidad planteada, decisi\u00f3n frente a la cual la interesada interpuso recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Resalta que, el 29 de mayo de 2023, la Sala Civil Familia (unitaria) del Tribunal Superior de Cartagena, revoc\u00f3 el auto apelado, para en su lugar, declarar la nulidad de todo lo actuado \u00aba partir de la notificaci\u00f3n por estado de 18 de enero de 2023 inclusive (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, reanudada la actuaci\u00f3n, se\u00f1ala que, contra el auto admisorio de la demanda (en el que adem\u00e1s se decret\u00f3 la medida cautelar de suspensi\u00f3n de los efectos del acta de asamblea impugnada) \u2013 23 de julio de 2023 \u2013, proferido en cumplimiento a lo resuelto por el tribunal, interpuso los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, el primero no prosper\u00f3, y el de alzada se encuentra en tr\u00e1mite ante el superior. <\/p>\n
Cuestiona fundamentalmente el auto de 29 de mayo de 2023 dictado por la colegiatura convocada, que declar\u00f3 la nulidad de lo actuado por indebida notificaci\u00f3n del auto inadmisorio del proceso 2022-00360. <\/p>\n
Al respecto sostiene que, la demandante Myriam Montoya Pinto, indujo en error a la judicatura al presentar dos demandas iguales en un lapso inferior a 20 d\u00edas, adem\u00e1s, \u00abconoc\u00eda desde el reparto de la demanda que aparec\u00eda como demandado la Asociaci\u00f3n de Copropiedad Edificio Villa [\u2026] y no solicitaron su correcci\u00f3n [\u2026] es decir, la demandante guard\u00f3 silencio a prop\u00f3sito del error causado por la presentaci\u00f3n de demandas simult\u00e1neas para despu\u00e9s alegarlo en su propio favor en el momento en que dentro del proceso se profiriera cualquier decisi\u00f3n en contra de sus intereses\u00bb. <\/p>\n
Agrega que, el proceder de Myriam Montoya Pinto ha sido temerario, pues tambi\u00e9n ha interpuesto tres acciones de tutela por los mismos hechos, todas las cuales han sido desestimadas por improcedentes (resueltas por el Tribunal Superior de Cartagena, Sala Civil Familia). <\/p>\n
Sobre el prove\u00eddo cuestionado, es decir, el dictado por el tribunal que declar\u00f3 la nulidad del inadmisorio del proceso 2022-00360, alega que, \u00abfue producto de un error inducido por la demandante, [\u2026] debido a que el se\u00f1or magistrado ponente, desconoc\u00eda los hechos que generaron la aparente nulidad, ya que los datos publicados en el estado del 18 de enero de 2023, que notificaba la inadmisi\u00f3n de la demanda, provienen desde el reparto de la demanda radicada 13001-3103-006-2022-00360-00, que al momento de asignar dicho proceso gener\u00f3 un cambio en el nombre del demandado, como consecuencia de la presentaci\u00f3n de demandas simult\u00e1neas, por parte de la demandante, ya que previamente hab\u00eda radicado la misma demanda, asignada con n\u00famero 13001-3103-006-2022-0294-00, con el agravante que, los operadores judiciales conoc\u00edan de la gemelizaci\u00f3n de los procesos, m\u00e1xime que le correspond\u00eda al mismo despacho\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pide \u00abrevocar el auto de fecha 29 de mayo de 2023 dem\u00e1s actuaciones proferidas posteriormente dentro del proceso verbal de impugnaci\u00f3n de acta de asamblea rad. 2022-00360 que cursa en el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena (\u2026) ordenar a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena, que profiera un nuevo auto negando el recurso de apelaci\u00f3n impetrado por la se\u00f1ora Myriam Montoya Pinto contra el auto de fecha 24 de febrero de 2023 que neg\u00f3 la nulidad por indebida notificaci\u00f3n (\u2026) de manera oficiosa, impulsar las correspondientes acciones de \u00edndole penal cometidas por el actuar de la demandante Myriam Montoya Pinto (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la decisi\u00f3n recriminada, de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena sin pronunciarse frente a las pretensiones de la demanda, admiti\u00f3 que, en efecto, mediante providencia del 29 de mayo de 2023 declar\u00f3 la nulidad de lo actuado en el proceso en cuesti\u00f3n, \u00aba partir de la notificaci\u00f3n por estado del auto de 18 de enero de 2023 inclusive y orden\u00f3 al a quo a notificar el prove\u00eddo de 16 de diciembre de 2022. Lo anterior, con fundamento en los precedentes normativos y jurisprudenciales que rigen la materia\u00bb. <\/p>\n
2. La Juez Sexta Civil del Circuito de esa ciudad relacion\u00f3 lo acontecido en la causa con radicado 2022-360 promovida por Myriam Montoya, en el cual, luego de la nulidad declarada por el superior, mediante auto del 28 julio de este a\u00f1o admiti\u00f3 la demanda tras ser subsanada. Destac\u00f3 que, contra el auto admisorio la copropiedad incoada interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n. El 13 de septiembre de 2023 no repuso la decisi\u00f3n y concedi\u00f3 la alzada. Finalmente, aclar\u00f3 que, la \u00faltima actuaci\u00f3n corresponde al auto con el cual fij\u00f3 \u00abcauci\u00f3n para levantamiento de cautela elevada por la demandada\u00bb, determinaci\u00f3n que se encuentra en tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Myriam Montoya Pinto, demandante en el asunto cuestionado, por intermedio de su apoderado, luego de un recuento de la actuaci\u00f3n, solicit\u00f3 se deniegue el amparo deprecado por la copropiedad accionante dado que, no demostr\u00f3 que se le hubiese vulnerados los derechos fundamentales invocados por parte del Tribunal Superior de Cartagena. <\/p>\n
4. Renzo Alberto Franco Martelo, abogado de la Copropiedad El Conquistador, coadyuv\u00f3 la demanda tutelar e indic\u00f3 que, esta Sala en un caso similar (STC6882-2019) \u00abdispuso que no existe afectaci\u00f3n o vulneraci\u00f3n del debido proceso en su vertiente de publicidad, toda vez que las notificaciones fueron surtidas en debida forma, la cuales no conoci\u00f3 la parte demandante por falta de su apoderado a los deberes profesionales [\u2026] que, en este caso, se le exig\u00eda ejercer la defensa de los intereses de sus mandantes con la m\u00e1xima diligencia\u00bb, por lo que pidi\u00f3 que se profiera amparando los derechos de su prohijada \u00abvulnerados por un error inducido o v\u00eda de hecho consecuencia, al momento de proferirse el auto de fecha 29 de mayo de 2023 con el agravante en el caso [\u2026] que los actos procesales fueron notificados con los mismos datos con los que registrado por la oficina de reparto judicial y que tanto la demandante y su apoderado conoc\u00edan [\u2026] pero que disfrazaron de una aparente nulidad (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
5. El representante legal de la sociedad Valor Real S.A.S., vinculado, tambi\u00e9n coadyuv\u00f3 la tutela, pues considera que, \u00abno es legal que una persona, MIRYAN MONTOYA PINTO y sus abogados presenten varias demandas y varias acciones de Tutela, por los mismos hechos y pretensiones, y que la se\u00f1ora Juez Sexta del Circuito de Cartagena y hasta el se\u00f1or Magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, como conocedores y administraci\u00f3n de justicia, accedieron a los caprichos generando graves perjuicios a mi compa\u00f1\u00eda, pues, con el Acta de Asamblea de agosto de 2022, lograron que la ALCALD\u00cdA DE CARTAGENA, con fundamento en la misma medida cautelar se niegue a la inscripci\u00f3n del acta de asamblea ordinaria de marzo de 2023\u00bb. <\/p>\n
6. La Alcald\u00eda de Cartagena solicit\u00f3 ser desvinculada del presente tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues la pretensi\u00f3n de la accionante \u00abes del resorte de la competencia de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena\u00bb. <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la corporaci\u00f3n judicial convocada vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales denunciadas dentro del proceso de impugnaci\u00f3n de acta de asamblea radicado n\u00ba 2022-00360, al declarar la nulidad por indebida notificaci\u00f3n \u2013 prove\u00eddo del 29 de mayo de 2023 \u2013 del auto que inadmiti\u00f3 la demanda interpuesta por Myriam Montoya Pinto, desconociendo, supuestamente, que se evidenci\u00f3 un proceder desleal y temerario de la mencionada demandante. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que el amparo no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez constitucional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. La providencia atacada. <\/p>\n
3.1. Al revisar el asunto sometido a consideraci\u00f3n de la Corte, se advierte la improcedencia del resguardo, dado que, la decisi\u00f3n de la colegiatura accionada bien puede apreciarse como el resultado de una respetable hermen\u00e9utica del contexto analizado, de los medios probatorios y de los reparos expuestos en la solicitud de nulidad deprecada por quien promovi\u00f3 el proceso de impugnaci\u00f3n de actas de asamblea, respecto de la indebida notificaci\u00f3n del auto que inadmiti\u00f3 su demanda. <\/p>\n
Para infirmar el prove\u00eddo confutado \u2013 el emitido el 24 de febrero de 2023 del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena \u2013 que deneg\u00f3 la invalidaci\u00f3n de lo hasta all\u00ed actuado, conforme lo pretend\u00eda Myriam Montoya Pinto (all\u00ed demandante), luego de auscultar el plenario y los alegatos de la referida incidentante, precis\u00f3 el tribunal que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en particular la notificaci\u00f3n por estado de los autos de 16 de diciembre de 2022 y 26 de enero de 2023 puede constatarse que este acto no satisfizo las taxativas exigencias del art\u00edculo en menci\u00f3n -295-, debido a que no se registr\u00f3 el nombre de la entidad demandada, COPROPIEDAD EDIFICIO EL CONQUISTADOR, sino una completamente distinta, lo cual no puede entenderse subsanado por cumplirse con los dem\u00e1s datos que quedaron acertadamente consignados. Esta equivocaci\u00f3n pudo inducir en error a quien controlaba los movimientos del expediente, y tan as\u00ed ocurri\u00f3, que el apoderado present\u00f3 memoriales antes y despu\u00e9s de la notificaci\u00f3n, lo que deja claro que no estaba enterado de la notificaci\u00f3n. <\/p>\n
La equivocaci\u00f3n en la que incurri\u00f3 el juzgado no es menor, y no puede soslayarse bajo el criterio de que fue del apoderado al no detectarlo, porque los dem\u00e1s datos y la vinculaci\u00f3n de la providencia conten\u00edan la informaci\u00f3n suficiente. Esta reflexi\u00f3n no sigue las l\u00edneas de la principial\u00edstica que fijan el sendero que deben seguir las causas judiciales para la correcta aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de las normas procesales, con el fin de garantizar los derechos sustanciales de las partes. El debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho de acceso a la justicia, entre otros principios, ser\u00e1n prevalentes a la hora de resolver los litigios, y con ellos el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de que trata el art. 2 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Cualquier anomal\u00eda, por peque\u00f1a que parezca, en casos como el que se analiza, deber\u00e1 favorecer los intereses de la persona afectada, m\u00e1xime cuando lo que se disputa puede depender de esa notificaci\u00f3n, erradamente realizada por la secretar\u00eda del Despacho. De ninguna manera puede trasladarse la culpa a quien no ten\u00eda por qu\u00e9 soportar las cargas del manifiesto yerro del juzgado al momento de notificar\u00bb. <\/p>\n
Por lo tanto, al advertir la se\u00f1alada anomal\u00eda en el registro del proceso, orden\u00f3 su subsanaci\u00f3n, disponiendo que se realice la notificaci\u00f3n en debida forma, esto es, corrigiendo la identificaci\u00f3n de la copropiedad demandada; todo lo cual, consecuentemente implic\u00f3 declarar la nulidad del auto del 18 de enero de 2023 (auto inadmisorio cuestionado) y las actuaciones subsiguientes. <\/p>\n
3.2. Bajo el contexto que viene de verse, m\u00e1s all\u00e1 de que la Corte comparta o no la determinaci\u00f3n atacada, como aquella se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no necesariamente es producto de la arbitrariedad, resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para hacer prevalecer, por sobre la del juzgador, una espec\u00edfica interpretaci\u00f3n o valoraci\u00f3n probatoria que coincida plenamente con la de las partes. <\/p>\n
Adem\u00e1s, lo all\u00ed establecido no puede ser desaprobado de plano, \u00abm\u00e1xime si (\u2026) no resulta contrario a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado [el] defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
As\u00ed mismo, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Y es que, seg\u00fan lo rese\u00f1ado, resulta evidente que la pretensi\u00f3n de la gestora del resguardo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que la autoridad accionada tuvo para resolver el asunto sometido a su escrutinio, disconformidad que, se reitera, excede el \u00e1mbito de la tutela. En ese sentido, la Sala ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
4. Consideraci\u00f3n final. <\/p>\n
Finalmente, sobre la pretensi\u00f3n de compulsar copias ante las autoridades penales a fin de que se investigue un presunto proceder irregular de Myriam Montoya Pinto y\/o sus apoderados, habr\u00e1 de indicarse que, si la copropiedad accionante considera que la ciudadana mencionada o sus mandatarios incurrieron en conductas que ameritan ser investigadas, bien puede acudir directamente ante las autoridades competentes a denunciar tal situaci\u00f3n, pues aquellas son las encargadas de definir si le asiste o no raz\u00f3n en sus afirmaciones. Frente a este t\u00f3pico la Corte expres\u00f3: <\/p>\n
\u00abEs preciso indicar que, si el aqu\u00ed convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u00bb (CSJ STC, 11 nov. 2011, rad. 00502-01, reiterada en STC, 14 mar. 2013, rad. 00492-00, STC8947-2014, y STC360-2016, 25 ene. rad. 00349-01, entre otras muchas). <\/p>\n
Los razonamientos contenidos en la decisi\u00f3n criticada hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial e inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en el asunto, como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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