AC2307-2023 (2018-00209-01)<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC2307-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda con la cual Armando Serrano Mantilla pretende sustentar el recurso de casaci\u00f3n que interpuso en contra de la sentencia proferida el 15 de junio de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 D.C. El tr\u00e1mite se adelanta dentro del proceso de pertenencia, que promovi\u00f3 el recurrente respecto de la sociedad Board System Ltda. -y de las personas indeterminadas que se creyeren con derechos sobre el bien pedido en pertenencia-. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La pretensi\u00f3n <\/p>\n
El demandante pretendi\u00f3 que se declare que adquiri\u00f3 por usucapi\u00f3n ordinaria, \u00abpor sumatoria de posesiones\u00bb, el inmueble ubicado en la Carrera 9 C N\u00fam. 117-73 de la ciudad de Bogot\u00e1 D.C. Bien identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00fam. 50N-534125. Subsidiariamente, pidi\u00f3 que se declare que oper\u00f3 la prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria del referido fundo, \u00abpor sumatoria de posesiones\u00bb. <\/p>\n
2.- Fundamentos de hecho <\/p>\n
En sustento de su reclamo, sostuvo que adquiri\u00f3 la propiedad y posesi\u00f3n del inmueble identificado con F.M.I. 50N-534125 por permuta que suscribi\u00f3 con la se\u00f1ora Nury Elpidia L\u00f3pez Lizarazo, la cual fue elevada a escritura p\u00fablica 414 del 6 de marzo del 2014 de la Notar\u00eda 34 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1 D.C. A su vez, la se\u00f1ora L\u00f3pez Lizarazo adquiri\u00f3 su derecho de dominio por compraventa celebrada con el se\u00f1or Jorge Enrique Ospina L\u00f3pez (E.P. n\u00fam. 1937 de 2012), quien a su turno lo obtuvo por compra efectuada a Hugo Alejandro Botero Ram\u00edrez, Jorge Enrique Botero Uribe, Claudia Patricia Jim\u00e9nez Giraldo, Lilia Yaneth Ram\u00edrez Osorno y Teresa De Jes\u00fas Ram\u00edrez Ram\u00edrez mediante Escritura P\u00fablica n\u00fam. 820 del 4 de mayo de 2012 de la Notar\u00eda Sexta de Pereira. Aquellos adquirieron la propiedad del bien por compraventa elevada a E.P. 2425 del 5 de octubre del 2011, la cual celebraron con Indiana Technology Corp., quien obtuvo su derecho por venta que le hiciere Carolina Casta\u00f1eda Segura a trav\u00e9s de E.P. 3440 del 2009. Finalmente, indic\u00f3 que la se\u00f1ora Casta\u00f1eda adquiri\u00f3 el inmueble por compraventa que suscribi\u00f3 con Board System Limitada, que se elev\u00f3 a E.P. 3231 del 6 de junio del 2008. Bajo ese orden de ideas, apuntal\u00f3 c\u00f3mo la posesi\u00f3n que el demandante y los poseedores que lo antecedieron supera el l\u00edmite de los diez a\u00f1os. Inform\u00f3 que el Juzgado Cincuenta y Cuatro Penal del Circuito de Bogot\u00e1 D.C. dict\u00f3 providencia el 05 de agosto del 2016, \u00abdentro de proceso por Fraude procesal en contra de BOARD SYSTEM LIMITADA\u00bb. En la cual \u00abprecluy\u00f3 la investigaci\u00f3n y orden\u00f3 la cancelaci\u00f3n de las anotaciones de la 14 a la 24 [del certificado de libertad y tradici\u00f3n contentivo del n\u00famero de matr\u00edcula inmobiliaria 50N-534125]1, generando el desconocimiento de la propiedad de mi representado, pero no la posesi\u00f3n que ha venido ejerciendo en dicho inmueble y que junto a las posesiones de los dem\u00e1s terceros de buena fe, suman m\u00e1s de diez (10) a\u00f1os\u00bb. Manifest\u00f3 que tanto \u00e9l como los dem\u00e1s poseedores han realizado actos positivos como se\u00f1ores y due\u00f1os del inmueble objeto de controversia. Dentro de los que incluy\u00f3 el levantamiento de mejoras, el pago del impuesto predial, de valorizaci\u00f3n y de servicios p\u00fablicos2. <\/p>\n
3.- Posici\u00f3n de la demandada e intervinientes <\/p>\n
3.1.- Mar\u00eda Leticia Gonz\u00e1lez Giraldo -actual propietaria del bien- se opuso a las pretensiones de la demanda. En sustento, formul\u00f3 las excepciones de m\u00e9rito que denomin\u00f3: \u00abausencia de posesi\u00f3n regular\u00bb; \u00abindebida identificaci\u00f3n del inmueble\u00bb; \u00abausencia de actos de posesi\u00f3n\u00bb; y \u00abposesi\u00f3n oculta\u00bb3. Al contestar la reforma del libelo inicial, plante\u00f3, adicionalmente, el medio defensivo de \u00abimprocedencia de la prescripci\u00f3n extra-ordinaria\u00bb4. <\/p>\n
3.2.- El curador ad litem de Board System Ltda. \u2013 en liquidaci\u00f3n- y de las personas indeterminadas dijo no encontrar elementos de juicio en el plenario para promover alguna defensa. Por tanto, aleg\u00f3 la gen\u00e9rica5. <\/p>\n
4.- Primera instancia <\/p>\n
Agotadas las correspondientes etapas procesales, el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 D.C. neg\u00f3 las s\u00faplicas6 en fallo del 5 de mayo de 2022. Dicho pronunciamiento fue apelado por la parte activa. <\/p>\n
5.- Segunda instancia <\/p>\n
Con sentencia del 15 de junio del 2022, la Sala Civil del Tribunal Superior de la misma capital confirm\u00f3 el prove\u00eddo de primer nivel. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Tomando en consideraci\u00f3n los requisitos impuestos por la ley para abrir paso a la declaratoria de la prescripci\u00f3n adquisitiva ordinaria, pas\u00f3 a verificarlos. En lo que concierne a los elementos especiales de la posesi\u00f3n regular, esto es, el justo t\u00edtulo y la buena fe, evidenci\u00f3 que, en principio, la escritura n\u00fam. 414 del 6 de marzo del 2014 podr\u00eda mostrar el citado ejercicio posesorio. No obstante, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) como el Juzgado 54 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1, en providencia de 5 de agosto de 2016 orden\u00f3 la cancelaci\u00f3n de las anotaciones 14 a 24 del folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 50N-534125, lo que cobij\u00f3 el levantamiento de embargo comunicado por la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales, tal determinaci\u00f3n judicial conllev\u00f3 la supresi\u00f3n de la referida tradici\u00f3n y que la titularidad se retrotrajera de modo que retorn\u00f3 a la sociedad Board System Ltda., pero lo m\u00e1s trascendente para este litigio, implic\u00f3 que esa cautela informada por la Dian recobrara vigencia, lo que de tajo impide que se pueda catalogar como justo t\u00edtulo el referido contrato de permuta\u00bb. <\/p>\n
A tono con lo dicho en precedencia, explic\u00f3 que el hecho de que sea posible prescribir un bien embargado no significa que tal permuta sea l\u00edcita pues, tal como lo dispone el art\u00edculo 1521 del C\u00f3digo Civil, hay objeto il\u00edcito en la enajenaci\u00f3n de cosas embargadas por decreto judicial. Entonces, el contrato as\u00ed realizado es inv\u00e1lido. Y, de suyo, conforme al canon 766 ejusdem, no es justo t\u00edtulo el que adolece de vicio de nulidad. En ese orden de ideas, \u00abel demandante no pod\u00eda invocar como causa de la prescripci\u00f3n ordinaria el contrato de permuta celebrado (\u2026)\u00bb. Y si bien al momento de celebrarse el contrato, la orden de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- aparec\u00eda cancelada, para el Tribunal es claro que, con antelaci\u00f3n, existi\u00f3 una falsedad. Que irradia efectos en el proceso relatado y en la informaci\u00f3n registrada respecto del inmueble -en aplicaci\u00f3n del principio de la buena fe registral-. En ese orden de ideas, para el ad quem, \u00abla comisi\u00f3n de un delito no puede ser el sustento para que se cancelara la restricci\u00f3n de comercializar el fundo dado el embargo, y que posteriormente el inmueble fuera objeto de m\u00faltiples negocios que en realidad no pod\u00edan registrarse\u00bb. En consecuencia, las vicisitudes del caso impiden que se pueda calificar como \u00abjusto t\u00edtulo\u00bb la aludida permuta para efectos de estimar como \u00abregular\u00bb la posesi\u00f3n alegada. <\/p>\n
Ahora bien, en lo que concierne con la prescripci\u00f3n adquisitiva en la modalidad extraordinaria, afirm\u00f3 que la posesi\u00f3n no fue acreditada, pues no se aportaron medios suasorios que prueben, de manera fehaciente, los actos de dominio que en particular desplegaron Carolina Casta\u00f1eda, la sociedad Indiana Technology Corp, Hugo Alejando Botero Ram\u00edrez, Jorge Enrique Botero Uribe, Claudia Patricia Jim\u00e9nez Giraldo, Lilia Yaneth Ram\u00edrez Osorno, Teresa de Jes\u00fas Ram\u00edrez y Jorge Enrique Ospina L\u00f3pez. El ad quem sentenci\u00f3 que \u00abno le basta a la parte actora acreditar que ha ejecutado actos materiales con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o, de forma ininterrumpida y p\u00fablica, y sin reconocer dominio ajeno, sino que deb\u00eda acreditar que sus predecesores lo hicieron en id\u00e9nticas condiciones, pues de otra manera no podr\u00e1 confirmarse si \u00e9stos obraron como verdaderos poseedores durante los lapsos en que se dice estuvieron en esa situaci\u00f3n\u00bb. En otras palabras, cuando se aduce la acumulaci\u00f3n de posesiones, el demandante debe acreditar los requisitos concurrentes de la prescripci\u00f3n extraordinaria respecto de todos y cada uno de los poseedores sucesivos a lo largo del respectivo t\u00e9rmino de usucapi\u00f3n. <\/p>\n
A su turno, apuntal\u00f3 que los contratos contenidos en los instrumentos p\u00fablicos son insuficientes por s\u00ed solos para probar la \u00abaseverada posesi\u00f3n de sus predecesores, habida consideraci\u00f3n que si bien se podr\u00eda decir que al adjudic\u00e1rseles la propiedad tambi\u00e9n se transmitieron los atributos del derecho de dominio: uso, goce y abuso; los t\u00edtulos quedaron sin validez debido a la providencia que profiri\u00f3 el 5 de agosto de 2016 el Juzgado 54 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1, por lo que perdieron la calidad que en alg\u00fan momento tuvieron\u00bb. Y aun cuando pueda aceptarse que dichos t\u00edtulos son un principio de prueba sobre la posesi\u00f3n, \u00abporque en el interior de los tradentes y adquirentes podr\u00eda existir esa buena fe subjetiva de autoproclamarse como due\u00f1os\u00bb, para el Tribunal, tales documentos no revelan la certeza que debe acreditarse en un juicio de pertenencia, el cual exige la demostraci\u00f3n de actos positivos y continuados que hubiere realizado el antecesor sobre los bienes a usucapir. <\/p>\n
En cuanto al testimonio rendido por Nury Elpidia L\u00f3pez Lizarazo, si se aceptase que aquella dio cuenta de los actos posesorios de Ospina L\u00f3pez y de Carolina Casta\u00f1eda, \u00abde todas formas no dar\u00eda lugar a la revocatoria del fallo, toda vez que -se reitera, a[\u00fa]n a riesgo de fatigar-, para el caso se exig\u00eda tambi\u00e9n prueba de la posesi\u00f3n ejercida por la sociedad Indiana Technology Corp, Hugo Alejando Botero Ram\u00edrez, Jorge Enrique Botero Uribe, Claudia Patricia Jim\u00e9nez Giraldo, Lilia Yaneth Ram\u00edrez Osorno y Teresa de Jes\u00fas Ram\u00edrez\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, pese a que el apelante present\u00f3 un cuadro en el que se citan varias pruebas que fueron practicadas en el proceso, consider\u00f3 el ad quem que el impugnante no realiz\u00f3 ning\u00fan tipo de argumentaci\u00f3n frente a los errores de la falladora en su valoraci\u00f3n. Por ende, estim\u00f3 que no existe sobre ese aspecto alg\u00fan reparo del que la Sala deba ocuparse. <\/p>\n
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II. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
En la demanda de casaci\u00f3n impetrada por la parte demandante se formularon dos cargos. Estos ser\u00e1n inadmitidos por no satisfacer los requisitos formales exigidos en el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Con estribo en la causal primera de casaci\u00f3n, el recurrente acus\u00f3 a la sentencia de violar directamente los art\u00edculos 762, 764, 765, 766, 785, 2512, 2518 y 2528 del C\u00f3digo Civil; los 29, 83 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; y el 176 del C\u00f3digo General del Proceso. Ello, por \u00abhaber transitado por el sendero del error de hecho manifiesto y trascendente consistente en falso juicio de legalidad, en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contenido, o de determinadas pruebas\u00bb. Para el efecto, indic\u00f3: <\/p>\n
1.- En el plenario se acredit\u00f3 que el demandante se \u00abenter\u00f3 de toda la situaci\u00f3n el d\u00eda de la audiencia de remate, es decir el 31 de enero de 2018\u00bb; que los sucesos jur\u00eddicos y procesales que pod\u00edan afectar la comerciabilidad del bien, para el a\u00f1o 2008, \u00abse encontraban ya cancelados en la anotaciones 14 y 15 de la matricula inmobiliaria 50N-534125\u00bb; y que, con posterioridad a dichas cancelaciones, se realizaron varias compraventas sobre el inmueble; que entre el auto de embargo decretado por la DIAN -2002- y la permuta celebrada por el se\u00f1or Serrano, transcurrieron m\u00e1s de 12 a\u00f1os; que las anotaciones 14 y 15, \u00abal estar consignados en el folio de matr\u00edcula y el haber le\u00eddo las compraventas anteriores no solo arropaba la presunci\u00f3n de legalidad de los actos emanados por autoridades judiciales y administrativas de las cuales se presume siempre su legalidad, sino que adem\u00e1s la Oficina De Registro de Instrumentos P\u00fablicos, nunca registr\u00f3 ning\u00fan Proceso Penal NI Proceso Ejecutivo Hipotecario en el Certificado De Tradici\u00f3n y Libertad\u00bb. Tal circunstancia, considera el censor, hac\u00eda imposible que \u00e9l supiera, al momento de suscribir la E.P. n\u00fam. 414 del 2014, que se encontraba en curso un proceso coactivo; que el actor ejerci\u00f3 los actos de se\u00f1or y due\u00f1o bajo el ropaje de la buena fe, hecho que no desvirt\u00faan los jueces de instancia. Se\u00f1al\u00f3 que el estudio se circunscribi\u00f3 de la \u00abjusticia\u00bb del t\u00edtulo, y all\u00ed fue donde \u00abse configur\u00f3 la violaci\u00f3n de forma directa de la ley sustancial, por error de derecho consistente en falso juicio de legalidad toda vez que al realizar el estudio probatorio de la escritura p\u00fablica No. 414 del 6 de marzo de 2014, de forma err\u00f3nea se confunde el t\u00edtulo y el modo\u00bb. Y es que, a su juicio, el demandante realiz\u00f3 la conducta con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o, y de la misma forma lo hicieron sus antecesores, quienes desconoc\u00edan por completo la situaci\u00f3n del predio. <\/p>\n
2.- Critic\u00f3 que no se hubieran seguido los par\u00e1metros de valoraci\u00f3n descritos por la Corte Suprema de Justicia para determinar si hay justo t\u00edtulo o no. En ese orden, mostr\u00f3 que, a la luz de lo expuesto por la perito Diana Consuelo L\u00f3pez, los t\u00edtulos pod\u00edan considerarse como justos. <\/p>\n
3.- En ese orden de ideas, discurri\u00f3 que, con la desestimaci\u00f3n del dictamen pericial, el Tribunal viol\u00f3 directamente la norma sustancial \u00aby el error cometido se da bajo el entendido que no supo valorar la intervenci\u00f3n de sustentaci\u00f3n del dictamen pericial e informe de la perito DIANA LOPEZ\u00bb. Lo que se agrava cuando, por error, confunde las conclusiones del informe pericial con la posible usurpaci\u00f3n de funciones judiciales. Denot\u00f3 c\u00f3mo la experta hab\u00eda ilustrado sobre las pruebas que demuestran los actos de se\u00f1or y due\u00f1o adicionales, a saber: explic\u00f3 que hab\u00eda verificado los consumos de los servicios p\u00fablicos; evidenci\u00f3 los pagos que se hab\u00edan realizado en los \u00faltimos 5 a\u00f1os a vigilancia del sector; avizor\u00f3 los contratos de arrendamiento que se hab\u00edan celebrado respecto del predio; entreg\u00f3 el aval\u00fao de las mejoras plantadas en el inmueble; verific\u00f3 el pago de impuestos; entre otras. <\/p>\n
4.- Por otro lado, apuntal\u00f3 que el haberse fundado el Tribunal en el art\u00edculo 1521 del C\u00f3digo Civil constituye un yerro, puesto que \u00abla norma en cita no establece por ninguna parte, que un bien embargado salga de actos de posesi\u00f3n, con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o, adem\u00e1s la misma norma no establece que el bien pueda ser objeto de usucapi\u00f3n ordinaria\u00bb. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
En sustentaci\u00f3n de su cargo, asegur\u00f3 que el ad quem incurri\u00f3 en violaci\u00f3n directa de la ley sustancial por \u00aberror de derecho\u00bb consistente en falso juicio de legalidad, \u00abpor haber transitado por el sendero del error de hecho manifiesto y trascendente consistente en falso juicio de legalidad, en la apreciaci\u00f3n de las escrituras p\u00fablicas, de su contenido, o de determinadas pruebas\u00bb, cuando sostuvo que los contratos contenidos en los instrumentos p\u00fablicos eran insuficientes para demostrar la posesi\u00f3n de los poseedores predecesores. <\/p>\n
Para el efecto, expuso que la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio es uno de los modos originarios para adquirir la propiedad de un bien, y aludi\u00f3 a sus elementos. Adicionalmente, explic\u00f3 el instituto de la suma de posesiones -art. 778 del C\u00f3digo Civil- a la luz de la sentencia SC12323-2015. Todo ello pare relievar que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el fallador de segunda instancia no supo distinguir que la cadena de propietarios en los negocios jur\u00eddicos celebrados en las escrituras p\u00fablicas No. 414 de 6 de marzo de 2014; 1937 de 10 de agosto de 2012; 820 de 4 de mayo de 2012; 2425 de 5 de octubre de 2011; 3440 de 27 de agosto de 2009 y 3231 de 6 de junio de 2008, prueban la transferencia y regularidad de la posesi\u00f3n, por ende la existencia de la posesi\u00f3n como lo ha manifestado la corte se sobre entiende est\u00e1 justificada. \u00bfPero, porque cae en ese error el fallador de segunda instancia?, por que como bien lo cit\u00f3 el mismo, fund\u00f3 su argumentaci\u00f3n en la cancelaci\u00f3n de las anotaciones en el registro, como lo fueron de la numero 14 a la 21, por ende bajo la convicci\u00f3n errada de t\u00edtulo no justo las toma como afectaci\u00f3n del derecho\u00bb. <\/p>\n
Ense\u00f1\u00f3 que el ad quem desconoci\u00f3 que la supuesta falsedad de la que habla el art\u00edculo 766 del C\u00f3digo Civil no se dio en ning\u00fan t\u00edtulo traslaticio de dominio, sino, \u00fanicamente, en un levantamiento de una medida cautelar de embargo. Sin embargo, en el registro de instrumentos p\u00fablicos nunca se inscribi\u00f3 ninguna anotaci\u00f3n o cautela que previniera a los terceros sobre la existencia de un proceso penal. Por tanto, \u00ablos hechos son ajenos a quienes suscribieron los negocios posteriores, quienes intervienen como terceras personas de buena fe, bajo el principio de la confianza leg\u00edtima que se desprende de ese documento p\u00fablico, y en raz\u00f3n a ello es que no se afecta la justicia del t\u00edtulo, por cuanto no fueron los actos o negocios jur\u00eddicos celebrados y ya mencionados, declarados falsos\u00bb. En ese orden de ideas, tal como lo se\u00f1ala la Corte Suprema de Justicia, \u00abes justo t\u00edtulo y como se estudia, su justicia (\u2026) se da al momento del nacimiento del t\u00edtulo y no por los hechos subsiguientes\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed pues, est\u00e1 probado que el t\u00edtulo es justo, de lo que da cuenta la experta Diana Consuelo L\u00f3pez. Adem\u00e1s, el testimonio de Nury L\u00f3pez da cuenta de los actos de se\u00f1or y due\u00f1o de Carolina Casta\u00f1eda, quien realiz\u00f3 unas mejoras; afirmaci\u00f3n que reposa en una diligencia rendida por la se\u00f1ora L\u00f3pez en el proceso penal. Corrobor\u00f3, que \u00aben dicha diligencia estaban los se\u00f1ores Mart\u00ednez representantes de la empresa Technology Corp. empresa de Panam\u00e1 y tambi\u00e9n en dicha reuni\u00f3n manifestaron que hab\u00edan mejorado a\u00fan m\u00e1s la propiedad y as\u00ed dio cuenta de que el se\u00f1or JORGE ENRIQUE L\u00d3PEZ, hab\u00eda arreglado el techo del inmueble y que los se\u00f1ores Ram\u00edrez hab\u00edan cambiado la puerta del garaje, manifest\u00f3 que arreglos hizo ella\u00bb. <\/p>\n
Corolario de lo expuesto, observ\u00f3 que las escrituras p\u00fablicas por s\u00ed solas s\u00ed daban cuenta de la regularidad de la posesi\u00f3n, la cual justifica por s\u00ed sola la exigencia de la prueba de la \u00abposesi\u00f3n ininterrumpida con actos de se\u00f1or y due\u00f1o y que m\u00e1s acto que fue publicado y oponible a terceros por m\u00e1s de 10 a\u00f1os\u00bb. Por dem\u00e1s, el referido testimonio ratifica lo manifestado en el dictamen pericial, \u00abque habl\u00f3 de los consumos de servicios p\u00fablicos, pero adicional verific\u00f3 el pago de[l] servicio de vigilancia del inmueble y entrevist\u00f3 al propietario y al vigilante de la empresa, constat[\u00f3] con el dicho de \u00e9l la posesi\u00f3n del inmueble y el reconocimiento de los propietarios, le certific[\u00f3] que los recibos que le exhibi\u00f3 si los entregaba \u00e9l y eran a causa de la prestaci\u00f3n del servicio, adicional prob\u00f3 las mejoras y claro quedo con el testimonio de la se\u00f1ora NURY L\u00d3PEZ que reparaci\u00f3n realiz\u00f3\u00bb. Cuesti\u00f3n que tambi\u00e9n se predica respecto del interrogatorio de parte rendido por Armando Serrano Mantilla, quien indic\u00f3 cu\u00e1les fueron las reparaciones que efectu\u00f3, \u00ablo que sobre entiende que los anteriores propietarios fueron los que realizaron las mejoras, incluso de m\u00e1s magnitud que las mejoras llevadas a cabo por la se\u00f1ora NURY L\u00d3PEZ\u00bb. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
Los cargos planteados por el censor no cumplen con los requisitos formales prescritos en el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso para su estudio de fondo. Por lo tanto, de entrada, se advierte que la demanda habr\u00e1 de ser inadmitida. Las razones de dicha determinaci\u00f3n son las siguientes: <\/p>\n
1.- En lo que concierne al cargo primero, pese a alegar la violaci\u00f3n \u00abdirecta\u00bb de la norma sustancial, omiti\u00f3 el impugnante mencionar al menos una disposici\u00f3n de car\u00e1cter material que presuntamente hubiera sido transgredida por el sentenciador de segundo grado. Adem\u00e1s, el cargo adolece de falta de claridad y precisi\u00f3n. <\/p>\n
1.1. En lo que ata\u00f1e a las causales primera y segunda de casaci\u00f3n, el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso exige el se\u00f1alamiento de al menos una norma de car\u00e1cter sustancial que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del censor haya sido violentada. Tal exigencia es fundamental porque a partir de ella se despliega la funci\u00f3n nomofil\u00e1ctica y de tutela del derecho objetivo que la ley asigna, en sede casacional, a la Corte. Pese a dicho fundamental requisito, el disidente censur\u00f3 la violaci\u00f3n \u00abdirecta\u00bb de los art\u00edculos 762, 764, 765, 766, 785, 2512, 2518 y 2528 del C\u00f3digo Civil; de los 29, 83 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; y del 176 del C\u00f3digo General del Proceso. No obstante, ninguna de dichas reglas ostenta la calidad de sustancial. Se entiende por tales aquellas disposiciones que por \u00abuna situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas tambi\u00e9n concretas entre las personas implicadas en tal situaci\u00f3n\u00bb (CSJ AC de 18 de nov. de 2010, rad. 2002-00007; reiterada en CSJ AC208-2023). <\/p>\n
V\u00e9ase, en efecto, que el precepto 762 se limita a definir el fen\u00f3meno de la posesi\u00f3n y a describir sus elementos; el 764, a indicar cu\u00e1les son los tipos de posesi\u00f3n; el 765, a definir el justo t\u00edtulo; el 766, a determinar cu\u00e1les no se constituyen como justo t\u00edtulo; el 785, la forma de poseer los bienes sujetos a registro; el 2512, a concretar gen\u00e9ricamente el instituto de la prescripci\u00f3n; el 2518, a definir lo que se entiende por prescripci\u00f3n adquisitiva y sus efectos. Y el 2528, a estatuir las reglas bajo las cuales puede ganarse, por prescripci\u00f3n ordinaria, el dominio de un bien. Ninguna de estas normas, se insiste, ostenta el car\u00e1cter de material, por cuanto se limitan a definir y describir fen\u00f3menos jur\u00eddicos, a precisar sus elementos estructurales y a referir cu\u00e1les son sus efectos. As\u00ed lo ha conceptuado ya la jurisprudencia al referir que los c\u00e1nones 7627, 7648, 7659, 76610, 78511, 251212, 251813 y 252814 del C\u00f3digo Civil no son reglas materiales que sirvan de base para sustentar un cargo en casaci\u00f3n. Lo propio acontece con el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso, por corresponder a una norma procesal, no sustancial o material15. Tampoco ostentan tal connotaci\u00f3n las disposiciones constitucionales contenidas en los art\u00edculos 29, 83, 23016, ni el 152117 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
De manera que, con tal yerro, el cargo qued\u00f3 ac\u00e9falo, lo que impide absolutamente a la Corte abordar el tema en estudio, pues resulta \u00abnecesario incluir la disposici\u00f3n legal que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, haya sido infringida\u00bb18. <\/p>\n
Y a\u00fan cuando pudiera considerarse que el canon 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica s\u00ed es una norma de estirpe sustancial -conforme se ha reconocido en AC2194-2021, AC1427-2020 y SC130-2018-, en todo caso el recurrente omiti\u00f3 mencionar c\u00f3mo la providencia del ad quem trasgredi\u00f3 dicha disposici\u00f3n. Esto es, no se demostr\u00f3 que el Tribunal quebrant\u00f3 de manera directa tal precepto. A lo sumo, \u00fanicamente mencion\u00f3 que el Colegiado transit\u00f3 \u00abpor el sendero del error de hecho manifiesto y trascendente consistente en falso juicio de legalidad, en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contenido, o de determinadas pruebas, infracci\u00f3n que condujo a la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 29, 83, 229,230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia\u00bb. Pero prescindi\u00f3 de especificar si tal pifia se produjo por falta de aplicaci\u00f3n, interpretaci\u00f3n indebida o empleo err\u00f3neo de la norma. <\/p>\n
1.2.- Aunado a lo anterior, se advierte el entremezclamiento de causales en que incurri\u00f3 el censor, lo que resta precisi\u00f3n al embate. Recu\u00e9rdese que, al alegarse la violaci\u00f3n directa de la norma sustancial, al recurrente le est\u00e1 prohibido plantear discusiones de orden factual o probatorio. Pese a tal exigencia, se asumi\u00f3 -simplemente- la labor de cuestionar la valoraci\u00f3n efectuada en el dictamen pericial rendido por Diana Consuelo L\u00f3pez. De manera puntual, se critic\u00f3 que el ad quem \u00abno supo valorar la intervenci\u00f3n de sustentaci\u00f3n del dictamen pericial e informe de la perito DIANA LOPEZ, lo anterior funda a\u00fan m\u00e1s su raz\u00f3n de ser cuando por error confunde las conclusiones de su informe pericial con la posible usurpaci\u00f3n de funciones judiciales\u00bb. Tales planteamientos escapan del \u00e1mbito de la violaci\u00f3n directa de la norma sustancial. Y corresponden, m\u00e1s bien, a la causal segunda de casaci\u00f3n. En ese orden de ideas, refulge la ausencia de ataque en torno a controvertir las normas invocadas -que, en todo caso, no son sustanciales-, sino que insisti\u00f3 en la presunta falta de valoraci\u00f3n probatoria del peritaje y en los hechos que, a su juicio, resultaron probados en el juicio. <\/p>\n
1.3.- Adicionalmente, ha de destacarse que el argumento basilar de la providencia de segundo grado, para desestimar la declaratoria de prescripci\u00f3n adquisitiva ordinaria, no fue cuestionado de forma clara, precisa ni completa. V\u00e9ase: <\/p>\n
En lo fundamental, el Tribunal evidenci\u00f3 que, comoquiera que el Juzgado 54 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1 D.C. orden\u00f3 la cancelaci\u00f3n de las anotaciones 14 a 24 del folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00fam. 50N-534125, dicha decisi\u00f3n judicial conllev\u00f3 a que la cautela informada por la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- recobrara vigencia, \u00ablo que de tajo impide que se pueda catalogar como justo t\u00edtulo el referido contrato de permuta\u00bb. Y esto es as\u00ed por cuanto: <\/p>\n
\u00abEn efecto, que sea posible prescribir un bien embargado no significa que entonces dicha permuta sea l\u00edcita, y por contera, justo t\u00edtulo para poseer, pues muy por el contrario, la Ley Civil prev\u00e9 que \u201c[h]ay objeto il\u00edcito en la enajenaci\u00f3n: (\u2026) 3. De las cosas embargadas por decreto judicial\u2026\u201d (art. 1521 C.C.), por lo que un negocio as\u00ed realizado es nulo3 y de suyo, conforme al art\u00edculo 766 del C.C., \u201c[n]o es justo t\u00edtulo: (\u2026) 3. El que adolece de un vicio de nulidad\u2026\u201d. <\/p>\n
De tal manera que el demandante no pod\u00eda invocar como causa de la prescripci\u00f3n ordinaria el contrato de permuta celebrado, puesto que fue la decisi\u00f3n del juzgado penal lo que produjo que la medida de embargo recuperara vigencia, al cancelarse en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria todas las anotaciones posteriores, de suerte que la realidad de la tradici\u00f3n publicitada en el registro de instrumentos p\u00fablicos, hace que se deba tener como cierto que para el 6 de marzo de 2014 el predio estaba sujeto a una cautela\u00bb. <\/p>\n
Frente a lo cual el censor insisti\u00f3 en que, para el momento en que se celebraron los negocios jur\u00eddicos, en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria no se presentaban limitantes al derecho de dominio. Adem\u00e1s, destac\u00f3 su desconocimiento de la situaci\u00f3n del predio o de alg\u00fan proceso penal al momento de suscribir el contrato de permuta. Argumento que no derruye el raciocinio efectuado por el ad quem, m\u00e1xime cuando, para el juez de segundo grado, \u00abaunque es cierto que al momento del contrato la orden de la Dian aparec\u00eda cancelada, tambi\u00e9n es claro que con antelaci\u00f3n existi\u00f3 una falsedad -cometida al parecer por terceros que no se lograron identificar-, que indudablemente debe irradiar efectos para este proceso y sobre todo en la informaci\u00f3n registrada respecto del inmueble, en aplicaci\u00f3n del principio de la fe p\u00fablica registral, desde luego que la comisi\u00f3n de un delito no puede ser el sustento para que se cancelara la restricci\u00f3n de comercializar el fundo dado el embargo, y que posteriormente el inmueble fuera objeto de m\u00faltiples negocios que en realidad no pod\u00edan registrarse\u00bb. Consideraci\u00f3n que no fue objeto de reparo alguno. <\/p>\n
2.- En lo que concierne al segundo cargo, el casacionista esgrime la causal primera de casaci\u00f3n, para denunciar la violaci\u00f3n directa de los art\u00edculos 762, 764, 765, 785, 778, 2512, 2518, 2531 y 2532 del C\u00f3digo Civil; los 29, 83 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; y el 176 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.1.- Sin embargo, tal como se vio en precedencia, la mayor parte de dichas disposiciones no ostentan de manera alguna la \u00edndole de sustanciales. Las \u00fanicas normas que s\u00ed podr\u00edan ser consideradas como materiales son los art\u00edculos 778 del C\u00f3digo Civil y 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
2.2.- As\u00ed y todo, se incurre en hibridismo, al decir que el Tribunal \u00abincurri\u00f3 en violaci\u00f3n de forma directa de la ley sustancial, por error de derecho consistente en falso juicio de legalidad (\u2026) por haber transitado por el sendero del error de hecho manifiesto y trascendente consistente en falso juicio de legalidad, en la apreciaci\u00f3n de las escrituras p\u00fablicas, de su contenido, o de determinadas pruebas\u00bb. Pese a alegar la causal primera, lo cierto es que se efect\u00faa indiscriminadamente tanto consideraciones f\u00e1cticas como jur\u00eddicas, generando un entremezclamiento de causales inadmisible en casaci\u00f3n. <\/p>\n
Es decir, se alude a la interpretaci\u00f3n que esta Sala ha efectuado respecto del art\u00edculo 778 del C\u00f3digo Civil -en la sentencia CSJ SC12323-2015-. Todo ello, para poner de presente que lo ocurrido en el Cincuenta y Cuatro Penal del Circuito de Bogot\u00e1 D.C. fueron hechos \u00abajenos a quienes suscribieron los negocios posteriores, quienes intervienen como terceras personas de buena fe, bajo el principio de la confianza leg\u00edtima que se desprende de ese documento p\u00fablico, y en raz\u00f3n a ello es que no se afecta la justicia del t\u00edtulo, por cuanto no fueron los actos o negocios jur\u00eddicos celebrados y ya mencionados, declarados falsos, como la norma lo indica, as\u00ed las cosas asiste raz\u00f3n en que la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA aclarara a toda luz que es justo t\u00edtulo y como se estudia, su justicia (\u2026) se da al momento del nacimiento del t\u00edtulo y no por los hechos subsiguientes\u00bb. De manera que, impl\u00edcitamente, cuestiona el raciocinio jur\u00eddico efectuado por el ad quem, frente a la calificaci\u00f3n del t\u00edtulo efectuada por el Tribunal con fundamento en los art\u00edculos 1521, 1741 y 766 del C\u00f3digo Civil, en concordancia con el canon 778 ibidem y su desarrollo jurisprudencial. No obstante, a rengl\u00f3n seguido efect\u00faa consideraciones de estirpe probatoria, al decir que con la cancelaci\u00f3n de las anotaciones 14 a 24 del folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00fam. 50N-534125 \u00absolo decayeron la publicidad de la tradici\u00f3n m[a]s no del t\u00edtulo ni lo hechos que all\u00ed se contemplaron como lo fueron que la cosa se entreg\u00f3 y que se transfer\u00eda tambi\u00e9n la posesi\u00f3n\u00bb. Posesiones que, a su juicio, est\u00e1n probadas con el testimonio de Nury L\u00f3pez, quien \u00abdio cuenta que la se\u00f1ora Carolina Casta\u00f1eda hab\u00eda realizado unas mejoras [y] que esas afirmaciones incluso reposan dentro de un radicado ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n e incluso aporto la testigo Nury L\u00f3pez, un audio de grabaci\u00f3n de dicha diligencia donde sostiene la conversaci\u00f3n con esa propietaria\u00bb. <\/p>\n
De forma tal que, a la manera de un claro alegato de instancia, se asever\u00f3 que, por una parte, las escrituras por s\u00ed solas daban prueba de la regularidad de la posesi\u00f3n. Y, por el otro, se dieron por probados los actos de se\u00f1or y due\u00f1o a partir del testimonio de Nury L\u00f3pez, Diana Consuelo L\u00f3pez y el interrogatorio de Armando Serrano Mantilla. <\/p>\n
3.- Esto es, se inadmitir\u00e1 la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: INADMITIR la demanda de casaci\u00f3n formulada por Armando Serrano Mantilla en contra de la sentencia proferida 15 de junio de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 D.C., dentro del tr\u00e1mite de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR la devoluci\u00f3n del expediente al tribunal de origen. Por Secretar\u00eda, proc\u00e9dase de conformidad y d\u00e9jense las constancias del caso. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 P\u00e1gina 12 del archivo \u00ab006ContestacionReformaDemanda28-10-2020.pdf\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Archivo \u00ab003ReformadelaDemanda15-09-2020\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 P\u00e1gina 434 del PDF \u00ab001ExpedienteProcesoJudicial2018-209\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 PDF \u00ab006ContestacionReformaDemanda28-10-2020\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 P\u00e1gina 503 del PDF ibidem. <\/p>\n
6\u0002 PDF \u00ab075Sentencia Escrita.pdf\u00bb. <\/p>\n
7\u0002 Cfr. CSJ AC209-2023, AC5333-2022, AC5550-2022, AC4947-2022, AC1793-2022, AC1206-2022, AC5862-2021 y AC5470-2021. <\/p>\n
8\u0002 Cfr. CSJ AC5333-2022, AC4947-2022, AC4211-2022, AC1206-2022, AC5862-2021, AC3383-2021, AC2133-2020 y AC2891-2019. <\/p>\n
9\u0002 Cfr. AC2133-2020, AC334-2021, AC4218-2021, AC2437-2022. <\/p>\n
10\u0002 Cfr. AC4218-2021. <\/p>\n
11\u0002 Cfr. A-2005-0104 del 20 de mayo del 2011. <\/p>\n
12\u0002 Cfr. CSJ AC209-2023, AC5333-2022, AC4032-2022, AC2878-2022, AC2411-2022, AC1793-2022, AC1206-2022, AC5862-2021 y AC5470-2021. <\/p>\n
13\u0002 Cfr. CSJ AC209-2023, AC5333-2022, AC4947-2022, AC4032-2022, AC1793-2022, AC1206-2022 y AC5862-2021. <\/p>\n
14\u0002 Cfr. AC4218-2021, AC2411-2022. <\/p>\n
15\u0002 As\u00ed, v\u00e9ase: CSJ AC5550-2022, AC4978-2022, AC4491-2022 y AC2861-2022. <\/p>\n
16\u0002 As\u00ed se record\u00f3 en AC2133-2020, en la cual se indic\u00f3 que \u00abrecientemente, la Corte insisti\u00f3 en que \u00ab(…) los preceptos 2, 13, 29, 58, 83, 228, 229 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (…) carecen de alcance sustancial porque no consagran derechos ni obligaciones concretas a las partes, ligadas por un v\u00ednculo especial, raz\u00f3n por la cual el embate no puede ser estudiado\u00bb (CSJ AC1241\u20132019, 4 abr.)\u00bb. Frente al 83, v\u00e9ase AC5335-2022; respecto del 230, el AC2194-2021. <\/p>\n
17\u0002 Cfr. AC4947-2022. <\/p>\n
18\u0002 CSJ AC5623-2020. <\/p>\n
<\/p>\n
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AC2307-2023 (2018-00209-01) FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente AC2307-2023 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D. C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda con la cual Armando Serrano Mantilla […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77072","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77072","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77072"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77072\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77072"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77072"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77072"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}