AC2832-2023 (2021-04457-01)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC2832-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-31-99-003-2021-04457-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de sustentaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Reiten Asociados S.A. frente a la sentencia de 16 de febrero de 2023, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 en el proceso que promovi\u00f3 la recurrente contra el Banco Popular S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Pretensiones. <\/p>\n
Se pidi\u00f3 declarar responsable al Banco Popular S.A. por los da\u00f1os que le irrog\u00f3 a la demandante como consecuencia de su negativa a monetizar las divisas consignadas en su cuenta de ahorros por Geteck Mining Company LLC, y su decisi\u00f3n posterior de dar por terminado unilateralmente el contrato bancario (cuenta de ahorros) que ligaba a las partes desde mediados del a\u00f1o 2016. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Fundamento f\u00e1ctico. <\/p>\n
<\/p>\n
1. El 28 de diciembre de 2018, la demandante prometi\u00f3 comprar tres inmuebles, ubicados en el Carmen de Apical\u00e1, a cambio de un pago de $12.500.000.000. Inicialmente, abon\u00f3 \u00abla suma de $9.500.000.000, representado en t\u00edtulos numism\u00e1ticos (2.000 Bank Notes Red Dragon, denominaci\u00f3n de 1000), quedando un saldo pendiente de pago a favor del promitente vendedor por valor de $3.000.000.000, los cuales ser\u00edan cancelados el d\u00eda 29 de julio de 2021 (…)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En la cl\u00e1usula tercera del contrato de promesa de compraventa se pact\u00f3 \u00abque ese primer pago, correspondiente a la suma de $9.500.000.000, se entregaba como arras de dicho negocio, las que, por su naturaleza de retractaci\u00f3n, se perd\u00edan en caso de incumplimiento del contrato por parte del Promitente Comprador\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Dado que en los inmuebles prometidos en venta la actora planeaba desarrollar proyectos industriales, tur\u00edsticos y de vivienda, se puso en contacto con la sociedad norteamericana Geteck Mining Company LLC, \u00abexperta en el dise\u00f1o y desarrollo de infraestructura y comercializaci\u00f3n internacional de minerales para su transformaci\u00f3n o uso local en actividades industriales, agr\u00edcolas o de construcci\u00f3n que los requieran, con el objetivo de obtener una inversi\u00f3n econ\u00f3mica en dichos proyectos\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El 26 de marzo de 2021, la persona jur\u00eddica extranjera celebr\u00f3 con Reiten Asociados S.A. un \u00abcontrato de inversi\u00f3n\u00bb, comprometi\u00e9ndose a destinar al proyecto empresarial total de US$1.350.000, que entregar\u00eda mediante transferencias bancarias. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Entre el 5 y el 12 de mayo de 2021, Geteck Mining Company LLC efectu\u00f3 tres transferencias electr\u00f3nicas a la cuenta de ahorros de la que era titular la convocante, cubriendo la totalidad de los recursos que se comprometi\u00f3 a invertir. Simult\u00e1neamente, el representante legal de Reiten Asociados S.A remiti\u00f3 varios correos electr\u00f3nicos a la gerencia del Banco Popular S.A., a fin de ponerla al tanto de las operaciones, y aportar la documentaci\u00f3n de soporte. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Tras varios d\u00edas sin que se abonaran los recursos depositados a la cuenta de ahorros, y ante los constantes requerimientos de la inversionista extranjera para que se definiera el asunto, la actora solicit\u00f3 al banco el reintegro de los recursos al ordenante, devoluci\u00f3n que se materializ\u00f3 el 31 de mayo de 2021. Por estos hechos, la cuentahabiente present\u00f3 una queja ante la Superintendencia Financiera. <\/p>\n
7. En respuesta a ese cuestionamiento, el 24 de junio de 2021 el Banco Popular S.A. le inform\u00f3 su decisi\u00f3n de cancelar la cuenta de ahorros, arguyendo para ello que Reiten Asociados S.A. hab\u00eda sido renuente para suministrar informaci\u00f3n solicitada, y \u00abapoy\u00e1ndose adem\u00e1s de manera velada en la normatividad vigente de la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de SARLAFT\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
8. La causal invocada por el Banco Popular S.A. no resulta de recibo, \u00abpues, de una parte, nunca la entidad bancaria requiri\u00f3 datos a mi poderdante que \u00e9ste no hubiera entregado, y por la otra, porque de sobra \u00e9sta demostrado, que desde el d\u00eda 14 de abril de 2021 a trav\u00e9s de sucesivos correos electr\u00f3nicos le fue remitida toda la documentaci\u00f3n soporte de la operaci\u00f3n solicitados por la entidad bancaria (…)\u00bb. Con similar orientaci\u00f3n, era improcedente aludir a \u00abla Cl\u00e1usula Tercera del Reglamento Universal de Productos y\/o Servicios Financieros, toda vez que la cuenta de ahorros No. 220-490-01347-7 fue aperturada (sic) el 2 de junio de 2016 (…), en tanto que dicho Reglamento fue aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante oficio No. 2020213420-018-000 del 15 de febrero de 2021, por tanto, se trata de una norma posterior\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
9. Tanto la marcada negligencia en la monetizaci\u00f3n de la inversi\u00f3n extranjera, como la terminaci\u00f3n unilateral del v\u00ednculo convencional que la ataba a la demandante, son muestras de la arbitrariedad de la convocada, del abuso de su posici\u00f3n dominante, y de su descuido por las cargas contractuales asumidas frente a su cliente. <\/p>\n
<\/p>\n
10. El rese\u00f1ado incumplimiento \u00abha generado un enorme da\u00f1o a la sociedad Reiten Asociados S.A.\u00bb, que fue estimado pericialmente en $167.390.009.816. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Actuaci\u00f3n procesal. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Notificado del auto admisorio de demanda, el Banco Popular S.A. formul\u00f3 las excepciones denominadas \u00abla operaci\u00f3n de transferencia o giro es aut\u00f3noma al contrato de cuenta de ahorros\u00bb; \u00abno existe plazo para monetizar giros\u00bb; \u00abla no monetizaci\u00f3n obedeci\u00f3 a la decisi\u00f3n de la demandante\u00bb; \u00abcumplimiento del contrato de cuenta de ahorros por el banco\u00bb; \u00abausencia de abusividad\u00bb; \u00abinexistencia del da\u00f1o\u00bb; \u00abinexistencia del fundamento de la responsabilidad\u00bb; \u00abinexistencia del nexo causal\u00bb; \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en causa del da\u00f1o moral\u00bb, y \u00abausencia de buena fe de la demandante\u00bb. <\/p>\n
3.2. Mediante fallo de 5 de octubre de 2022, la Delegatura Para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera desestim\u00f3 las pretensiones. Inconforme, la actora interpuso el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal confirm\u00f3 lo decidido en primera instancia, al amparo de los siguientes argumentos: <\/p>\n
<\/p>\n
i. Los hechos en los que se fundan las pretensiones \u00abse pueden separar en dos escenarios. El primero relativo a la presunta demora en otorgar aval a las transferencias de las divisas de inversi\u00f3n realizadas a favor de la demandante los d\u00edas 5, 10 y 12 de mayo del 2021, pese a haberse cumplido con todos los requerimientos del Banco. Y, el segundo, atinente al cierre de la cuenta de ahorros, comunicado en junio del 2021, que a juicio de la actora fue injustificado, originando varios perjuicios en su contra\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. La documental recaudada permite colegir que \u00able asisti\u00f3 la raz\u00f3n a la primera instancia al negar lo perseguido por la persona jur\u00eddica Reiten Asociados S.A., toda vez que ning\u00fan reproche cabe efectuarle a la entidad financiera en las actuaciones que despleg\u00f3 como intermediaria del mercado cambiario, ni al hacer uso de una potestad de terminaci\u00f3n unilateral del producto\u00bb.<\/p>\n
iii. La actora \u00abpretend\u00eda que se diera respuesta positiva a su solicitud en un plazo, que, a su juicio, no pod\u00eda exceder el permitido por la ley para responder las peticiones (Ley 1755 del 2015)\u00bb. Sin embargo, \u00abomite esa apreciaci\u00f3n que la monetizaci\u00f3n de divisas o actividades relacionadas con el mercado cambiario exig\u00eda que la intermediaria -Banco Popular- actuara de manera responsable en la averiguaci\u00f3n de la procedencia de los recursos que pretend\u00edan ingresar al pa\u00eds, procedimiento para el cual la normatividad no ha establecido ning\u00fan t\u00e9rmino\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iv. Ante las m\u00faltiples \u00abinconsistencias reveladas por el estudio de debida diligencia, la alta suma de dinero que pretend\u00eda monetizarse, los continuos e insistentes correos electr\u00f3nicos del representante legal de la demandante aportando diferentes documentos al relacionado inicialmente como base del negocio, era razonable que la instituci\u00f3n financiera intensificara las medidas de seguridad a su alcance\u00bb, redundando en la ampliaci\u00f3n del tiempo razonable de respuesta al cuentahabiente. <\/p>\n
<\/p>\n
v. En cualquier caso, \u00abentre la fecha de la primera transferencia y el 24 de mayo del 2021, d\u00eda en que la propia demandante decide reversar las transacciones transcurri\u00f3 un t\u00e9rmino de 12 d\u00edas h\u00e1biles, por lo que aun cuando en gracia de discusi\u00f3n se aceptara que la entidad estaba sometida a los t\u00e9rminos del derecho de petici\u00f3n, ha de verse que conforme el art\u00edculo 14 de la Ley 1755 del 2015, \u201ctoda petici\u00f3n deber\u00e1 resolverse dentro de los quince (15) d\u00edas siguientes a su recepci\u00f3n\u201d\u00bb. Inclusive, \u00abpara la \u00e9poca en la que ocurrieron los hechos, mayo del 2021 (…), se encontraba en vigor el Decreto 491 del 2020 que ampli\u00f3 los t\u00e9rminos para atender las peticiones de 15 a 30 d\u00edas y los de petici\u00f3n de documentos y de informaci\u00f3n a 20 d\u00edas\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
vi. A lo expuesto se a\u00f1ade que \u00abel Banco ten\u00eda la potestad de terminar inconsultamente el contrato y en ese aspecto, es relevante que, s\u00ed era viable atender lo declarado por el cliente en el formato \u00fanico de vinculaci\u00f3n, que en nuestro caso correspondi\u00f3 a una reactivaci\u00f3n de la cuenta de ahorros, del 14 de abril de 2021, pues a trav\u00e9s de tal documento se se\u00f1al\u00f3 que la sociedad no realizaba transacciones en moneda extranjera\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
vii. En ese contexto, \u00abes contradictorio que hubiera efectuado tal afirmaci\u00f3n, cuando seg\u00fan el representante legal, ese mismo 14 de abril, esto es, pocos d\u00edas antes de los giros, ya hab\u00eda dado a conocer a la gerente sobre sus intenciones de monetizar las divisas. Y m\u00e1s a\u00fan, cuando ya se hab\u00eda suscrito el contrato de inversi\u00f3n con Geteck, acto de fecha 26 de marzo del 2021\u00bb. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Al sustentar su recurso extraordinario la demandante formul\u00f3 dos cargos, fincados en la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Tras denunciar la violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 1546, 1602, 1603, 1604, 1609, 1613, 1614 y 1616 del C\u00f3digo Civil; 830, 870 y 871 del C\u00f3digo de Comercio; 3, lit. a) de la Ley 1328 de 2009, y 33 de la Ley 1437 de 2011, sostuvo que \u00abla sentencia recurrida se basa probatoriamente en los siguientes argumentos que constituyen errores de hecho: (i) dio por probado, estando probado lo contrario, que el Banco no fue negligente y se ajust\u00f3 a la normatividad y pol\u00edticas aplicables. (ii) No dio por probado, est\u00e1ndolo, que la declinaci\u00f3n de la inversi\u00f3n y la frustraci\u00f3n de los negocios generaron los perjuicios reclamados. (iii) dio por probado, sin estarlo, que el Banco demandado obr\u00f3 dentro de los t\u00e9rminos legales y (iv) dio por probado, de modo contra-evidente que el Banco demandado procedi\u00f3 conforme a la ley y al contrato al terminar unilateralmente la cuenta bancaria de Reiten Asociados S.A.\u00bb. <\/p>\n
A juicio de la casacionista, el tribunal obvi\u00f3 \u00ablas pruebas documentales 1.14 \u201cEstudio de Debida Diligencia realizado al interior del Banco\u201d y 1.17. Reglamento \u201cPO-067-0, Pol\u00edtica SARLAFT Sistema de Administraci\u00f3n de Riesgo de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo\u201d aportadas por el mismo Banco demandado con su contestaci\u00f3n, lo mismo que el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la demandante, y supuso pruebas relativas a las relaciones comerciales con Panam\u00e1 y Venezuela, y la \u201cminer\u00eda artesanal\u201d\u00bb. <\/p>\n
A ello agreg\u00f3 que \u00abel ad quem incurri\u00f3 en cercenamiento del testimonio de James Harold Parada y en adici\u00f3n de la declaraci\u00f3n de Xiomara Saavedra (…). El cercenamiento (…) consiste en que [el testigo] reconoci\u00f3 haber intervenido en la revisi\u00f3n del documento prueba 1.14. \u201cEstudio de Debida Diligencia realizado al interior del Banco\u201d, aunque manifest\u00f3\u0301 desconocer muchos aspectos de su contenido, reconoci\u00f3 que su elaboraci\u00f3n fue para finales de mayo de 2021 y afirm\u00f3 que en ning\u00fan momento se hab\u00eda requerido informaci\u00f3n al cliente por parte del Banco demandado\u00bb. A su turno, \u00abla adici\u00f3n del testimonio de Xiomara Saavedra se concreta en que el ad quem afirma que \u201challaron\u201d supuestamente inconsistencias, cuando dicha deponente en ninguna parte (…) afirm\u00f3 haber participado en la debida diligencia\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, adujo que se hab\u00edan pretermitido las pruebas t\u00e9cnicas y documentales que daban cuenta del grave perjuicio econ\u00f3mico irrogado, y que se hab\u00eda obviado que \u00abel Banco demandado s\u00ed tuvo pleno conocimiento de la operaci\u00f3n por parte de la demandante desde antes que ingrese el primer giro; luego entonces, transcurrieron m\u00e1s de los 12 d\u00edas h\u00e1biles que err\u00f3neamente afirma el Tribunal, am\u00e9n de que pretermiti\u00f3 que tambi\u00e9n los s\u00e1bados son d\u00edas bancarios h\u00e1biles\u00bb. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Por la misma senda casacional, e insistiendo en la transgresi\u00f3n de la normativa citada, afirm\u00f3 la convocante que el tribunal atribuy\u00f3 un alcance equivocado al \u00abprincipio de debida diligencia como derecho del consumidor financiero\u00bb, el cual \u00abno puede evaluarse con los tiempos m\u00e1ximos de respuesta de las peticiones; y a\u00fan en gracia de discusi\u00f3n, el t\u00e9rmino no es el general de 15 d\u00edas previsto en el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 14 de la Ley 1437 de 2011, sino el de 10 d\u00edas contenido en el numeral 1\u00ba ibidem, de donde se deriva la indebida aplicaci\u00f3n y falta de aplicaci\u00f3n, respectivamente\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Fundamentaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
La fundamentaci\u00f3n t\u00e9cnica de las causales de casaci\u00f3n exige que el impugnante demuestre la presencia de yerros que comprometan la legalidad de la decisi\u00f3n cuestionada, tanto en la aplicaci\u00f3n de las normas de derecho sustancial (yerros in iudicando), como en la actividad procesal connatural al juicio (errores in procedendo). Para atender ese cometido, el inconforme deber\u00e1 observar, invariablemente, los requerimientos se\u00f1alados en las leyes procesales y la jurisprudencia para la apropiada sustentaci\u00f3n del remedio extraordinario, dentro de los cuales cabe destacar: <\/p>\n
<\/p>\n
i. La formulaci\u00f3n, por separado, de los respectivos cargos, con la especificaci\u00f3n, de forma clara, precisa y completa, de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, que deben armonizar con alguno de los cinco motivos de casaci\u00f3n previstos en el precepto 336 del estatuto adjetivo. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. En caso de denunciar la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial regulatorias del litigio, como consecuencia de errores jur\u00eddicos (v\u00eda directa), o yerros f\u00e1cticos o de derecho (v\u00eda indirecta), es necesario incluir la pauta jur\u00eddica que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, haya sido transgredida, sin que sea necesario integrar una proposici\u00f3n normativa completa. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. Si se elige la v\u00eda directa, \u00abel cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iv. Ahora, si se afirma que la violaci\u00f3n ocurri\u00f3 por la v\u00eda indirecta, por desaciertos de hecho o de derecho, es decir, los comprendidos en los supuestos de la causal segunda del precepto 336 del estatuto procesal, no es admisible referirse a aspectos f\u00e1cticos no debatidos en las instancias. <\/p>\n
<\/p>\n
v. En lo que tiene que ver con el \u00aberror de derecho\u00bb, que se materializa cuando, en la actividad de valoraci\u00f3n jur\u00eddica de los medios de convicci\u00f3n \u2013aducci\u00f3n, incorporaci\u00f3n y apreciaci\u00f3n\u2013 se contrar\u00edan las reglas legales que gobiernan el r\u00e9gimen probatorio, deben se\u00f1alarse las normas de esa naturaleza que se consideran quebrantadas, as\u00ed como hacer una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que lo fueron. <\/p>\n
<\/p>\n
vi. A su turno, si se denuncia un \u00aberror de hecho\u00bb, esto es, el que se exterioriza en la valoraci\u00f3n del contenido material de las pruebas legal y oportunamente allegadas al juicio, deber\u00e1 manifestarse en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son, en concreto, las pruebas o piezas procesales sobre las que recay\u00f3 el desacierto en la actividad de apreciaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
vii. Asimismo, a fin de probar la pifia f\u00e1ctica, ser\u00e1 menester evidenciar que, respecto del escrito introductorio del proceso, su contestaci\u00f3n o los medios de prueba, hubo pretermisi\u00f3n o suposici\u00f3n total o parcial, o que su materialidad fue alterada, ya por adici\u00f3n o cercenamiento de expresiones o frases, o tergiversaci\u00f3n arbitraria de su contenido. Igualmente se debe especificar lo inferido por el juzgador de cada medio de conocimiento, y se\u00f1alar su tenor material, con el fin de dejar en claro en qu\u00e9 consisti\u00f3 la alteraci\u00f3n de la prueba. <\/p>\n
<\/p>\n
viii. El cargo por error de hecho, adem\u00e1s, debe comprender la totalidad de las deducciones probatorias sobre las cuales se apoy\u00f3 la providencia discutida (completitud), enfilarse con precisi\u00f3n absoluta hacia dichas conclusiones (enfoque), y demostrar la dimensi\u00f3n del error, de modo que se muestre tan grave y notorio que su sola exhibici\u00f3n sugiera que la tesis del tribunal es contraevidente. <\/p>\n
<\/p>\n
ix. En el evento de soportarse la acusaci\u00f3n en la preterici\u00f3n u omisi\u00f3n de apreciaci\u00f3n de pruebas incorporadas al plenario, se requiere identificar esos medios de convicci\u00f3n, as\u00ed como su contenido, en aquello que guarde relaci\u00f3n con los hechos referidos como no probados en el fallo impugnado, y que tengan incidencia en la resoluci\u00f3n que haya sido adoptada. <\/p>\n
<\/p>\n
x. Los cargos por incongruencia de la sentencia con los hechos o las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio (causal tercera) y por transgresi\u00f3n a la prohibici\u00f3n de la reformatio in pejus (causal cuarta), no pueden gravitar alrededor de apreciaciones probatorias. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
xii. El censor tiene la carga de evidenciar el alcance del desacierto esgrimido en el sentido decisorio (trascendencia), para lo cual, acreditado alguno de los motivos aducidos como sustento de la casaci\u00f3n, debe explicarse por qu\u00e9 el fallo definitivo habr\u00eda de ser distinto del cuestionado, adem\u00e1s de favorable a los intereses del recurrente. <\/p>\n
En resumen, como lo ha sostenido la Sala: <\/p>\n
\u00ab[P]ara que la casaci\u00f3n pueda alcanzar sus fines propios, para que sea dado a la Corte entrar a estudiar el recurso en el fondo, no basta con que se haya interpuesto, concedido y admitido, ni tampoco que se presente una demanda a manera de alegato de conclusi\u00f3n, ya que se trata de un recurso eminentemente extraordinario y no de una tercera instancia del proceso, sino que es menester que esa demanda llene todos los requisitos formales exigidos por la ley para ella, cuya omisi\u00f3n total o parcial conduce, por mandato expreso de la misma ley, a la inadmisi\u00f3n de la que ha sido defectuosamente aducida\u00bb. (CSJ AC, 28 nov. 2012, rad. 2010-00089-01). <\/p>\n
<\/p>\n
2. An\u00e1lisis de los cargos. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Estructura de la decisi\u00f3n del ad quem. <\/p>\n
En la sentencia impugnada, el tribunal relacion\u00f3 varias circunstancias que antecedieron al dep\u00f3sito de US$1.350.000 en la cuenta de ahorros de la actora, las cuales habr\u00edan justificado que la demandada extremara cuidados durante el proceso de verificaci\u00f3n que imponen las regulaciones financieras nacionales, especialmente las que ata\u00f1en al Sistema de Administraci\u00f3n del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiaci\u00f3n del Terrorismo (SARLAFT). <\/p>\n
Puntualmente, la aludida colegiatura se refiri\u00f3 a \u00abinconsistencias reveladas por el estudio de debida diligencia\u00bb, as\u00ed como a \u00abla alta suma de dinero que pretend\u00eda monetizarse, [y] los continuos e insistentes correos electr\u00f3nicos del representante legal de la demandante aportando diferentes documentos al relacionado inicialmente como base del negocio\u00bb, variables que le permitieron colegir que \u00abera razonable que la instituci\u00f3n financiera intensificara las medidas de seguridad a su alcance\u00bb. <\/p>\n
Por esa v\u00eda, sostuvo que \u00abla monetizaci\u00f3n de divisas o actividades relacionadas con el mercado cambiario exig\u00eda que la intermediaria (…) actuara de manera responsable en la averiguaci\u00f3n de la procedencia de los recursos que pretend\u00edan ingresar al pa\u00eds, procedimiento para el cual la normatividad no ha establecido ning\u00fan t\u00e9rmino\u00bb. Y si bien la ausencia de ese plazo espec\u00edfico no traduce la falta de tiempos razonables de respuesta para las entidades financieras, en este caso concreto no puede decirse que el Banco Popular S.A. hubiera actuado con parsimonia o negligencia en la ejecuci\u00f3n de sus tareas operativas, conclusi\u00f3n que basta para descartar la atribuci\u00f3n de responsabilidad civil. <\/p>\n
Ciertamente, dijo el tribunal que Geteck Mining Company LLC transfiri\u00f3 las divisas a la cuenta de Reiten Asociados S.A. entre \u00ablos d\u00edas 5, 10 y 12 de mayo del 2021\u00bb, al paso que la propia demandante inform\u00f3 al Banco Popular S.A. su decisi\u00f3n de desistir de la operaci\u00f3n el d\u00eda 24 del mismo mes. Esto significa que la monetizaci\u00f3n del giro m\u00e1s antiguo solo estuvo pendiente \u00abdoce d\u00edas h\u00e1biles\u00bb, lapso que no luce arbitrario, menos a\u00fan excesivo, dadas las caracter\u00edsticas de la operaci\u00f3n de inversi\u00f3n extranjera, as\u00ed como el estricto contenido del deber de diligencia que compete al banco. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Defectos formales del cargo primero. <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el cuestionamiento inicial, la recurrente se refiri\u00f3 a una serie de probanzas que \u2013en su opini\u00f3n\u2013 demostrar\u00edan la negligencia del banco demandado. Sin embargo, esos elementos de juicio no apuntan a desvirtuar la tesis del ad quem sobre la imposibilidad de predicar mora en la gesti\u00f3n de una tarea compleja tras apenas doce d\u00edas h\u00e1biles, sino que se refieren a la licitud de las divisas depositadas y la suficiencia y adecuaci\u00f3n de la informaci\u00f3n suministrada a la entidad bancaria, aspectos que son ajenos al planteamiento principal del tribunal. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el grueso de los alegatos condensados en el cargo inaugural se destin\u00f3 a rebatir cuestiones que no tuvieron protagonismo en la motivaci\u00f3n de la sentencia recurrida, dando lugar a la falencia de t\u00e9cnica de casaci\u00f3n denominada asimetr\u00eda o desenfoque, sobre la cual la jurisprudencia tiene sentado lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(…) [L]os cargos operantes en un recurso de casaci\u00f3n \u00fanicamente son aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo recurrido, esto es, los que se dirigen directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia. La raz\u00f3n de ser de esa exigencia, entre otras, estriba, por una parte, en que dicho recurso es de naturaleza dispositiva y exceptiva, en cuanto responde a causales previstas por el legislador y se estructura en precisas hip\u00f3tesis normativas, de ah\u00ed el adjetivo de extraordinario; y por otra, permite diferenciarlo de otros medios de defensa, en concreto, de las instancias ordinarias del proceso, como thema decidendum, en las cuales se puede discurrir libremente sobre las cuestiones de hecho y de derecho controvertidas. <\/p>\n
Esto, en cambio, no sucede en casaci\u00f3n, pues su objeto preciso y directo lo constituye la sentencia, como thema decissum, nada m\u00e1s, en donde, bajo la premisa de que el juzgador no se equivoc\u00f3, lo decidido ingresa al recurso cobijado por la presunci\u00f3n de la legalidad y acierto. Por esto, el casacionista, asido de causales legales, debe circunscribir su actividad a desvirtuar dicha presunci\u00f3n; y la Corte, por su parte, a responder dentro del estricto marco propuesto por el recurrente, de ah\u00ed que, en l\u00ednea de principio, no se encuentra facultada para replantear cargos mal formulados, suplir sus deficiencias o ajustarlos cuando son incompletos\u00bb (CSJ AC3671-2019, 4 sep.). <\/p>\n
<\/p>\n
2. En cambio, fueron escasas las l\u00edneas que se dedicaron a refutar lo atinente a la razonabilidad del tiempo que estaba tardando la monetizaci\u00f3n de las divisas. La \u00fanica alegaci\u00f3n relacionada con este punto consisti\u00f3 en que el plazo para el tr\u00e1mite deb\u00eda computarse desde antes de que se efectuaran los dep\u00f3sitos desde el extranjero. Pero esta afirmaci\u00f3n se present\u00f3 ayuna de cualquier sustento; simplemente, refleja una postura personal de Reiten Asociados S.A., carente de la precisi\u00f3n y elucidaci\u00f3n que demanda el escrutinio excepcional de la Corte. <\/p>\n
Tambi\u00e9n sugiri\u00f3 la recurrente que el tribunal habr\u00eda debido considerar los s\u00e1bados como jornadas h\u00e1biles, pero tampoco demostr\u00f3 \u2013con la suficiencia exigible en esta sede extraordinaria\u2013 la fuente normativa de esa aseveraci\u00f3n, ni mucho menos cu\u00e1l ser\u00eda el influjo de esa modalidad de c\u00f3mputo de t\u00e9rminos en la soluci\u00f3n del conflicto, pues no se intent\u00f3 elucidar cu\u00e1l era realmente el lapso m\u00e1ximo con el que contaba el Banco Popular S.A. para analizar y autorizar la monetizaci\u00f3n de divisas de la que se viene hablando. <\/p>\n
En ese escenario, conviene recordar que <\/p>\n
\u00ab(…) [l]a demanda de casaci\u00f3n delinea estrictamente los confines de la actividad de la Corte, la que desarrolla su tarea de velar por la cabal aplicaci\u00f3n del derecho objetivo y la preservaci\u00f3n de las garant\u00edas procesales, seg\u00fan sea la causal alegada. S\u00edguese de ello, que no puede la Corte abordar un examen exhaustivo de todo el litigio, sino que su misi\u00f3n termina donde la acusaci\u00f3n acaba, y si tal impugnaci\u00f3n es deficitaria, porque algunos argumentos o elementos probatorios invocados por el Tribunal quedaron al margen de la censura, porque fueron omitidos por el casacionista, que respecto de ellos dej\u00f3 de explicar en qu\u00e9 consiste la infracci\u00f3n a la ley, cu\u00e1l su incidencia en el dispositivo de la sentencia y en qu\u00e9 direcci\u00f3n debe buscarse el restablecimiento de la normatividad sustancial vulnerada, no puede la Corte completar la impugnaci\u00f3n\u00bb (CSJ SC, 2 abr. 2004, rad. 6985; reiterada en CSJ SC, 29 jun. 2012, rad. 2001-00044-01, entre otras). <\/p>\n
<\/p>\n
3. En el primer cargo la recurrente tambi\u00e9n mencion\u00f3 brevemente la cancelaci\u00f3n unilateral de su cuenta de ahorros, pero lo hizo acudiendo a su particular ex\u00e9gesis del material probatorio, como alternativa a la que sirvi\u00f3 para fundar la decisi\u00f3n impugnada, reparo que as\u00ed formulado tiene la entidad de un alegato de instancia, incompatible con las exigencias del recurso de casaci\u00f3n. Recu\u00e9rdese que, cuando se acusa la transgresi\u00f3n de la ley sustancial, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el recurrente m\u00e1s que disentir, se [debe ocupar] de acreditar los yerros que le atribuye al sentenciador, labor\u00edo que reclama la singularizaci\u00f3n de los medios probatorios supuestos o preteridos; su puntual confrontaci\u00f3n con las conclusiones que de ellos extrajo -o debi\u00f3 extraer- el Tribunal y la exposici\u00f3n de la evidencia de la equivocaci\u00f3n, as\u00ed como de su trascendencia en la determinaci\u00f3n adoptada (\u2026)\u00bb (CSJ AC6243-2016; reiterado en AC889-2023). <\/p>\n
A lo expuesto se agrega que la acusaci\u00f3n qued\u00f3 incompleta, pues no se hizo ning\u00fan esfuerzo para clarificar el v\u00ednculo causal entre esa cancelaci\u00f3n de cuenta de ahorros y los cuantiosos da\u00f1os patrimoniales cuya reparaci\u00f3n se reclam\u00f3 \u2013que totalizan $167.390.009.816\u2013. Por tanto, aun asumiendo que la cr\u00edtica fuera id\u00f3nea para derruir la tesis del tribunal, obvi\u00f3 explicarse por qu\u00e9 ser\u00eda imperativo para la Corte definir la controversia de un modo distinto a como se hizo durante las instancias ordinarias. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Defectos formales del cargo segundo. <\/p>\n
<\/p>\n
1. En este cuestionamiento la sociedad actora intent\u00f3, de nuevo, exponer su visi\u00f3n personal del conflicto, esta vez en torno al tiempo m\u00e1ximo con el que contar\u00eda el Banco Popular S.A. para el proceso de debida diligencia de una transferencia internacional de divisas. Se trata, pues, de otra cr\u00edtica oscura, en la que se acude a las normas que regulan el derecho de petici\u00f3n, pero sin explicar por qu\u00e9 eran las llamadas a determinar los est\u00e1ndares de conducta de la instituci\u00f3n financiera demandada, en este caso concreto. <\/p>\n
Y tal explicaci\u00f3n era imprescindible, no solo para satisfacer el rigor formal de la t\u00e9cnica de casaci\u00f3n, sino tambi\u00e9n porque, prima facie, no se ve c\u00f3mo el fenecimiento del t\u00e9rmino que otorga la ley para contestar una petici\u00f3n comprometa autom\u00e1ticamente la responsabilidad civil de la autoridad o del particular encargado de responderla; o c\u00f3mo esa omisi\u00f3n pudo determinar el incumplimiento de alguna hipot\u00e9tica obligaci\u00f3n, derivada del contrato bancario que habr\u00edan celebrado las partes de este litigio. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Con todo, y a pesar de la ausencia absoluta de justificaciones en torno a la invocaci\u00f3n de las pautas del derecho de petici\u00f3n, el tribunal fue m\u00e1s all\u00e1, y se\u00f1al\u00f3: \u00abAun cuando en gracia de discusi\u00f3n se aceptara que la entidad estaba sometida a los t\u00e9rminos del derecho de petici\u00f3n, ha de verse que conforme el art\u00edculo 14 de la Ley 1755 del 2015, \u201ctoda petici\u00f3n deber\u00e1 resolverse dentro de los quince (15) d\u00edas siguientes a su recepci\u00f3n\u201d\u00bb, lapso superior a los doce d\u00edas h\u00e1biles del proceso de debida diligencia que logr\u00f3 adelantar el Banco Popular S.A. De hecho, precis\u00f3 que \u00abpara la \u00e9poca en la que ocurrieron los hechos(…) se encontraba en vigor el Decreto 491 del 2020 que ampli\u00f3 los t\u00e9rminos para atender las peticiones de 15 a 30 d\u00edas y los de petici\u00f3n de documentos y de informaci\u00f3n a 20 d\u00edas\u00bb. <\/p>\n
Para refutar el primero de esos razonamientos, la actora formul\u00f3 un alegato que tambi\u00e9n es inid\u00f3neo, porque constituye una alteraci\u00f3n de su \u2013hasta ahora invariable\u2013 postura procesal. Ciertamente, mientras antes reclamaba la aplicaci\u00f3n de las normas del derecho de petici\u00f3n, ahora argumenta que era deber del banco pronunciarse aun antes del vencimiento del plazo legal que (bajo ese entendido) habr\u00eda tenido para autorizar la monetizaci\u00f3n de las divisas depositadas en la cuenta de ahorros de la demandante. <\/p>\n
Este esfuerzo adicional tampoco se finc\u00f3 en alguna fuente jur\u00eddica. Y si se deja al margen esa falencia, constituye adem\u00e1s un alegato novedoso, que no fue planteado en las instancias, de modo que no puede ventilarse en el marco restringido de un remedio extraordinario. Recu\u00e9rdese que, salvo hip\u00f3tesis excepcionales, ajenas a este debate, toda postura procesal in\u00e9dita constituye un inadmisible \u201cmedio nuevo\u201d en casaci\u00f3n, <\/p>\n
\u00ab(…) toda vez que \u201cla sentencia del ad quem no puede enjuiciarse \u2018sino con los materiales que sirvieron para estructurarla; no con materiales distintos, extra\u00f1os y desconocidos. Ser\u00eda de lo contrario, un hecho desleal, no s\u00f3lo entre las partes, sino tambi\u00e9n respecto del tribunal fallador, a quien se le emplazar\u00eda a responder en relaci\u00f3n con hechos o planteamientos que no tuvo ante sus ojos, y a\u00fan respecto del fallo mismo, que tendr\u00eda que defenderse de armas para \u00e9l hasta entonces ignoradas\u2019 (Sent. 006 de 1999 Exp: 5111), al fin y al cabo, a manera de m\u00e1xima, debe tenerse en cuenta que \u2018lo que no se alega en instancia, no existe en casaci\u00f3n\u2019 (LXXXIII p\u00e1g. 57)\u201d (CSJ, SC del 21 de agosto de 2001, Rad. N.\u00b0 6108). <\/p>\n
En tiempo m\u00e1s reciente se precis\u00f3 que el recurso extraordinario de casaci\u00f3n \u201cno puede basarse ni erigirse exitosamente\u201d en \u201celementos novedosos, porque \u00e9l, \u2018cual lo expuso la Corte en sentencia de 30 mayo de 1996, expediente 4676, \u2018no es propici[o] para repentizar con debates f\u00e1cticos y probatorios de \u00faltima hora; semejante irrupci\u00f3n constituye medio nuevo y es entonces repulsado (\u2026), sobre la base de considerarse, entre otras razones, que \u2018se violar\u00eda el derecho de defensa si uno de los litigantes pudiese echar mano en casaci\u00f3n de hechos, extremos o planteamientos no alegados o formulados en instancia, respecto de los cuales, si lo hubiesen sido entonces, la contraparte habr\u00eda podido defender su causa. Pero promovidos ya cerrado el proceso, la infirmaci\u00f3n de la sentencia con apoyo en ellos, equivaldr\u00eda a la pretermisi\u00f3n de las instancias, de las formas propias del tr\u00e1mite requerido, con quebranto de la garant\u00eda institucional de no ser condenado sin haber sido o\u00eddo y vencido en juicio (LXXXIII 2169, p\u00e1gina 76)\u2019\u201d (CSJ, SC del 9 de septiembre de 2010, Rad. n.\u00b0 2005-00103-01)\u00bb (CSJ SC18500-2017, 9 nov.). <\/p>\n
<\/p>\n
3. En punto de la extensi\u00f3n del tiempo de respuesta de las peticiones, que sugiri\u00f3 el tribunal aplicando las disposiciones del Decreto Legislativo 491 del 2020, basta con se\u00f1alar que el mismo fue omitido por completo en la breve sustentaci\u00f3n del segundo cargo. Por tanto, este argumento permaneci\u00f3 enhiesto, prestando suficiente soporte al fallo del tribunal, inclusive si se asumiera \u2013contra toda evidencia\u2013 que la atribuci\u00f3n de responsabilidad al banco demandado depend\u00eda del fenecimiento del t\u00e9rmino para responder la \u201cpetici\u00f3n\u201d elevada por su cuentahabiente. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Comoquiera que los ataques planteados por la sociedad querellante no cumplen las exigencias formales del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, es imperativa la inadmisi\u00f3n de la demanda, con apoyo en lo dispuesto en el canon 346-1 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR INADMISIBLE la demanda de casaci\u00f3n que interpuso Reiten Asociados S.A. contra la sentencia de fecha y procedencia anotadas. <\/p>\n
SEGUNDO. Por secretar\u00eda rem\u00edtase el expediente al tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
AC2832-2023 (2021-04457-01) LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente AC2832-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-31-99-003-2021-04457-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de sustentaci\u00f3n del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77074","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77074","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77074"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77074\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77074"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77074"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77074"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}