AC3010-2023 (2023-01998-00)<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC3010-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-01998-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Sala decide el recurso de s\u00faplica presentado por Laura Andrea Ubarnes Correa contra el auto AC1749-2023, a trav\u00e9s del cual se rechaz\u00f3 la demanda de exequatur en la que pretende el reconocimiento de la sentencia proferida el 22 de diciembre de 2017 por el Juzgado Oficial de Sch\u00f6neberg de Berl\u00edn (Alemania). <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La se\u00f1ora Ubarnes Correa promovi\u00f3 la demanda del ep\u00edgrafe1, con el objetivo de que se homologue el fallo que decret\u00f3 el divorcio del matrimonio civil que contrajo con J\u00e9rome William Alexander Le Vacon, el 25 de septiembre de 2014 en el Reino de Dinamarca. <\/p>\n
La autoridad extranjera lo decret\u00f3 luego de verificar que ambos c\u00f3nyuges estuvieron de acuerdo en que el matrimonio fracas\u00f3 y que, adem\u00e1s, no convivieron juntos durante un lapso superior a un (1) a\u00f1o. <\/p>\n
2.- Mediante auto AC1749-20232, la Magistrada Ponente rechaz\u00f3 la demanda tras encontrar configuradas varias falencias que impon\u00edan su rechazo, a saber: <\/p>\n
2.1.- No se alleg\u00f3 la constancia de ejecutoria de la sentencia que se pretende homologar, de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen. <\/p>\n
En la demanda se afirm\u00f3 que la providencia tiene fuerza de cosa juzgada porque la secretaria del despacho dej\u00f3 una nota en la que se\u00f1al\u00f3 que es jur\u00eddicamente vinculante desde el 4 de febrero de 2018, para lo cual impuso un sello. En sentir de la demandante, tanto la manifestaci\u00f3n como el sello dan cuenta de la ejecutoria del fallo. <\/p>\n
En el auto censurado se explic\u00f3 que, con independencia de la referida anotaci\u00f3n y del sello plasmado, en el cuerpo de la sentencia se indic\u00f3 que la decisi\u00f3n era susceptible de impugnarse por la v\u00eda del recurso de casaci\u00f3n, del cual no se tiene noticia alguna, pues se desconoce si se interpuso; por ende, \u00abno se tiene certeza de que se haya impugnado o no el veredicto, pues no obra constancia al respecto\u00bb. <\/p>\n
2.2.- Se desatendi\u00f3 el precepto consagrado en el art\u00edculo 251 del C\u00f3digo General del Proceso, en la medida en que, si bien se adjunt\u00f3 la traducci\u00f3n de la precitada sentencia, lo cierto es que no se demostr\u00f3 que Marco Braulio Fajardo Villamil cuenta con \u00abreconocimiento oficial para el efecto, calidad que debe ser demostrada con la respectiva Resoluci\u00f3n del Ministerio de Justicia\u00bb. <\/p>\n
Para el efecto, resalt\u00f3 que en lugar de anexarse la Resoluci\u00f3n No. 839 de 16 de abril de 1986 expedida por el Ministerio de Justicia, que lo acredita como traductor oficial, se intent\u00f3 suplir dicha omisi\u00f3n con un acta de posesi\u00f3n del se\u00f1or Fajardo Villamil ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, la cual resulta insuficiente. <\/p>\n
2.3.- No se aport\u00f3 evidencia concreta de la reciprocidad legislativa o diplom\u00e1tica entre Colombia y Alemania para el reconocimiento rec\u00edproco de efectos a decisiones for\u00e1neas, espec\u00edficamente en materia de divorcio. <\/p>\n
3.- La parte actora interpuso recurso de reposici\u00f3n contra el auto de rechazo3, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
3.1.- Entre la fecha en que se dict\u00f3 la sentencia (22 de diciembre de 2017) y la data en que la secretaria del despacho indic\u00f3 que se encontraba en firme (4 de febrero de 2018), transcurrieron cuarenta y cuatro (44) d\u00edas, lo que supera ampliamente el t\u00e9rmino de un (1) mes que ten\u00edan los interesados a su disposici\u00f3n para presentar recursos en su contra. <\/p>\n
Por tal raz\u00f3n, en el cuerpo de la providencia se plasm\u00f3 que es jur\u00eddicamente vinculante desde el 4 de febrero de 2018 y se impuso un sello equiparable a la constancia de ejecutoria. <\/p>\n
Adem\u00e1s, cuando se entreg\u00f3 la copia del fallo en el pa\u00eds extranjero en el a\u00f1o 2022, la funcionaria encargada no mencion\u00f3 que se encontrara pendiente el tr\u00e1mite de alg\u00fan recurso. <\/p>\n
3.2.- En lo atinente al requisito de la traducci\u00f3n de la sentencia, adujo que el se\u00f1or Marco Braulio Fajardo Villamil es traductor e int\u00e9rprete oficial de los idiomas Espa\u00f1ol-Alem\u00e1n y Alem\u00e1n-Espa\u00f1ol, admitido mediante Resoluci\u00f3n No. 839 de 16 de abril de 1986 expedida por el Ministerio de Justicia, tal como se desprende del \u00abacta de posesi\u00f3n\u00bb suscrita ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 que se anex\u00f3 a la demanda. <\/p>\n
Siendo as\u00ed, como la Resoluci\u00f3n No. 1959 de 2020 que derog\u00f3 la Resoluci\u00f3n No. 10547 de 2018, indica que el Ministerio de Relaciones Exteriores no es la autoridad competente para regular el ejercicio de los traductores oficiales, basta con el reconocimiento o autenticaci\u00f3n de la firma del traductor ante un Notario, como en efecto se acredit\u00f3 en el presente asunto. <\/p>\n
3.3.- Frente a la ausencia de demostraci\u00f3n de la reciprocidad legislativa, la recurrente asegur\u00f3 que dicha falencia constituye una causal de inadmisi\u00f3n que puede subsanarse dentro del plazo legal. <\/p>\n
4.- En auto de 19 de julio de 20234, la Magistrada Ponente rechaz\u00f3 por improcedente el recurso de reposici\u00f3n y, en su lugar, orden\u00f3 darle el tr\u00e1mite de s\u00faplica, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En virtud de lo previsto en el art\u00edculo 331 ejusdem, el recurso de s\u00faplica procede, entre otros, \u00abcontra los autos que por su naturaleza ser\u00edan apelables, dictados por el Magistrado sustanciador en el curso de la segunda o \u00fanica instancia\u00bb y es decidido por los \u00abdem\u00e1s magistrados que integran la sala\u00bb con ponencia del \u00abmagistrado que sigue en turno al que dict\u00f3 la providencia\u00bb, en concordancia con lo dispuesto en el canon 332 ib\u00eddem. <\/p>\n
A su turno, el art\u00edculo 321 \u00eddem consagra como susceptible de apelaci\u00f3n el auto que \u00ab(\u2026) rechace la demanda (\u2026)\u00bb, supuesto en el que se encuadra el que no da v\u00eda al tr\u00e1mite de exequatur, en la medida en que su interposici\u00f3n se hace por medio de una demanda al tenor de lo normado en el art\u00edculo 607 del C\u00f3digo General del Proceso, raz\u00f3n que habilita la s\u00faplica cuando se pretende una reconsideraci\u00f3n. <\/p>\n
2.- Los art\u00edculos 605 y 606 ejusdem prev\u00e9n que, para que una sentencia extranjera u otra providencia de tal car\u00e1cter produzca efectos en Colombia, debe reunir los siguientes requisitos: <\/p>\n
1. Que no verse sobre derechos reales constituidos en bienes que se encontraban en territorio colombiano en el momento de iniciarse el proceso en que la sentencia se profiri\u00f3. <\/p>\n
2. Que no se oponga a leyes u otras disposiciones colombianas de orden p\u00fablico, exceptuadas las de procedimiento. <\/p>\n
3. Que se encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen, y se presente en copia debidamente legalizada. <\/p>\n
4. Que el asunto sobre el cual recae, no sea de competencia exclusiva de los jueces colombianos. <\/p>\n
5. Que en Colombia no exista proceso en curso ni sentencia ejecutoriada de jueces nacionales sobre el mismo asunto. <\/p>\n
6. Que si se hubiere dictado en proceso contencioso, se haya cumplido el requisito de la debida citaci\u00f3n y contradicci\u00f3n del demandado, conforme a la ley del pa\u00eds de origen, lo que se presume por la ejecutoria. <\/p>\n
7. Que se cumpla el requisito del exequ\u00e1tur. <\/p>\n
3.- A su vez, el art\u00edculo 607 \u00eddem contempla que si la solicitud de homologaci\u00f3n carece de alguno de los requisitos exigidos en los numerales 1 a 4 debe rechazarse. <\/p>\n
4.- Como fueron varios los aspectos que tuvo en cuenta la Magistrada Ponente para sustentar su decisi\u00f3n de rechazo, se analizar\u00e1n individualmente. <\/p>\n
5.- Como se indic\u00f3 en precedencia, entre los requisitos que debe tener una sentencia extranjera para que surta efectos en Colombia, se encuentra el de estar \u00abejecutoriada de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen, y se presente en copia debidamente legalizada\u00bb. <\/p>\n
5.1.- Examinada la providencia objeto de estudio, se observa que el ac\u00e1pite denominado \u00abRecursos legales\u00bb mencion\u00f3 que contra la decisi\u00f3n proced\u00eda el recurso de casaci\u00f3n, el cual deb\u00eda interponerse dentro del plazo de un (1) mes, ante el Tribunal Municipal de Sch\u00f6neberg, Grunewaldstrasse 66 \u2013 67, 10823 Berl\u00edn. <\/p>\n
En la providencia tambi\u00e9n se explic\u00f3 que el t\u00e9rmino para instaurar dicho mecanismo impugnatorio comenzar\u00eda: i) Con la presentaci\u00f3n escrita de la Resoluci\u00f3n. ii) Si la notificaci\u00f3n se realiza por correo, tres (3) d\u00edas despu\u00e9s de recibido, \u00aba menos que el interesado demuestre que no recibi\u00f3 el documento o que lo recibi\u00f3 en una fecha posterior\u00bb. iii) Si no puede notificarse por escrito a una de las partes, cinco (5) meses despu\u00e9s de su promulgaci\u00f3n. <\/p>\n
Con ese panorama, ante la multiplicidad de eventos que pod\u00edan alterar el inicio del t\u00e9rmino con el que contaban las partes para interponer el recurso de casaci\u00f3n, resultaba necesario que la demandante explicara y, a\u00fan m\u00e1s, demostrara de manera id\u00f3nea, cu\u00e1l fue el que ocurri\u00f3 en este caso, con el objetivo de verificar si la decisi\u00f3n fue objeto de censura. <\/p>\n
5.2.- Aunque la se\u00f1ora Ubarnes Correa pretende que se contabilice el t\u00e9rmino que transcurri\u00f3 entre la emisi\u00f3n del fallo y el 4 de febrero de 2018, para colegir que transcurri\u00f3 un plazo m\u00e1s que suficiente para la instauraci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n, resulta imperioso anotar que, de un lado, no es labor de la Corte efectuar ese tipo de operaciones, y del otro, el interesado es quien tiene la carga de demostrar si la mentada censura se interpuso o no, hecho \u00e9ste del que no se tiene certeza alguna en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular debe memorarse que \u00ab[l]a jurisprudencia decantada de la Corte tiene dicho que, para demostrar el car\u00e1cter definitivo, es menester que el interesado allegue prueba id\u00f3nea que permita tener seguridad de que el fallo es \u00abfinal\u00bb, lo cual resulta inviable cuando \u00abno hay menci\u00f3n sobre los recursos procedentes en contra del mismo y la manera en que, de haberse interpuesto, fueron agotados, evento que impide igualmente definir el car\u00e1cter definitivo\u00bb (CSJ, AC2970, 22 de julio de 2021, rad. n.\u00b0 2021-01510-00, reiterada en AC028-2022). <\/p>\n
5.3.- De otro lado, para acreditar la ejecutoria de la sentencia la recurrente asegur\u00f3 que dicho requisito se cumpli\u00f3 con la anotaci\u00f3n que aparece en la parte final de la providencia en la que se indic\u00f3 que \u00ab[l]a decisi\u00f3n es jur\u00eddicamente vinculante desde el 4 de febrero de 2018\u00bb, siendo esa la raz\u00f3n por la cual la funcionaria del despacho Hueske Fesko firm\u00f3 esa declaraci\u00f3n y le impuso un sello. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al margen de que la demandante pretenda que se equipare en conjunto la anotaci\u00f3n y el sello como una verdadera constancia de ejecutoria, lo cierto es que no existen suficientes elementos de juicio para arribar a una conclusi\u00f3n de ese talante, pues el hecho de que la sentencia sea jur\u00eddicamente vinculante no significa necesariamente que est\u00e1 ejecutoriada, mucho menos cuando se desconoce si se interpuso alg\u00fan recurso contra el fallo y, adem\u00e1s, si ya se agotaron en su integridad los mecanismos impugnatorios. <\/p>\n
Vale advertir que el hecho de que la funcionaria del despacho for\u00e1neo hubiera expedido copia de la sentencia en el a\u00f1o 2022, tampoco es prueba irrefutable de que ya se encontraba ejecutoriada, pues ello obedece a un tr\u00e1mite administrativo independiente al judicial, y en \u00faltimas, tampoco dej\u00f3 constancia de esa circunstancia con suma claridad. <\/p>\n
La dubitaci\u00f3n que se deriva de tal requisito impide tener por satisfecha la exigencia consagrada en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 606 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo atinente a la ejecutoria, siendo esa una causa de rechazo in limine. <\/p>\n
6.- Al tenor de lo previsto en el art\u00edculo 251 del C\u00f3digo General del Proceso: \u00abPara que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducci\u00f3n efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un int\u00e9rprete oficial o por traductor designado por el juez. En los dos primeros casos la traducci\u00f3n y su original podr\u00e1n ser presentados directamente. En caso de presentarse controversia sobre el contenido de la traducci\u00f3n, el juez designar\u00e1 un traductor\u00bb (subrayado intencional). <\/p>\n
En el presente caso, la sentencia que se pretende homologar fue traducida en su integridad por el se\u00f1or Marco Braulio Fajardo Villamil, quien se identific\u00f3 como traductor oficial de los idiomas \u00abAlem\u00e1n-Espa\u00f1ol-Alem\u00e1n\u00bb, con licencia No. 839\/86 expedida por el Ministerio de Justicia de Colombia; sin embargo, a pesar de aludir a esa calidad, lo \u00fanico que se aport\u00f3 como anexo de la demanda fue un acta de posesi\u00f3n ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 del 15 de mayo de 1986, en la que se dej\u00f3 constancia que es traductor e int\u00e9rprete acreditado, seg\u00fan Resoluci\u00f3n No. 839 de 16 de abril de 1986 del Ministerio de Justicia. <\/p>\n
Lo anterior, toda vez que seg\u00fan lo dispuesto en el literal w) del art\u00edculo 2\u00ba de la Resoluci\u00f3n 1959 de 20205, expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el traductor oficial es la persona que \u00abque realiza la traducci\u00f3n oficial y se encuentra debidamente acreditada en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 33 de la Ley 962 de 2005 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan\u00bb. Esta \u00faltima normativa contempla que los aspirantes a ese cargo deben aprobar los ex\u00e1menes realizados por las universidades que cuenten con facultad de idiomas acreditadas y reconocidas por el ICFES, para que certifiquen su idoneidad para ejercer el oficio. <\/p>\n
No obstante, como el par\u00e1grafo \u00fanico del mismo art\u00edculo 33 contempla que \u00ab[l]as licencias expedidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley continuar\u00e1n vigentes\u00bb, si el se\u00f1or Fajardo Villamil indic\u00f3 en la sentencia que cuenta con licencia No. 839\/86, debi\u00f3 aportarla junto con la Resoluci\u00f3n No. 839 de 16 de abril de 1986, expedida por el Ministerio de Justicia, para acreditar su calidad en debida forma. <\/p>\n
Ante la carencia de tales documentos o por lo menos de la mentada Resoluci\u00f3n, result\u00f3 acertada la decisi\u00f3n atacada, m\u00e1xime cuando el acta de posesi\u00f3n ante el Tribunal no tiene la entidad suficiente para solventar dicha falencia. <\/p>\n
Es m\u00e1s, a pesar de que la recurrente insiste en que otra forma de probar la idoneidad del traductor se desprende de la \u00abFirma Registrada\u00bb ante la Notar\u00eda Cuarenta y Cuatro del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, en los t\u00e9rminos previstos en el art\u00edculo 6\u00ba de la Resoluci\u00f3n 1959 de 2020, se observa que la autoridad registral \u00fanicamente dio fe de la comparecencia de Marco Braulio Fajardo Villamil, identific\u00e1ndolo con su n\u00famero de c\u00e9dula, m\u00e1s nada dijo acerca de su calidad de traductor e int\u00e9rprete oficial. <\/p>\n
7.- Finalmente, aunque la carencia de reciprocidad legislativa y diplom\u00e1tica no aparece plasmada taxativamente en los numerales 1 a 4 del art\u00edculo 606 del C\u00f3digo General del Proceso, lo cierto es que conocerla de entrada permite confirmar, entre otras cosas, que la sentencia que se pretende homologar \u00abno se oponga a leyes u otras disposiciones colombianas de orden p\u00fablico\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, como la Magistrada Ponente estaba rechazando de plano la demanda, es entendible que tambi\u00e9n hubiera puesto en conocimiento de la interesada la citada falencia, la cual no fue rebatida por la censurante quien incluso la acept\u00f3, veamos: <\/p>\n
(\u2026) al considerar la honorable sala que no se demostr\u00f3 en debida forma la reciprocidad legislativa, el deber ser era indicar las falencias para que se subsanara tal como lo manda el Art. 90 del CGP y darnos la oportunidad de corregir el error para que el proceso avanzara y pudiera cumplir su objetivo el cual es que se declare la convalidaci\u00f3n de la sentencia. Es por ello que dicha correcci\u00f3n se puede hacer una vez se indique el error, se declare inadmitida la demanda y proporcione un t\u00e9rmino para su correcci\u00f3n <\/p>\n
8.- As\u00ed las cosas, la providencia objeto de s\u00faplica se ratificar\u00e1 por lo se\u00f1alado en precedencia. No se impondr\u00e1 condena en costas al no tener constancia de que se hubieran causado (numerales 1\u00b0 y 8\u00b0 del art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
<\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR el auto AC1749-2023, a trav\u00e9s del cual se rechaz\u00f3 la demanda de exequatur promovida por Laura Andrea Ubarnes Correa, en la que pretende el reconocimiento de la sentencia proferida el 22 de diciembre de 2017 por el Juzgado Oficial de Sch\u00f6neberg de Berl\u00edn (Alemania). <\/p>\n
SEGUNDO: Sin condena en costa por la s\u00faplica. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO JOS\u00c9 TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 ESAV. Consecutivo 1. Archivo \u00ab004Expediente_remitido.zip. <\/p>\n
2\u0002 ESAV. Consecutivo 3. Archivo \u00ab006Auto.pdf\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 ESAV. Consecutivo 5. Archivo \u00ab009Memorial.pdf\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 ESAV. Consecutivo 8. Archivo \u00ab0012Auto.pdf\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 La Resoluci\u00f3n No. 1959 de 2020 derog\u00f3 la Resoluci\u00f3n No. 10547 de 2018 que a su vez derog\u00f3 la Resoluci\u00f3n No. 3269 de 2016. <\/p>\n
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