AC3033-2023 (2019-00198-01)<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC3033-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 52001-31-03-004-2019-00198-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Se decide a continuaci\u00f3n sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Josefina del Socorro Araujo David; Adri\u00e1n Camilo y Karol Daniela Vallejos Ara\u00fajo; Otoniel Vallejos Narv\u00e1ez y Alexander Otoniel Vallejos Ortega para sustentar el recurso de casaci\u00f3n que interpusieron frente a la sentencia de 16 de diciembre de 2022, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, dentro del proceso verbal de responsabilidad civil extracontractual que adelantaron contra la Cooperativa Nari\u00f1ense de Taxistas – Coonartax Ltda., la cual llam\u00f3 en garant\u00eda a AXA Colpatria Seguros S.A. <\/p>\n
Los accionantes solicitaron declarar a Coonartax Ltda. responsable extracontractualmente por los perjuicios derivados de la \u00abintoxicaci\u00f3n ex\u00f3gena por inhalaci\u00f3n de clorofluorcarburos\u00bb que sufri\u00f3 Jos\u00e9 Ignacio Vallejos Zamudio el 6 de diciembre de 2017, \u00abmientras adelantaba labores de sellamiento de un aljibe con gravilla y tierra en la Estaci\u00f3n de Servicio\u00bb de propiedad de la convocada, \u00abaccidente laboral que produjo su muerte el d\u00eda 9 inmediato ulterior\u00bb (fls. 1 a 37 cno. 1). <\/p>\n
La empresa de transporte se opuso y excepcion\u00f3 \u00abfalta de nexo causal entre la conducta de la demandada y el resultado da\u00f1oso\u00bb, \u00abculpa exclusiva de la v\u00edctima\u00bb, \u00abfalta de causa para demandar\u00bb y \u00abvalidez del contrato de prestaci\u00f3n de servicios y sus cl\u00e1usulas\u00bb (fl. 346 a 371 cno. 1). <\/p>\n
Adicionalmente, llam\u00f3 en garant\u00eda a AXA Colpatria Seguros S.A., que al ser vinculada plante\u00f3 defensas frente a las aspiraciones de los gestores y la convocatoria que le hizo la asegurada (fls. 1 a 3, 23, 33 a 54 cno. 2). <\/p>\n
El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pasto, en sentencia de 3 de diciembre de 2021, neg\u00f3 las pretensiones al encontrar rota la relaci\u00f3n de causalidad por configurarse la culpa exclusiva de la v\u00edctima (pdf 115 cno.1). <\/p>\n
El superior, al desatar la apelaci\u00f3n de los promotores, la confirm\u00f3 luego de abordar los diferentes puntos de inconformidad de la alzada. <\/p>\n
Frente a la no implementaci\u00f3n del Sistema de Gesti\u00f3n de la Seguridad y Salud en el Trabajo \u2013 SG-SST que se le endilg\u00f3 a Coonartx Ltda., conforme a los art\u00edculos 2.2.4.6.1., 2.2.4.6.3., 2.2.4.6.4. y 2.2.4.6.36. del Decreto 1072 de 2015, lo cierto es que dicha omisi\u00f3n no fue la causa del da\u00f1o \u00abcomo quiera que el comportamiento de la v\u00edctima se constituye en la causa exclusiva del mismo\u00bb, sin que se vislumbre \u00abc\u00f3mo la enrostrada falta de implementaci\u00f3n del SG-SST hubiere sido una conducta id\u00f3nea que conduzca al accidente ocurrido\u00bb y \u00abno apreci\u00e1ndose que tal falta hubiere sido una condici\u00f3n necesaria para la producci\u00f3n del hecho da\u00f1oso\u00bb. <\/p>\n
Esa misma raz\u00f3n sirve para desechar el argumento de que la afiliaci\u00f3n del fallecido al Sistema General de Seguridad Social en Salud en Riesgos Laborales por la empresa \u00abhabr\u00eda posibilitado la participaci\u00f3n de la respectiva ARL que, con una \u201cintervenci\u00f3n medianamente responsable\u201d, permitir\u00eda la adoptaci\u00f3n de medidas de protecci\u00f3n que a su vez, habr\u00edan evitado el hecho investigado\u00bb, advirti\u00e9ndose que en los acuerdos celebrados entre la empresa y el contratista, \u00e9ste \u00aben la cl\u00e1usula cuarta de ambos se oblig\u00f3 a acreditar la afiliaci\u00f3n a riesgos laborales, encontr\u00e1ndose que s\u00ed se encontraba afiliado a riesgos laborales cuando acaeci\u00f3 el hecho investigado, esto es el 6 de diciembre de 2017\u00bb, seg\u00fan certificaci\u00f3n de Positiva Compa\u00f1\u00eda de Seguros S.A. donde aparece \u00abafiliado como \u201cindependiente 723\u201d y \u201ccon riesgo 5\u201d, acotando que \u00e9ste corresponde al riesgo m\u00e1s elevado, seg\u00fan se extracta del art. 2.2.4.2.2.3 que remite a los Decretos 1295 de 1994 y 1607 de 2002\u00bb. <\/p>\n
Frente a la desatenci\u00f3n a las instrucciones de que no se descargara combustible en los d\u00edas previos a la limpieza final del pozo, la \u00fanica referencia al respecto es del demandante Alexander Otoniel Vallejos, quien en \u00abaudiencia inicial\u00bb se\u00f1al\u00f3 que hizo la solicitud un d\u00eda antes de los hechos, la dirigi\u00f3 a un encargado de las llaves del cuarto de herramientas, desconociendo si se remiti\u00f3 a las directivas de la empresa y que antes de iniciar las actividades el 6 de diciembre de 2017 \u00abno escuch\u00f3 al se\u00f1or Vallejos Zamudio preguntar acerca del cumplimiento de su instrucci\u00f3n\u00bb, afirmaci\u00f3n que no encuentra respaldo en otros medios y de ser cierta no se surti\u00f3 por los canales adecuados, como ser\u00eda el Gerente de la empresa que seg\u00fan el mismo Alexander \u00abestaba siempre pendiente de la obra (minuto 00:03:00 de la grabaci\u00f3n) y que al parecer no se constat\u00f3 el acatamiento de ella antes de descender al pozo\u00bb, fuera de que ni siquiera se verific\u00f3 que \u00abel eventual descargue de combustible fuere el detonante de la intoxicaci\u00f3n\u00bb, lo que solo constituyen meras especulaciones de los interesados. <\/p>\n
El desacuerdo porque no se garantizaran \u00ablas \u00f3ptimas condiciones del lugar en donde se iban a desarrollar las obras de sellamiento del pozo\u00bb, desconoce el contrato de construcci\u00f3n de pozo de monitoreo para aguas fre\u00e1ticas, as\u00ed como el de \u00abexploraci\u00f3n y acciones parciales de remediaci\u00f3n de contaminaci\u00f3n con gasolina de las aguas fre\u00e1ticas\u00bb, los cuales justificaban la presencia de Jos\u00e9 Ignacio Vallejos Zamudio en el lugar de los hechos, de los que se extrae que \u00abel pozo de monitoreo no exist\u00eda y su construcci\u00f3n e instalaci\u00f3n constitu\u00eda incluso el objeto del inicial contrato\u00bb, mientras que en virtud del segundo \u00abse explorar\u00eda el subsuelo de la estaci\u00f3n de servicios\u00bb, por lo que en dichas materias \u00abno pod\u00eda tener injerencia la empresa por escapar de sus capacidades, lo que justific\u00f3 acudir a los conocimientos, experiencia, preparaci\u00f3n y equipos del contratista, quien desde el inicial contrato, estipul\u00f3 que \u201cactuar\u00e1 por su propia cuenta, con absoluta autonom\u00eda\u201d\u00bb, de ah\u00ed que la sociedad \u00abno estaba en posibilidad de acceder a los lugares donde se desarroll\u00f3 el objeto del contrato y por ende, de conocer las condiciones en que los mismos se encontraban, estando bajo la \u00f3rbita del experto contratado\u00bb. <\/p>\n
El cuestionamiento por falta de suministros de elementos de protecci\u00f3n personal para desempe\u00f1ar la labor, desconoce que en la cl\u00e1usula primera de los dos acuerdos el contratista contaba con los recursos de toda \u00edndole necesarios para desarrollar la actividad convenida y ten\u00eda la experiencia necesaria para llevarlos a cabo, precisando que actuaba por su propia cuenta y completa autonom\u00eda. Fuera de eso el art\u00edculo 2.2.4.2.2.16. del Decreto 1072 de 2015 para esa \u00e9poca dispon\u00eda como obligaci\u00f3n del contratista la de \u00abcontar con los elementos de protecci\u00f3n personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumir\u00e1 su costo\u00bb, por lo que era un compromiso suyo contractual y legal que desatendi\u00f3 \u00abasumiendo entonces el riesgo que finalmente se concret\u00f3 y condujo al lamentable fallecimiento\u00bb. <\/p>\n
Aducen los apelantes que \u00abel fatal desenlace se produjo a pesar del obrar diligente del ge\u00f3logo Vallejos Zamudio\u00bb, a pesar de que obran evidencias en contrario como el informe de avance de 7 de diciembre de 2016 donde aquel \u00abadvirti\u00f3 el fuerte olor a gasolina que se percib\u00eda en la ejecuci\u00f3n de la obra\u00bb, lo que reiter\u00f3 en informe de 9 de octubre de 2017 y el siguiente 28 de noviembre expres\u00f3 que, a pesar del descenso en la \u00abconcentraci\u00f3n de hidrocarburos en el pozo\u00bb, se observaban hidrocarburos disueltos, lo que corrobor\u00f3 el testigo Servio Tulio Paz, por lo que si el fallecido conoc\u00eda con antelaci\u00f3n esas circunstancias \u00aby fue advertido de las condiciones del pozo el mismo d\u00eda del percance, definitivamente el descender sin protecci\u00f3n respiratoria alguna, implica una clara desatenci\u00f3n de la diligencia y cuidado debidos\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a que la reacci\u00f3n del difunto \u00abcorresponde a la que cualquiera tendr\u00eda ante la situaci\u00f3n de peligro de un familiar\u00bb, lo que no se pone en duda, eso no significa que de all\u00ed se pudiera \u00abderivar una responsabilidad a cargo de la empresa demandada\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, el que Coonartax Ltda. careciera de \u00abequipos como un arn\u00e9s, que habr\u00eda permitido una evacuaci\u00f3n m\u00e1s c\u00e9lere de las personas que yac\u00edan en el pozo\u00bb, ya se precis\u00f3 \u00abque los elementos necesarios los deb\u00eda proveer el contratista, quien en efecto los pose\u00eda\u00bb, como indic\u00f3 el testigo Fredy Esteban D\u00edaz Campa\u00f1a. Adem\u00e1s, \u00ablo acontecido superaba un plan de prevenci\u00f3n y atenci\u00f3n de emergencias que se extra\u00f1a en la demandada\u00bb en el que se vieron involucradas tres personas, de las cuales solo se pudo ayudar a una y debiendo esperar el socorro de los bomberos para \u00abel rescate del ge\u00f3logo y del empleado que se encontraba prestando su colaboraci\u00f3n\u00bb (pdf 25 cno. segunda instancia). <\/p>\n
Los gestores interpusieron recurso de casaci\u00f3n, el cual sustentan en tiempo con la formulaci\u00f3n de dos cargos a saber: <\/p>\n
El primero acusa la violaci\u00f3n directa del art\u00edculo 1 de la Ley 1562 de 2012 visto en concordancia con algunos preceptos del Decreto 1072 de 2015. <\/p>\n
Los art\u00edculos 2.2.4.6.4 a 2.2.4.6.9, ya que el Sistema General de Riesgos Laborales y el Sistema de Gesti\u00f3n en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST \u00abcomprenden diversas definiciones, acciones, actores, procedimientos, estrategias orientadas al fin primordial de proteger la vida e integridad de trabajadores y contratistas, precaver y evitar los percances que puedan presentarse en el desarrollo de sus labores\u00bb que impon\u00edan a la demandada \u00abla promoci\u00f3n, prevenci\u00f3n y protecci\u00f3n de la vida e integridad personal del contratista\u00bb, pero el ad quem dej\u00f3 de aplicar esas normas \u00abde manera injusta e ins\u00f3lita en la resoluci\u00f3n del caso sin siquiera hacer alusi\u00f3n a las mismas en la resoluci\u00f3n del litigio\u00bb. <\/p>\n
Los art\u00edculos 2.2.4.2.2.5 y 2.2.4.2.2.13, de los que, interpretados en forma sistem\u00e1tica, emerge la \u00abobligaci\u00f3n clara, expresa e ineludible en cabeza de Coonartax, cual es la de afiliar y asumir el correspondiente pago por concepto de riesgos laborales del contratista\u00bb, lo que no fue considerado. <\/p>\n
Mientras que el 2.2.4.2.2.15 fue infringido ya que en el se impone \u00abel deber de suministrar a sus contratistas los elementos de protecci\u00f3n personal, mientras que en el art\u00edculo siguiente conmina a estos a contar con dichos elementos\u00bb y en el fallo confutado, con base en el 2.2.4.2.2.16, se \u00abasevera que recae exclusivamente en el contratista la obligaci\u00f3n de adquirirlos, exonerando correlativamente y de manera injusta a la demandada del deber que le ata\u00f1e sobre el particular\u00bb, cuando \u00abexiste una monumental diferencia sem\u00e1ntica entre imponer y conminar\u00bb, por lo que \u00abla exhortaci\u00f3n que la normativa analizada hace a los contratistas en modo alguno releva a los contratantes de su deber [de] adoptar todas las medidas necesarias y adecuadas para proteger la vida de aquellos\u00bb. <\/p>\n
De all\u00ed que no se entiende como el juzgador de segundo grado \u00abrealiza un estudio y transcripci\u00f3n incompletos de las citadas normas; consecuentemente, un an\u00e1lisis y aplicaci\u00f3n equivocada de las mismas\u00bb. <\/p>\n
El segundo, denuncia la infracci\u00f3n indirecta de los \u00abart\u00edculos 29 y 48 de la Carta Pol\u00edtica en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, por \u00aberror de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de varias pruebas\u00bb. <\/p>\n
Se descalific\u00f3 el dicho de Alexander Otoniel Vallejos Ortega sobre la advertencia para que no se hicieran descargas de combustible en los d\u00edas previos al sellamiento del pozo por su calidad de demandante y ausencia de respaldo, cuando el mismo pronunciamiento \u00abresalta la presencia de combustibles en las aguas fre\u00e1ticas y en el subsuelo, contexto que suger\u00eda alta posibilidad de fugas desde los tanques subterr\u00e1neos propiedad de la estaci\u00f3n de servicio, por lo que la recomendaci\u00f3n de la v\u00edctima fatal se inscribe dentro de lo l\u00f3gico y razonable\u00bb, por lo que resultan insuficientes las razones para desestimar \u00abla versi\u00f3n de Vallejos Ortega; tal corolario abandona los cauces de la l\u00f3gica, la experiencia y la sana cr\u00edtica\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se equivoc\u00f3 el Tribunal \u00abal se\u00f1alar entre sus conclusiones que la no implementaci\u00f3n del Sistema de Gesti\u00f3n de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST no es la causa efectiva del da\u00f1o, sino que el mismo se produjo por culpa exclusiva de la v\u00edctima\u00bb, existiendo suficientes \u00abevidencias de incumplimiento por parte de la cooperativa demandada frente a los deberes de salvaguardar la vida e integridad personal de sus dependientes\u00bb, como lo admitieron su Gerente y varios trabajadores, lo que desencaden\u00f3 \u00abla serie de omisiones a ella atribuibles que dan lugar al tr\u00e1gico accidente\u00bb, pues de haber contado con \u00e9l \u00abni siquiera hubiese podido impartir autorizaci\u00f3n para que el procedimiento de sellamiento se verifique; o hubiese prestado apoyo y vigilancia; o al menos le hubiese entregado al contratista y su equipo un protector de las mismas caracter\u00edsticas que aquel que le salv\u00f3 la vida a su trabajador Ramos Riascos\u00bb. <\/p>\n
Otro yerro protuberante fue concluir que \u00abla magnitud del accidente superaba un plan de contingencias en la medida que afect\u00f3 a tres personas y fue necesaria la intervenci\u00f3n del Cuerpo de Bomberos Voluntarios\u00bb, ya que, si bien esa cantidad de sujetos se vieron involucrados en los hechos, Alexander y Helman Rodrigo \u00abpermanecieron varios minutos al interior del socav\u00f3n\u00bb y el \u00faltimo \u00abportaba un protector doble filtro\u00bb que no le fue entregado a Jos\u00e9 Ignacio \u00aben un cruel acto de discriminaci\u00f3n que a la postre signific\u00f3 la diferencia entre la vida y la muerte del empleado de Coonartax y el contratista, respectivamente\u00bb, lo que torna \u00abcontraevidente y caprichosa\u00bb dicha deducci\u00f3n. \u00abSe itera que la demandada entreg\u00f3 dos elementos de protecci\u00f3n personal ostensiblemente diferentes al contratista y a su empleado, distinci\u00f3n que se tradujo en la intoxicaci\u00f3n y posterior muerte de aqu\u00e9l\u00bb. <\/p>\n
A pesar de que Vallejos Zamudio estaba afiliado al subsistema de riesgos laborales, se pas\u00f3 por alto que era por cuenta de su esposa y demandante Josefina del Socorro, por lo que \u00aben modo alguno podr\u00eda brindar la protecci\u00f3n requerida para las labores que determinaron el deceso del contratista en orden a que las prestadas a ella eran de naturaleza diferente, en todo caso, sin la necesidad de lidiar con espacios confinados y contaminados\u00bb, como se extrae del \u00abinterrogatorio de parte rendido en la audiencia inicial y del memorial obrante a folios 386 y 387, cuaderno 1 del expediente digital\u00bb, de lo que se desprende \u00abque la afiliaci\u00f3n no se contrae a un tr\u00e1mite vacuo o inoficioso, sino que trae aparejada para los distintos actores del sistema una serie de acciones, algunas de ellas de promoci\u00f3n y prevenci\u00f3n, que acatadas con m\u00ednima diligencia implican la diferencia entre la vida y la muerte\u00bb. <\/p>\n
El \u00faltimo desfase de la \u00absentencia de segundo grado se pone de manifiesto cuando infiere que, al haberse estipulado la actuaci\u00f3n aut\u00f3noma del contratista, la demandada no pod\u00eda acceder a los lugares donde se desarrollar\u00edan las labores ni conocer ni garantizar sus condiciones\u00bb, pues como las \u00abactividades de sellamiento se produjeron en las instalaciones de la estaci\u00f3n de servicio, lugar donde la demandada detenta la posici\u00f3n de garante frente a la vida de sus empleados, usuarios y por supuesto, sus contratistas\u00bb, estas \u00abdeb\u00edan ser supervisadas por la cooperativa a trav\u00e9s de personal id\u00f3neo bajo la \u00f3ptica del Sistema General de Riesgos Laborales y el SG-SST\u00bb, cuya desatenci\u00f3n \u00abdio lugar a que por parte de esta se omitan todas las medidas y procedimientos de prevenci\u00f3n encaminados a garantizar la vida e integridad del contratista\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
1. La naturaleza extraordinaria de este medio de contradicci\u00f3n exhorta el cumplimiento de ciertos requisitos a ser observados por los censores con estrictez, ya que como dispone el numeral 2 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso el escrito de sustentaci\u00f3n deber\u00e1 contener la \u00abformulaci\u00f3n, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa\u00bb, respetando las reglas propias de cada causal. <\/p>\n
Como se hizo constar en CSJ AC2947-2017, el citado numeral impone que la argumentaci\u00f3n sea \u00abinteligible, exacta y envolvente\u00bb, toda vez que <\/p>\n
(\u2026) como el anotado medio constituye un mecanismo para juzgar la sentencia recurrida y no el proceso, la norma exige identificar las razones basilares de la decisi\u00f3n y expresar los argumentos dirigidos a socavarlas. As\u00ed se facilita, de un lado, establecer si hay acusaci\u00f3n; y de otro, verificar, en punto de la violaci\u00f3n directa o indirecta de la ley sustancial, si se denuncia como equivocado el an\u00e1lisis jur\u00eddico o probatoria del juzgador, en caso positivo, si el ataque es enfocado o totalizador. <\/p>\n
Por ende, no es labor de la Corte suplir las falencias, debilidades o vaguedades que ri\u00f1en con lo anterior, puesto que conforme indican los art\u00edculos 346 y 347 ib\u00eddem el incumplimiento de dichas directrices es motivo de inadmisi\u00f3n y, a\u00fan de superar los embates las formalidades t\u00e9cnicas previstas, puede la Sala ejercer selecci\u00f3n negativa en tres eventos: cuando se plantea una discusi\u00f3n sobre asuntos ampliamente decantados, sin que se proponga una tesis que justifique un cambio de criterio; frente a la inexistencia de los errores endilgados, el saneamiento de los advertidos o la intrascendencia de los mismos; y si la afrenta al ordenamiento jur\u00eddico no alcanza a perjudicar al recurrente. <\/p>\n
De ah\u00ed que, una vez superado ese paso preliminar, no sea posible que al fallar se tengan en cuenta motivos de inconformidad distintos a aquellos aducidos, salvo la facultad de casar de oficio la sentencia confutada \u00abcuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u00bb seg\u00fan manda el inciso final del art\u00edculo 336 ejusdem. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Si se acude al primer numeral del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, relacionado con la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, debe enunciarse por lo menos un precepto de esa estirpe que fuera considerado o desatendido en el pronunciamiento a examinar, pero eso s\u00ed que sea basilar de la determinaci\u00f3n y no una relaci\u00f3n aleatoria con el prop\u00f3sito de atinar a alguno con la categor\u00eda exigida, como se desprende del par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 344 id. <\/p>\n
Adicionalmente, seg\u00fan indica el literal a) numeral 2 de dicho precepto, la discusi\u00f3n se ce\u00f1ir\u00e1 a \u00abla cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb, por lo que debe estructurarse en forma adecuada c\u00f3mo se produjo la vulneraci\u00f3n ya por tomar en cuenta normas completamente ajenas al caso, pasar por alto las que lo reg\u00edan o, a pesar de acertarse en la selecci\u00f3n, terminar reconoci\u00e9ndoles implicaciones que no tienen. <\/p>\n
Ya en la segunda causal, relacionado con la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial en cualquiera de sus dos manifestaciones, sea de hecho o de derecho, a m\u00e1s de que \u00abno podr\u00e1n plantearse aspectos f\u00e1cticos que no fueron debatidos en las instancia\u00bb seg\u00fan indica el segundo inciso del literal a) del art\u00edculo 344 ib\u00eddem y fuera de enunciarse por lo menos un precepto material infringido, si la equivocaci\u00f3n endilgada es de jure, es menester adicionar \u00ablas normas probatorias que se consideren violadas, haciendo una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas\u00bb, mientras que si es de facto por indebida apreciaci\u00f3n del libelo, su contestaci\u00f3n o alg\u00fan medio de convicci\u00f3n, \u00abse singularizar\u00e1 con precisi\u00f3n y claridad, indic\u00e1ndose en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son en concreto las pruebas sobre las que recae\u00bb, eso s\u00ed dejando expuesto con suficiencia en ambos casos c\u00f3mo se produjo la vulneraci\u00f3n ya que \u00abel recurrente deber\u00e1 demostrar el error y se\u00f1alar su trascendencia en el sentido de la sentencia\u00bb. <\/p>\n
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3. En esta oportunidad ambas censuras incumplen las exigencias de t\u00e9cnica antes esbozadas, como se pasa a explicar: <\/p>\n
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a. El primer cargo se cimenta en la afrenta del art\u00edculo 1 de la Ley 1562 de 2012, el cual no tiene la categor\u00eda sustancial endilgada ya que se limita a precisar algunas definiciones en el Sistema de Riesgos Laborales y en materia de Salud Ocupacional. <\/p>\n
Aunque dicha norma se esboza en concordancia con los art\u00edculos 2.2.4.6.4 a 2.2.4.6.9 del Decreto 1072 de 2015, que se limita a transcribir sin esbozar en forma concreta su incidencia en el debate, estos tampoco cuentan con dicha connotaci\u00f3n, ya que como lo admiten los opugnadores \u00abcomprenden diversas definiciones, acciones, actores, procedimientos, estrategias orientadas al fin primordial de proteger la vida e integridad de trabajadores y contratistas, precaver y evitar los percances que puedan presentarse en el desarrollo de sus labores\u00bb, pero no declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas concretas. <\/p>\n
Es as\u00ed como el 2.2.4.6.4 describe en qu\u00e9 consiste el Sistema de Gesti\u00f3n de la Seguridad y Salud en el Trabajo y convenientemente se omite el par\u00e1grafo 2 seg\u00fan el cual \u00ab[d]entro de los par\u00e1metros de selecci\u00f3n y evaluaci\u00f3n de proveedores y contratistas, el contratante podr\u00e1 incluir criterios que le permitan conocer que la empresa a contratar cuente con el Sistema de Gesti\u00f3n de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)\u00bb y as\u00ed lo advirti\u00f3 para el caso el ad quem al interpretar la voluntad contractual de las partes, sin que por la naturaleza del ataque sea objeto de discusi\u00f3n, para resaltar que \u00aben los contratos ajustados entre el contratista y la demandada, aqu\u00e9l en la cl\u00e1usula cuarta de ambos se oblig\u00f3 a acreditar la afiliaci\u00f3n a riesgos laborales\u00bb, lo que por dem\u00e1s encontr\u00f3 demostrado. <\/p>\n
El 2.2.4.6.5., alude al deber del \u00abempleador o contratante\u00bb de establecer por escrito una pol\u00edtica de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y del 2.2.4.6.6. al 2.2.4.6.9 son meramente enunciativos de los requisitos y objetivos de la Pol\u00edtica de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), as\u00ed como las obligaciones de los empleadores y las Administradoras de Riesgos Laborales sobre el tema, sin que en alguno se contemplen las consecuencias de su incumplimiento o desatenci\u00f3n. <\/p>\n
La generalidad de las estipulaciones las sustrae de la categor\u00eda sustancial requerida, ya que seg\u00fan se record\u00f3 en CSJ AC2832-2018 al citar CSJ AC 10 ago. 2011, rad. 2003-03026, <\/p>\n
[c]omo lo tiene por sentado la jurisprudencia, \u201cuna norma es de estirpe sustancial cuando contiene una prescripci\u00f3n enderezada a declarar, crear, modificar o extinguir relaciones jur\u00eddicas concretas\u201d (G.J. CLI, p\u00e1g.254) y por ende carecen de tal connotaci\u00f3n \u201clos preceptos materiales que se limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos, o a precisar los elementos estructurales de los mismos, o los puramente enunciativos o enumerativos, o los procesales, entre ellos, los de disciplina probatoria\u201d (auto 5 de agosto de 2009, exp. 1999 00453 01; reiterado el 12 de abril de 2011, exp. 11001-3103-026-2000-24058-01). <\/p>\n
Los art\u00edculos 2.2.4.2.2.5 y 2.2.4.2.2.13, que se relacionan a la par, no contienen una obligaci\u00f3n aut\u00f3noma sino condicionada ya que el primero alude al deber de \u00abafiliar al Sistema General de Riesgos Laborales a los contratistas\u00bb, pero el pago de la cotizaci\u00f3n de que trata el segundo, en la forma como lo invocan los censores, no era aplicable al caso ya que los hechos ocurrieron el 6 de diciembre de 2017 y la redacci\u00f3n que citan corresponde a la modificaci\u00f3n introducida por el art\u00edculo 3 del Decreto 1273 de 2018, de ah\u00ed que el esfuerzo de asociarlos para estructurar un ataque queda en vano. <\/p>\n
Eso \u00faltimo tambi\u00e9n acontece con el contenido transcrito del art\u00edculo 2.2.4.2.2.15 que corresponde al texto del art\u00edculo 4 del Decreto 676 de 2020 donde se modific\u00f3 la redacci\u00f3n anterior de dicho precepto para incluir precisamente como deber del contratante \u00ab[s]uministrar, a sus contratistas, los elementos de protecci\u00f3n personal necesarios para ejecutar la actividad contratada\u00bb que no estaba, porque para cuando ocurrieron los hechos el 2.2.4.2.2.16 la contemplaba para el contratista, como acertadamente estim\u00f3 el Tribunal y por ello precis\u00f3 al traer a colaci\u00f3n dicha norma que se refer\u00eda a las \u00ablas obligaciones del contratista, para esa \u00e9poca\u00bb -se resalta-. <\/p>\n
La forma como se plantea y desarrolla el embate no pasa de ser una relaci\u00f3n desarticulada de normas, algunas de ellas que ni siquiera eran susceptibles de consideraci\u00f3n por ser producto de modificaciones introducidas con posterioridad a la ocurrencia de los acontecimientos, por lo que el discurso que las acompa\u00f1a queda en el vac\u00edo y pierde cualquier relevancia para el estudio pretendido por la senda directa. <\/p>\n
Adem\u00e1s, cimentado como qued\u00f3 el fallo en que \u00abla omisi\u00f3n que se atribuye a la sociedad demandada atinente a no implementar el Sistema de Gesti\u00f3n de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG \u2013 SST, no es la causa del da\u00f1o, como quiera que el comportamiento de la v\u00edctima se constituye en la causa exclusiva del mismo\u00bb, eso quiere decir que cualquier reproche que no ataque a plenitud dicha consideraci\u00f3n se queda a mitad de camino, lo que acontece en esta oportunidad donde la responsabilidad que se le atribuye al fallecido como \u00fanico motivo causante del da\u00f1o, permanece inalterable en atenci\u00f3n al respeto de la valoraci\u00f3n probatoria que condujo a tal deducci\u00f3n y que no era susceptible de cuestionar por esta senda. <\/p>\n
Como se memor\u00f3 en CSJ AC1585-2022 en tales eventos <\/p>\n
(\u2026) el embate es incompleto, comoquiera que omite confrontar todas las premisas sobre las cuales se edific\u00f3 el fallo rebatido, falencia que atenta contra el principio de integralidad del cargo, y que consiste en discutir todos argumentos sobre los que fund\u00f3 la sentencia contra la que se dirija la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
El segundo cargo tambi\u00e9n carece de alg\u00fan precepto material de sustento, puesto que las dos normas Constitucionales citadas no tienen dicho alcance y la otra es netamente procesal. <\/p>\n
Sin dejar de desconocer la trascendencia y relevancia de los principios de orden superior contenidos en la Carta Pol\u00edtica, por ese solo hecho sus estipulaciones no tienen alcance material, ya que muchas de ellas contienen \u00abgarant\u00edas macro a ser desarrolladas dentro de un marco que los efectivice y por s\u00ed solas son insuficientes para estructurar censuras por vulneraci\u00f3n de normas sustanciales\u00bb, como se record\u00f3 en CSJ AC1613-2023, por lo que en cada caso la invocaci\u00f3n de alguno de tales preceptos amerita analizar si \u00abdeclaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas concretas\u00bb. <\/p>\n
Si bien en los CSJ SC1656-2018, AC 577-2020, AC604-2020, AC1427-2020, AC2194-2021 y AC2268-2022, se lleg\u00f3 a afirmar lo contrario, en dichos prove\u00eddos no se expuso una raz\u00f3n seria y fundamentada de tal afirmaci\u00f3n, que al parecer radica de lo que aisladamente se dijo en el primero de los pronunciamientos citados en el sentido de que: <\/p>\n
Resta estudiar si el Tribunal viol\u00f3 directamente los derechos fundamentales a la igualdad y a un debido proceso, consagrados en los art\u00edculos 13 y 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, normas que, para el caso, frente a la endilgada ruptura del equilibrio procesal, tienen la connotaci\u00f3n de sustanciales, si se tiene en cuenta, al tenor del art\u00edculo 7\u00ba, inciso 2\u00ba de la Ley 1285 de 2009, vigente para la \u00e9poca. El recurso de casaci\u00f3n, a m\u00e1s de su funci\u00f3n nomofil\u00e1ctica, igualmente tiene como mira la protecci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales, como as\u00ed igualmente aparece reiterado en el art\u00edculo 336, in fine, del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Como puede apreciarse, ning\u00fan desarrollo argumentativo se hizo all\u00ed sobre el alcance \u00absustancial\u00bb de dicho art\u00edculo y su an\u00e1lisis se hizo de forma complementaria \u00abpara el caso, frente a la endilgada ruptura del equilibrio procesal\u00bb, m\u00e1s como una garant\u00eda de descredito a los planteamientos del impugnante en esa oportunidad, que con el \u00e1nimo de fijar una nueva posici\u00f3n de la Corporaci\u00f3n en tal sentido. <\/p>\n
Incluso en los CSJ AC604-2020, AC1427-2020, AC2194-2021 y AC2268-2022, se cita como sustento del acierto sobre el contenido material del canon la SC130-2018, en la cual no aparece referencia alguna sobre el particular que les d\u00e9 cr\u00e9dito. <\/p>\n
Por ende, es la oportunidad para reiterar que dicho canon no tiene la connotaci\u00f3n de norma sustancial, como atinada e insistentemente se ha rese\u00f1ado en CSJ AC5435-2017, AC3415-2018, AC819-2020, AC2501-2021, entre otros, y m\u00e1s recientemente en AC1926-2023. <\/p>\n
Ahora bien, en cuanto al art\u00edculo 48 superior, que se refiere en forma gen\u00e9rica al derecho a la Seguridad Social del conglomerado, su materializaci\u00f3n se da por medio del amplio desarrollo normativo existente sobre el tema, raz\u00f3n por la cual tampoco tiene la connotaci\u00f3n sustancial anunciada por los opugnadores. <\/p>\n
Ya en lo que respecta al art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso, sobre la apreciaci\u00f3n de las pruebas, como se rese\u00f1\u00f3 en CSJ AC4978-2022 tal estipulaci\u00f3n es de \u00abnotorio cariz probatorio que no puede catalogarse como sustancial, pues no confiere, modifica, ni extingue derechos subjetivos para los litigantes, como se precis\u00f3 en CSJ AC3883-2019 y AC2117-2020, entre otras providencias\u00bb. <\/p>\n
De todas maneras, la sola alusi\u00f3n al \u00faltimo precepto tambi\u00e9n denuncia una deficiencia por entremezclamiento, ya que se invoca un yerro de facto en la valoraci\u00f3n de las pruebas, pero la referida norma es propia del error de derecho, que amerita un estudio minucioso de la labor desarrollada por el fallador al sopesar los medios de convicci\u00f3n y exponer de forma concienzuda y razonada c\u00f3mo se configur\u00f3 la grave equivocaci\u00f3n del Tribunal en dicho proceso. <\/p>\n
Al no existir alg\u00fan precepto material que habilite el estudio del cargo por la senda indirecta escogida, los argumentos esgrimidos no pasan de constituir meras alegaciones de instancia o propuestas de valoraci\u00f3n arbitrarias de los medios de convicci\u00f3n, lo que es ajeno a esta senda extraordinaria. <\/p>\n
Como se record\u00f3 en CSJ AC3194-2022, <\/p>\n
[e]sta v\u00eda no sirve para provocar una lectura de la prueba en sentido opuesto a la del ad quem, sino para hacer ver yerros palmarios y trascendentes en que aqu\u00e9l haya incurrido al fundamentar la decisi\u00f3n impugnada, toda vez que no se trata de una instancia adicional, sino de un medio de control de legalidad del veredicto fustigado, lo que exige que la labor del recurrente apunte a colmar ese espec\u00edfico objetivo antes que a ensayar una propuesta alterna sobre los ingredientes f\u00e1cticos o demostrativos que sustentan sus premisas, porque tal variable, por m\u00e1s refinada y persuasiva que sea, se sale del \u00e1mbito de la casaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Al no ce\u00f1irse las acusaciones a las formalidades de rigor, es inviable darles curso. <\/p>\n
3.-DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar inadmisible la demanda presentada por Josefina del Socorro Araujo David; Adri\u00e1n Camilo y Karol Daniela Vallejos Ara\u00fajo; Otoniel Vallejo Narv\u00e1ez y Alexander Otoniel Vallejos Ortega para sustentar el recurso de casaci\u00f3n que interpusieron frente a la sentencia de 16 de diciembre de 2022, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, dentro del proceso verbal de responsabilidad civil extracontractual que adelantaron contra la Cooperativa Nari\u00f1ense de Taxistas – Coonartax Ltda, la cual llam\u00f3 en garant\u00eda a AXA Colpatria Seguros S.A. <\/p>\n
Segundo: Devolver por Secretar\u00eda virtualmente el expediente al Tribunal de origen, con la inserci\u00f3n de lo actuado ante esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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AC3033-2023 (2019-00198-01) OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Ponente AC3033-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 52001-31-03-004-2019-00198-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023) Se decide a continuaci\u00f3n sobre la admisibilidad de la demanda presentada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77081","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77081","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77081"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77081\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77081"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77081"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77081"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}