AC3102-2023 (2018-00003-01)<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC3102-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-99-002-2018-00003-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda con la cual Mayid Alfonso Castillo Arias pretende sustentar el recurso de casaci\u00f3n que interpuso contra la sentencia del 27 de enero de 2020, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, D.C. El tr\u00e1mite se adelanta dentro del proceso verbal que instaur\u00f3 Claudia Constanza, Mayid Alfonso, Viviana Eleonora, Adriana Mercedes y Clarita Aida Castillo Melo respecto del impugnante. Al tr\u00e1mite fueron vinculadas las sociedades Bradford International Commercial Corp. y M\u00e9dicos Asociados S.A. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La pretensi\u00f3n <\/p>\n
La parte demandante pidi\u00f3 que se declare que el accionista Mayid Alfonso Castillo Arias ha ejercido el derecho de voto de forma abusiva en la sociedad M\u00e9dicos Asociados S.A., \u00abal impedir la convocatoria y\/o participaci\u00f3n de los accionistas\u00bb, Que, como consecuencia, \u00abse declare la nulidad absoluta\u00bb de las decisiones que se adoptaron en ejercicio abusivo del derecho al voto, \u00abdejando sin valor ni efecto desde que fueron aprobadas, todas y cada una de las decisiones adoptadas en las asambleas general de accionistas\u00bb los d\u00edas 9 de enero, 11 de febrero, 12 de marzo, 21 de julio y 23 de julio de 2015; as\u00ed como el 3 de abril y el 2 de junio de 2017. Que se ordene cancelar las anotaciones registrales de las actas en el libro de la sociedad M\u00e9dicos Asociados S.A. Que se ordene al presidente de la Sociedad M\u00e9dicos Asociados S.A. o al representante legal \u00ab(\u2026) que convoque a asamblea general de accionistas, permitiendo la convocatoria, asistencia, deliberaci\u00f3n y votaci\u00f3n de todos y cada uno de los accionistas\u00bb. Que se \u00abordene al Dr. Mayid Alfonso Castillo Arias, abstenerse de utilizar en el futuro cualquier acto relacionado con la existencia de usufructo accionario de derechos pol\u00edticos\u00bb1. Que se ordene a M\u00e9dicos Asociados S.A. \u00abretrotraer y\/o suspender o anular toda la actuaci\u00f3n, documentaci\u00f3n y gesti\u00f3n realizada con fundamento en las decisiones adoptadas en las Asambleas Generales de Accionistas (\u2026)\u00bb. Y que se ordene a la C\u00e1mara de Comercio que cancele, del Registro Mercantil de la sociedad, una serie de inscripciones de unas actas. No obstante, al admitir a tr\u00e1mite la demanda, la Superintendencia de Sociedades acot\u00f3 que no iba a conocer acerca de las pretensiones sexta2 y s\u00e9ptima3, habida cuenta que exced\u00edan su \u00ab\u00e1mbito de competencia\u00bb. <\/p>\n
2.- Fundamentos de hecho <\/p>\n
En sustento de sus peticiones, la parte activa comenz\u00f3 por se\u00f1alar que el demandado celebr\u00f3 asambleas ordinarias y extraordinarias sin que los accionistas demandantes tuvieran conocimiento de su convocatoria. Adoptando decisiones en desmedro de las condiciones de los demandantes y de la compa\u00f1\u00eda, \u00abla remoci\u00f3n de administradores, enajenaci\u00f3n de activos, colocaci\u00f3n de acciones\u00bb. Determinaciones \u00abque se materializaron en virtud del ejercicio del derecho abusivo del derecho al voto\u00bb4. Sobre tal aspecto, enfatiz\u00f3 que \u00abel se\u00f1or Mayid Alfonso Castillo Arias, ha impedido el ejercicio de los derechos pol\u00edticos de los accionistas hermanos [C]astillo Melo, al omitir convocarlos a las asambleas, no permitirles la participaci\u00f3n, deliberaci\u00f3n y votaci\u00f3n en las mismas, disminuy\u00e9ndole su participaci\u00f3n accionaria y el poder de decisi\u00f3n respecto a la gesti\u00f3n empresarial de la compa\u00f1\u00eda y el patrimonio de la sociedad\u00bb. <\/p>\n
Relat\u00f3 que el demandado, de manera imprecisa, ha afirmado que existe un usufructo accionario absoluto de derechos pol\u00edticos, a su favor: \u00abNo existi\u00f3 la constituci\u00f3n de un usufructo accionario absoluto por parte de alguno de los accionistas hermanos Castillo Melo, pues no han suscrito documento o contrato en el cual otorguen en forma individual el usufructo de derechos pol\u00edticos en favor del accionista Mayid Alfonso Castillo Arias\u00bb. Que el demandado ha exhibido un libro reconstruido de accionistas con el prop\u00f3sito de acreditar el usufructo absoluto de las acciones, sin que hubiere lugar a ello, \u00aben las asambleas de accionistas el se\u00f1or Mayid Alfonso Castillo Arias, exhibe un libro de accionistas reconstruido en el que escribi\u00f3 el 28 de noviembre de 2014, un usufructo absoluto de acciones, que no coincide con la anotaci\u00f3n de la escritura p\u00fablica n\u00famero 4074 del 2006\u00bb. Igualmente, \u00abla funcionaria Mayra Alejandra Pantoja Guti\u00e9rrez, manifest\u00f3 ante notario (…) que el libro inicial de accionistas permaneci\u00f3 guardado en la empresa, de manera que no hubo p\u00e9rdida o hurto del mismo que justificara el registro de un nuevo libro de accionistas\u00bb. De la misma forma, subray\u00f3 que \u00abla existencia del abuso del derecho al voto en este caso, parte de la utilizaci\u00f3n indebida de un usufructo accionario inexistente\u00bb. Situaci\u00f3n que se ventil\u00f3 ante los despachos judiciales y en algunos casos se decretaron medidas cautelares con el prop\u00f3sito de evitar la negociaci\u00f3n de las acciones5. Finalmente, la parte demandada manifest\u00f3 que \u00abMayid Alfonso Castillo Arias\u00bb ha impedido el ejercicio del derecho de inspecci\u00f3n a los accionistas demandantes. <\/p>\n
3.- Posici\u00f3n de los demandados <\/p>\n
En su contestaci\u00f3n6, el apoderado de la pasiva se opuso a las pretensiones de la demanda, pues \u00abtodas las reuniones de las asambleas generales de accionistas de la sociedad [M]\u00e9dicos [A]sociados S.A., ordinarias, extraordinarias, por derecho propio y universales, que se han celebrado entre el 28 de noviembre de 2014 -fecha de perfeccionamiento del usufructo- y la fecha de contestaci\u00f3n de esta demanda, siempre se han celebrado y ajustado a todos los requisitos legales y estatutarios en cuanto a convocatoria, votaciones y quorum\u00bb. De la misma forma, neg\u00f3 que las condiciones de los demandantes hayan desmejorado. Tampoco -se dijo-, \u00abse redujo su participaci\u00f3n accionaria\u00bb. Explic\u00f3 que los actores no pod\u00edan ser convocados a las reuniones de accionistas, \u00abpues al haberse perfeccionado el usufructo sobre sus acciones, desde el d\u00eda 28 de noviembre de 2014, ese derecho le corresponde exclusivamente al usufructuario de las acciones [,] Dr. Mayid Alfonso Castillo Arias\u00bb. Igualmente, manifest\u00f3 que los derechos pol\u00edticos derivados de las acciones, cuyos titulares son los nudos propietarios, le corresponden al demandado. De all\u00ed que no incurri\u00f3 \u00aben el ejercicio abusivo del derecho de voto7 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, propuso las excepciones de m\u00e9rito que denomin\u00f3: \u00abel usufructo constituido por los nudos propietarios demandantes (\u2026) en favor del dr. Mayid Alfonso Castillo Arias se perfeccion\u00f3 v\u00e1lidamente mediante su inscripci\u00f3n en el libro de registro de accionistas de la sociedad m\u00e9dicos asociados s.a. desde el d\u00eda 27 de noviembre de 2014\u00bb; \u00abel usufructo conferido por los nudos propietarios demandantes (\u2026) le confiere al usufructuario la totalidad de los derechos inherentes a la calidad de accionistas en la sociedad m\u00e9dicos asociados s.a., incluidos los de \u201cparticipar en las deliberaciones de la asamblea general de accionistas y votar en ellas\u201d\u00bb; \u00abinexistencia del ejercicio abusivo del derecho de voto por parte del usufructuario Mayid Alfonso Castillo Arias en el seno de las reuniones de la asamblea general de accionistas de la sociedad m\u00e9dicos asociados desde el d\u00eda 28 de noviembre de 2014 por corresponder al usufructuario y no a los nudos propietarios e derecho de participar, deliberar y votar v\u00e1lidamente en ellas\u00bb; \u00abbuena fe del dr. Mayid Alfonso Castillo Arias en el ejercicio de los derechos que le corresponden en su calidad de usufructuario de participar en las deliberaciones de la asamblea general de accionistas y votar en ellas\u00bb; \u00abel libro de registro accionistas de la sociedad m\u00e9dicos asociados s.a., inscrito en la c\u00e1mara de comercio de Bogot\u00e1 constituye plena prueba del perfeccionamiento del usufructo conferido por los nudos propietarios demandantes (\u2026) en favor del dr. Mayid Alfonso Castillo arias (\u2026)\u00bb; \u00abausencia de legitimaci\u00f3n en la causa de los se\u00f1ores Claudia Constanza, Adriana Mercedes, Mayid Alfonso y Viviana Eleonora Castillo Melo para obrar como parte demandante en el presente proceso\u00bb; y \u00abvalidez absoluta, vigencia y oponibilidad del usufructo constituido en favor del dr. Mayid Alfonso Castillo Arias por medio de la escritura p\u00fablica 4074 de 26 de septiembre de 2006, otorgada en la notar\u00eda 48 de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
La vinculada Bradford International Commercial Corp. guard\u00f3 silencio; M\u00e9dicos Asociados S.A., tambi\u00e9n llamada a la controversia, coadyuv\u00f3 las defensas esgrimidas por Mayid Alfonso Castillo Arias. <\/p>\n
4.- Primera instancia <\/p>\n
La Delegatura de Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades profiri\u00f3 sentencia el 30 de abril de 2019. Providencia que determin\u00f3 que Mayid Castillo Arias, en su calidad \u00abde accionista y\/o usufructuario, ejerci\u00f3 de manera abusiva el derecho de voto en las reuniones del m\u00e1ximo \u00f3rgano social de [M]\u00e9dicos [A]sociados S.A.\u00bb. En consecuencia, \u00abdeclar\u00f3 la nulidad absoluta\u00bb de algunas decisiones, en concreto, la adoptadas en las asambleas de 9 de enero, 11 de febrero, 21 de julio de 2015 y 2 de junio de 2017. <\/p>\n
5.- Segunda instancia <\/p>\n
El superior, al resolver la apelaci\u00f3n8 del demandado Mayid Alfonso Castillo Arias, confirm\u00f3 el fallo del a quo9. <\/p>\n
El Colegiado comenz\u00f3 por explicar la caracterizaci\u00f3n del abuso del derecho. Se\u00f1al\u00f3 que se encuentra establecido en el art\u00edculo 830 del C\u00f3digo de Comercio. Destac\u00f3 que la desviaci\u00f3n en el ejercicio de los derechos puede lesionar intereses ajenos. A su turno, enumer\u00f3 los requisitos para que se configurara la instituci\u00f3n, \u00abi) la preexistencia del derecho subjetivo; ii) la existencia de un factor de atribuci\u00f3n (subjetivo, objetivo o mixto), y, iii) la producci\u00f3n de un da\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
1.- Puso el \u00e9nfasis en que, en materia societaria, el art\u00edculo 43 de la Ley 1258 de 2008 consagra el abuso del derecho al voto. De tal suerte que \u00abparte de la premisa de que se ha tomado una decisi\u00f3n que es v\u00e1lida a la luz de los requisitos previstos para su eficacia en la ley y en los estatutos sociales, de tal forma que, en principio, las decisiones abusivas podr\u00edan calificarse como decisiones eficaces y v\u00e1lidas, lo que impedir\u00eda su impugnaci\u00f3n bajo el art\u00edculo 190 del C. de Co\u00bb. <\/p>\n
2.- A rengl\u00f3n seguido, aclar\u00f3 que el voto abusivo se puede configurar bajo un factor de atribuci\u00f3n subjetivo (voto ejercido con el prop\u00f3sito de da\u00f1ar) u objetivo (voto del que pueda resultar un perjuicio para la compa\u00f1\u00eda). Destac\u00f3 que, en atenci\u00f3n al precedente horizontal de la Corporaci\u00f3n, \u00abla importancia de este medio de censura se explica porque las decisiones que cumplen los requisitos formales para el desarrollo de la actividad social, en apariencia v\u00e1lidas, no son pasibles de discusi\u00f3n con la invocaci\u00f3n de alguna de las hip\u00f3tesis que se han consagrado como generadoras de ineficacia o nulidad previstas en el art\u00edculo 191 comercial\u00bb. A su vez, adujo que lo fundamental, para determinar la existencia de un acto abusivo en el ejercicio del derecho al voto, estriba en examinar \u00absi al momento de manifestar su voluntad decisoria, el accionista observ\u00f3 la finalidad de esta prerrogativa, esto es, que la ejerci\u00f3 en inter\u00e9s de la compa\u00f1\u00eda\u00bb. Resalt\u00f3 que el inter\u00e9s social est\u00e1 intr\u00ednsecamente relacionado con el desarrollo del objeto corporativo, \u00abde ah\u00ed que resulte apenas l\u00f3gico que aquellas decisiones que se han tomado en beneficio exclusivo de uno de los asociados o un grupo de aquellos, o en perjuicio de la sociedad, constituyen manifestaciones del ejercicio leonino de dicha prerrogativa, en los t\u00e9rminos prescritos por el legislador\u00bb. <\/p>\n
3.- Subray\u00f3 que el demandado es titular del derecho al voto. Pues, \u00abel se\u00f1or Castillo Arias ejerci\u00f3 los derechos pol\u00edticos respecto de las acciones de los accionantes en [M]\u00e9dicos [A]sociados S.A., a partir del usufructo alegado\u00bb. De ah\u00ed que advirtiera que los derechos pol\u00edticos ejercidos se consolidaron, \u00ablo que permite enjuiciar la forma en que se ejercieron tales facultades bajo la acci\u00f3n impetrada, esto es, aquella prevista en el ordenamiento para enjuiciar el ejercicio abusivo del derecho de voto\u00bb. <\/p>\n
4.- En lo que corresponde con el ejercicio abusivo de la prerrogativa, registr\u00f3 que \u00abdentro de la complejidad que rodea el an\u00e1lisis de la conducta abusiva en materia societaria, debe tenerse en cuenta que su estudio no puede adelantarse aislado del contexto que rodea las decisiones censuradas ni los diversos intereses que confluyen alrededor de aquellas\u00bb. Se dijo que \u00ab[l]a presencia de antagonismos constituye un indicio del acto abusivo, en cuanto a que estos enfrentamientos, al diluir el prop\u00f3sito de colaboraci\u00f3n entre los asociados (animus societatis), acent\u00faan la persecuci\u00f3n de intereses individuales\u00bb. A su vez, subray\u00f3 varias actuaciones desplegadas por el demandado, animadas por el conflicto surgido entre los accionistas: i) el intento de capitalizaci\u00f3n infructuoso en el a\u00f1o 2014, \u00abcon el que el se\u00f1or Castillo Arias busc\u00f3 incrementar su participaci\u00f3n, para consolidarse como accionista mayoritario\u00bb; ii) el cobro de acreencias laborales insolutas a cargo de M\u00e9dicos Asociados S.A., \u00abque se remontaban m\u00e1s de 36 a\u00f1os en el pasado, pero cuya reclamaci\u00f3n vino a producirse \u00fanicamente con ocasi\u00f3n de la pugna con los demandantes\u00bb; iii) el ejercicio de un derecho de usufructo absoluto sobre la totalidad de las acciones de la sociedad, \u00abque se alega hab\u00eda sido constituido desde el a\u00f1o 2006, pero que \u00fanicamente vino a hacerse efectivo con ocasi\u00f3n del conflicto societario, como lo demuestra el hecho de que con anterioridad se permitiera el ejercicio de los derechos pol\u00edticos de los demandantes en las asambleas de accionistas\u00bb. <\/p>\n
4.1- Dilucid\u00f3 que producto de la capitalizaci\u00f3n instada por el demandado, adquiri\u00f3, en el a\u00f1o 2014, \u00abun mill\u00f3n treinta y tres mil doscientas ochenta acciones\u00bb, con el prop\u00f3sito de consolidar mayor\u00edas decisorias. Sin embargo, el Juzgado Veintis\u00e9is Civil del Circuito de Bogot\u00e1 D.C. decret\u00f3 una medida cautelar sobre la capitalizaci\u00f3n, \u00aben la que se orden\u00f3, entre otros aspectos, la suspensi\u00f3n del tr\u00e1mite de expedici\u00f3n, del reglamento de colocaci\u00f3n de acciones y que se retrotrajera la composici\u00f3n accionaria conforme aquella indicada en la escritura p\u00fablica 4484 del 28 de agosto de 2012\u00bb. <\/p>\n
4.2- Por su parte, en lo atinente a las reclamaciones laborales y acuerdos de pago, \u00abqued\u00f3 acreditado que para su reconocimiento, y forma de pago result\u00f3 fundamental la influencia y ejercicio de la facultad decisoria por parte del se\u00f1or Castillo Arias\u00bb. Aunado a lo anterior, la sociedad M\u00e9dicos Asociados S.A. no contest\u00f3 la demanda en el proceso laboral: \u00absobre este suceso no se puede pasar por alto que entre los meses de abril y agosto de 2013 se hab\u00eda removido a los demandantes de los cargos que ocupaban en la sociedad, por lo que en la gesti\u00f3n de la empresa para el momento en que se dio inicio al proceso laboral se encontraba en manos del se\u00f1or Castillo Arias y su grupo familiar leal\u00bb. Adem\u00e1s, para el Tribunal existi\u00f3 conflicto de intereses: \u00abel se\u00f1or Castillo Arias facilit\u00f3 el reconocimiento de un cr\u00e9dito a su favor, sacando provecho de la deficiente gesti\u00f3n de defensa de la sociedad dirigida por \u00e9l en el proceso laboral y vali\u00e9ndose para ello del manejo que ten\u00eda de la totalidad de los votos en la asamblea de accionistas\u00bb. Ahora bien, para el ad quem, la participaci\u00f3n del demandado en la adopci\u00f3n de decisiones en torno a la disposici\u00f3n de activos, pago de acreencias laborales y capitalizaci\u00f3n societaria, fue ejercida de manera abusiva: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la participaci\u00f3n y facultad decisoria del se\u00f1or [C]astillo [A]rias fueron centrales, permiti\u00f3 la materializaci\u00f3n de una acreencia a su favor por la suma aproximada de ciento tres mil millones de pesos ($103.000.000.000). A\u00f1\u00e1dase que existen suficientes elementos de juicio para considerar que el demandado actu\u00f3 de forma premeditada, en la medida en que: i) tom\u00f3 estas decisiones incurriendo en un claro conflicto de intereses, favoreciendo con ello la p\u00e9rdida de recursos sociales a trav\u00e9s de la aprobaci\u00f3n de operaciones oportunistas a su favor, y que en cuanto causaban un importante detrimento patrimonial para la compa\u00f1\u00eda se constituyeron en una v\u00eda de expropiaci\u00f3n a los demandantes\u00bb. <\/p>\n
Sobre este aspecto, precis\u00f3 que el demandado ejerci\u00f3 su derecho a voto en su propio inter\u00e9s y no en el de la sociedad. De tal suerte que el reconocimiento de una acreencia a su favor sirvi\u00f3 de mecanismo para detentar, indirectamente, \u00abla participaci\u00f3n mayoritaria de la sociedad, a partir de la capitalizaci\u00f3n, con la finalidad de solventar el pasivo laboral. \u00abLo cierto es que dicha capitalizaci\u00f3n tiene como \u00fanica explicaci\u00f3n el pasivo en cuya gestaci\u00f3n contribuy\u00f3 determinantemente el acto abusivo reprochado al demandado\u00bb. Puso el acento en que se celebr\u00f3 una daci\u00f3n en pago con bienes de la sociedad, cuyo prop\u00f3sito fue satisfacer la acreencia laboral que favorec\u00eda al demandado: \u00abel pacto de transferir los bienes cobijados por el acuerdo de pagos, no ten\u00eda otra justificaci\u00f3n que la de saldar el pasivo laboral antes mencionado\u00bb. <\/p>\n
4.3- Finalmente, se ocup\u00f3 de analizar las reformas estatutarias y se\u00f1al\u00f3 que estuvieron dirigidas a favorecer intereses personales y no de la sociedad, \u00abesto muestra el prop\u00f3sito f\u00fatil con el que se movi\u00f3 en ejercicio de sus derechos pol\u00edticos el demandado, que no era otro, que hacerse con el poder de la sociedad y manejarla de acuerdo con sus intereses\u00bb. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
En la demanda de casaci\u00f3n allegada por Mayid Alfonso Castillo Arias se formularon dos cargos. Los embates ser\u00e1n inadmitidos por defectos de t\u00e9cnica en su estructuraci\u00f3n. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Con estribo en la causal primera de casaci\u00f3n, el recurrente censur\u00f3 la sentencia de ser violatoria directamente \u00abde los art\u00edculos 230 de la Constituci\u00f3n Nacional; 191 del C\u00f3digo de Comercio y 281, 282, 382, del C\u00f3digo General de Proceso\u00bb por falta de aplicaci\u00f3n. Y del \u00ab43 de la ley 1258 de 2008\u00bb, por aplicaci\u00f3n indebida. <\/p>\n
1.- Manifest\u00f3 que el art\u00edculo 191 del C\u00f3digo de Comercio \u00abes claro en determinar que la impugnaci\u00f3n de las decisiones de la asamblea o junta directiva solo podr\u00e1\u0301 ser intentada dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la reuni\u00f3n en la cual sean adoptadas las decisiones, a menos que se trate de acuerdos o actos de la asamblea que deban ser inscritos en el registro mercantil, caso en el cual los dos meses se contar\u00e1n a partir de la fecha de la inscripci\u00f3n\u00bb. A su turno, expuso que el art\u00edculo 382 de C\u00f3digo General del Proceso establece, como t\u00e9rmino de caducidad de la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n de actas de asamblea, un t\u00e9rmino de dos meses. Apunt\u00f3 que las disposiciones legales referidas determinan un plazo perentorio \u00abpara el ejercicio de la acci\u00f3n de [la] impugnaci\u00f3n\u00bb de actos proferidos en asambleas o juntas directivas. A su juicio, en el caso oper\u00f3 la caducidad. Al respecto, \u00abla sala incurri\u00f3 en el presente caso en violaci\u00f3n directa a las disposiciones legales antes mencionadas, pues no tuvo en cuenta que las decisiones que se impugnaron por los demandantes fueron adoptadas en las reuniones de la asamblea general de accionistas de la sociedad m\u00e9dicos asociados S.A celebrada los d\u00edas 09 de enero, 11 de febrero, 12 de marzo, 21 de julio, 23 de julio de 2015, 3 abril, 2 junio de 2017\u00bb. Destac\u00f3 que la demanda \u00abfue presentada el mes de enero de 2018 (\u2026) cuando ya hab\u00eda transcurrido el plazo extintivo\u00bb. De tal manera que la inconformidad estrib\u00f3 en que \u00abla sala ha debido reconocer oficiosamente la caducidad de la acci\u00f3n correspondiente, normas estas que dejo\u0301 de aplicar como era su deber\u00bb. <\/p>\n
2.- En lo que corresponde con el art\u00edculo 43 de la ley 1258 de 2008, adujo que \u00abno era posible de aplicar por haberse extinguido el derecho de impugnar tales decisiones por el transcurso del plazo extintivo que los demandantes ten\u00edan para ello, y haber opera[d]o la caducidad de la correspondiente acci\u00f3n\u00bb. Ciertamente, critic\u00f3 que el fallo de no hubiese advertido la extemporaneidad en la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El cargo primero se inadmitir\u00e1. Al respecto, se ofrecen las siguientes razones: <\/p>\n
2.- Cuando se esgrime la violaci\u00f3n directa de la norma sustancial, contemplada como causal de casaci\u00f3n en el numeral primero del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, la discusi\u00f3n se ce\u00f1ir\u00e1 a \u00abla cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria, por lo que debe estructurarse en forma adecuada c\u00f3mo se produjo la vulneraci\u00f3n ya por tomar en cuenta normas completamente ajenas al caso, pasar por alto las que lo reg\u00edan o, a pesar de acertarse en la selecci\u00f3n, terminar reconoci\u00e9ndoles implicaciones que no tienen10\u00bb. Ello significa que el censor estar\u00e1 llamado a ajustar sus reparos exclusivamente a los textos legales que, a su juicio, resultaron quebrantados en las modalidades anotadas, sin que le sea dado adentrarse en consideraciones que impliquen disentimiento con las apreciaciones f\u00e1cticas del juzgador, pues estas se deber\u00e1n realizar mediante la acusaci\u00f3n por la v\u00eda indirecta. <\/p>\n
2.1- El actor incurri\u00f3 en entremezclamiento de causales. Aun cuando aleg\u00f3 la violaci\u00f3n directa de la norma sustancial -art\u00edculo 191 del c\u00f3digo de comercio y 382 de c\u00f3digo general del proceso-, lo cierto es que comenz\u00f3 a efectuar consideraciones de hecho sobre las fechas de las actas objeto de la controversia. Efectivamente, el embate se circunscribi\u00f3 a determinar las razones f\u00e1cticas por las que deb\u00eda considerarse que la caducidad hab\u00eda operado. En particular, se\u00f1al\u00f3 que el Tribunal no apreci\u00f3 adecuadamente las documentales, porque \u00abno tuvo en cuenta que las decisiones que se impugnaron por los demandantes fueron adoptadas en las reuniones de la asamblea general de accionistas de la sociedad [M]\u00e9dicos [A]sociados S.A de los d\u00edas 09 de enero, 11 de febrero, 12 de marzo, 21 de julio, 23 de julio de 2015, 3 abril, 2 junio de 2017\u00bb. En suma, cuestion\u00f3 la manera que fue estimado el contenido de los instrumentos. En particular, las actas que a juicio del censor se impugnaron. Aspecto propio del error de hecho. De la misma manera, propuso articular los instrumentos societarios- actas- con el documento de radicaci\u00f3n de la demanda. En efecto, afirm\u00f3 que si el Tribunal hubiese tomado la fecha de celebraci\u00f3n del acta y la calenda de presentaci\u00f3n del libelo hubiera advertido la caducidad de la acci\u00f3n deducida. Sobre el punto, se\u00f1al\u00f3: \u00abtampoco tuvo en cuenta que la demanda correspondiente fue instaurada el mes de enero de 2018, y admitida por la Superintendencia de Sociedades mediante auto de 22 de febrero de 2018, tal como consta en el expediente digital, cuando ya hab\u00eda transcurrido el plazo extintivo de dos (2) meses previsto en los art\u00edculos 191 del C\u00f3digo de Comercio y 382 del C\u00f3digo General del [P]roceso\u00bb. En tal virtud, su reproche se circunscribi\u00f3 a la desatenci\u00f3n normativa de valorar de manera conjunta de los medios de prueba11. En consecuencia, el reparo es propio del error de derecho. Lo anterior, pone de manifiesto que el cargo viene edificado sobre presuntos errores de orden probatorio, porque el Tribunal no dio por establecidos, est\u00e1ndolos -a juicio del casacionista- los presupuestos f\u00e1cticos de la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n de actas y su correlativa caducidad. De tal manera que en el desarrollo del ataque se incurri\u00f3 en hibridismo. <\/p>\n
2.2.- De igual forma, el censor no advirti\u00f3 la autonom\u00eda de la causal aducida. El reproche se plante\u00f3 por la v\u00eda directa.12Sin embargo, el casacionista censura que el Tribunal no hubiese declarado de oficio la excepci\u00f3n de caducidad, \u00ablo que impon\u00eda que de manera oficiosa la sala ha debido reconocer oficiosamente la caducidad de la acci\u00f3n correspondiente, normas estas que dejo\u0301 de aplicar como era su deber\u00bb. En tal sentido, a juicio del recurrente, se hallan hechos que configuran una excepci\u00f3n que debi\u00f3 ser reconocida oficiosamente13. Bajo lo anterior, el defecto alegado es por falta de consonancia entre una defensa probada y no declarada14. V\u00e9ase que la confusi\u00f3n se hace m\u00e1s patente a medida que desarrolla la ofensiva. Sobre el punto: \u00ab[e]l anterior error de juzgamiento tambi\u00e9n condujo a la Sala a tener como legitimados a los demandantes para ejercitar la acci\u00f3n de nulidad por el ejercicio abusivo del derecho de voto que incoaron conforme al art\u00edculo 43 de la ley 1258 de 2020, norma esta que no era posible aplicar por haberse extinguido el derecho de impugnar tales decisiones por el transcurso del plazo extintivo que los demandantes ten\u00edan para ello, y haber operado la caducidad de la correspondiente acci\u00f3n\u00bb. En una palabra: el embate reprocha la falta de pronunciamiento oficioso por parte del juez colegiado. En tal virtud, el disentimiento del censor se encuadra dentro de la incongruencia negativa, porque aduce que la caducidad debi\u00f3 declararse de oficio. Es decir, extra\u00f1a una determinaci\u00f3n del fallador15. De tal suerte que el cargo se debi\u00f3 plantear por la v\u00eda de la causal tercera -error in procedendo-. No por la senda de la causal primera -yerro in judicando-. De lo anterior dimana que el impugnante equivoc\u00f3 el motivo de casaci\u00f3n escogido. <\/p>\n
2.3.- Adem\u00e1s, no se demostr\u00f3 la violaci\u00f3n directa. El desarrollo de la censura no pas\u00f3 de una escueta enunciaci\u00f3n de normas. En ninguna parte de la demanda se denotaron las razones por la cuales el Tribunal aplic\u00f3 indebidamente el art\u00edculo 43 de la ley 1258 de 2008. Simplemente, indic\u00f3 que \u00abno era posible aplicar por haberse extinguido el derecho de impugnar\u00bb. De tal manera que no explic\u00f3 en qu\u00e9 consisti\u00f3 el desacierto, m\u00e1xime cuando la norma referida trata sobre el abuso del derecho de voto -tem\u00e1tica precisamente del pleito-. A su turno, tampoco fundament\u00f3 por cu\u00e1l raz\u00f3n la norma aplicable era el art\u00edculo 191 de C\u00f3digo de Comercio.16 <\/p>\n
3.- En una palabra, se inadmite el cargo. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
El casacionista invoca la causal prevista en el numeral 3 del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. Adujo que \u00abprocede el recurso de casaci\u00f3n al no estar la sentencia en consonancia con los hechos, con las pretensiones, o excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio\u00bb. En consecuencia, atribuy\u00f3 al ad quem la incursi\u00f3n en el defecto denunciado, en tanto i) \u00abse abstuvo, de manera inexplicable, de reconocer oficiosamente la caducidad de la acci\u00f3n (\u2026) que incoaron los demandantes, lo que ha debido conducir a desestimar la totalidad de las pretensiones de la demanda\u00bb; ii) \u00ab[d]esconocio\u0301 la inmutabilidad de los fallos emitidos por la jurisdicci\u00f3n laboral que reconocieron el derecho de mi poderdante a cobrar sus acreencias laborales\u00bb; y iii), \u00ab[l]imito\u0301 el alcance del derecho de usufructo en cabeza de mi poderdante sin tener ninguna petici\u00f3n expresa para ello en la demanda\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que \u00abla Sala se abstuvo de considerar las alegaciones que formulo\u0301 mi poderdante, en forma por dem\u00e1s oportuna, al sustentar el recurso de apelaci\u00f3n, respecto de los efectos la conciliaci\u00f3n laboral que hab\u00eda celebrado con la sociedad M\u00e9dicos Asociados S.A., que alcanz\u00f3\u0301 fuerza de cosa juzgada en \u00faltima instancia (…) alegaciones estas que no merecieron su atenci\u00f3n y que no fueron objeto de ning\u00fan pronunciamiento en la sentencia\u00bb. A rengl\u00f3n seguido, afirm\u00f3 que \u00abla Sala, en la sentencia que es objeto del presente recurso de casaci\u00f3n, tambi\u00e9n desbordo\u0301 los l\u00edmites de su propia competencia al haber desconocido el derecho de usufructo que tiene mi poderdante debidamente perfeccionado e inscrito en el libro de registro de accionistas de la sociedad M\u00e9dicos Asociados S.A., al haber interpretado la demanda a su acomodo y asumiendo una competencia que no ten\u00eda, pues, en ninguna parte de la demanda, aparece pretensi\u00f3n alguna, en forma expl\u00edcita, clara y concreta, que se encuentre encaminada a cuestionar la existencia y\/o alcance del derecho de usufructo, no obstante lo cual, sin ser competente para ello, en la sentencia le rest\u00f3 validez a los derechos derivados de dicho derecho real\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El cargo segundo ser\u00e1 inadmitido. Fue fincado en la causal tercera de casaci\u00f3n. Seg\u00fan el recurrente, el Tribunal omiti\u00f3 declarar de \u00aboficio la excepci\u00f3n de caducidad de la acci\u00f3n\u00bb; as\u00ed como \u00abdesbord\u00f3 los l\u00edmites de su propia competencia\u00bb. Asegur\u00f3, tambi\u00e9n, que \u00abdesconoci\u00f3 la inmutabilidad de los fallos emitidos por la jurisdicci\u00f3n laboral\u00bb. Ciertamente, el motivo invocado entra\u00f1a un adecuado ejercicio de confrontaci\u00f3n. El parang\u00f3n entre las piezas procesales -escrito de demanda, contestaci\u00f3n, formulaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n, hechos admitidos o probados- y la resoluci\u00f3n adoptada en la sentencia es labor inexcusable del censor. As\u00ed y todo, como se sabe, en materia de excepciones se impone al fallador -en algunas ocasiones-17 declarar de oficio un defensa cuando luzca probada. <\/p>\n
2.- El embate planteado acusa a la sentencia por no contener pronunciamiento sobre la caducidad de la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n de actas de asamblea. Bajo tal enfoque, reprocha incongruencia negativa18. Pues no se declar\u00f3 la defensa oficiosamente, a juicio del censor estando probada. <\/p>\n
2.1- El desarrollo del reproche debe venir soportado en una labor de cotejo. En el caso, trat\u00e1ndose de incongruencia por defecto, entre los hechos admitidos en el fallo, o los aspectos f\u00e1cticos probados en el juicio y la resoluci\u00f3n adoptada. Sin embargo, esta circunstancia no aparece en el ataque, dej\u00e1ndolo carente de demostraci\u00f3n. Adem\u00e1s, desde el propio inicio de la contienda19 y reiterado en la sentencia acusada20, se le dijo al censor que los hechos del caso no se encuadraban en el supuesto del art\u00edculo 191 de C\u00f3digo de Comercio. En consecuencia, el t\u00e9rmino de caducidad all\u00ed previsto no se aplica para la resoluci\u00f3n del pleito -abuso del derecho a voto-. En tal virtud, el cargo viene estructurado a la manera de un alegato. <\/p>\n
2.2- A su turno, en lo que toca con la pretensi\u00f3n impugnaticia21, se limit\u00f3 a manifestar que el Tribunal no resolvi\u00f3 \u00abrespecto de los efectos [de] la conciliaci\u00f3n laboral que hab\u00eda celebrado con la sociedad M\u00e9dicos Asociados S.A., que alcanz\u00f3\u0301 fuerza de cosa juzgada en \u00faltima instancia alegaciones estas que no merecieron su atenci\u00f3n y que no fueron objeto de ning\u00fan pronunciamiento en la sentencia\u00bb, pero sin demostrar que el reparo concreto de la apelaci\u00f3n vers\u00f3 sobre la conciliaci\u00f3n laboral. En suma, enunci\u00f3 lo que en su sentir debi\u00f3 ser objeto de pronunciamiento, pero no demostr\u00f3 que hubiera formulado el reparo concreto. M\u00e1xime, cuando la sentencia atacada determin\u00f3 que \u00abesta corporaci\u00f3n no se ocupar\u00e1 de revisar las censuras al fallo expuestas por los recurrentes en su alegato, que se encontraban por fuera de los reparos presentados en su momento. Particularmente, no hay lugar a pronunciarse sobre la alegaci\u00f3n referida a que la parte resolutiva del fallo, de primera instancia, dar\u00eda lugar a la afectaci\u00f3n de circunstancias jur\u00eddicas consolidadas, como la relativa a la conciliaci\u00f3n de las acreencias laborales. Se trata de un aspecto que, adem\u00e1s de ventilarse bajo solicitud de aclaraci\u00f3n ante el fallo de primer grado, debi\u00f3 a su vez (\u2026) ser parte de los reparos propuestos22\u00bb. As\u00ed mismo, el impugnante reprocha aspectos relativos a la competencia funcional del Tribunal: \u00abla Sala, en la sentencia que es objeto del presente recurso de casaci\u00f3n, tambi\u00e9n desbordo\u0301 los l\u00edmites de su propia competencia al haber desconocido el derecho de usufructo\u00bb. Aspecto que debi\u00f3 alegarse bajo la \u00e9gida de la causal 5\u00aa del art\u00edculo 33623 CGP. Y, finalmente, las alusiones al entendimiento del escrito introductorio \u00abal haber interpretado la demanda a su acomodo y asumiendo una competencia que no ten\u00eda\u00bb, debieron arroparse con estribo en la causal 2\u00aa, ibidem. Esto es, se incurri\u00f3 en el entremezclamiento de causales. <\/p>\n
3.- En conclusi\u00f3n, se inadmite el cargo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: INADMITIR la demanda de casaci\u00f3n formulada frente a la sentencia de 27 de enero de 2020, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, D.C., dentro del tr\u00e1mite referenciado. <\/p>\n
SEGUNDO: Devolver por la Secretar\u00eda el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(con impedimento) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 P\u00e1ginas 15-16, \u00abcuaderno principal, tomo 1 PDF\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Referida a que se ordenara al demandado Mayid Alfonso a convocar nueva asamblea general de accionistas. <\/p>\n
3\u0002 Ata\u00f1edera a que requiriera al interpelado Castillo Arias para que se abstuviera de realizar cualquier acto que implicara el ejercicio del derecho de usufructo que dec\u00eda tener sobre las acciones. <\/p>\n
4\u0002 P\u00e1gina 18, \u00abcuaderno principal, tomo 1 PDF\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 P\u00e1gina 13 \u00abcuaderno principal tomo 1 PDF\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 P\u00e1gina 153 del PDF \u00abCuadernoPrincipalTomoIII\u00bb. <\/p>\n
7\u0002 P\u00e1gina 160 del PDF \u00abCuadernoPrincipalTomoIII\u00bb. <\/p>\n
8\u0002 A la alzada propuesta por el apoderado del se\u00f1or Castillo Arias se adhirieron Bradford International Commercial Corp. y M\u00e9dicos Asociados S.A. <\/p>\n
10\u0002 Cfr. CSJ. AC3599-2018. <\/p>\n
11\u0002Art\u00edculo 176, C\u00f3digo General Proceso: \u00abLas pruebas deber\u00e1n ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. El juez expondr\u00e1 siempre razonadamente el m\u00e9rito que le asigne a cada prueba\u00bb. <\/p>\n
12\u0002 Violaci\u00f3n del art\u00edculo 43 de la ley 1258 de 2008. <\/p>\n
13\u0002 Art\u00edculo 282, C\u00f3digo General Proceso: \u00abEn cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepci\u00f3n deber\u00e1 reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripci\u00f3n, compensaci\u00f3n y nulidad relativa, que deber\u00e1n alegarse en la contestaci\u00f3n de la demanda (…)\u00bb. <\/p>\n
14\u0002 Cfr. CSJ SC3918-2021. <\/p>\n
15\u0002 Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado: \u00ab(\u2026) [l]a incongruencia contemplada en el numeral segundo del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento corresponde a un vicio de actividad o error in procedendo, que se presenta cuando el sentenciador, por un lado, quebranta los linderos de la controversia trazados por las partes en la demanda y en su contestaci\u00f3n, en particular, cuando lo resuelto no guarda completa armon\u00eda con las pretensiones o con las excepciones que han sido alegadas o que pueden ser reconocidas de oficio y, por el otro, cuando se despreocupa de los supuestos que integran la causa petendi o, dicho de otra forma, se aparta de los extremos f\u00e1cticos que delimitan el litigio\u00bb. Cfr. CSJ. SC. Sentencia de 7 de marzo de 1997, exp. 4636. Reiterada en fallo de 20 de mayo de 2013. <\/p>\n
16\u0002 Sobre el punto, esta Corte ha se\u00f1alado: \u00ab(\u2026) en esa fundamentaci\u00f3n se debe incluir la presentaci\u00f3n de argumentos que se dirijan a demostrar, si de las causales primera y segunda se trata, que el tribunal infringi\u00f3 las normas que el casacionista considera que, siendo sustanciales, fueron o debieron ser las esenciales de la contienda o del agravio que lo mueve a impugnar. (Art\u00edculo 344, par. 1\u00ba, CGP). No puede pues limitarse el censor a indicarlas sin desarrollar una argumentaci\u00f3n hilvanada que exponga la raz\u00f3n de la infracci\u00f3n que alega.\u00bb (Resalto intencional). Cfr. CSJ. AC4671-2019. <\/p>\n
17\u0002 Art\u00edculo 282 C.G.P.: \u00abEn cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepci\u00f3n deber\u00e1 reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripci\u00f3n, compensaci\u00f3n y nulidad relativa, que deber\u00e1n alegarse en la contestaci\u00f3n de la demanda\u00bb. <\/p>\n
18\u0002 Cfr. CSJ.SC de 10 de junio de 2008. Ref 2000-00832. \u00ablas disposiciones que deben darse de oficio, as\u00ed no se soliciten, puede darse la incongruencia negativa, si se omiten\u201d (G.J., t. CCXLVI, V.I., pag.159), toda vez que, como desde antiguo lo ha sostenido, \u201c…tambi\u00e9n es incongruente, y por ello impugnable en casaci\u00f3n, la sentencia que no declara las excepciones probadas, sobre las cuales tiene que proveer el juez aunque no hayan sido alegadas por el demandado\u201d, pues al ser un deber insoslayable de aqu\u00e9l \u201creconocer las excepciones cuando se hallen demostrados los hechos que las constituyen, si omite hacerlo, la sentencia cae en incongruencia por citra petita\u00bb <\/p>\n
19\u0002 P\u00e1ginas 8 -10 \u201cCuaderno principal tomo III\u201d PDF: \u00abEn vista de que este proceso no fue iniciado al amparo de la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n prevista en los art\u00edculos 190 y 191 del citado c\u00f3digo [de comercio] sino m\u00e1s bien, de la acci\u00f3n de uso el derecho de voto contenida en el art\u00edculo 43 de la ley 12582 de 2008, es claro que el t\u00e9rmino al que alude el citado art\u00edculo 191 no resulta ser aplicable al asunto objeto del presente proceso\u00bb. <\/p>\n
20\u0002 P\u00e1gina 18, \u00abcuaderno del tribunal apelaci\u00f3n 03″: \u00abResulta relevante poner de presente que el abuso del derecho de voto, parte de la premisa de que se ha tomado una decisi\u00f3n que es v\u00e1lida a la luz de los requisitos previstos para su eficacia en la ley y los estatutos sociales, de tal forma que, en principio, las decisiones abusivas podr\u00edan calificarse como decisiones eficaces y v\u00e1lidas, lo que impedir\u00eda su impugnaci\u00f3n bajo el art\u00edculo 190 del C. de C[.]\u00bb. <\/p>\n
21\u0002 Cfr. CSJ. SC1303-2022: \u00ablas facultades del superior se circunscriben a los reparos concretos expuestos por la parte al momento de interponer el recurso de apelacio\u0301n\u00bb. <\/p>\n
22\u0002 P\u00e1gina 106 del archivo digital denominado \u00abcuaderno del tribunal apelaci\u00f3n 03\u00bb. <\/p>\n
23\u0002 Cfr. CSJ SC14427- 2016: \u00abS\u00f3lo es dable incurrir \u00aben nulidad por falta de competencia funcional cuando un juez de segunda instancia resuelve la apelaci\u00f3n formulada contra una sentencia dictada en un proceso de \u00fanica instancia; o cuando el fallador de segundo grado no es el que la ley procesal tiene previsto para tal funci\u00f3n; cuando un Tribunal resuelve una solicitud de exequ\u00e1tur; cuando un juez de circuito adelanta un proceso contra agente diplom\u00e1tico, entre otros casos\u00bb. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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AC3102-2023 (2018-00003-01) FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente AC3102-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-99-002-2018-00003-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda con la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77086","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77086","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77086"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77086\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77086"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77086"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77086"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}