AC3232-2023 (2019-00407-01)<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC3232-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-99-002-2019-00407-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda con la cual la Operadora de Carb\u00f3n de Santa Marta Ltda. -Carbosan Ltda.- pretende sustentar el recurso de casaci\u00f3n que interpuso en contra de la sentencia proferida el 7 de octubre de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 D.C. El tr\u00e1mite se adelanta dentro del proceso verbal que promovi\u00f3 la recurrente respecto de Mauricio Su\u00e1rez Ram\u00edrez. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La pretensi\u00f3n <\/p>\n
La demandante, Operadora de Carb\u00f3n de Santa Marta Ltda. -Carbosan Ltda.-, inst\u00f3 a que se declare, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 23 de la Ley 222 de 1995, que el se\u00f1or Mauricio Su\u00e1rez Ram\u00edrez incumpli\u00f3 con los deberes que le correspond\u00edan en su calidad de administrador de la sociedad Operadora de Carb\u00f3n de Santa Marta Ltda. En consecuencia, pretendi\u00f3 que se condene al demandado a indemnizar los perjuicios sufridos por la convocante como consecuencia de la aludida transgresi\u00f3n. Como peticiones declarativas subsidiarias, suplic\u00f3 que se declare al se\u00f1or Su\u00e1rez Ram\u00edrez como parte incumplida de sus deberes de cuidado -primera subsidiaria-, lealtad -segunda subsidiaria-, del r\u00e9gimen colombiano en materia de conflicto de intereses -tercera subsidiaria- y de los estatutos sociales al extralimitarse en el ejercicio de sus funciones -tercera subsidiaria-1. <\/p>\n
2.- Fundamentos de hecho <\/p>\n
2.1.- En sustento de su reclamo, sostuvo que Mauricio Su\u00e1rez Ram\u00edrez ocup\u00f3 el cargo de representante legal de la sociedad Carbosan Ltda. entre el 21 de enero de 2002 y el 7 de octubre de 2016. <\/p>\n
2.2.- El 3 de mayo del 2017, la junta directiva resolvi\u00f3 encargar, a una firma auditora, la elaboraci\u00f3n de un an\u00e1lisis forense encaminado a identificar y evaluar posibles irregularidades en la gesti\u00f3n del demandado. En atenci\u00f3n a ello, Kroll Associates Colombia S.A. present\u00f3 el 28 de diciembre del 2017, un informe \u00aben el que se rese\u00f1an m\u00faltiples irregularidades detectadas en la gesti\u00f3n de Mauricio Su\u00e1rez\u00bb. <\/p>\n
2.3.- Entre las anomal\u00edas evidenciadas, se encuentran las siguientes: para la ejecuci\u00f3n del contrato celebrado entre Carbosan Ltda. y Colombian Natural Resourses I (CNR) S.A.S., la demandante deb\u00eda subcontratar los servicios de un proveedor para el cargue y transporte terrestre de carb\u00f3n entre R\u00edo C\u00f3rdoba y Santa Marta. Para lo cual, el 13 de abril del 2015, se suscribi\u00f3 la respectiva convenci\u00f3n con Transportes S\u00e1nchez Polo S.A. y OPL Carga S.A.S. Pues bien, la convocante destac\u00f3 que, para tal \u00e9poca, el se\u00f1or Su\u00e1rez manten\u00eda una estrecha relaci\u00f3n de amistad con el principal accionista y administrador de OPL Carga S.A.S. Por ende, \u00abel negocio jur\u00eddico entre Carbosan Ltda. y OPL Carga S.A.S. \u2013 sociedad vinculada a Javier Prada- le representaba un claro conflicto de intereses a Mauricio Su\u00e1rez, en su calidad de representante legal de la Compa\u00f1\u00eda\u00bb. Conflicto que jam\u00e1s fue revelado a la junta de socios, as\u00ed como tampoco se solicit\u00f3 la autorizaci\u00f3n del m\u00e1ximo \u00f3rgano social para celebrar y ejecutar el referido acuerdo de voluntades con OPL Carga S.A.S. Aunado a lo expuesto, hizo hincapi\u00e9 en que la tarifa concedida a dicha sociedad ya Transportes S\u00e1nchez Polo S.A. result\u00f3 ser superior a la del mercado. <\/p>\n
2.4.- Por otro lado, narr\u00f3 que la sociedad SPSM S.A., matriz de la convocante, aprob\u00f3 un esquema denominado \u00abCompensaci\u00f3n Flexible\u00bb, destinado a reglamentar la remuneraci\u00f3n de sus empleados. Sin embargo, tal sistema no fue aprobado por la junta directiva de Carbosan Ltda. para la retribuci\u00f3n de Mauricio Su\u00e1rez. No obstante, \u00abMauricio Su\u00e1rez habr\u00eda aplicado el sistema de Compensaci\u00f3n Flexible en Carbosan Ltda. para apropiarse de recursos sociales\u00bb. Asimismo, refiri\u00f3 que m\u00e1s de la mitad de los soportes presentados por el convocado para legalizar pagos a su favor, a trav\u00e9s del referido sistema, entre 2014 y 2016, \u00abprovienen de una sola sociedad, denominada Frosch International Travel, Inc., aparentemente domiciliada en Dallas, Texas\u00bb. Facturas cuya suscripci\u00f3n fue desconocida por Berta Aizen, \u00abquien supuestamente suscribe las facturas presentadas por Mauricio Su\u00e1rez para legalizar los pagos a su favor\u00bb. <\/p>\n
2.5.- En el marco del contrato celebrado con CNR S.A.S., el se\u00f1or Su\u00e1rez celebr\u00f3 un acuerdo con Murray Energy Corporation \u00ab\u2014accionista controlante de CNR S.A.S.\u2014el 15 de diciembre de 2015 para sustituir el transporte terrestre por barcazas y as\u00ed reducir la tarifa integral cobrada por Carbosan Ltda. a CNR S.A.S.\u00bb. Ello, a pesar de que es a la junta directiva de Carbosan Ltda. a quien le compete decidir, con una mayor\u00eda calificada, sobre las tarifas que se cobran a los clientes -art. 29, literal 1, de los estatutos sociales-. No obstante, la ejecuci\u00f3n de tal acuerdo comenz\u00f3 sin la requerida aprobaci\u00f3n. Y, a pesar de lo dicho, \u00abMauricio Su\u00e1rez procur\u00f3 obtener la aprobaci\u00f3n posterior de la junta directiva, para lo cual alter\u00f3 de manera significativa la informaci\u00f3n suministrada al referido \u00f3rgano de administraci\u00f3n a lo largo de m\u00faltiples reuniones\u00bb. Asever\u00f3 que, con fundamento en la defectuosa informaci\u00f3n, \u00abla junta directiva de Carbosan Ltda. aprob\u00f3, durante la reuni\u00f3n celebrada el 27 de abril de 2016, los t\u00e9rminos del acuerdo celebrado por Mauricio Su\u00e1rez con CNR S.A.S. el 15 de diciembre de 2015\u00bb. <\/p>\n
2.6.- Por otro lado, relat\u00f3 que la demandante requiere de licencia o Plan de Manejo Ambiental, vigentes para el desarrollo de sus actividades econ\u00f3micas en el Terminal Mar\u00edtimo de Santa Marta. Ahora bien, como se relat\u00f3 en precedencia, en el marco del contrato suscrito con OPL Carga S.A.S. y Transportes S\u00e1nchez Polo S.A., estas \u00faltimas \u00abdescargaban el carb\u00f3n en tractocamiones, camiones volcos y volquetas doble troque directamente en el Patio Anc\u00f3n y el Patio 5 del Terminal Mar\u00edtimo de Santa Marta, sin usar las plataformas de descargue habilitadas para ese efecto\u00bb. Tal conducta implica la violaci\u00f3n directa de lo dispuesto en los numerales \u00ab2.3.1 y 2.3.1\u00bb del art\u00edculo 2 del Plan de Manejo Ambiental (resoluci\u00f3n n\u00fam. 1279 de 1998). En consecuencia, con Resoluci\u00f3n n\u00fam. 505 del 12 de mayo del 2016, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- impuso a Carbosan Ltda. una medida preventiva de suspensi\u00f3n de actividades. A su turno, el perito Francisco Javier Hoyos dictamin\u00f3 que tal sanci\u00f3n era atribuible \u00abal hecho de que Carbosan Ltda. hubiese desatendido seis (6) requerimientos efectuados por la Inspectora Regional de la ANLA, Nancy Barrera Avila, y que constan en las actas de visitas practicadas los d\u00edas 22 de enero, 1 de febrero, 8 de marzo, 14 de abril, 4 de mayo y 10 de mayo de 2016\u00bb. Tal suspensi\u00f3n gener\u00f3 sobrecostos que ascendieron a $1.069.000.000. <\/p>\n
2.7.- Adicionalmente, denunci\u00f3 que el representante legal incurri\u00f3 en conflicto de intereses, extralimitaci\u00f3n de sus funciones y negligencia. En ese orden, relat\u00f3 que el 10 de junio del 2015, la sociedad convino con OPL Carga S.A.S. la instalaci\u00f3n de sensores de peso. No obstante, solo fueron instalados dos de los tres convenidos. Adem\u00e1s, tan solo uno de ellos oper\u00f3 correctamente. Aunado a lo anterior, evidenci\u00f3 que \u00ab[e]l valor pagado por los sensores de peso excedi\u00f3 en 7.5 veces lo acordado con OPL Carga S.A.S. por cuanto Mauricio Su\u00e1rez no monitore\u00f3 la labor de facturaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.8.- Tambi\u00e9n, censur\u00f3 la extralimitaci\u00f3n de funciones del demandado en la contrataci\u00f3n de servicios de vigilancia. En particular, cuestiona los pagos efectuados a Segurcol Ltda. y Risk Solutions Group Ltda. por valores que superaron los 100 s.m.l.m.v.; en contrav\u00eda de lo consagrado en el art\u00edculo 35, literal b), de los estatutos de Carbosan Ltda. <\/p>\n
3.- Posici\u00f3n del demandado <\/p>\n
Mauricio Su\u00e1rez se opuso a las pretensiones de la demanda. En sustento, formul\u00f3 las excepciones de m\u00e9rito que denomin\u00f3: \u00abFalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa y por pasiva frente a la supuesta apropiaci\u00f3n de recursos del Dr. Su\u00e1rez mediante el sistema de Compensaci\u00f3n Flexible\u00bb; \u00abLegalidad de las actuaciones del Dr. Mauricio Su\u00e1rez como exadministrador de Carbosan y conformidad con la regla de buen juicio empresarial\u00bb; \u00abInexistencia de infracciones imputables al Dr. Su\u00e1rez relacionadas con la celebraci\u00f3n del contrato de transporte con OPL Carga SAS\u00bb; \u00abInexistencia de infracciones imputables al Dr. Su\u00e1rez relacionadas con la apropiaci\u00f3n de recursos mediante el sistema de Compensaci\u00f3n Flexible\u00bb; \u00abInexistencia de infracciones imputables al Dr. Su\u00e1rez relacionadas con la implementaci\u00f3n de ajustes tarifarios. en el contexto del contrato entre Carbosan Ltda. y CNR SAS\u00bb; \u00abInexistencia de infracciones imputables al Dr. Su\u00e1rez relacionadas con la imposici\u00f3n de sanciones a Carbosan Ltda. por parte de la ANLA\u00bb; \u00abInexistencia de infracciones imputables al Dr. Su\u00e1rez relacionadas con pagos a OPL Carga SAS por la supuesta instalaci\u00f3n de tres sensores de peso\u00bb; \u00abInexistencia de infracciones imputables al Dr. Su\u00e1rez relacionadas con pagos a Segurc\u00f3l Ltda. y Risk Solutions Group Ltda. por prestaci\u00f3n de servicios de vigilancia\u00bb; \u00abInfracci\u00f3n de Carbosan del principio prohibitivo ven\u00edre contra factum propium non valet\u00bb; \u00abAusencia de nexo causal y ausencia de da\u00f1o por los \u00abperjuicios\u00bb alegados\u00bb; \u00abPrescripci\u00f3n y caducidad de los reclamos formulados con la demanda\u00bb; y \u00abmala fe y abuso del derecho de Carbosan\u00bb2. <\/p>\n
4.- Primera instancia <\/p>\n
Agotadas las correspondientes etapas procesales, la Delegatura de Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades profiri\u00f3 sentencia el 6 de octubre del 2021, con la cual declar\u00f3 que el se\u00f1or Mauricio Su\u00e1rez Ram\u00edrez infringi\u00f3 el r\u00e9gimen de deberes fiduciarios de los administradores sociales con ocasi\u00f3n de la utilizaci\u00f3n ileg\u00edtima del esquema de compensaci\u00f3n flexible y de la extralimitaci\u00f3n de funciones por ajustes tarifarios al contrato CNR S.A.S. En consecuencia, lo conden\u00f3 a pagar la suma de $142.381.161 a fin de resarcir \u00ablos perjuicios asociados a la utilizaci\u00f3n ileg\u00edtima del esquema de compensaci\u00f3n flexible\u00bb y $6.975.206.669 por \u00ablos perjuicios asociados a la extralimitaci\u00f3n de funciones por ajustes tarifarios al contrato CNR S.A.S.\u00bb3. Dicho pronunciamiento fue apelado por ambas partes. <\/p>\n
5.- Segunda instancia <\/p>\n
Con sentencia dictada el 7 de octubre del 2022, la Sala Civil del Tribunal Superior de esta capital revoc\u00f3 parcialmente el prove\u00eddo de primer grado \u00aben lo referente a los numerales tercero y cuarto de su parte resolutiva, para, en su lugar, DENEGAR las pretensiones sobre infracci\u00f3n al r\u00e9gimen de deberes fiduciarios de los administradores sociales con ocasi\u00f3n de la supuesta extralimitaci\u00f3n de funciones por ajustes tarifarios al contrato de CNR SAS\u00bb. En lo dem\u00e1s, confirm\u00f3 el fallo impugnado. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Comenz\u00f3 por efectuar extensas consideraciones respecto a la responsabilidad de los administradores a la luz de los art\u00edculos 23 y siguientes de la Ley 222 de 1995 y el canon 200 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
1.- Dicho esto, pas\u00f3 a estudiar los argumentos esbozados por la demandada frente al prove\u00eddo de primer grado. Al respecto, sostuvo lo siguiente: <\/p>\n
1.1.- Asever\u00f3 que no es procedente atender a lo sostenido frente a los informes de auditor\u00eda forense elaborados por Kroll Associates Colombia S.A., en tanto que el mismo representante legal de esa sociedad ratific\u00f3 el contenido del documento del 28 de diciembre de 2017, el memorando de octubre de 2018 y el reporte de investigaci\u00f3n del 8 de octubre de 2019. Por tanto, \u00abexiste certeza de la persona que los elabor\u00f3, m\u00e1xime que se cumpli\u00f3 con la exigencia prevista en el art\u00edculo 262 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, que el tercero ratific\u00f3 los documentos privados de contenido declarativo\u00bb. Tambi\u00e9n, efectu\u00f3 ciertas consideraciones frente al decreto oficioso de una prueba pericial de da\u00f1os y perjuicios. Adem\u00e1s, advirti\u00f3 que el juez de primer grado s\u00ed despach\u00f3 a cabalidad los medios defensivos. <\/p>\n
1.2.- Frente a la utilizaci\u00f3n ileg\u00edtima del esquema de compensaci\u00f3n flexible, afirm\u00f3 que entre SPSM S.A. y Carbosan S.A. se suscribi\u00f3 un contrato de back office, \u00aben el cual la primera prestar\u00eda a la segunda \u201cservicios referentes a las actividades gerenciales, administrativas, operacionales y estrat\u00e9gicas\u201d, en virtud de lo cual la remuneraci\u00f3n de los directivos no estaba a cargo de la aqu\u00ed demandante\u00bb. Al turno que el demandado confes\u00f3 que de tal sistema, \u00e9l recib\u00eda dineros que sal\u00edan directamente de la sociedad actora para pagar su remuneraci\u00f3n y que habr\u00eda presentado cuentas de cobro por un valor de $684.000.000 por viajes y gastos. Aunado a lo anterior, evalu\u00f3 los testimonios de Jos\u00e9 Ignacio D\u00edaz-Granados, Luisa Aar\u00f3n, \u00c1lvaro G\u00f3ngora, Javier Morelli y Ernesto Forero. Todo lo cual le permiti\u00f3 deducir que \u00abno existen pruebas que demuestren indudablemente que CARBOSAN LTDA. hab\u00eda implementado un esquema de compensaci\u00f3n flexible y, en cambio, s\u00ed se acredit\u00f3 que el accionado se apropi\u00f3 injustificadamente de recursos de la sociedad actora a trav\u00e9s de ese sistema\u00bb. Por ende, el reproche del convocado sobre el desconocimiento de la teor\u00eda de los actos propios cae en la orfandad probatoria. <\/p>\n
1.3.- En torno a la extralimitaci\u00f3n de funciones por ajustes tarifarios al contrato CNR S.A.S, fij\u00f3 la atenci\u00f3n en los estatutos sociales de Carbosan Ltda.; el memorando del \u00abProyecto Murray\u00bb -aportado en ingl\u00e9s-; y la contestaci\u00f3n de la demanda. En ese orden de ideas, hall\u00f3 acreditada la existencia de dicho acuerdo por el reconocimiento expreso del demandado y por el acta n\u00fam. 195 del 27 de enero de 2016, de la Junta Directiva de la demandante. Frente al cual \u00abel extremo pasivo aleg\u00f3 que se trat\u00f3 de una decisi\u00f3n adoptada por la sociedad actora, la cual est\u00e1 protegida por la regla de la deferencia empresarial, en virtud de la cual se debe establecer si un administrador actu\u00f3 de manera diligente y prudente\u00bb. <\/p>\n
Pues bien, para verificar el dicho del representante legal, el ad quem acudi\u00f3 a las actas n\u00fameros 192 del 25 de junio del 2015, 193 del 27 de agosto de 2015, 194 del 11 de noviembre de 2015, 195 del 27 de enero de 2016, 196 del 19 de febrero de 2016, 197 del 2 de marzo del 2016, 198 del 28 de marzo de 2016, 199 del 1 de abril de 2016, 200 del 27 de abril de 2016, 204 del 6 de julio de 2016, 207 del 8 de agosto de 2016 y 209 y 210 del 30 de septiembre y 20 de octubre de 2016 de la Junta Directiva. Adem\u00e1s, aludi\u00f3 al testimonio rendido por Jos\u00e9 Ignacio Diaz-Granados. De tales medios probatorios, el Colegiado concluy\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no se puede colegir v\u00e1lidamente que la parte pasiva, en su condici\u00f3n de administrador de CARBOSAN LTDA., se extralimit\u00f3 en sus funciones al establecer ajustes tarifarios en la relaci\u00f3n comercial que aquella empresa ten\u00eda con COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I (CNR) SAS, puesto que la Junta Directiva de la sociedad demandante aprob\u00f3 las tarifas se\u00f1aladas en el memorando de entendimiento o memorandum of understanding (MOU) que el demandado suscribi\u00f3 con CNR, junto con las modificaciones que se efectuaron durante el a\u00f1o 2016, como lo fue el establecimiento de un tope de dos millones de d\u00f3lares por la tarifa diferencial que se cobr\u00f3 durante la fase II\u00bb. <\/p>\n
En ese orden de ideas, dadas las expresiones de voluntad de la Junta Directiva sobre la aprobaci\u00f3n de las tarifas que se cobrar\u00edan, es improcedente considerar que el se\u00f1or Su\u00e1rez usurp\u00f3 las funciones de dicho \u00f3rgano social. Por ende, no era dable aplicar la presunci\u00f3n de culpa prevista en el art\u00edculo 200 del C\u00f3digo de Comercio. M\u00e1xime cuando \u00abno se desvirtu\u00f3 la presunci\u00f3n del \u201cbusiness judgment rule\u201d a favor del exadministrador, dado que las decisiones tarifarias finalmente fueron tomadas por la Junta Directiva de CARBOSAN LTDA.\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, si bien la Delegatura asegur\u00f3 que el demandado hab\u00eda suministrado informaci\u00f3n falsa, incompleta y distorsionada para obtener los cambios tarifarios \u00abcon fundamento en que no era cierto que CNR pod\u00eda usar el puerto de Drummond\u00bb pues el Consejo de Estado suspendi\u00f3 provisionalmente la Resoluci\u00f3n 2272 del 2014, lo cierto es que \u00abesa circunstancia no implic\u00f3 que el accionado hubiera actuado con mala fe, en raz\u00f3n a que no se demostr\u00f3 que esa persona hubiera conocido esa informaci\u00f3n y la hubiera ocultado con malicia a la Junta Directiva\u00bb. Y ello es as\u00ed pues, pese al testimonio de Ernesto Forero, de los documentos presentados por el extremo activo, \u00abel demandante del proceso que se surti\u00f3 ante el Consejo de Estado era Javier Ram\u00edrez G\u00f3mez y no la sociedad aqu\u00ed demandante\u00bb. A su vez, en cuanto a los cuestionamientos frente a la falta de autorizaci\u00f3n de las empresas Transportes S\u00e1nchez Polo y OPL Carga S.A.S. \u00abpara el transporte mar\u00edtimo, la prohibici\u00f3n de usar barcazas para el transporte de carb\u00f3n y los errores en los c\u00e1lculos de los gastos para la operaci\u00f3n\u00bb, la Sala consider\u00f3 que tales situaciones no se relacionan directamente con la extralimitaci\u00f3n de funciones del demandado en la fijaci\u00f3n de tarifas. <\/p>\n
1.4.- Por \u00faltimo, en torno a la falta de aplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n prevista en el canon 206 del C\u00f3digo General del Proceso, el ad quem la consider\u00f3 improcedente ante la falta de cumplimiento de los presupuestos para su aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
2.- A continuaci\u00f3n, se avoc\u00f3 al estudio de las inconformidades propuestas por la demandante. Frente a las cuales ofreci\u00f3 lo que viene: <\/p>\n
2.1.- En relaci\u00f3n con el conflicto de intereses supuestamente surgido con ocasi\u00f3n de la celebraci\u00f3n de las operaciones entre el demandado, como representante legal de Carbosan Ltda., con OPL Carga S.A.S., encontr\u00f3 que: i) los hechos relacionados con la suscripci\u00f3n del contrato de transporte del 13 de abril del 2015 no se probaron, debido a que \u00abel accionado no suscribi\u00f3 el convenio respecto del cual se aleg\u00f3 la supuesta existencia de un conflicto de intereses entre la parte pasiva y el se\u00f1or JAVIER ENRIQUE PRADA S\u00c1NCHEZ, representante legal de OPL CARGA SAS\u00bb; ii) los mensajes de datos aportados resultaron insuficientes para determinar que efectivamente hab\u00eda una relaci\u00f3n de cercan\u00eda que pudiera afectar el juicio objetivo del se\u00f1or Su\u00e1rez Ram\u00edrez en su rol de administrador; iii) no se acredit\u00f3 que Prada S\u00e1nchez hubiera organizado y patrocinado el viaje a Costa Rica, que realiz\u00f3 el demandado. Por dem\u00e1s que la atenci\u00f3n brindada en dicho pa\u00eds \u00abdebe ser apreciada como una forma de fortalecer los lazos comerciales o de negocios\u00bb; iv) no se comprob\u00f3 que la uni\u00f3n de las empresas Transportes S\u00e1nchez Polo S.A. y OPL Carga S.A.S. hubiese sido impuesta por el accionado, \u00abpues el representante legal de la primera compa\u00f1\u00eda mencionada expres\u00f3 a la junta directiva de CARBOSAN LTDA. que esa uni\u00f3n hab\u00eda surgido por motivos puramente comerciales\u00bb; y v) no se acredit\u00f3 en debida forma que las facturas de CI Pradaz \u00abcorrespondieran a un hecho simulado y que no obedec\u00edan a la prestaci\u00f3n efectiva de servicios a CARBOSAN\u00bb. <\/p>\n
2.2.- Frente a la responsabilidad del demandado en los sobrecostos asociados a las sanciones impuestas por la ANLA, asever\u00f3 que lo ocurrido en las visitas y lo declarado por los testigos sobre el conocimiento que ten\u00eda el representante legal de la situaci\u00f3n, \u00abno implican que esa persona hubiera actuado con dolo o culpa frente a esos problemas, tal como es exigido en el art\u00edculo 200 del C\u00f3digo de Comercio, subrogado por el art\u00edculo 24 de la Ley 222 de 1995\u00bb. Y es que tales elementos de prueba no se\u00f1alan una acci\u00f3n u omisi\u00f3n del exadministrador que hubiese conducido a la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n. Esto es as\u00ed dado que \u00abla gesti\u00f3n ambiental, as\u00ed como la operaci\u00f3n de cargue y descargue, estaba confiada a otros empleados de la empresa actora, por lo que no se pod\u00eda exigir que tuviera que supervisar todos los pormenores de la operaci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda\u00bb. <\/p>\n
2.4.- Sobre la extralimitaci\u00f3n en la contrataci\u00f3n de servicios de vigilancia, precis\u00f3 que \u00absi bien esa disposici\u00f3n estatutaria impon\u00eda el deber al representante legal de solicitar previamente la autorizaci\u00f3n para realizar actos que superaran el l\u00edmite de los 100 s.m.l.m.v., tambi\u00e9n es cierto que la desatenci\u00f3n de las obligaciones contractuales adquiridas con las empresas de vigilancia habr\u00eda implicado que el administrador desatendiera su deber de asegurar el adecuado desarrollo del objeto social de la empresa, es decir, en uno u otro caso el representante legal habr\u00eda resultado responsable por aquellos hechos\u00bb. En ese orden, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1620 del C\u00f3digo Civil, consider\u00f3 que no pod\u00eda atribuirse responsabilidad al demandado por el aseguramiento de la prestaci\u00f3n del servicio de seguridad para Carbosan Ltda. Aunado a que no se acredit\u00f3 cu\u00e1l fue el perjuicio econ\u00f3mico que se caus\u00f3 a esa compa\u00f1\u00eda por el suministro del aludido servicio. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
En la demanda de casaci\u00f3n impetrada por la parte demandante se formularon siete cargos. Estos ser\u00e1n inadmitidos por no satisfacer los requisitos formales exigidos en el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Censur\u00f3 la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por error de hecho manifiesto y trascendente por la pretermisi\u00f3n de ciertas pruebas que, de haberlas tenido en cuenta, \u00abindudablemente le hubieran permitido llegar a la conclusi\u00f3n de que la celebraci\u00f3n del contrato entre Carbosan, S\u00e1nchez Polo y OPL s\u00ed le representaba un claro conflicto de inter\u00e9s a Mauricio Su\u00e1rez susceptible de nublar su juicio objetivo como administrador social, y que, debido a la incidencia de este sujeto en el proceso de contrataci\u00f3n de OPL, el conflicto se materializ\u00f3 en el pago de tarifas superiores a las que se hubiesen pagado en condiciones de mercado\u00bb. Al respecto, explic\u00f3 que: <\/p>\n
1.- Estim\u00f3 que est\u00e1 probado que el se\u00f1or Su\u00e1rez present\u00f3 las facturas n\u00fameros 1074 y 1182, emitidas por C.I. Pradaz, a SPSM en el esquema de compensaci\u00f3n flexible. Y que, adem\u00e1s, se acredit\u00f3 que SPSM gir\u00f3 los cheques n\u00fameros 331871 y 332107 a favor de C.I. Pradaz por un monto total de $400.390.443, a efectos de pagar las sumas reflejadas en las facturas. Adem\u00e1s, que, con tales cheques, Mauricio Su\u00e1rez amortiz\u00f3 la deuda que ten\u00eda con SPSM. As\u00ed lo identific\u00f3 Kroll en el respectivo informe. As\u00ed mismo, tal circunstancia fue confirmada en el dictamen IE-2020-333, elaborada por los peritos del demandado. Tambi\u00e9n, aludi\u00f3 a la declaraci\u00f3n de Jos\u00e9 Jes\u00fas Guevara, quien sostuvo que C.I. Pradaz jam\u00e1s recibi\u00f3 los cartulares; de lo que tambi\u00e9n da cuenta el miembro de la junta directiva de la demandante, Carlos Jos\u00e9 L\u00f3pez. Adem\u00e1s, se refiri\u00f3 a la certificaci\u00f3n expedida por el contador Julio Orozco L\u00f3pez, que demuestra que los anotados t\u00edtulos valores fueron utilizados para pagar una parte del cr\u00e9dito que el se\u00f1or Su\u00e1rez tiene en SPSM. <\/p>\n
Por otra parte, indic\u00f3 que en el expediente se encuentran las diferentes comunicaciones que prueban que la rese\u00f1ada maniobra le report\u00f3 un cuantioso beneficio econ\u00f3mico a Mauricio Su\u00e1rez. Estos son los correos electr\u00f3nicos del 26 de noviembre de 2015, 1 y 2 de diciembre de 2015, 18 y 28 de abril del 2016 y 2 de mayo del 2016. Tales probanzas acreditan que \u00abJavier Prada particip\u00f3 activamente en la estructuraci\u00f3n de una operaci\u00f3n por cuya virtud Mauricio Su\u00e1rez pudo amortizar el cr\u00e9dito que le hab\u00eda otorgado SPSM. De ah\u00ed que, indiscutiblemente, Mauricio Su\u00e1rez obtuvo un importante beneficio econ\u00f3mico, m\u00e1s all\u00e1 del car\u00e1cter simulado de las facturas, lo que, en todo caso, no habr\u00eda sido posible si no existiera una estrecha relaci\u00f3n de amistad entre los se\u00f1ores Prada y Su\u00e1rez\u00bb. <\/p>\n
2.- Adujo que el Tribunal incurri\u00f3 en error de hecho al pretermitir ciertas pruebas, lo que condujo a que err\u00f3neamente considerara que entre Mauricio Su\u00e1rez y Javier Prada no existi\u00f3 una cercana relaci\u00f3n de amistad susceptible de nublar el juicio objetivo del demandado. En ese orden, aludi\u00f3 al intercambio de correos entre aquellos en el 2013, \u00abque da cuenta de un viaje a Cartagena que ambos coordinaron y sobre el cual el Tribunal omiti\u00f3 siquiera pronunciarse\u00bb. O los mensajes de datos enviados en agosto del 2014, en los que se demuestra la participaci\u00f3n de Prada en la preparaci\u00f3n del viaje del convocado a Costa Rica. Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 como inusual y \u00ababsolutamente reveladora\u00bb la participaci\u00f3n activa de Javier Prada y sus compa\u00f1\u00edas en la elaboraci\u00f3n de los dict\u00e1menes encargados por el se\u00f1or Su\u00e1rez. <\/p>\n
3.- El tercer lugar, afirm\u00f3 que varias pruebas documentales y testimoniales dan cuenta de que la alianza con OPL habr\u00eda sido producto de una imposici\u00f3n de la administraci\u00f3n de Carbosan a S\u00e1nchez Polo. Ello se deriva del testimonio de Javier Morelli y del acta n\u00fam. 208 del 25 de agosto del 2016. A su turno, hizo \u00e9nfasis en las \u00abconductas procesales del demandado orientadas a distorsionar la realidad del contrato sub examine\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3 que los yerros denunciados son trascendentes, pues los medios probatorios pretermitidos indicaban que Mauricio Su\u00e1rez incidi\u00f3 en la contrataci\u00f3n de OPL, situaci\u00f3n que represent\u00f3 un claro conflicto de inter\u00e9s -por la estrecha relaci\u00f3n con Javier Prada y por las prebendas que recibi\u00f3 de C.I. Pradaz-. Tales circunstancias impon\u00edan que el exadministrador solicitara la autorizaci\u00f3n del m\u00e1ximo \u00f3rgano social en los t\u00e9rminos del numeral 7 del art\u00edculo 23 de la Ley 222 de 1995. No obstante, como no se obtuvo tal aprobaci\u00f3n, \u00abMauricio Su\u00e1rez es el \u00fanico responsable por los perjuicios causados a Carbosan con ocasi\u00f3n de la participaci\u00f3n en una operaci\u00f3n contraria al r\u00e9gimen de conflictos de inter\u00e9s\u00bb. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Denunci\u00f3 la violaci\u00f3n directa del par\u00e1grafo tercero del art\u00edculo 200 del C\u00f3digo de Comercio por falta de aplicaci\u00f3n, en relaci\u00f3n con el \u00abcontrato celebrado entre Carbosan, S\u00e1nchez Polo y OPL\u00bb. Consider\u00f3 que el ad quem no aplic\u00f3 la presunci\u00f3n de culpa en contra de los administradores sociales, a pesar de que en el proceso \u00abse acredit\u00f3 que la conducta de Mauricio Su\u00e1rez, en relaci\u00f3n con la contrataci\u00f3n de OPL, viol\u00f3 reiteradamente disposiciones legales y estatutarias\u00bb y la existencia de perjuicios derivados de la celebraci\u00f3n de tal negocio. Seg\u00fan la sentencia n\u00fam. 2018-01-375562 del 2018, proferida por la Delegatura de Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades, \u00abcuando se acredite la violaci\u00f3n de disposiciones legales o estatutarias, al demandante le bastar\u00e1 con demostrar la existencia de un perjuicio derivado de la actuaci\u00f3n reprochable del administrador\u00bb. En ese orden de ideas, como en el presente caso se acredit\u00f3 la existencia de perjuicios derivados de la conducta reprochable del demandado, el Tribunal debi\u00f3 condenar al se\u00f1or Su\u00e1rez a indemnizarlos. Y aun cuando se aceptara la tesis seg\u00fan la cual Mauricio Su\u00e1rez no intervino en la negociaci\u00f3n, celebraci\u00f3n y ejecuci\u00f3n del contrato, lo cierto es que \u00abel deber de cuidado que le asiste por su condici\u00f3n de administrador social le impon\u00eda la obligaci\u00f3n de supervisar las labores de sus subalternos\u00bb. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Reproch\u00f3 la violaci\u00f3n directa del art\u00edculo 200 del C\u00f3digo de Comercio -por falta de aplicaci\u00f3n- en relaci\u00f3n con \u00ablos pagos de Carbosan a favor de OPL por concepto de sistemas de pesaje\u00bb. Indic\u00f3 que, al aseverar el Tribunal que no se acreditaron da\u00f1os ocasionados por la conducta culposa o dolosa del accionado, se dej\u00f3 de aplicar la presunci\u00f3n de culpa prevista en contra de los administradores. Ello, en la medida en que \u00aben el proceso existen elementos probatorios que permiten concluir que del contrato para la instalaci\u00f3n de sensores de peso se derivaron perjuicios para Carbosan, la presunci\u00f3n de culpa mencionada implica que Mauricio Su\u00e1rez ha de ser considerado responsable por ellos\u00bb. <\/p>\n
Y es que, a su juicio, destac\u00f3 c\u00f3mo se encontraba probado que \u00ablos pagos realizados en favor de OPL, y por autorizaci\u00f3n e instrucci\u00f3n de Su\u00e1rez, superaron con creces dicha limitaci\u00f3n cuantitativa [100 smlmv]. Ciertamente, seg\u00fan se vio, las pruebas del expediente confirman que entre 2015 y 2016 Carbosan pag\u00f3 a OPL, por concepto de sensores de peso, $678.927.204\u00bb. Ello, pese a que el demandado omiti\u00f3 solicitar a la Junta Directiva la refrendaci\u00f3n estatutaria correspondiente para realizar los referidos pagos -a lo cual estaba obligado seg\u00fan el art\u00edculo 35, literal b) de los estatutos sociales-. Aunado a lo expuesto, reiter\u00f3 que en el presente proceso existen medios probatorios que acreditan la cabal existencia de perjuicios derivados de la celebraci\u00f3n del referido contrato. En ese orden de ideas, como el demandado no despeg\u00f3 ning\u00fan \u00abesfuerzo en el transcurso del proceso para desvirtuar dicha culpa presunta en lo referente al contrato con OPL, Su\u00e1rez debe ser condenado a indemnizar los perjuicios derivados de dicha operaci\u00f3n\u00bb. Para finalizar, procedi\u00f3 a efectuar un recuento de los hechos probados que, a su juicio, daban lugar a la aplicaci\u00f3n de la referida norma. <\/p>\n
CARGO CUARTO <\/p>\n
Censur\u00f3 la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por error de hecho producto de la pretermisi\u00f3n de elementos probatorios que permiten acreditar que la demandante sufri\u00f3 perjuicios derivados de los acuerdos y pagos asociados a la instalaci\u00f3n y operaci\u00f3n de sensores de peso. En ese orden, censur\u00f3 la pretermisi\u00f3n del dictamen pericial rendido por Jorge Arango y la falta de aplicaci\u00f3n de la presunci\u00f3n de culpa prevista en el art\u00edculo 200 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
Asever\u00f3 que la probanza pretermitida es una pieza clave para la decisi\u00f3n de instancia. Y ello es as\u00ed, en tanto que \u00abdicha prueba permite acreditar la existencia de un detrimento patrimonial imputable, en forma espec\u00edfica, a una actuaci\u00f3n del demandado: la realizaci\u00f3n misma de los pagos acordados por concepto del sistema de pesaje y los consecuentes aumentos al valor unitario del servicio. Se reitera, a diferencia de lo que parece entender el juzgador de segunda instancia en sus razonamientos \u2014sin hacer menci\u00f3n alguna al dictamen referido\u2014, no se derivan de los fallos en los sensores, sino del hecho de haberse pagado costos no autorizados por los sensores de peso\u00bb. <\/p>\n
CARGO QUINTO <\/p>\n
Denunci\u00f3 la vulneraci\u00f3n directa de la ley sustancial, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, del art\u00edculo 200 del C\u00f3digo de Comercio en relaci\u00f3n con las sanciones impuestas por la ANLA a Carbosan. Y ello es as\u00ed en la medida en que exigi\u00f3, frente a las sanciones importas por la ANLA a Carbosan, la prueba de culpa o dolo de Mauricio Su\u00e1rez. Explic\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en que dichas sanciones devienen de la violaci\u00f3n de normas ambientales\u2014cuya observancia era funci\u00f3n estatutaria del demandado\u2014 la presunci\u00f3n de culpa prevista en el referido art\u00edculo 200 exime al demandante de acreditar acciones u omisiones del demandado que hubieren conducido a la imposici\u00f3n de esas sanciones. Bastar\u00e1, por el contrario, con la prueba de que de la actuaci\u00f3n del se\u00f1or Su\u00e1rez gener\u00f3 perjuicios para la sociedad, para considerarlo responsable por la suma en cuesti\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed pues, comoquiera que en el proceso se acreditaron perjuicios derivados de las sanciones impuestas por la ANLA por valor de $450.638.626, el se\u00f1or Su\u00e1rez debi\u00f3 ser condenado a resarcirlos. En tanto no se desvirtu\u00f3 la presunci\u00f3n de culpa a la que alude el citado art\u00edculo 200 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
Conclusi\u00f3n que no se desvirt\u00faa con el hecho de que la gesti\u00f3n ambiental la desempe\u00f1aba el se\u00f1or Su\u00e1rez con la participaci\u00f3n de otros empleados de Carbosan. Para el impugnante, no debe perderse de vista que \u00abel deber de cuidado que le asiste al demandando por su condici\u00f3n de administrador social le impon\u00eda la obligaci\u00f3n de supervisar las labores de sus subalternos. Ciertamente, los administradores act\u00faan de manera negligente cuando se demuestra que no han desplegado esfuerzos de supervisi\u00f3n o vigilancia respecto de los funcionarios y empleados de la compa\u00f1\u00eda\u00bb. <\/p>\n
CARGO SEXTO <\/p>\n
Censur\u00f3 la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por error de hecho manifiesto y trascendente en relaci\u00f3n con los ajustes tarifarios asociados al contrato celebrado entre Carbosan y CNR. Para la impugnante, existen medios de prueba pretermitidos que demuestran que el demandado s\u00ed conoc\u00eda acerca de la falsedad de la informaci\u00f3n que suministraba a la junta directiva para obtener la ratificaci\u00f3n de los ajustes tarifarios. En ese orden, expuso lo que viene: <\/p>\n
1.- En primer lugar, asever\u00f3 que el demandado dio un \u00abfalso parte de tranquilidad\u00bb a la junta directiva al asegurarles que ser\u00eda incorrecto interpretar que el Decreto 3083 de 2005 prohib\u00eda el cabotaje en barcazas encapsuladas. Ello, pese a que \u00aben un inexplicable giro durante la ampliaci\u00f3n de su interrogatorio, el demandado confes\u00f3 que, en su criterio, el referido Decreto 3083 de 2005 s\u00ed prohib\u00eda el transporte mar\u00edtimo en barcazas encapsuladas\u00bb. <\/p>\n
3.- Por su parte, afirm\u00f3 que el convocado \u00abenga\u00f1\u00f3 abiertamente a la junta directiva al manifestarles que S\u00e1nchez Polo y OPL ya contaban con la licencia requerida para realizar las operaciones de transporte mar\u00edtimo previstas bajo el Proyecto Murray\u00bb. As\u00ed se evidencia en el acta n\u00fam. 195 de la reuni\u00f3n del 27 de enero del 2016 y de las declaraciones de Carlos Jos\u00e9 L\u00f3pez y Jos\u00e9 Ignacio Diaz-Granados. Sin embargo, no es cierto \u00abque los referidos transportadores contaran con licencias para adelantar transporte mar\u00edtimo contemplado para el Proyecto Murray, seg\u00fan lo certific\u00f3 la Direcci\u00f3n General Mar\u00edtima (\u201cDIMAR\u201d) en respuesta a un requerimiento que formul\u00f3 el Despacho sobre el particular\u00bb. Destac\u00f3 la importancia de la informaci\u00f3n falsa a partir de las declaraciones de Ver\u00f3nica Z\u00fa\u00f1iga y Javier Morelli. <\/p>\n
4.- A su turno, denunci\u00f3 que el se\u00f1or Su\u00e1rez suministr\u00f3 a la junta directiva proyecciones imprecisas de fletes mar\u00edtimos. As\u00ed se comprobaba tras verificar la referida acta 195. Lo mismo ocurre frente al costo de maquinaria de descargue y a las proyecciones financieras desfavorables sobre el Proyecto Murray. Concluy\u00f3 que, de haberse apreciado los referidos elementos probatorios, el Tribunal hubiera concluido que Mauricio Su\u00e1rez viol\u00f3 su deber de lealtad. Lo cual permit\u00eda endilgar responsabilidad por los perjuicios derivados de la operaci\u00f3n Murray, \u00abpuesto que tanto la aprobaci\u00f3n del proyecto como las p\u00e9rdidas derivadas del mismo devienen del suministro sistem\u00e1tico de informaci\u00f3n falsa a la junta directiva\u00bb. Para el efecto, trajo de presente doctrina y jurisprudencia sobre la importancia del deber de informaci\u00f3n en su relaci\u00f3n con la lealtad y la buena fe. Tambi\u00e9n hizo hincapi\u00e9 en decisiones adoptadas por jueces estadounidenses en materia de deberes fiduciarios de los administradores. <\/p>\n
CARGO S\u00c9PTIMO <\/p>\n
Violaci\u00f3n directa por interpretaci\u00f3n errada del art\u00edculo 16 de la Ley 446 de 1998, en tanto que el ad quem confirm\u00f3 de manera equivocada \u00ablos razonamientos de la Delegatura de Procedimientos Mercantiles respecto del uso del \u00cdndice de Precios al Consumidor (IPC) para la indexaci\u00f3n de las sumas a las cuales ascienden los da\u00f1os probados dentro del proceso, a pesar de que mi representada solicit\u00f3 la aplicaci\u00f3n del Inter\u00e9s Bancario Corriente (IBC) en su recurso de apelaci\u00f3n y en la demanda inicial\u00bb. Puso de presente que, en criterio t\u00e9cnico del perito Arango -prueba que fue pretermitida por el Tribunal- \u00abla actualizaci\u00f3n mediante una tasa de indexaci\u00f3n equivalente al IBC es aquella que permite reconocer cabalmente la p\u00e9rdida de oportunidad sufrida por Carbosan como consecuencia de los da\u00f1os irrogados las conductas indebidas de Mauricio Su\u00e1rez\u00bb. Por el contrario, la actualizaci\u00f3n por el IPC no reconoce el costo de oportunidad sufrido por Carbosan. Por ende, considera que \u00abuna verdadera reparaci\u00f3n integral de los da\u00f1os que le ocasion\u00f3 Mauricio Su\u00e1rez a mi poderdante debe partir de una tasaci\u00f3n en cuya indexaci\u00f3n se considere la tasa indicada de preferencia por el perito\u00bb. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
Los cargos planteados no cumplen con los requisitos formales prescritos en el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso para su estudio de fondo. Por lo tanto, se advierte que la demanda habr\u00e1 de ser inadmitida. <\/p>\n
1.- Previo a desarrollar las razones por las cuales no es posible admitir el libelo, es pertinente traer de presente ciertos aspectos particulares de las causales primero y segunda. Ello, comoquiera que los siete cargos fueron planteados al amparo de dichos motivos de impugnaci\u00f3n extraordinaria. <\/p>\n
1.1.- Cuando se esgrime la violaci\u00f3n directa de la norma sustancial, contemplada como causal de casaci\u00f3n en el numeral primero del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, la discusi\u00f3n se ce\u00f1ir\u00e1 a \u00abla cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria, por lo que debe estructurarse en forma adecuada c\u00f3mo se produjo la vulneraci\u00f3n ya por tomar en cuenta normas completamente ajenas al caso, pasar por alto las que lo reg\u00edan o, a pesar de acertarse en la selecci\u00f3n, terminar reconoci\u00e9ndoles implicaciones que no tienen\u00bb (CSJ AC3599-2018 de 27 de agosto de 2018 rad. 2015-00704). Ello significa que la censora estar\u00e1 llamado a ajustar sus reparos exclusivamente a los textos legales que, a su juicio, resultaron quebrantados en las modalidades anotadas, sin que le sea dado adentrarse en consideraciones que impliquen disentimiento con las apreciaciones f\u00e1cticas del juzgador, pues estas se deber\u00e1n realizar mediante la acusaci\u00f3n por la v\u00eda indirecta. <\/p>\n
1.2.- A su turno, la causal segunda del art\u00edculo 336 ejusdem contempla la hip\u00f3tesis de violaci\u00f3n de normas jur\u00eddicas sustanciales de manera indirecta, como consecuencia de \u00aberror de derecho\u00bb derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por \u00aberror de hecho\u00bb manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n o de una determinada prueba. <\/p>\n
Cuando se aduce \u00aberror de hecho\u00bb, implica inconformidad con la labor investigativa del juzgador en el campo probatorio, y ocurre por una equivocada aplicaci\u00f3n del derecho sustancial o su no aplicaci\u00f3n, por deficiencias en el \u00e1mbito de la apreciaci\u00f3n de la prueba. El \u00aberror de derecho\u00bb supone la conformidad con el contenido objetivo de la prueba, pero se reclama su indebida valoraci\u00f3n, por mediar la vulneraci\u00f3n de normas de disciplina probatoria que ata\u00f1en con la aportaci\u00f3n, admisi\u00f3n, producci\u00f3n o estimaci\u00f3n de esta; pifia que conduce a la infracci\u00f3n indirecta de normas sustanciales. <\/p>\n
1.3.- Estas causales tienen, como caracter\u00edstica principal, el quebrantamiento de una \u00abnorma sustancial\u00bb, circunstancia que impone a la recurrente indicar con claridad y precisi\u00f3n la disposici\u00f3n de ese linaje que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del gestor, haya sido infringida. Ahora bien, esta Corporaci\u00f3n ha dispuesto que tienen esta naturaleza aquellas normas que \u00aben raz\u00f3n de una situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas tambi\u00e9n concretas entre las personas implicadas en tal situaci\u00f3n [\u2026] de manera que no son de esa naturaleza aquellas que se limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos o a descubrir los elementos de \u00e9stos o a hacer enumeraciones o enunciaciones, como tampoco las tienen las disposiciones ordenativas o reguladoras de la actividad in procedendo\u00bb (CSJ, CS de 19 de diciembre de 1999). <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a la exigencia anterior, la Corte ha establecido que <\/p>\n
\u00ab[\u2026] en el marco de dicho motivo casacional es deber del impugnante precisar las normas sustanciales violadas, cualquiera que sea la v\u00eda que haya escogido para perfilar su acusaci\u00f3n; la directa o la indirecta, sin que, trat\u00e1ndose de esta \u00faltima, pueda excusarse su se\u00f1alamiento a pretexto de la demostraci\u00f3n de los errores de apreciaci\u00f3n probatoria que se le endilgan al fallo, o de la determinaci\u00f3n de las normas probatorias supuestamente quebrantadas \u2013 cuando se predique la comisi\u00f3n de un yerro de derecho \u2013, pues si a esto \u00faltimo se limitare el recurrente, omitiendo la mencionada exigencia, quedar\u00eda trunca la acusaci\u00f3n, en la medida en que no podr\u00eda la Corte, al analizar el cargo, establecer oficiosamente cu\u00e1les disposiciones materiales habr\u00edan sido quebrantadas a consecuencia de los yerros que se hubieren acreditado\u00bb (CSJ AC, 7 Dic. 2001, Rad. 1999-0482); exigencia que se explica porque la demanda constituye \u00abpieza fundamental\u00bb en el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, \u00ab\u2026que a manera de carta de navegaci\u00f3n, sujeta a la Corte en su tarea de establecer si la sentencia acusada viol\u00f3 o no, la ley sustancial\u00bb (CSJ AC, 18 Jul. 2002, rad. 1999-0154). <\/p>\n
2.- V\u00e9ase que: <\/p>\n
2.1.- El cargo primero denuncia la violaci\u00f3n indirecta de la \u00abley sustancial\u00bb por error de hecho en la apreciaci\u00f3n del \u00abcontrato celebrado entre Carbosan, S\u00e1nchez Polo y OPL, de acuerdo con el numeral 2 del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. No obstante, se omiti\u00f3 mencionar al menos una norma sustancial que, siendo la base o habiendo debido serlo del fallo impugnado, haya sido transgredida como consecuencia de la pretermisi\u00f3n de los medios probatorios que denuncia. En efecto, v\u00e9ase que la impugnante se enfoc\u00f3 en desarrollar extensamente las razones por las que consideraba que el contrato suscrito con S\u00e1nchez Polo y OPL s\u00ed le signific\u00f3 un conflicto de intereses al demandado. Ello, a partir de elementos de prueba que fueron presuntamente pretermitidos por el ad quem y que daban cuenta de las prebendas recibidas por el se\u00f1or Mauricio Su\u00e1rez, as\u00ed como la amistad entre aquel y el se\u00f1or Javier Prada. No obstante, en ninguna parte de su escrito censur\u00f3 la violaci\u00f3n de una disposici\u00f3n material que hubiese resultado transgredida con los yerros de hecho denunciados. Si se observa con minucia el embate, se advierte que -\u00fanicamente- hizo alusi\u00f3n al numeral 7 del art\u00edculo 23 de la Ley 222 de 1995. No obstante, no se censur\u00f3 su falta de aplicaci\u00f3n, su errada interpretaci\u00f3n o su utilizaci\u00f3n indebida. Tan solo especific\u00f3 que las circunstancias de hecho probadas en el plenario \u00able impon\u00edan al demandado la obligaci\u00f3n de solicitar la autorizaci\u00f3n del m\u00e1ximo \u00f3rgano de Carbosan, en los t\u00e9rminos del numeral 7 del art\u00edculo 23 de la Ley 222 de 1995. En la medida en que dicha aprobaci\u00f3n no se obtuvo, Mauricio Su\u00e1rez es el \u00fanico responsable por los perjuicios causados a Carbosan con ocasi\u00f3n de la participaci\u00f3n en una operaci\u00f3n contraria al r\u00e9gimen de conflictos de inter\u00e9s\u00bb. Ejercicio que, como se vio en precedencia, es indispensable. Sin que sea competencia de esta Sala completar la labor que le corresponde al impugnante. Mem\u00f3rese que, a juicio de esta Corporaci\u00f3n, es necesario <\/p>\n
\u00ab(\u2026) realizar una exposici\u00f3n de las razones que, en su criterio, hac\u00edan imprescindible el estudio del caso a la luz de aquellas prescripciones; la forma en que la alegada omisi\u00f3n en la valoraci\u00f3n de la prueba influy\u00f3 en el quebranto de las mismas; los argumentos tendientes a demostrar que las disposiciones de tal naturaleza fueron las llamadas a gobernar los aspectos neur\u00e1lgicos de la decisi\u00f3n censurada; los yerros que le atribuy\u00f3 a la apreciaci\u00f3n de los medios suasorios de cara a la que hubiese sido su correcta evaluaci\u00f3n y la incidencia que hubiere representado en la decisi\u00f3n final; no obstante, ninguna actividad encaminada al cumplimiento de tal misi\u00f3n se advierte del escrito demandatorio\u00bb (CSJ AC2268-2022). <\/p>\n
Aunado a ello, se advierte que la argumentaci\u00f3n del casacionista est\u00e1 construida a la manera de un alegato de instancia. Esto es, se limita a ofrecer su particular apreciaci\u00f3n frente a ciertos medios de prueba que, a su juicio, fueron obviados por el juzgador de segundo grado. Sin embargo, tal queja es defectuosa, pues las pruebas que anuncia fueron pretermitidas en realidad s\u00ed fueron valoradas -esto es, los mensajes de datos, los informes, facturas y las actas-. Lo que sucedi\u00f3 es que, para el ad quem, tales medios de convicci\u00f3n resultan insuficientes para corroborar \u00abque efectivamente hab\u00eda una relaci\u00f3n de cercan\u00eda que pudiera afectar el juicio objetivo del se\u00f1or SU\u00c1REZ RAM\u00cdREZ en su rol de administrador\u00bb. En ese orden, para el Tribunal, el intercambio epistolar \u00abno prueba nada diferente a que compartieron un viaje juntos a Cartagena y que el trato propiciado por el se\u00f1or PRADA S\u00c1NCHEZ en Costa Rica fuera resultado de la cortes\u00eda de SU\u00c1REZ RAM\u00cdREZ a trav\u00e9s de sus familiares residentes en ese pa\u00eds\u00bb. Y, en punto de las prebendas, indic\u00f3 que \u00abno se acredit\u00f3, en debida forma, que las facturas correspondieran a un hecho simulado y que no obedec\u00edan a la prestaci\u00f3n efectiva de servicios a CARBOSAN\u00bb pues tal situaci\u00f3n no fue comprobada ante una autoridad judicial. <\/p>\n
En ese orden, se observa que lo que pretende la impugnante es reabrir el debate probatorio y que se imponga la argumentaci\u00f3n que proh\u00edja. No obstante, ello no desvirt\u00faa las conclusiones medulares del Tribunal, a saber: i) que los mensajes de datos aportados -y frente a los cuales el casacionista otorga otra interpretaci\u00f3n- no son suficientes para colegir una relaci\u00f3n de cercan\u00eda que pudiera viciar el juicio del administrador; ii) que no existen pruebas que acrediten que los se\u00f1ores Prada y Su\u00e1rez compartieran \u00e1mbitos familiares o personales que se vieran involucrados rec\u00edprocamente en situaciones de su esfera privada; y iii) que no existe pronunciamiento de autoridad judicial que declare como simuladas las facturas emitidas por CI PRADAZ. <\/p>\n
2.2.- El cargo segundo denuncia la violaci\u00f3n directa del par\u00e1grafo tercero del art\u00edculo 200 del C\u00f3digo de Comercio, en tanto que el \u00abTribunal Superior omiti\u00f3 por completo dar aplicaci\u00f3n a la presunci\u00f3n de culpa en contra de los administradores sociales (\u2026) a pesar de que en el proceso se acredit\u00f3 que la conducta de Mauricio Su\u00e1rez, en relaci\u00f3n con la contrataci\u00f3n de OPL, viol\u00f3 reiteradamente disposiciones legales y estatutarias\u00bb. <\/p>\n
Es claro el hibridismo de causales en que incurri\u00f3 la censora. Ello es as\u00ed pues entr\u00f3 a efectuar una revisi\u00f3n de los hechos, contradiciendo las conclusiones f\u00e1cticas a las cuales arrib\u00f3 el Tribunal. En efecto, v\u00e9ase que, para el ad quem, \u00abno existen elementos probatorios que permitan colegir, sin atisbo de duda, que el demandado hubiera incumplido sus deberes como administrador por hechos relacionados con la celebraci\u00f3n de operaciones que estar\u00edan viciadas por un conflicto de inter\u00e9s de estrecha amistad, dado que los supuestos f\u00e1cticos de ese reproche no se acreditaron en debida forma\u00bb. Al turno que, frente a la extralimitaci\u00f3n de funciones, evidenci\u00f3 que \u00abno se puede atribuir una responsabilidad al demandado por el aseguramiento de la prestaci\u00f3n del servicio de seguridad para CARBOSAN LTDA., que a fin de cuentas permiti\u00f3 que esa persona jur\u00eddica pudiera desarrollar adecuadamente su objeto social, m\u00e1xime que no se acredit\u00f3 cu\u00e1l fue el perjuicio econ\u00f3mico que se caus\u00f3 a esa compa\u00f1\u00eda por el suministro del servicio de seguridad por parte de SEGURCOL LTDA. y RISK SOLUTIONS GROUP LTDA\u00bb. <\/p>\n
Pese a lo anterior, en el desarrollo del embate, en contrav\u00eda con lo concluido por el ad quem, la impugnante parte de la base de que se celebr\u00f3 \u00abuna operaci\u00f3n en claro conflicto de inter\u00e9s y en extralimitaci\u00f3n de funciones seg\u00fan los estatutos sociales, quien, a su turno, le correspond\u00eda desvirtuar dicha presunci\u00f3n\u00bb. Y que, adem\u00e1s, \u00abse acredit\u00f3 cabalmente la existencia de perjuicios derivados de la conducta reprochable del demandado como administrador de Carbosan\u00bb. Tal forma de elaborar un cargo por la v\u00eda directa de casaci\u00f3n es defectuosa en tanto que, cuando se aduce \u00abviolaci\u00f3n directa de normas sustanciales\u00bb, ha dicho esta Corporaci\u00f3n que se <\/p>\n
\u00ab(\u2026) requiere de la aceptaci\u00f3n de todos los hechos que en ella se tuvieron por probados y sin que se pueda exteriorizar inconformidad con los medios de convicci\u00f3n obrantes en el plenario, toda vez que la labor argumentativa del censor s\u00f3lo puede estar orientada a descubrir los falsos juicios sobre las normas materiales que regulan el caso, ya sea por falta de aplicaci\u00f3n, al no haberlas tenido en cuenta; por aplicaci\u00f3n indebida, al incurrir en un error de selecci\u00f3n que deriva en darles efectos respecto de situaciones no contempladas; o cuando se acierta en su escogencia pero se le da un alcance que no tienen, present\u00e1ndose una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea. (\u2026) Corresponde, por ende, a una causal de pleno derecho, encaminada a develar una lesi\u00f3n producida durante el proceso intelectivo que realiza el fallador, por acci\u00f3n u omisi\u00f3n, en la labor de escogencia y ex\u00e9gesis de la regulaci\u00f3n que considera aplicable, con un resultado ajeno al querer del legislador\u00bb (CSJ SC de 15 de nov. de 2012, exp.2008-00322-01, reiterada el 4 de abril de 2013, exp. 2004-00457-01). <\/p>\n
A su turno, esa Sala de Casaci\u00f3n ha indicado que <\/p>\n
\u00abEn efecto, al amparo de los lineamientos fijados por el legislador procesal, la Corte ha sido consistente en se\u00f1alar que, en el campo de la v\u00eda directa de casaci\u00f3n, el debate, <\/p>\n
(\u2026) debe confinarse a aspectos eminentemente jur\u00eddicos, relativos a la norma sustancial que gobierna (o debi\u00f3 regir) el caso y su correcta hermen\u00e9utica, sin adentrarse en la revisi\u00f3n de los hechos, los cuales resultan incuestionables por esta v\u00eda; en otras palabras, el ataque debe hacerse con \u2018abstracci\u00f3n de los elementos f\u00e1cticos y probatorios debatidos en el proceso y con sujeci\u00f3n a lo que el Tribunal en este campo concluy\u00f3, centr\u00e1ndose el censor en demostrar en el plano estrictamente jur\u00eddico la aplicaci\u00f3n indebida, la falta de aplicaci\u00f3n o la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de normas sustanciales (CSJ, AC2886, 9 may. 2017, rad. n.\u00b0 2003-00103-01)\u2019, so pena de incurrir en hibridismo, que como ya se se\u00f1al\u00f3 se encuentra proscrito para el remedio extraordinario (CSJ AC3947-2019. Reiterado en AC3017-2020 – Subrayas fuera del original)\u00bb (CSJ AC4978-2022). <\/p>\n
2.3.- El cargo tercero censura la violaci\u00f3n directa -por falta de aplicaci\u00f3n- del art\u00edculo 200 del C\u00f3digo de Comercio \u00aben relaci\u00f3n los pagos de Carbosan a favor de OPL por concepto de sistemas de pesaje\u00bb. Este motivo de casaci\u00f3n adolece del mismo yerro evidenciado en precedencia. Esto es, incurre en hibridismo de causales. Obs\u00e9rvese que, pese a alegar la transgresi\u00f3n por la v\u00eda recta de una norma sustancial, comienza a efectuar consideraciones probatorias -inadmisibles por esta senda-. En efecto, asevera la impugnante que el Tribunal omiti\u00f3 aplicar la presunci\u00f3n de culpa a pesar de que \u00aben el proceso existen elementos probatorios que permiten concluir que del contrato para la instalaci\u00f3n de sensores de peso se derivaron perjuicios para Carbosan\u00bb. En ese orden de ideas, aludi\u00f3 a los estatutos sociales y a las diferentes pruebas testimoniales -de Javier Prada, Jos\u00e9 Manuel Poveda-. Tambi\u00e9n destac\u00f3 que, de una revisi\u00f3n pormenorizada de todas las actas de la junta de socios y junta directiva, se confirma que ninguna de ellas aprob\u00f3 el pago de una tarifa adicional por la instalaci\u00f3n y operaci\u00f3n de sensores de peso. De manera que, \u00abpor su cuant\u00eda, autorizar y ordenar los referidos pagos requer\u00eda de aprobaci\u00f3n por parte de la junta directiva, lo cierto es que el demandado jam\u00e1s solicit\u00f3 al referido \u00f3rgano de administraci\u00f3n la autorizaci\u00f3n estatutaria correspondiente para hacerlo\u00bb. <\/p>\n
En s\u00edntesis, la censora critica la falta de aplicaci\u00f3n de la presunci\u00f3n de culpa en cabeza del administrador demandado, pese a que, a su juicio, exist\u00edan medios de prueba que acreditaban la violaci\u00f3n de sus deberes fiduciarios. No obstante, v\u00e9ase que con tal aseveraci\u00f3n, la impugnante se aleja de la base factual sobre la cual el sentenciador de segundo grado fund\u00f3 el fallo, habida cuenta de que, en criterio del Colegiado, \u00abno se prob\u00f3 que la falla fuera atribuible exclusivamente al sistema de sensores proporcionado por OPL CARGA SAS, ni que la compra e incremento en el costo obedeciera a la amistad entre los se\u00f1ores SU\u00c1REZ RAM\u00cdREZ y PRADA S\u00c1NCHEZ, por cuanto esas situaciones habr\u00edan obedecido a las operaciones propias de la empresa y a la ocurrencia de unos sobrecostos que no fueron contemplados en el contrato pactado inicialmente\u00bb. En ese orden, termina efectuando juicios probatorios, al poner de presente lo que, en su sentir, result\u00f3 probado. <\/p>\n
2.4.- El cargo cuarto censura la violaci\u00f3n indirecta de la \u00abley sustancial\u00bb por error de hecho ante la pretermisi\u00f3n de ciertos elementos probatorios que \u00abpermiten acreditar que de los acuerdos y pagos asociados a la instalaci\u00f3n y operaci\u00f3n de sensores de peso se derivaron cuantiosos perjuicios para mi representada\u00bb. En ese orden, critic\u00f3 la falta de valoraci\u00f3n del dictamen pericial rendido por Jorge Arango, \u00aben conjunto con la falta de aplicaci\u00f3n de la presunci\u00f3n de culpa prevista en el art\u00edculo 200 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb. Perjuicios que se derivaron no de las fallas de los sensores, sino del hecho de haberse pagado costos no autorizados por los sensores de peso. Y es que, en su parecer, por la cuant\u00eda del contrato, \u00abautorizar y realizar los referidos pagos requer\u00eda de la aprobaci\u00f3n de la junta directiva, el demandado jam\u00e1s solicit\u00f3 al referido \u00f3rgano de administraci\u00f3n la autorizaci\u00f3n estatutaria correspondiente para celebrar el aludido negocio jur\u00eddico\u00bb. De manera que la prueba pericial pretermitida permit\u00eda demostrar la existencia de un detrimento patrimonial imputable a la actuaci\u00f3n del demandado. Se advierte la ausencia de enunciaci\u00f3n de una norma de estirpe sustancial que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio de la recurrente haya sido violada. Omisi\u00f3n que implica la inmediata inadmisi\u00f3n del cargo. Y aun cuando aludi\u00f3 al art\u00edculo 200 del C\u00f3digo de Comercio, lo hizo para denunciar un yerro de estirpe probatorio. En tanto que, a su juicio, el error de hecho denunciado consisti\u00f3 en la \u00abausencia de valoraci\u00f3n del dictamen pericial rendido por Jorge Arango en el marco del proceso, en conjunto con la falta de aplicaci\u00f3n de la presunci\u00f3n de culpa prevista en el art\u00edculo 200 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, si se aceptase que s\u00ed cumpli\u00f3 con lo exigido por el par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso en punto de la disposici\u00f3n material, lo cierto es que, en todo caso, el embate se qued\u00f3 a mitad de camino. Pues omiti\u00f3 explicar por qu\u00e9 la pretermisi\u00f3n en la apreciaci\u00f3n del dictamen pericial rendido por el perito Jorge Arango signific\u00f3 la transgresi\u00f3n indirecta de dicha norma. <\/p>\n
2.5.- El cargo quinto se finc\u00f3 en la violaci\u00f3n directa, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, del art\u00edculo 200 del C\u00f3digo de Comercio, en la medida en que \u00abexigi\u00f3, frente a las sanciones impuestas por la ANLA a Carbosan, la prueba de culpa o dolo de Mauricio Su\u00e1rez\u00bb. Explic\u00f3 que \u00abante el desconocimiento de normas ambientales reconocido por la ANLA al imponer determinadas sanciones a Carbosan, deb\u00eda presumirse la culpa del se\u00f1or Su\u00e1rez como administrador de la compa\u00f1\u00eda. Y, contrario a lo exigido por el Tribunal, era el demandado quien deb\u00eda desvirtuar dicha presunci\u00f3n\u00bb. No obstante, pese a alegarse la transgresi\u00f3n recta de la citada disposici\u00f3n del estatuto mercantil, lo cierto es que efect\u00faa varias consideraciones f\u00e1cticas. Las cuales est\u00e1n proscritas bajo la causal primera de casaci\u00f3n. Ello es as\u00ed pues una y otra vez asegura a que, contrario a lo sostenido por el sentenciador de segundo grado, considera que, a la luz de los estatutos sociales de Carbosan, al representante legal se le atribuy\u00f3 \u00abno solamente la funci\u00f3n de cumplir la regulaci\u00f3n ambiental, sino tambi\u00e9n la de hacerla cumplir, lo que naturalmente refuerza el deber incumplido del demandado a la hora de supervisar a sus subalternos\u00bb. En ese orden, destac\u00f3 que \u00ablos estatutos expl\u00edcitamente le asignaron al se\u00f1or Su\u00e1rez la carga de cumplir y garantizar el cumplimiento de la regulaci\u00f3n ambiental aplicable a la compa\u00f1\u00eda\u00bb. Hecho que fue ignorado por el Tribunal, el cual asever\u00f3 que \u00abesos elementos probatorios no se\u00f1alan claramente una acci\u00f3n u omisi\u00f3n del exadministrador que hubiese conducido a la imposici\u00f3n de esa sanci\u00f3n, dado que la gesti\u00f3n ambiental, as\u00ed como la operaci\u00f3n de cargue y descargue, estaba confiada a otros empleados de la empresa actora, por lo que no se pod\u00eda exigir que tuviera que supervisar todos los pormenores de la operaci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda\u00bb. De manera que, ante la inconformidad del impugnante con lo concluido por el ad quem frente a tal aspecto f\u00e1ctico, termin\u00f3 por incurrir en hibridismo de las causales de casaci\u00f3n. Lo cual torna el embate en inadmisible. <\/p>\n
2.6.- En el cargo sexto, se censur\u00f3 la violaci\u00f3n indirecta de la \u00abley sustancial\u00bb por error de hecho ante la pretermisi\u00f3n de ciertos elementos probatorios que \u00abdemuestran que el demandado s\u00ed conoc\u00eda acerca de la falsedad de la informaci\u00f3n que se suministraba a la junta directiva para obtener la ratificaci\u00f3n a que se ha hecho referencia\u00bb. No obstante, el motivo de casaci\u00f3n no enuncia ninguna norma sustancial que haya sido presuntamente transgredida indirectamente como consecuencia del error de hecho denunciado. Tal omisi\u00f3n no permite que esta Corporaci\u00f3n estudie de fondo el reproche en comento. <\/p>\n
2.7.- Finalmente, en el cargo s\u00e9ptimo, se aleg\u00f3 la vulneraci\u00f3n directa, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, del art\u00edculo 16 de la Ley 446 de 1998. Ello, en tanto que el ad quem confirm\u00f3 \u00ablos razonamientos de la Delegatura de Procedimientos Mercantiles respecto del uso del \u00cdndice de Precios al Consumidor (IPC) para la indexaci\u00f3n de las sumas a las cuales ascienden los da\u00f1os probados dentro del proceso, a pesar de que mi representada solicit\u00f3 la aplicaci\u00f3n del Inter\u00e9s Bancario Corriente (IBC) en su recurso de apelaci\u00f3n y en la demanda inicial\u00bb. Y es que, a su juicio, el IBC s\u00ed tienen cuenta el costo de oportunidad asociado a la imposibilidad de obtener rentas sobre los recursos cuya p\u00e9rdida fue generada por el hecho da\u00f1oso. Tal como lo \u00abreconoci\u00f3 el perito Jorge Arango en el marco del proceso \u2014prueba que, como se vio, fue por completo ignorada por el Tribunal\u00bb. Visto as\u00ed, el embate adolece de serios yerros que implican su necesaria inadmisi\u00f3n. Estos son: <\/p>\n
2.7.1.- En primer lugar, se no se determin\u00f3 cu\u00e1l fue el error en el an\u00e1lisis jur\u00eddico efectuado por el sentenciador frente a la norma cuya vulneraci\u00f3n denuncia. Y, a juicio de esta Sala, ello no pod\u00eda ser de otra forma en tanto que el Colegiado no efectu\u00f3 un estudio sobre el punto en concreto frente a la determinaci\u00f3n de primera instancia. Lo anterior, se debi\u00f3 a que la confirmaci\u00f3n de la determinaci\u00f3n sobre la aplicaci\u00f3n del IPC por la Superintendencia de Sociedades no obedeci\u00f3 a la aplicaci\u00f3n -acertada o no- del mentado art\u00edculo 16 de la Ley 446 de 1998. Sino a que la recurrente no formul\u00f3 tal reparo en concreto al proponer el recurso de apelaci\u00f3n. Al respecto, es diciente lo sostenido por el juzgador de segundo grado en el prove\u00eddo dictado el 27 de octubre del 2022, mediante el cual neg\u00f3 la adici\u00f3n del fallo confutado. Afirm\u00f3 que <\/p>\n
\u00abPor \u00faltimo, no hay lugar a la adici\u00f3n del fallo de la Sala en lo referente a que la indemnizaci\u00f3n por los perjuicios asociados a la utilizaci\u00f3n ileg\u00edtima del esquema de compensaci\u00f3n flexible deb\u00eda ser indexada conforme con el inter\u00e9s bancario corriente (IBC) y no con el \u00edndice de precios al consumidor (IPC), puesto que dicho asunto no se formul\u00f3 como reparo concreto ante el a quo, el cual pudiera ser v\u00e1lidamente sustentado en segundo grado, tal como se aprecia en los escritos presentados por la demandante que conten\u00edan tales reproches concretos, para lo cual debe tener en cuenta ese extremo del litigio que el superior deb\u00eda examinar la providencia apelada \u201c\u00fanicamente en relaci\u00f3n con los reparos concretos formulados por el apelante\u201d (art. 320, CGP), por lo que aquel asunto no pod\u00eda ser objeto de pronunciamiento en segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
2.7.2.- A su turno, se se\u00f1ala la mixtura en que incurri\u00f3 la censora, en tanto efect\u00faa consideraciones probatorias frente a la pretermisi\u00f3n del dictamen pericial rendido por Jorge Arango. Al respecto, claramente manifiesta que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) es importante poner de presente que, en criterio t\u00e9cnico del perito Arango \u2014prueba que, como se vio, debi\u00f3 ser valorada y fue por completo ignorada por el Tribunal\u2014 la actualizaci\u00f3n mediante una tasa de indexaci\u00f3n equivalente al IBC es aquella que permite reconocer cabalmente la p\u00e9rdida de oportunidad sufrida por Carbosan como consecuencia de los da\u00f1os irrogados las conductas indebidas de Mauricio Su\u00e1rez. Por el contrario, la actualizaci\u00f3n por IPC, que en todo caso fue calculada en el dictamen, no reconoce ese costo de oportunidad sufrido por Carbosan\u00bb. <\/p>\n
Razonamiento que, como se explic\u00f3 en precedencia, es por completo inadmisible en casaci\u00f3n. Comoquiera que los argumentos deben circunscribirse \u00fanica y exclusivamente a la esfera jur\u00eddica. Sin que sea posible efectuar consideraciones de estirpe probatoria o f\u00e1cticas. Como ocurri\u00f3 en el caso en concreto. <\/p>\n
3.- Colof\u00f3n de lo razonado, se inadmitir\u00e1 la demanda de casaci\u00f3n formulada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: INADMITIR la demanda de casaci\u00f3n formulada por la Operadora de Carb\u00f3n de Santa Marta Ltda. -Carbosan Ltda.- en contra de la sentencia proferida el 7 de octubre de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 D.C. dentro del tr\u00e1mite de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR la devoluci\u00f3n del expediente al tribunal de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo \u00abDemanda.PDF\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Archivo \u00ab15.Contestaci\u00f3nDemanda2020-01-100221\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 PDF \u00ab346Sentencia2021-01-599927\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
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AC3232-2023 (2019-00407-01) FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente AC3232-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-99-002-2019-00407-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda con la cual la Operadora de Carb\u00f3n de Santa Marta Ltda. -Carbosan Ltda.- pretende sustentar […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77135","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77135","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77135"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77135\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77135"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77135"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77135"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}