AC3508-2023 (2023-04427-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC3508-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2023-04427-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Se resuelve el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Veintiuno Civil Municipal de Bogot\u00e1 y D\u00e9cimo Civil Municipal de Villavicencio- Meta- con ocasi\u00f3n de la demanda ejecutiva promovida por Reintegra S.A.S., contra Fernando Mondrag\u00f3n Leonel. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La parte actora solicit\u00f3 librar mandamiento de pago con fundamento en el pagar\u00e9 allegado como base de recaudo. <\/p>\n
En cuanto a la competencia indic\u00f3 que le correspond\u00eda al juzgado de esta ciudad por el lugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
2.- El Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Bogot\u00e1 D.C., al recibir la demanda, rehus\u00f3 la competencia mediante auto 23 de junio de 2023, tras argumentar que el convocado tiene su domicilio en Villavicencio; por lo tanto, de conformidad con lo previsto en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, los jueces de esa localidad son los competentes para conocer de la acci\u00f3n instaurada. <\/p>\n
De otro lado, asegur\u00f3 que el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo en cita no es aplicable a este caso, toda vez que dicho precepto se refiere \u00fanicamente a contratos, m\u00e1s no a t\u00edtulos valores. <\/p>\n
3.- El 1 de septiembre de 2023 el Juzgado Noveno Civil Municipal de Villavicencio remiti\u00f3 el expediente al D\u00e9cimo de su mismo circuito en virtud del Acuerdo PCSJA20-11686. <\/p>\n
4.- Por su parte el Juzgado D\u00e9cimo Civil Municipal de Villavicencio en providencia del pasado 25 de octubre, resolvi\u00f3 no avocar conocimiento del asunto y, en consecuencia, promovi\u00f3 el conflicto negativo. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Como el conflicto planteado involucra dos juzgados de diferente distrito judicial, esta Sala de la Corte es competente para resolverlo en calidad de superior funcional de ambos funcionarios judiciales, de conformidad con los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2.- De las pautas de competencia territorial consagradas por el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, el numeral 1\u00ba constituye la regla general, cual es que \u00ab[e]n los procesos contenciosos, salvo disposici\u00f3n legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado (\u2026)\u00bb (se subraya). <\/p>\n
<\/p>\n
Sin embargo, cuando se trata de \u00abprocesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos es tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulaci\u00f3n de domicilio contractual para efectos judiciales se tendr\u00e1 por no escrita\u00bb (num. 3 \u00eddem, subraya externa). <\/p>\n
<\/p>\n
Entonces, para fijar la competencia en demandas originadas en un negocio jur\u00eddico o que comprendan t\u00edtulos ejecutivos, existen dos fueros concurrentes, el general del domicilio de la parte convocada y el del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. As\u00ed las cosas, teniendo en cuenta que ninguno prevalece sobre el otro, la potestad de elecci\u00f3n recae exclusivamente en el actor y no puede ser desconocida por el servidor judicial ante quien se promueva la acci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
Sobre este punto, la Corporaci\u00f3n ha explicado que el demandante, con fundamento en los actos jur\u00eddicos de \u00abalcance bilateral o en un t\u00edtulo ejecutivo tiene la opci\u00f3n de accionar, [ad libitum], en uno u otro lugar, o sea, en el domicilio de la contraparte o donde el pacto objeto de discusi\u00f3n o t\u00edtulo de ejecuci\u00f3n deb\u00eda cumplirse; pero, ins\u00edstese, ello queda, en principio, a la determinaci\u00f3n expresa de su promotor\u00bb (AC4412, 13 jul. 2016, rad. 2016-01858-00, reiterado en AC5781-2021). <\/p>\n
3.- En el caso en estudio, la parte actora acudi\u00f3 ab initio ante los jueces de Bogot\u00e1 con fundamento en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Revisado el pagar\u00e9 que soporta la ejecuci\u00f3n, de entrada, se evidencia que el cumplimiento de la obligaci\u00f3n s\u00ed se encuentra radicada en esta ciudad, pues as\u00ed se consign\u00f3 en el instrumento cambiario al plasmar: \u00abEn virtud de este pagar\u00e9, prometemos pagar solidaria e incondicionalmente el d\u00eda (\u2026) a la orden de BANCOLOMBIA S.A., o a quien represente sus derechos, en sus oficinas de Bogot\u00e1\u00bb (resaltado intencional). <\/p>\n
De manera que, en este evento, la facultad de escoger entre los fueros general y especial (num. 1\u00ba y 3\u00ba, art. 28 del C.G.P.), se reserva a quien impetra la acci\u00f3n, por lo que esta Corporaci\u00f3n se encuentra compelida a respetar la determinaci\u00f3n que en tal sentido adopt\u00f3 el ejecutante que, en este caso particular, opt\u00f3 por el lugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n, es decir, Bogot\u00e1. <\/p>\n
4.- Finalmente, no es de recibo el argumento esgrimido por el Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Bogot\u00e1 D.C., al sostener que el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso no es aplicable a los t\u00edtulos valores sino \u00fanicamente a los contratos, ya que la norma es clara en se\u00f1alar que resulta procedente para los \u00abprocesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos\u00bb, lo que, inevitablemente, tambi\u00e9n alude a los instrumentos cambiarios, los cuales, en \u00faltimas, nacen por lo general de un contrato de mutuo. <\/p>\n
Sobre el particular, en un pronunciamiento de similares connotaciones se indic\u00f3: <\/p>\n
En adici\u00f3n, de destacar que esta regla legal alude no s\u00f3lo a los procesos originados en negocios jur\u00eddicos -de los cuales s\u00ed es fiel reflejo el otorgamiento de t\u00edtulos-valores-, sino tambi\u00e9n a los t\u00edtulos ejecutivos, que constituyen el g\u00e9nero al paso que los t\u00edtulos-valores bien podr\u00edan denominarse como una especie, en la medida en que todo t\u00edtulo valor es t\u00edtulo ejecutivo. <\/p>\n
Por ende, es inadmisible el argumento del estrado judicial de la capital de la rep\u00fablica al pretender apartarse del conocimiento del asunto, porque si bien el domicilio del ejecutado se encuentra en Barranquilla, el lugar donde deb\u00eda realizarse el pago del mutuo es la ciudad de Bogot\u00e1, seg\u00fan se desprende del tenor literal del pagar\u00e9 suscrito, y ante la existencia de fueros concurrentes, el convocante escogi\u00f3 incoar su libelo ejecutivo ante los jueces del lugar pactado para el cumplimiento de la obligaci\u00f3n plasmada en ese instrumento cartular. (AC2594, 21 jun. 2022, rad. 2022-01982-00) (resaltado ajeno al texto). <\/p>\n
5.- De conformidad con lo anterior, la competencia queda establecida en el despacho de esta ciudad, que ser\u00e1 el encargado de conocer y tramitar la acci\u00f3n presentada. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Bogot\u00e1 es el competente para conocer el asunto; en consecuencia, remitir el expediente a la se\u00f1alada autoridad judicial, para que avoque conocimiento e imparta el tr\u00e1mite correspondiente. <\/p>\n
SEGUNDO: Comunicar esta providencia al Juzgado D\u00e9cimo Civil Municipal de Villavicencio- Meta- as\u00ed como a la sociedad promotora del tr\u00e1mite. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
<\/p>\n
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