AC3525-2023 (2023-04432-00)<\/p>\n
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AC3525-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-04432-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Diecinueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el primer estrado, Enel Colombia S.A. E.P.S. promovi\u00f3 coercitivo contra Constructora RMG S.A.S., para lo cual aport\u00f3 como base de recaudo una factura de servicios p\u00fablicos. Precis\u00f3 que se trataba de una compa\u00f1\u00eda \u00abconstituida por aportes estatales y de capital privado, domiciliada en la ciudad de Bogot\u00e1\u00bb, por lo que atribuy\u00f3 la competencia por su domicilio, conforme al \u00abnumeral 10 del art\u00edculo 28 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
2. Esa autoridad rechaz\u00f3 el l\u00edbelo con fundamento en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, atendiendo la vecindad de la convocada en \u00abZipaquir\u00e1\u00bb, por lo que dispuso su env\u00edo a las autoridades hom\u00f3logas de dicha localidad. <\/p>\n
3. El segundo despacho involucrado asumi\u00f3 el conocimiento del asunto, libr\u00f3 mandamiento de pago y surti\u00f3 varias actuaciones, entre ellas, convocar a audiencia inicial. Sin embargo, en prove\u00eddo de 5 de septiembre pasado advirti\u00f3 que \u00abla entidad demandante es una sociedad comercial de car\u00e1cter an\u00f3nimo, con participaci\u00f3n p\u00fablica, del orden descentralizado por servicios, seg\u00fan el art. 68 de la ley 489 de 1998\u00bb, raz\u00f3n por la cual a quien le correspond\u00eda impulsarlo era a su antiguo remitente. Por consiguiente, envi\u00f3 el expediente a la Corte para que se dirima la colisi\u00f3n. <\/p>\n
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II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Como la divergencia que se analiza se trab\u00f3 entre dos estrados de diferentes distritos judiciales, a esta Corporaci\u00f3n le ata\u00f1e dirimirla en Sala Unitaria como superior funcional com\u00fan de ellos, seg\u00fan lo establecen los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el canon 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2.- Para distribuir los procesos entre las distintas autoridades judiciales asentadas en la geograf\u00eda nacional, el ordenamiento acude a los factores territorial, objetivo, subjetivo, funcional y de conexidad. Mediante el primero, indica cu\u00e1l es el juez que en raz\u00f3n de la circunscripci\u00f3n debe conocer del litigio y para concretarlo establece los \u00abforos o fueros\u00bb, de modo que, por lo general, en los pleitos contenciosos acude al \u00abpersonal\u00bb que radica la competencia en el juez del lugar del domicilio del demandado, o en el de su residencia; adem\u00e1s, consagra otros especiales, como el denominado por la doctrina \u00abforum rei sitae\u00bb o \u00abreal\u00bb, referido al sitio donde ocurrieron los hechos o a la ubicaci\u00f3n de los bienes objeto de la lid. Igualmente, impone el fuero contractual, seg\u00fan el cual es llamado a conocer el asunto el juez del lugar de cumplimiento de las obligaciones emanadas de un negocio jur\u00eddico, entre otros. <\/p>\n
Es lo que acontece con los procesos ejecutivos, en los que el acreedor puede acudir ante el juez del domicilio del deudor, pues as\u00ed lo autoriza el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, o ante el del lugar del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones, toda vez que el numeral 3\u00ba de ese mismo precepto prev\u00e9 que en \u00ablos procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos es tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb. <\/p>\n
Por consiguiente, cuando se pretenda la realizaci\u00f3n de conductas o prestaciones derivadas de un negocio jur\u00eddico, ser\u00e1n competentes, a prevenci\u00f3n, el juez del domicilio del demandado o el del lugar de su cumplimiento, pero en todo caso la escogencia y su raz\u00f3n de ser deben quedar claramente determinadas en el texto introductorio o aflorar de cualquier otro elemento de convicci\u00f3n. <\/p>\n
Sin embargo, hay otros supuestos en que el legislador anula esa discrecionalidad y privativamente determina la potestad, indicando, de forma precisa y categ\u00f3rica, el funcionario que con exclusi\u00f3n de cualquier otro est\u00e1 llamado a encarar el debate. Al respecto, en la providencia AC4079- 2019, la Corte reiter\u00f3 lo dicho en AC3744-2018, al se\u00f1alar que: <\/p>\n
(\u2026) el concepto \u00abprivativo\u00bb que constituye el com\u00fan denominador de las precitadas disposiciones implica que a los juzgadores con autoridad en el territorio donde se cumple alguna de las condiciones se\u00f1aladas en ellas, es decir, del sitio donde se localizan los inmuebles sobre los que se quiere constituir ese gravamen o del que es vecino el organismo estatal, concierne conocer, tramitar y resolver de manera exclusiva los litigios cuyas pretensiones tienen esa finalidad o han sido formuladas a favor o en contra de una entidad de esa \u00edndole (\u2026). <\/p>\n
As\u00ed sucede, entre otros casos, cuando una de las partes en el proceso sea una entidad p\u00fablica, dado que el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 adjetivo establece un criterio exclusivo, seg\u00fan el cual en \u00ablos procesos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb, de donde emerge un fuero privativo de car\u00e1cter general que se funda en la calidad del sujeto para asignar competencia al juez de su domicilio. <\/p>\n
Como en muchas ocasiones la demandante es una entidad que responde al memorado criterio subjetivo y es vecina de un sitio distinto de aquel donde se encuentra domiciliado el deudor, en la pr\u00e1ctica surge un enfrentamiento entre los par\u00e1metros atributivos en comento, dilema que conforme el criterio mayoritario de la Sala, plasmado en AC140-2020, tiene soluci\u00f3n en el inciso primero del art\u00edculo 29 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u00abes prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb, por lo que en todos los tr\u00e1mites que participe un organismo de linaje \u00abp\u00fablico\u00bb habr\u00e1 de preferirse su \u00abfuero personal\u00bb. En tal sentido, se indic\u00f3 que \u00abla colisi\u00f3n presentada entre los dos fueros privativos de competencia consagrados en los numerales 7\u00b0 (real) y 10\u00b0 (subjetivo) del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, debe solucionarse a partir de la regla establecida en el canon 29 ibidem, raz\u00f3n por la que prima el \u00faltimo de los citados\u00bb. <\/p>\n
En esa oportunidad, tambi\u00e9n se afirm\u00f3 que el hecho de que el organismo de derecho p\u00fablico radique el libelo con estribo en la regla s\u00e9ptima aludida no implica renuncia al fuero prevalente del numeral d\u00e9cimo porque, entre otros motivos, queda descartada la perpetuatio jurisdictionis, pues como all\u00ed se dijo: <\/p>\n
(\u2026) esa forma de disciplinar la competencia para los factores funcional y subjetivo, trae consigo otra cuesti\u00f3n sumamente importante, cu\u00e1l es la imposibilidad de dar aplicaci\u00f3n al principio de la perpetuatio jurisdictionis (\u2026) En tal sentido, no puede afirmarse que si un \u00f3rgano, instituci\u00f3n o dependencia de la mencionada calidad p\u00fablica radica una demanda en un lugar distinto al de su domicilio, est\u00e1 renunciando autom\u00e1ticamente a la prebenda procesal establecida en la ley adjetiva civil a su favor, pues, como se ha reiterado, no le es autorizado disponer de ella, como quiera que la competencia ya le viene dada en forma privativa y prevalente a un determinado juez, esto es, el de su domicilio, de ah\u00ed que, no puede renunciar a ella. <\/p>\n
Cabe anotar que si bien el suscrito ponente disiente de la postura adoptada en esa determinaci\u00f3n unificadora, como lo expres\u00f3 en el respectivo salvamento de voto, desde entonces ha aplicado con todas sus consecuencias el criterio que prevaleci\u00f3, puesto que la finalidad de esa resoluci\u00f3n conjunta fue precisamente superar la divergencia que se presentaba entre los diferentes magistrados de la Sala frente a una situaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica id\u00e9ntica, todo ello en aras de salvaguardar los principios de igualdad y seguridad jur\u00eddica (cfr. CSJ AC388-2020). <\/p>\n
Ahora bien, aunque esa soluci\u00f3n se dio en un certamen de imposici\u00f3n de servidumbre, la regla de juicio que all\u00ed se emple\u00f3, esto es, la competencia prevalente del \u00abfactor subjetivo\u00bb en atenci\u00f3n a la calidad de los extremos (art. 29, inc. primero, CGP), resulta aplicable a cualquier otro pleito en que sea parte una entidad de aquellas a que se refiere el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 ejusdem. <\/p>\n
Por \u00faltimo, vale advertir que la anterior visi\u00f3n armoniza con el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, cuyo inciso primero prev\u00e9 que la \u00abjurisdicci\u00f3n y competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables\u00bb, de lo cual fluye que solo esos dos aspectos determinantes de la \u00abcompetencia\u00bb admiten revisi\u00f3n en cualquier ciclo del debate. <\/p>\n
3. Trat\u00e1ndose de empresas prestadoras de servicios p\u00fablicos la aplicaci\u00f3n del foro exclusivo depende, como es natural, de la certidumbre sobre su eventual linaje p\u00fablico. <\/p>\n
La Ley 142 de 1994 \u00ab[p]or la cual se dictan normas sobre la organizaci\u00f3n y funcionamiento de las entidades del orden nacional\u00bb distingui\u00f3 en su art\u00edculo 14 entre las empresas de servicios p\u00fablicas de car\u00e1cter oficial, mixtas o privadas. <\/p>\n
Para tal efecto consagr\u00f3 que las primeras son aquellas \u00aben cuyo capital la Naci\u00f3n, las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o estas tienen el 100% de los aportes\u00bb, las segundas, \u00aben cuyo capital la Naci\u00f3n, las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o \u00e9stas tienen aportes iguales o superiores al 50%\u00bb y, las terceras, \u00abcuyo capital pertenece mayoritariamente a particulares, o a entidades surgidas de convenios internacionales que deseen someterse \u00edntegramente para estos efectos a las reglas a las que se someten los particulares\u00bb. <\/p>\n
En sentencia C-736 de 2007 se analiz\u00f3 la constitucionalidad de esa y otras disposiciones; respecto de la naturaleza jur\u00eddica de las empresas prestadoras de servicios p\u00fablicos se precis\u00f3 que <\/p>\n
\u00abLa propia Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en su art\u00edculo 365 define que la adecuada prestaci\u00f3n de los servicios p\u00fablicos est\u00e1 vinculada a la finalidad social del Estado, por lo cual a \u00e9ste corresponde asegurar dicha prestaci\u00f3n a todos los habitantes del territorio nacional. La misma norma indica que el r\u00e9gimen jur\u00eddico de los servicios p\u00fablicos ser\u00e1 el que fije la ley, y podr\u00e1n ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares, pero que en todo caso, \u201cel Estado mantendr\u00e1 la regulaci\u00f3n, el control y la vigilancia de dichos servicios\u201d. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
(\u2026) la Corte entiende que el constituyente quiso definir que las personas o entidades que asuman la prestaci\u00f3n de los servicios p\u00fablicos tendr\u00e1n no s\u00f3lo un r\u00e9gimen jur\u00eddico especial, sino tambi\u00e9n una naturaleza jur\u00eddica especial; esta particular naturaleza y reglamentaci\u00f3n jur\u00eddica encuentra su fundamento en la necesidad de hacer realidad la finalidad social que es definida por la misma Carta como objetivo de la adecuada prestaci\u00f3n de los servicios p\u00fablicos. De lo anterior se desprende que cuando el Estado asume directamente o participa con los particulares en dicho cometido, las entidades que surgen para esos efectos tambi\u00e9n se revisten de ese car\u00e1cter especial y quedan sujetas a la reglamentaci\u00f3n jur\u00eddica particularmente dise\u00f1ada para la prestaci\u00f3n adecuada de los servicios p\u00fablicos. Otro tanto sucede cuando los particulares asumen la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos. As\u00ed las cosas, las sociedades p\u00fablicas, privadas o mixtas cuyo objeto social sea la prestaci\u00f3n de los servicios en comento, antes que sociedades de econom\u00eda mixta, sociedades entre entidades p\u00fablicas o sociedades de car\u00e1cter privado, vienen a ser entidades de naturaleza especial, para responder as\u00ed a este inter\u00e9s constitucional de someter esta actividad de inter\u00e9s social a un r\u00e9gimen jur\u00eddico tambi\u00e9n especial. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
5.3 Las empresas de servicios p\u00fablicos mixtas y privadas en las cuales haya cualquier porcentaje de participaci\u00f3n p\u00fablica, son entidades descentralizadas y constitucionalmente conforman la Rama Ejecutiva. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
N\u00f3tese c\u00f3mo una empresa de servicios p\u00fablicos privada es aquella que mayoritariamente pertenece a particulares, lo cual, a contrario sensu, significa que minoritariamente pertenece al Estado o a sus entidades. Y que una empresa de servicios p\u00fablicos mixta es aquella en la cual el capital p\u00fablico es igual o superior al cincuenta por ciento (50%), lo cual significa que minoritariamente pertenece a particulares. As\u00ed las cosas, una y otra se conforman con aporte de capital p\u00fablico, por lo cual su exclusi\u00f3n de la estructura de la Rama Ejecutiva y de la categor\u00eda jur\u00eddica denominada \u201centidades descentralizadas\u201d resulta constitucionalmente cuestionable, toda vez que implica, a su vez, la exclusi\u00f3n de las consecuencias jur\u00eddicas derivadas de tal naturaleza jur\u00eddica, dispuestas expresamente por la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que si bien el legislador s\u00f3lo considera expl\u00edcitamente como entidades descentralizadas a las empresas oficiales de servicios p\u00fablicos, es decir a aquellas con un capital cien por ciento (100%) estatal, lo cual har\u00eda pensar que las mixtas y las privadas no ostentar\u00edan esta naturaleza jur\u00eddica, a continuaci\u00f3n indica que tambi\u00e9n son entidades descentralizadas \u201clas dem\u00e1s entidades creadas por la ley o con su autorizaci\u00f3n, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos o la realizaci\u00f3n de actividades industriales o comerciales con personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y patrimonio propio.\u201d (Subraya la Corte). As\u00ed las cosas, de manera impl\u00edcita incluye a las empresas de servicios p\u00fablicos mixtas o privadas como entidades descentralizadas, por lo cual la Corte no encuentra obst\u00e1culo para declarar su constitucionalidad.\u00bb <\/p>\n
Por su parte, la Ley 498 de 1998 \u00ab[p]or la cual se dictan normas sobre la organizaci\u00f3n y funcionamiento de las entidades del orden nacional\u00bb dispuso en el numeral 2\u00b0 del c\u00e1non 38, que hacen parte de la rama ejecutiva, entre otras, \u00abd) (\u2026) las empresas oficiales de servicios p\u00fablicos domiciliarios\u00bb. <\/p>\n
De igual forma, referente a las entidades descentralizadas el art\u00edculo 68 ibidem dispuso: <\/p>\n
\u00abSon entidades descentralizadas del orden nacional, los establecimientos p\u00fablicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades p\u00fablicas y las sociedades de econom\u00eda mixta, las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personer\u00eda jur\u00eddica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios p\u00fablicos y las dem\u00e1s entidades creadas por la ley o con su autorizaci\u00f3n, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos o la realizaci\u00f3n de actividades industriales o comerciales con personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y patrimonio propio.\u00bb <\/p>\n
Con ese panorama queda claro que, como se indic\u00f3 en el referido pronunciamiento, \u00ab[l]as empresas de servicios p\u00fablicos mixtas y privadas en las cuales haya cualquier porcentaje de participaci\u00f3n p\u00fablica, son entidades descentralizadas y constitucionalmente conforman la Rama Ejecutiva\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, basta acudir al contexto integral de esa normativa y de la providencia en comento para dejar al descubierto que el linaje p\u00fablico es propio de las entidades de servicios p\u00fablicos que tienen alg\u00fan capital estatal y no a aquellas conformadas en su totalidad por aportes del sector privado. <\/p>\n
As\u00ed, del escenario jur\u00eddico expuesto es dable colegir que, en cuanto a las privadas, existen dos tipos de sociedades, las primeras con participaci\u00f3n societaria del estado las cuales integran la categor\u00eda de entidades descentralizadas y, las segundas, aquellas que no cuentan con aportes p\u00fablicos y, por tanto, no entran ostentan dicha calidad. <\/p>\n
4.- En el presente caso, se encuentra que Enel Colombia S.A. E.P.S., ejecutante, es una \u00absociedad comercial, por acciones, del tipo de las an\u00f3nimas, constituida como una empresa de servicios p\u00fablicos\u00bb1, de la cual es accionista de un \u00ab42,515%\u00bb el Grupo Energ\u00eda de Bogot\u00e1 S.A. E.S.P., en el que, a su vez, el Distrito Capital de Bogot\u00e1 tiene una participaci\u00f3n societaria equivalente a \u00ab65.7%\u00bb. <\/p>\n
Dicha informaci\u00f3n extra\u00edda de las p\u00e1ginas web de esas compa\u00f1\u00edas permite colegir que la acreedora es una empresa de servicios p\u00fablicos conformada con \u00abalg\u00fan\u00bb tipo de capital estatal, lo que la convierte en una entidad descentralizada, raz\u00f3n por la cual el primer funcionario no estaba habilitado para desprenderse del asunto, porque el par\u00e1metro del numeral decimo en cita es el indicado para definir la competencia en virtud de tal calidad, por lo que quedaban descartados los dem\u00e1s aspectos generales determinantes de la \u00abasignaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Ahora, vale destacar que la situaci\u00f3n no cambia porque el funcionario de Zipaquir\u00e1 hubiera agotado varios pasos del pleito, ya que como qued\u00f3 referido, en este evento no aplica el principio de la perpetuatio jurisdictionis. <\/p>\n
5.- Por consiguiente, la actuaci\u00f3n retornar\u00e1 a la oficina que primeramente lo recibi\u00f3 para que contin\u00fae con el tr\u00e1mite respectivo. <\/p>\n
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III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Declarar que el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 es el competente para conocer la causa de la referencia. <\/p>\n
Segundo: Remitir virtualmente, por Secretar\u00eda, el expediente digital al citado despacho para que proceda de conformidad y comunicar lo decidido a la otra dependencia inmersa en la colisi\u00f3n. <\/p>\n
Tercero: Librar los oficios correspondientes, por Secretar\u00eda. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Seg\u00fan estatutos sociales de esa compa\u00f1\u00eda, disponibles en: <\/p>\n