AC3574-2023 (2023-04542-00)<\/p>\n
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AC3574-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-04542-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Primero de Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, Sexto de Familia de la misma ciudad y Quinto de Familia de Cali. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Ante el primer estrado, Fernando Charria Garc\u00eda, en calidad de guardador leg\u00edtimo de Juan Carlos Charria Garc\u00eda, solicit\u00f3 licencia judicial para enajenaci\u00f3n de derechos de cuota de persona en situaci\u00f3n de discapacidad. Respecto de la competencia para tramitar el asunto, se\u00f1al\u00f3 que la misma estaba a cargo del estrado referido por disposici\u00f3n legal. <\/p>\n
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3. El receptor tambi\u00e9n se abstuvo. Se\u00f1al\u00f3 que tambi\u00e9n est\u00e1 pendiente por resolver la solicitud de levantamiento de la interdicci\u00f3n decretada y estim\u00f3 que si bien profiri\u00f3 la sentencia cuyo revisi\u00f3n se pretende, y en principio deber\u00eda conocer del asunto, adujo que el domicilio de la persona en situaci\u00f3n de discapacidad mut\u00f3 de Bogot\u00e1 a Cali, \u00abcircunstancia que es necesario tener en cuenta para su revisi\u00f3n por parte de la autoridad judicial, pues, en dicho proceso es menester realizar valoraci\u00f3n de apoyos que deber\u00e1 practicar el ente encargado de dicho domicilio y no el de Bogot\u00e1, lo mismo que las declaraciones de su familia que se <\/p>\n
encuentran tambi\u00e9n all\u00ed radicadas\u00bb. Por consiguiente, dispuso remitir las diligencias a los Juzgados de Familia de la capital de Valle del Cauca. <\/p>\n
4. El Juzgado 5\u00ba de Familia de Cali se\u00f1al\u00f3 que en virtud de lo previsto en el art\u00edculo 56 de la ley 2019 el Juzgado 6\u00ba de Familia de Bogot\u00e1 es el competente para tramitar la revisi\u00f3n de la sentencia de interdicci\u00f3n, \u00abpudiendo en el evento de un cambio posterior de domicilio del titular del acto jur\u00eddico (que en nada altera la competencia), comisionar para la valoraci\u00f3n de apoyos requerida, que por cierto se puede practicar \u201csin restricci\u00f3n territorial\u201d\u00bb; adem\u00e1s, manifest\u00f3 que el Juzgado 1\u00ba de Familia de Bogot\u00e1, en virtud del principio perpetuatio jurisdictionis debe continuar con el tr\u00e1mite de la solicitud de licencia para enajenaci\u00f3n, toda vez que ya admiti\u00f3 el mismo. <\/p>\n
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II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Como la divergencia se trab\u00f3 entre despachos de diferente distrito judicial, a esta Corporaci\u00f3n le ata\u00f1e dirimirla como superior funcional com\u00fan de ellos, por conducto del suscrito Magistrado Sustanciador en Sala Unitaria, como lo establecen los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el 7\u00ba de la 1285 de 2009. <\/p>\n
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2. El ordenamiento adjetivo establece pautas para el reparto de los procesos entre las distintas autoridades judiciales, ya sea a partir de uno o de varios factores, en consideraci\u00f3n a su clase o materia, la cuant\u00eda del proceso, la calidad de las partes, la naturaleza de la funci\u00f3n o la existencia de conexidad o unicidad, seg\u00fan sea del caso. <\/p>\n
De manera general, el primer numeral del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso asigna los pleitos contenciosos al funcionario con asiento en el domicilio del demandado (fuero personal), salvo \u00abdisposici\u00f3n legal en contrario\u00bb. <\/p>\n
Ahora, es preciso se\u00f1alar que la ley 1996 de 2019 regul\u00f3 lo atinente a la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad y en su art\u00edculo 56 estableci\u00f3 que \u00aben un plazo no superior a treinta y seis (36) meses contados a partir de la entrada en vigencia del Cap\u00edtulo V de la presente ley\u00bb, \u00ablos jueces de familia que tramitaron procesos de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n\u00bb deben citar de oficio a las personas que cuenten con sentencia de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n anterior a la promulgaci\u00f3n de la ley, al igual que a las personas designadas como curadores o consejeros, a que comparezcan ante el juzgado para determinar si requieren de la adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos; adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que, en el mismo plazo, quienes hubieren sido declarados interdictos pueden solicitar la revisi\u00f3n de su situaci\u00f3n jur\u00eddica directamente ante el juez de familia que efectu\u00f3 dicha declaraci\u00f3n. <\/p>\n
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3. En esta oportunidad, se advierte que el Juzgado Sexto de Familia de Bogot\u00e1, luego de adelantar el tr\u00e1mite procesal pertinente, mediante sentencia calendada el 24 de mayo de 2010 declar\u00f3 la interdicci\u00f3n judicial de Juan Carlos Charria Garc\u00eda por discapacidad mental absoluta y design\u00f3 como curador leg\u00edtimo principal a Fernando Charria Garc\u00eda y como guardador suplente a Daniel Jos\u00e9 Charria Garc\u00eda. <\/p>\n
Luego, en virtud de lo previsto en el mencionado art\u00edculo 56 de la ley 1996 de 2019, correspond\u00eda a ese Juzgado resolver sobre la solicitud de levantamiento de interdicci\u00f3n y designaci\u00f3n de apoyo, as\u00ed como de la licencia para enajenar bienes. Ahora la referida autoridad no pod\u00eda excusar su competencia con el hecho que los hermanos Charria Garc\u00eda est\u00e9n domiciliados en Cali, habida cuenta que fueron ellos mismos quienes elevaron las sendas solicitudes referidas en Bogot\u00e1, sin hacer alusi\u00f3n alguna al cambio de vecindad. <\/p>\n
Lo anterior no implica desconocer la especial protecci\u00f3n que el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica confiere a las personas en circunstancias de \u00abdebilidad manifiesta\u00bb, ni los principios y obligaciones consagrados en la \u00abConvenci\u00f3n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad\u00bb, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 (Ley 1346 de 2009) y en la ley 1618 de 2013, concretamente el derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia en igualdad de condiciones, que en este particular asunto se encuentra garantizado al demandante Juan Carlos Charria Garc\u00eda con la intervenci\u00f3n de su guardador y la implementaci\u00f3n de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones en las actuaciones judiciales que en la actualidad regula la Ley 2213 de 2022. <\/p>\n
En este punto no debe perderse de vista que si bien en \u00abAC5489-2019\u00bb la Sala encontr\u00f3 necesario \u00abexcluir la vigencia de la pauta ordinaria [de competencia]\u00bb en ese particular asunto, lo cierto es que la protecci\u00f3n especial que constitucional y legalmente asiste a la poblaci\u00f3n en condiciones de vulnerabilidad, por s\u00ed misma, \u00abno tiene la virtud de modificar lo consignado en el estatuto procesal civil, en cuanto a los \u201cfactores de competencia\u201d, pues lo all\u00ed estipulado corresponde a mandatos de obligatorio cumplimiento que no permiten variaci\u00f3n\u00bb, como se advirti\u00f3 en CSJ AC2581-2019, reiterado en CSJ AC2521-2022. <\/p>\n
Sin perjuicio de lo anterior, tambi\u00e9n debe destacarse que, aunque el estrado de Cali adujo que como el Juzgado 1\u00ba de Familia de Bogot\u00e1 admiti\u00f3 la solicitud de licencia de enajenaci\u00f3n, en virtud el principio de perpetuatio jurisdictionis, deb\u00eda seguir conociendo del asunto, se encuentra que, aunque dicho mandato consagra que asumida la competencia por un juez, no le es posible repudiarla motu proprio, de tal forma que \u00fanicamente las partes a trav\u00e9s de los mecanismos y oportunidades legales pueden discutirla, lo cierto es que, en el caso concreto, el estudio de la capacidad legal de Juan Carlos Charria Garc\u00eda fue iniciado bajo la ley 1306 de 2009 que perdi\u00f3 vigencia, por lo que es necesario dar plena aplicaci\u00f3n al r\u00e9gimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad previsto en la ley 1996 de 2019, por lo que, como se vio, las diligencias deben ser remitidas al despacho que resolvi\u00f3 sobre la interdicci\u00f3n para que ahora decida, incluso, sobre la licencia pretendida. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, se devolver\u00e1n las diligencias al Juzgado Sexto de Familia de Bogot\u00e1 para que obre de conformidad con lo expresado y se informar\u00e1 lo pertinente a sus hom\u00f3logos. <\/p>\n
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III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, <\/p>\n
Primero: Declarar que el Juzgado Sexto de Familia de Bogot\u00e1 es el competente para seguir conociendo del tr\u00e1mite de la referencia. <\/p>\n
Segundo: Remitir el expediente al citado despacho para que proceda de conformidad y comunicar lo decidido a las otras dependencias inmersas en la colisi\u00f3n. <\/p>\n
Tercero: L\u00edbrense los oficios correspondientes. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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