ATC1349-2023 <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1349-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba11001-02-04-000-2023-01709-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n del fallo de 29 de agosto de 2023, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que \u00c1ngel Joel Perea Mart\u00ednez le instaur\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior del del Distrito Judicial de Buga, el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira y la C\u00e1rcel y Penitenciaria con Alta y Mediana Seguridad de Palmira, extensiva a las autoridades partes y dem\u00e1s intervinientes en el juicio n\u00b0 19573-60-00-680-2014-00200-00, de no ser porque la magistratura de procedencia carec\u00eda de competencia funcional para dirimir el ruego en primera instancia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El convocante pidi\u00f3 se ordene \u00abla aprobaci\u00f3n y reactivaci\u00f3n de [sus] salidas de 72 horas\u00bb. <\/p>\n
De los medios de prueba adosados y el escrito inicial se extrae que en el proceso arriba referido, el Juzgado Penal del Circuito de Puerto Tejada conden\u00f3 al promotor a 17 a\u00f1os y 10 meses de prisi\u00f3n por los delitos de Homicidio simple en concurso heterog\u00e9neo con porte ilegal de armas de fuego de defensa personal (10 dic. 2015). Ante el Estrado que actualmente vigila la pena, inst\u00f3 la concesi\u00f3n del beneficio administrativo de permiso de hasta por 72 horas, el que fue inicialmente concedido (20 feb. 2020); sin embargo, al hacer el control de legalidad encontr\u00f3 que la v\u00edctima era un menor de edad por lo cual en obedecimiento a lo preceptuado en el art\u00edculo 199 de la Ley 1098 de 2006, declar\u00f3, de oficio, la nulidad de esa providencia (28 jun. 2022), frente a la cual el privado de la libertad en el acto de notificaci\u00f3n escribi\u00f3 apelo, pero al no presentar sustentaci\u00f3n, declar\u00f3 desierta la alzada (29 jul. 2022), sin que contra esa decisi\u00f3n se interpusiera recurso alguno. De otra parte, el 22 de junio pasado pidi\u00f3 nuevamente ante el juez ejecutor el permiso de hasta 72 horas y a la data de interposici\u00f3n del ruego no le hab\u00edan contestado. <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que el juez que vigila la pena hace m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n de los presos y el Tribunal apoya las arbitrariedades del juzgado primero. <\/p>\n
2. El Juez Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira alert\u00f3 que sobre los mismos hechos ya hab\u00eda contestado una tutela que conoci\u00f3 el Tribunal (Rad. 2023-00365-00), hizo el recuento de las actuaciones all\u00ed surtidas y se opuso a las pretensiones. El Juez Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de Puerto Tejada y la Procuradur\u00eda 332 Judicial I Penal de Palmira dijeron que lo alegado les resultaba ajeno. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Puerto Tejada describi\u00f3 lo all\u00ed rituado. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n declar\u00f3 improcedente el auxilio porque frente al Tribunal \u00abno se identific\u00f3 de manera clara y razonable los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n que puedan ser imputables a la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga\u00bb y en lo atinente al juzgado \u00abha realizado acciones tendientes a tramitar de fondo las solicitudes presentadas por el accionante, dentro de las cuales se incluye la que data del 22 de junio, que se encuentra en tr\u00e1mite de respuesta por parte del despacho de ejecuci\u00f3n de penas, sin que el tiempo que ha trascurrido entre la fecha de la solicitud y la formulaci\u00f3n de la tutela resulte excesivo o irrazonable, como para estimar afectados los derechos de acceso a la administraci\u00f3n de justicia y debido proceso del libelista\u00bb. <\/p>\n
4. Recurri\u00f3 el convocante para que se vinculara al Instituto Nacional Penitenciario con sedes en Palmira y Bogot\u00e1. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Si bien en el libelo se hizo alusi\u00f3n y se vincul\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga como accionado, visto el escrito inaugural realmente no se le atribuy\u00f3 alguna acci\u00f3n u omisi\u00f3n transgresora de los derechos fundamentales invocados, en la medida en que la supuesta vulneraci\u00f3n se endilg\u00f3 exclusivamente al Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira al haberle negado al promotor el beneficio de permiso extramural de hasta por 72 horas. <\/p>\n
De ah\u00ed que la vinculaci\u00f3n del Tribunal fue aparente y, por consiguiente, deb\u00eda descartarse la competencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal en vista de que \u00aben cuanto no se les atribuya [a los accionados] hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria\u00bb (CSJ ATC7632-2017, ATC1194-2020 memorados en ATC196-2023), m\u00e1xime, cuando no se puntualiza la intervenci\u00f3n de esa magistratura en la determinaci\u00f3n objeto de reproche tal como qued\u00f3 plasmado al historiar la presente decisi\u00f3n, y los reparos puntuales se hacen solo respecto al estrado actual a cuyo cargo se encuentra el control, vigilancia y ejecuci\u00f3n de la sanci\u00f3n impuesta al convocante. <\/p>\n
En este orden de ideas, conforme previene el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1., numeral 3\u00b0 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 333 de 6 de abril de 2021, seg\u00fan el cual \u00ablas acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb, de donde emerge sin discusi\u00f3n que la asignaci\u00f3n del asunto correspond\u00eda en primera instancia al superior funcional del estrado ejecutor, es decir, a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga por no mediar un motivo para alterar esa atribuci\u00f3n legal. <\/p>\n
En gran s\u00edntesis, evidenciado como est\u00e1 que la magistratura de procedencia era incompetente para decidir el reclamo en primer grado, tambi\u00e9n lo es la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia para desatar la impugnaci\u00f3n; luego, con fundamento en la previsi\u00f3n del canon 138 del estatuto procesal adjetivo, se declarar\u00e1 la nulidad de la sentencia, conservando validez la actuaci\u00f3n surtida para que la controversia sea definida por el superior funcional del Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Buga, esto es, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad. <\/p>\n
Sobre el particular de a\u00f1eja y pac\u00edfica jurisprudencia la Corte ha puntualizado que, <\/p>\n
[e]l fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992 (criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016, ATC1684-2016, ATC1686-2016, ATC2521-2016, ATC1194-2020, ATC864-2022, ATC1102-2022 reiteradas en ATC196-2023). <\/p>\n
Puestas en este modo las cosas, se remitir\u00e1n las diligencias a la autoridad que debe rituar el asunto. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, DECLARA la nulidad de la sentencia de primer grado que resolvi\u00f3 la salvaguarda del ep\u00edgrafe haciendo claridad que las dem\u00e1s fases conservan validez, de conformidad con el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16, concordante con el 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Rem\u00edtase el expediente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga para que, previo reparto, se tramite esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los intervinientes y al a quo por el medio m\u00e1s expedito. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
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