ATC1354-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1354-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 13001-22-13-000-2023-00454-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida el pasado 8 de septiembre por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena, dentro de la acci\u00f3n de tutela incoada por Javier Rolando Hern\u00e1ndez Mart\u00ednez contra la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda Rural de Bocachica de esa ciudad, la Corte advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad como pasa a desarrollarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando por conducto de apoderado, el promotor acude a esta herramienta buscando la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n
Su reclamo, en s\u00edntesis, gravita en torno a las presuntas irregularidades que han rodeado el procedimiento policivo de amparo a la posesi\u00f3n que se adelanta en la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda Rural de Bocachica promovido por Juan Carlos Pujana Motta, respecto de un predio que es objeto de disputa judicial con la Armada Nacional al interior de un proceso verbal reivindicatorio que se adelanta en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena. <\/p>\n
Asegura el gestor que el inspector de polic\u00eda querellado, \u00aba sabiendas [de] la existencia del proceso reivindicatorio del domino\u2026 ha resuelto programar una diligencia denominada\u2026 como \u201crestituci\u00f3n y desalojo en el predio objeto de la querella\u201d\u00bb desconociendo que carece de \u00abcompetencia y jurisdicci\u00f3n para resolver asuntos derivados del derecho de dominio o propiedad del bien inmueble en cuesti\u00f3n pues estas est\u00e1n asignadas al juez natural\u00bb. <\/p>\n
Advierte, adem\u00e1s, que el proceso policivo \u00abest\u00e1 caduco por ministerio del par\u00e1grafo del art. 80 de la Ley 1801 de 2016\u00bb al tiempo que el all\u00ed querellante, Pujana Motta, \u00abnunca ha sido poseedor\u00bb ni \u00abdemostr\u00f3 hechos positivos sobre el predio\u2026 pues nunca ha puesto un pie en la tierra como poseedor, tan solo dice haberle \u201ccomprado\u201d pero nunca ha exhibido una escritura p\u00fablica o un t\u00edtulo traslaticio\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, se queja que la \u00abdiligencia de fallo policivo [se llev\u00f3 a cabo] sin la concurrencia [suya como] presunto infractor y su apoderado, ocult\u00e1ndoles la decisi\u00f3n, que hasta ahora es desconocida\u00bb. <\/p>\n
2. El Tribunal Superior de Cartagena desestim\u00f3 el resguardo por desatender el presupuesto de la subsidiariedad, en la modalidad de incuria, puesto que, \u00abenterado de la decisi\u00f3n que ampar\u00f3 el derecho de posesi\u00f3n en favor del se\u00f1or Juan Carlos Pujana Motta y orden\u00f3\u2026 la restituci\u00f3n del predio objeto de querella, [el accionante] no hizo uso de los recursos y mecanismos con que contaba para controvertirla\u00bb. <\/p>\n
3. El fallo fue impugnado por el actor quien insisti\u00f3 en sus planteamientos iniciales referentes a las supuestas actuaciones irregulares cometidas por el inspector de polic\u00eda querellado al interior del proceso de amparo de la posesi\u00f3n. <\/p>\n
Asimismo, una funcionaria que adujo ser la \u00abjefe de la oficina de Finca Ra\u00edz BNL01 \u201cARC Bol\u00edvar\u201d [sic]\u00bb de la Armada Nacional interpuso \u00abrecurso de apelaci\u00f3n [sic]\u00bb puesto que \u00abcon sorpresa se observa [que] no fueron tenidas en cuenta por el juzgador\u00bb las consideraciones plasmadas en el escrito de contestaci\u00f3n de la demanda de tutela pese a haber presentado tal documento dentro del t\u00e9rmino concedido. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional <\/p>\n
No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257 de 1996). <\/p>\n
El factor de competencia de la acci\u00f3n de tutela se encuentra previsto en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, esa disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, mientras que el Decreto 333 de 2021 regula el \u00abfactor funcional\u00bb en dicha materia, asignando el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de diferentes aspectos, tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n
El incumplimiento de dichos criterios se erige como una causal de nulidad, seg\u00fan se prev\u00e9 en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, que en armon\u00eda con el 138 \u00eddem, implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. De la vinculaci\u00f3n aparente <\/p>\n
Al revisar el diligenciamiento de este asunto, observa la Sala la falta de competencia del Tribunal Superior de Cartagena para resolver, en primera instancia, la presente acci\u00f3n comoquiera que se suscit\u00f3 una vinculaci\u00f3n aparente del Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad que, con vista en el estatuto legal la hab\u00eda facultado para conocer el resguardo en las condiciones que lo hizo. <\/p>\n
Ciertamente cuando la tutela se dirige contra autoridades judiciales, las reglas de reparto contenidas en el ordinal 5\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021 (que modific\u00f3 el numeral 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015) determinan que \u00ab(\u2026) ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
No obstante, aunque el actor en su demanda menciona a la referida c\u00e9lula judicial, ninguna lesi\u00f3n le atribuye, pues el resguardo se enfila de manera espec\u00edfica a cuestionar la actuaci\u00f3n adelantada en el procedimiento policivo de protecci\u00f3n de la posesi\u00f3n que se adelant\u00f3 en la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Bocachica, Cartagena, de ah\u00ed que no se impute conducta irregular alguna al juzgado con categor\u00eda de circuito. <\/p>\n
Entonces, m\u00e1s all\u00e1 de que exista una alusi\u00f3n a dicho despacho, es claro que la demanda constitucional no se ciment\u00f3 en alguna actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n suya comoquiera que, se itera, el ataque apunt\u00f3 concretamente a la protecci\u00f3n del derecho al debido proceso que Hern\u00e1ndez Mart\u00ednez estima lesionado al interior del procedimiento policivo, evidenci\u00e1ndose que la vinculaci\u00f3n del Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena, en este caso, result\u00f3 apenas aparente pues sustancialmente se requiere que se le impute vulneraci\u00f3n y ello no ocurri\u00f3. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha venido sosteniendo que: \u00abno puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria\u00bb (CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01; ATC4127-2016, 30 jun. 2016, rad. 00275-01 y ATC8658-2016, 15 dic. 2016, rad. 00363-01). <\/p>\n
3. Definici\u00f3n de competencia <\/p>\n
Bajo tal entendimiento, la competencia para conocer en primera instancia el presente resguardo constitucional recae en los juzgados municipales de Cartagena pues, como lo dispone la regla consagrada en el ordinal 1\u00b0 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 333 de 2021, a dichos despachos judiciales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, \u00ab[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares (\u2026)\u00bb <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente asunto se encuentra configurada la nulidad prevista en el numeral 1 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, la cual, por ser funcional, en atenci\u00f3n a lo normado en el canon 138 \u00eddem, implica que \u00ab\u2026 lo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb (Subraya la Sala). <\/p>\n
4. La actuaci\u00f3n que se invalida <\/p>\n
De acuerdo con lo se\u00f1alado, se impone declarar la falta de competencia de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena para conocer en primera instancia este auxilio y, en consecuencia, como se ha dictado sentencia bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, decretar su nulidad, ordenando el env\u00edo del expediente a la oficina judicial de Cartagena para que sea asignado, previo reparto, a un juzgado con categor\u00eda municipal, conforme lo dicho precedentemente. <\/p>\n
As\u00ed, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso que ordena que \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que se invalidar\u00e1 el tr\u00e1mite a partir del auto admisorio de la acci\u00f3n supralegal para que el funcionario competente determine la procedencia o no de la misma, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar (vr. g. practicar otras pruebas o realizar notificaciones omitidas). <\/p>\n
5. Sobre la facultad para decretar nulidades <\/p>\n
En cuenta a esa potestad, en pret\u00e9ritas oportunidades esta Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
(\u2026) [E]mpero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u201c\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u201d. <\/p>\n
[Por tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072A de 2006, Corte Constitucional)\u201d\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, citado entre otros en ATC1798-2022, 1\u00b0 dic., rad. 01075-01). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea, ha dejado sentado que: <\/p>\n
\u00abEl fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 19922\u00bb (CSJ ATC1396-2016, 10 mar., rad. 00028-01, citado en ATC458-2023, 3 may., rad. 00271-01, entre otros). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, frente a lo decidido por esta Corporaci\u00f3n en relaci\u00f3n con la atribuci\u00f3n de competencia, se recuerda que no cabe la posibilidad de declarar conflicto alguno por la autoridad receptora, ya que seg\u00fan el tercer inciso del art\u00edculo 139 del C\u00f3digo General del Proceso \u00ab[e]l juez que reciba el expediente no podr\u00e1 declararse incompetente cuando el proceso le sea remitido por alguno de sus superiores funcionales\u00bb. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la nulidad de todo lo actuado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier Rolando Hern\u00e1ndez Mart\u00ednez, inclusive, desde el auto admisorio de la demanda. <\/p>\n
SEGUNDO: Ordenar la remisi\u00f3n del expediente a la oficina judicial de Cartagena a efectos de que, previo reparto, el asunto sea asignado a un juzgado con categor\u00eda municipal que deber\u00e1 asumir su conocimiento y adelantar el tr\u00e1mite de rigor. <\/p>\n
TERCERO: Por secretar\u00eda comunicar lo aqu\u00ed resuelto a la sala a quo y a los interesados y expedir las dem\u00e1s comunicaciones que sean pertinentes. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
1\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
2\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el canon 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991\u2026, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a este estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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