ATC1382-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1382-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 27001-22-08-000-2023-00094-02 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
1. De conformidad con lo dispuesto en los art\u00edculos 10 y 31 del decreto 2591 de 1991, resulta claro que para la impugnaci\u00f3n del fallo proferido en las acciones de tutela al igual que para la formulaci\u00f3n de la solicitud de amparo, constituye requisito esencial que quien obre para tales efectos, esto es, como impugnante o actor, tenga un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, el cual no se satisface con la simple manifestaci\u00f3n en el sentido que le asiste, sino que es menester que demuestre \u00e9ste ante el respectivo funcionario, y en el caso de los apoderados que se acredite que est\u00e1n habilitados para obrar en nombre de quien dicen ser su mandante. <\/p>\n
Por ello la Corte en reiterados pronunciamientos ha puntualizado que: <\/p>\n
\u2026cuando la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un espec\u00edfico tr\u00e1mite judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad, por cuanto si bien es cierto el impugnante funge como apoderado judicial del demandante en el referido proceso ejecutivo, esa condici\u00f3n no lo habilita, per se, para impugnar los fallos que se profieran en virtud de acciones de tutela, \u2018pues si no se tiene apoderamiento y, por tanto, legitimaci\u00f3n para promover la solicitud de amparo, tampoco se puede tener para impugnar o recurrir las providencias que se dicten en el curso\u2019 de dichos procesos\u00bb. -Negrillas ajenas al texto- (CSJ ATC, 16 abr. 2008, rad. 2007-00272-01; ATC, 17 jun. 2008, rad. 2008-00795-01; y ATC, 13 jun. 2016, rad. 2016-00119-01). <\/p>\n
2. Bajo el contexto planteado, se advierte que como la abogada Stella Palacios Chaverra, al momento de interponer la alzada, no aport\u00f3 al expediente el poder especial que la facultara para representar en el tr\u00e1mite de la tutela a Mar\u00eda Eleana Copete Copete, en nombre de quien adujo formular la impugnaci\u00f3n (archivo digital denominado \u00ab23RecursoImpugnaci\u00f3nHugoMosqueraFirmado.pdf\u00bb), se impone inadmitir el aludido mecanismo interpuesto contra el fallo de primer grado y disponer que, en cumplimiento a lo ordenado en la parte resolutiva de la providencia censurada, se env\u00ede el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
3. En este punto, cabe a\u00f1adir, que no se desconoce que la mencionada profesional del derecho, al recurrir el prove\u00eddo de 2 de octubre pasado, que neg\u00f3 la concesi\u00f3n de la impugnaci\u00f3n, alleg\u00f3 el mandato echado de menos. Sin embargo, ello no subsana la situaci\u00f3n aqu\u00ed detectada, por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
3.1. Sobre el particular, debe resaltarse que la interposici\u00f3n de recursos tiene por finalidad que el juzgador rectifique los yerros en los que haya podido incurrir en una determinada decisi\u00f3n, m\u00e1s no constituye una nueva oportunidad para que las partes aporten, extempor\u00e1neamente, elementos de juicio que debieron allegar en la oportunidad debida. <\/p>\n
3.2. Entonces, comoquiera que el prenotado poder debi\u00f3 adjuntarse al momento de interponerse la alzada, imposible es avalar la actuaci\u00f3n tard\u00eda de la profesional del derecho, quien alleg\u00f3 el mencionado instrumento cuando ya hab\u00edan fenecido los t\u00e9rminos para impugnar. <\/p>\n
4. Por lo dem\u00e1s, cabe destacar que la prenota reposici\u00f3n, por dem\u00e1s, resultaba completamente improcedente, habida cuenta que, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta Sala, acorde con las normas que disciplinan el procedimiento tutelar, \u00fanicamente est\u00e1n previstos como medios encaminados a controvertir las providencias judiciales, la impugnaci\u00f3n para la sentencia y la consulta para el prove\u00eddo que impone sanciones por desacato a lo ordenado por el Juez Constitucional, am\u00e9n de la eventual revisi\u00f3n del fallo por parte de la Corte Constitucional, de conformidad con lo establecido en los art\u00edculos 31, 32, 33 y 52 del Decreto 2591 de 1991, reglamentario del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expresado, el suscrito Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, resuelve: <\/p>\n
1. Inadmitir la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo de 18 de septiembre de 2023, dictado por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibd\u00f3, dentro de la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Hugo Ferley Mosquera G\u00f3mez contra el Juzgado Promiscuo de Familia de Istmina. <\/p>\n
2. Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 <\/p>\n
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