ATC1429-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC1429-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-22-21-000-2023-00018-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 1\u00ba de noviembre de 2023, que deneg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Oscar Fernando Quintero Mesa contra el Fiscal General de la Naci\u00f3n, Francisco Barbosa Delgado, la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n Municipal de Santiago de Cali, la Empresa Enertotal ESP S.A., el Alcalde de Santiago de Cali, Jorge Iv\u00e1n Ospina G\u00f3mez y la Gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Rold\u00e1n, se advierte causal de nulidad que invalida lo actuado como pasa a explicarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, vida, dignidad, seguridad social en salud, m\u00ednimo vital y trabajo, vulneradas por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Del escrito de tutela logra extraerse que, el aqu\u00ed actor fue docente, vinculado en provisionalidad, a la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n Municipal de Santiago de Cali desde el a\u00f1o 2002 hasta agosto de 2010, laborando en diferentes instituciones educativas, en las que, seg\u00fan afirm\u00f3, recibi\u00f3 amenazas contra su vida y debi\u00f3 sortear diversas situaciones que pusieron en peligro su integridad, como las sucedidas en el colegio Santo Tom\u00e1s Casd, ubicado en un sector peligroso de la ciudad. <\/p>\n
Seguidamente, refiri\u00f3 que particip\u00f3 en un concurso de m\u00e9ritos especial para el ingreso a la carrera docente de \u00abetnoeducadores afrocolombianos y raizales\u00bb, realizado por la Secretaria de Educaci\u00f3n de Cali en 2005, del cual fue excluido, pero, gracias a una acci\u00f3n de tutela que interpuso, fue reincorporado al mismo, pero cuestion\u00f3 que, ello se cumpli\u00f3 solo dos a\u00f1os despu\u00e9s y solo como consecuencia de un incidente de desacato, retraso que le impidi\u00f3 vincularse en propiedad desde el a\u00f1o 2008, ya que solo vino a ser nombrado el 6 de septiembre de 2010, \u00ablo que evidencia el actuar negligente de esa Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n y de paso, transgrede los derechos humanos, constitucionales y laborales suyos y de su n\u00facleo familiar conformado por un hijo que padece hidrocefalia no cong\u00e9nita y su esposa que sufre de policitemia vera, c\u00e1ncer de seno y c\u00e1ncer axilar, circunstancias que adem\u00e1s, los hace acreedores de una especial protecci\u00f3n del Estado y de quien lo representa\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, no tuvieron en cuenta su t\u00edtulo de especialista en docencia para la educaci\u00f3n superior y sus dos licenciaturas en biolog\u00eda y qu\u00edmica, entre otros estudios superiores, ya que fue nombrado como docente de educaci\u00f3n b\u00e1sica primaria. Tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que, el 21 de septiembre de 2010 present\u00f3 renuncia, pero que aquello se trat\u00f3 de un despido indirecto \u00abpor las situaciones que rodearon el concurso, por la negligencia de asumir como entidad empleadora de hacerme reubicaci\u00f3n a pesar de mi estado de salud\u00bb, y que, se transfiri\u00f3 la responsabilidad sobre su caso a otras autoridades que no ten\u00edan nada que ver con el concurso ni eran las contratantes. <\/p>\n
Al respecto dijo que, su carta de renuncia no debi\u00f3 haber sido aceptada, pues no se consider\u00f3 que durante el tiempo laborado padeci\u00f3 diferentes enfermedades mentales y f\u00edsicas por las cuales fue incapacitado, adem\u00e1s que, en manera alguna hab\u00eda renunciado al concurso, sino a la asignaci\u00f3n de sede, \u00abpara forzar a la secretar\u00eda de educaci\u00f3n a que me diera una reubicaci\u00f3n [\u2026] la secretar\u00eda actuando de mala fe [\u2026] no me quiso reubicar como era el deber ser del manejo administrativo, todo como venganza por la tutela [\u2026] hace el acto administrativo para aceptar la renuncia [\u2026] ellos interpretan la carta de renuncia al nombramiento, lo cual era imposible, por el mismo estado de salud tanto el m\u00edo como el de mi hijo, incurriendo en un vicio de nulidad material [\u2026] por tal motivo, se instauran varios recursos de petici\u00f3n de nuevo para reclamar el cargo, los cuales todos los negaron\u00bb. <\/p>\n
En suma, cuestion\u00f3 que la secretar\u00eda accionada actu\u00f3 de mala fe para dejarlo sin empleo, sin tener en cuenta que es una persona en situaci\u00f3n de vulnerabilidad por sus enfermedades. <\/p>\n
3. Como pretensiones enuncia las siguientes: \u00ab(i) que se ordene a la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n Municipal de Santiago de Cali, realizar los tr\u00e1mites correspondientes para decretar nulos el acto administrativo de nombramiento al cargo de docente de primaria, por el vicio de nulidad [\u2026] debido a que ven\u00eda con un desacato de cumplimiento [\u2026] el acto administrativo de aceptaci\u00f3n de la carta de renuncia suscitada de manera obligada que se configura en un despido indirecto, debido a que le da toda la potestad al rector de la instituci\u00f3n educativa Santa Rosa, para que tenga sus manejos inadecuados de personal, permiti\u00e9ndole poner en juego mi estado de salud (\u2026); (ii) se proceda a reintegrarlo al cargo que desempe\u00f1aba o a uno de superior jerarqu\u00eda (en propiedad)\u00bb, considerando sus t\u00edtulos acad\u00e9micos, debiendo ser escalafonado en el grado respectivo; (iii) que se le paguen los salarios y prestaciones sociales que legalmente correspondan desde cuando se produjo la terminaci\u00f3n del contrato hasta que se haga efectivo el reintegro; (iv) que se pague la sanci\u00f3n establecida en el incido segundo del art\u00edculo 26 de la ley 361 de 1997 consistente en 180 d\u00edas de salario; y, (v) la empresa enertotal porque mi esposa no se ha dejado ver los senos, ni el c\u00e1ncer que padece, la empresa nos ha cortado los servicios, porque el incumplimiento del contrato de Francisco Barbosa y la plata que le pag\u00f3 el alcalde Jorge Iv\u00e1n, los abogados Hernando Morales Plaza, Jairo Panesso Tasc\u00f3n, Hugo Alberto Gonz\u00e1lez, la testaferra Clara Luz Rold\u00e1n y la testaferra Dilian francisca toro, requiero que sean obligados a pagar el salario de 1000.000.000 de pesos a mi nombre, como presidente de la rep\u00fablica, a mi esposa 200 smlv como vicepresidente de la rep\u00fablica y mi hijo, Luis Fernando quintero becerra, como ministro de cultura, el fiscal Barbosa trabaja para los delincuentes, no oblig\u00f3 la entrega obligatoria de documentaci\u00f3n para calificaci\u00f3n y no comprob\u00f3 que solicitaron permiso para mi despido como epil\u00e9ptico, de mi esposa e hijo, siendo el despido inexistente e ilegal, ya nos tienen que pagar la pensi\u00f3n a cada uno por enfermedades ruinosas, de alto costo y catastr\u00f3ficas, a mi esposa la operaron ayer y como ellos no nos pagaron los salarios ni las primas, los depravados empleados de enertotal, nos cortaron varias veces los servicios, porque mi esposa no se dej\u00f3 ver el c\u00e1ncer de seno, la mastectom\u00eda total, y los otros dos c\u00e1nceres que tiene. exijo que en medida cautelar y provisional y como lo indica la tutela de epil\u00e9ptico definitiva sean obligados a que de inmediato reconecten los servicios, porque mi esposa est\u00e1 convaleciente de unas biopsias de estudio de un nuevo c\u00e1ncer y que nos indemnicen como lo indica la sentencia de confesi\u00f3n de los desmovilizados (sic)\u00bb. <\/p>\n
4. Mediante fallo de 1\u00ba de noviembre de 2023 el tribunal a quo declar\u00f3 la improcedencia del auxilio al considerarlo temerario, por tratarse de una reiteraci\u00f3n de una acci\u00f3n de tutela anterior (rad. 2021-000136); decisi\u00f3n que fue impugnada por el promotor. <\/p>\n
1. De la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional. <\/p>\n
No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257 de 1996). <\/p>\n
El factor de competencia de la acci\u00f3n de tutela se encuentra previsto en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, esa disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, de ah\u00ed que art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021 predetermina el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de diferentes aspectos, tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n
En el presente caso se configura la nulidad por falta de competencia prevista en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, la cual, por ser funcional, seg\u00fan el canon 138 \u00eddem (aplicable a la acci\u00f3n de tutela en raz\u00f3n de lo dispuesto en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991), implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. Definici\u00f3n de la competencia <\/p>\n
Al revisar el diligenciamiento de este asunto, observa la Sala la falta de competencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali para resolver en primera instancia la presente acci\u00f3n, comoquiera que se suscit\u00f3 una vinculaci\u00f3n aparente respecto del Fiscal General de la Naci\u00f3n, mencionado en la demanda, que con vista en el estatuto legal lo hab\u00eda facultado para conocer del resguardo en las condiciones en que lo hizo. <\/p>\n
Por el contrario, los hechos y pretensiones plasmados en libelo permiten entrever que est\u00e1 dirigido \u00fanicamente contra la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n de Santiago de Cali; por lo tanto, de acuerdo al car\u00e1cter de autoridad p\u00fablica del orden municipal de la accionada, al tenor de la regla consagrada en el numeral 1\u00b0, art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021 (que modific\u00f3 el ordinal 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015) \u00ab(\u2026) Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales\u00bb, la competencia para conocer del presente amparo constitucional en primera instancia corresponde a los Juzgados Municipales de la ciudad de Cali. <\/p>\n
Entonces, es claro que, aunque el accionante hace una somera alusi\u00f3n al Fiscal General de la Naci\u00f3n \u2013 sin que pueda advertirse una conexi\u00f3n coherente de su reproche contra aqu\u00e9l y la narrativa de los hechos \u2013, lo cierto es que, se reitera, la pretensi\u00f3n cardinal de la presente acci\u00f3n la enfil\u00f3 de manera espec\u00edfica contra Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n de Santiago de Cali de la cual demanda la anulaci\u00f3n del acto administrativo mediante el cual se le acept\u00f3 su renuncia al cargo de docente, que se le reintegre al que ocupaba o a uno de mayor jerarqu\u00eda, el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir durante el tiempo de desvinculaci\u00f3n, entre otras, evidenci\u00e1ndose, como se dijo, que la vinculaci\u00f3n del precitado funcionario en este caso result\u00f3 apenas aparente. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha venido sosteniendo que: \u00abno puede asumirse que, por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria\u00bb (CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01; ATC4127-2016, 30 jun. 2016, rad. 00275-01 y ATC8658-2016, 15 dic. 2016, rad. 00363-01). <\/p>\n
3. La actuaci\u00f3n que se invalida <\/p>\n
De acuerdo con lo se\u00f1alado, se impone declarar la falta de competencia de la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cali para conocer en primera instancia este resguardo y, en consecuencia, como se ha dictado sentencia bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, decretar su nulidad, ordenando el env\u00edo del expediente a los Juzgados Municipales (reparto) de ese Distrito Judicial. <\/p>\n
As\u00ed, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso que ordena que \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que, al dejarse sin efecto el fallo proferido por la colegiatura a-quo, proferido el 1\u00ba de noviembre de 2023, se dispondr\u00e1 que el funcionario habilitado para tal fin atendiendo la ley, dicte uno nuevo que defina en primer grado la s\u00faplica, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar (vr. g. practicar otras pruebas o realizar notificaciones omitidas). <\/p>\n
4. Sobre la facultad para decretar nulidades <\/p>\n
En cuanto a esa tem\u00e1tica, en pret\u00e9ritas oportunidades esta Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) [E]mpero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, citado entre otros en ATC075-2023, 1 feb.). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, frente a lo decidido por esta Corporaci\u00f3n en relaci\u00f3n con la atribuci\u00f3n de competencia, se recuerda que no cabe la posibilidad de declarar conflicto alguno por la autoridad receptora, ya que, seg\u00fan el inciso 3\u00ba del canon 139 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00abel juez que reciba el expediente no podr\u00e1 declararse incompetente cuando el proceso le sea remitido por alguno de sus superiores funcionales\u00bb. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. Declarar la nulidad de la sentencia de tutela de primera instancia proferida por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 1\u00ba de noviembre de 2023 en el tr\u00e1mite de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO. Ordenar la remisi\u00f3n del expediente a los Juzgados con categor\u00eda municipal de Cali \u2013 reparto \u2013 para que asuman el conocimiento de la presente acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
TERCERO. Por secretar\u00eda, comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y expedir las comunicaciones que sean pertinentes. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
ATC1429-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente ATC1429-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-22-21-000-2023-00018-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77230","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77230","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77230"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77230\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77230"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77230"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77230"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}