ATC1439-2023<\/p>\n
<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2023-00638-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
1. Corresponder\u00eda impartir apertura al incidente de desacato rogado en nombre de Tom\u00e1s Astolfo Ortiz Valencia, por el aparente incumplimiento de la orden constitucional impuesta por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte con sentencia del pasado 26 de julio (adicionada el 30 de agosto siguiente) al Consejo Superior de la Judicatura -Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial- y, al Ministerio de Justicia y del Derecho, tras modificar, en sede de impugnaci\u00f3n, el fallo de primer nivel proveniente de esta Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural (21 jun. 23) en el marco de la acci\u00f3n de tutela que aquel impulsara frente a esas \u00faltimas instituciones, si no fuera por la circunstancia que pasa a explicarse. <\/p>\n
2. El art\u00edculo 27 del decreto 2591 de 1991 establece que si la autoridad causante del agravio no acata el veredicto supralegal de que se trata dentro de las 48 horas ulteriores a su emisi\u00f3n, el juez de conocimiento requerir\u00e1 al respectivo superior \u00abpara que l[e] haga cumplir y abra el (\u2026) procedimiento disciplinario\u00bb, de devenir menester y, luego de otro lapso similar, \u00abordenar\u00e1 abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptar\u00e1 directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo\u00bb, por lo que, si no hay la honra en espera, el dispensador de justicia a cargo \u00abpodr\u00e1 sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan\u2026\u00bb. <\/p>\n
Por ese sendero, el canon 52 ib\u00eddem contempla que quien \u00abincumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente [d]ecreto incurrir\u00e1 en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios m\u00ednimos mensuales\u00bb, precisando que tal correctivo se infligir\u00e1 \u00abmediante tr\u00e1mite incidental y ser\u00e1 consultad[o]\u00bb al superior funcional del fallador. <\/p>\n
De esta manera, es patente que el fin del rito incidental de marras no es meramente la imposici\u00f3n de las amonestaciones arriba descritas, sino procurar la cabal satisfacci\u00f3n de lo definido por la jurisdicci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
As\u00ed lo ha considerado el m\u00e1ximo \u00f3rgano patrio sobre la materia: <\/p>\n
…La persona cuyos derechos fundamentales han sido objeto de protecci\u00f3n por una decisi\u00f3n de tutela, cuenta con la posibilidad de hacer cumplir las \u00f3rdenes impartidas en el respectivo fallo cuando \u00e9stas no hayan sido acatadas por la autoridad p\u00fablica o el particular a quienes se dirijan. <\/p>\n
<\/p>\n
Tal y como lo ha puesto de presente esta Corporaci\u00f3n \u201c[e]l cumplimiento inmediato de un fallo de tutela es un deber constitucional expl\u00edcito, establecido por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n y por los art\u00edculos 25 de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos y 2.1. del Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos Sociales y Culturales\u201d. No obstante, cuando tal cumplimiento no tenga ocurrencia de forma directa por el destinatario de la orden, el mismo puede lograrse a trav\u00e9s de la solicitud de cumplimiento, del incidente de desacato, o de ambos. <\/p>\n
<\/p>\n
A este respecto, los art\u00edculos 23, 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991 \u201cPor el cual se reglamenta la acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u201d, le reconocen a la persona beneficiaria de un fallo de tutela la facultad para acudir ante la autoridad judicial competente y pedir el cumplimiento de la orden emitida por medio del denominado tr\u00e1mite de cumplimiento, y\/o para solicitar que sea sancionada la autoridad o el particular incumplido a trav\u00e9s del incidente de desacato. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo primero, el art\u00edculo 23 del ya citado decreto, dispone que el juez que dicte el fallo de amparo debe propender porque el mismo se cumpla. Por su parte, el art\u00edculo 27 de la misma normatividad regula el procedimiento seg\u00fan el cual se pone en conocimiento del juez de primera instancia el incumplimiento de un fallo de tutela, para que \u00e9ste adelante todas las gestiones necesarias a efectos de poner fin a la vulneraci\u00f3n o amenaza del derecho fundamental del peticionario amparado… <\/p>\n
<\/p>\n
De otro lado, el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, regula la figura del desacato como un mecanismo a trav\u00e9s del cual el juez de primera instancia constitucional, mediante un tr\u00e1mite incidental y en ejercicio de sus potestades disciplinarias, sanciona con arresto o multa a quien con responsabilidad subjetiva desatienda las \u00f3rdenes proferidas en una sentencia de tutela… <\/p>\n
<\/p>\n
Conforme con lo dicho, se tiene que la posibilidad de exigir el cumplimiento del fallo de tutela se encuentra prevista en el art\u00edculo 27 del Decreto 2591 de 1991 y la de interponer un incidente de desacato, en el art\u00edculo 52 de la misma normatividad… <\/p>\n
<\/p>\n
A pesar de las diferencias existentes, la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que, aun cuando el incidente de desacato tiene un car\u00e1cter sancionatorio, su objetivo es el cumplimiento del fallo. Al respecto, ha sostenido que: <\/p>\n
<\/p>\n
\u201c(vii) [E]l objetivo de la sanci\u00f3n de arresto y multa por desacato es el de lograr la eficacia de las \u00f3rdenes impartidas por el juez de amparo para la efectiva protecci\u00f3n de los derechos fundamentales reclamados por los tutelantes, por lo cual se diferencia de las sanciones penales que pudieran ser impuestas\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Conforme con lo anterior, este Tribunal tambi\u00e9n ha precisado que \u201c[s]i se trata de hacer cumplir un fallo de tutela el instrumento principal es el del cumplimiento, que se funda en una situaci\u00f3n objetiva y brinda medios adecuados al juez para hacer efectiva su decisi\u00f3n. El desacato es un instrumento accesorio para este prop\u00f3sito, que si bien puede propiciar que el fallo de tutela se cumpla, no garantiza de manera necesaria que ello ocurra y que, adem\u00e1s, se funda en una responsabilidad subjetiva, pues para imponer la sanci\u00f3n se debe probar la culpabilidad (dolo o culpa) de la persona que debe cumplir la sentencia\u201d… <\/p>\n
<\/p>\n
Ahora bien, seg\u00fan la jurisprudencia, el tr\u00e1mite de cumplimiento puede ser iniciado por el juez competente cuando haya lugar a ello, aunque tambi\u00e9n puede ser promovido por el interesado o por el Ministerio P\u00fablico; en cambio, el incidente de desacato requiere petici\u00f3n de parte para ser adelantado. Sin embargo, por regla general, el competente para conocer tanto del tr\u00e1mite de cumplimiento de un fallo de tutela como del incidente de desacato es el juez de primera instancia… <\/p>\n
Las anteriores consideraciones permiten concluir que incumplir las \u00f3rdenes dadas en un fallo de tutela puede conllevar graves consecuencias por cuanto se ver\u00eda comprometida la responsabilidad de la autoridad p\u00fablica o del particular incumplido en diversos \u00e1mbitos, en tanto, como lo dispone el Decreto 2591 de 1991, las \u00f3rdenes dadas en la sentencia de tutela son de inmediato cumplimiento, a pesar incluso, de que la misma pueda ser impugnada\u2026 (CC T-325\/15, reiterada por la Sala, entre otras, en CSJ ATC297, 11 mar. 2020, rad. 00256-01 y en ATC387, 17 abr. 2023, rad. 00711-01). <\/p>\n
Entonces, si con antelaci\u00f3n a la apertura del incidente en menci\u00f3n se advierte, con suficiencia, que la orden cuyo cumplimiento se reclama ha sido acatada por el responsable del agravio, evidente es que su total tramitaci\u00f3n se torna no solo insustancial sino innecesaria, al estar colmado el objetivo sacro del mismo, cual es el de la eficacia de la sentencia de amparo. <\/p>\n
3. As\u00ed, del actual diligenciamiento surge notorio que la orden constitucional vertida desde la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral (modificatoria de la de esta Sala Civil, Agraria y Rural) fue atendida por el fustigado Consejo Superior de la Judicatura -Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial- de donde refulge carencia actual de objeto con fuerza para tornar inviable el rito incidental materia de solicitud por el mandatario del se\u00f1or Ortiz Valencia. <\/p>\n
3.1. En efecto, en la sentencia de salvaguarda de 26 de julio postrero (con su concerniente adici\u00f3n), dictamen del que ahora se reclama acatamiento, fue conminado lo que sigue: <\/p>\n
\u2026al Consejo Superior de la Judicatura [-Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial-] que, dentro de los quince (15) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n del presente prove\u00eddo, d\u00e9 una respuesta de fondo a la solicitud del convocante, radicada el 7 de febrero de 2023 y remitida a esa entidad con oficio MJD-OFI23-0003648-GGD-40500 de esa misma calenda, involucrando la informaci\u00f3n del historial laboral del accionante que le fue transferida en 187 folios, de acuerdo con el acta GCA-300 n\u00ba. 1 de 22 de agosto de 2000, emanada del Comit\u00e9 de Archivo \u2013 Transferencia Documental de la Secretar\u00eda General del Ministerio de Justicia y del Derecho. <\/p>\n
\u2026al Ministerio de Justicia y del Derecho que, en atenci\u00f3n a sus obligaciones de conservar los registros laborales, as\u00ed como al deber de colaborar en la reconstrucci\u00f3n del historial cuando por alguna raz\u00f3n esto resulte necesario ante la p\u00e9rdida o deterioro de los mismos, preste el apoyo que requiera el Consejo Superior de la Judicatura para cumplir con la orden impartida en el numeral anterior\u2026 (\u00c9nfasis). <\/p>\n
Resolutiva adoptada, grosso modo, merced a la obligaci\u00f3n de los dos entes de \u00abdar cuenta de la certificaci\u00f3n laboral pedida por el convocante; el Ministerio de Justicia y del Derecho, como antiguo empleador\u2026, quien tiene la obligaci\u00f3n de conservar los registros laborales, as\u00ed como el deber de colaborar en la reconstrucci\u00f3n del historial, si se presenta la necesidad; y el Consejo Superior\u2026, como depositario de los archivos que la primera entidad le entreg\u00f3 en el a\u00f1o 2000\u2026\u00bb. <\/p>\n
3.2. El 13 de octubre de los corrientes se deprec\u00f3 iniciar, en representaci\u00f3n de Tom\u00e1s Astolfo, desacato contra dichas entidades llamadas en sede del amparo previo, situaci\u00f3n ante la que el d\u00eda 19 de los mismos mes y a\u00f1o se dispuso requerirlas en aras del pronunciamiento a las alegaciones de incumplimiento del extremo implorante. En lo relevante, con oficios de los d\u00edas 24 y 25 subsecuente el Ministerio y la Direcci\u00f3n Ejecutiva -respectivamente- enunciaron haber colmado el mandato venido de memorar; el primero, en lo tocante a remitir los archivos laborales; y la \u00faltima, en torno a proporcionar la respuesta de fondo a la petici\u00f3n de \u201ccertificaci\u00f3n\u201d de tiempos laborados del beneficiario de la orden de tutela (el 24 oct.), de ah\u00ed que instara a la declaratoria de hecho superado. <\/p>\n
3.3. En ese contexto, fluye, en s\u00edntesis, que la Direcci\u00f3n Ejecutiva ciertamente brind\u00f3 contestaci\u00f3n a la rogativa del se\u00f1or Ortiz Valencia con correspondencia de 24 de octubre de los cursantes -enterada a \u00e9l y a su apoderado-, en punto a brindarle la a\u00f1orada constancia de per\u00edodos trabajados ante el antiguo Ministerio de Justicia (mediante \u00abCERTIFICACI\u00d3N ELECTR\u00d3NICA\u2026 CETIL\u00bb \/ 23 ag. 23). Por ende, acaece satisfecha a cabalidad la determinaci\u00f3n de la justicia de tutela. <\/p>\n
4. Lo consignado, ergo, refleja la inviabilidad de acceder a la presente aspiraci\u00f3n incidental. Es que al juez que conoce del desacato no le es dable ponderar nuevamente los t\u00f3picos en discusi\u00f3n durante el debate tutelar precedente, pues de aceptarse tal proceder revivir\u00eda una controversia concluida. No en vano, \u00absu actuaci\u00f3n se encuentr[a] delimitada por la parte resolutiva de la decisi\u00f3n que se acusa incumplida, limitaci\u00f3n con la que, entonces, le corresponde constatar los aspectos relacionados con el destinatario de la orden de protecci\u00f3n, su contenido y el t\u00e9rmino otorgado para su cumplimiento\u2026\u00bb (ATC, 13 jun. 2012, rad. 2011-02468-04; ATC387, 17 abr. 2023, rad. 00711-01). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el despacho resuelve: <\/p>\n
1. Abstenerse de dar apertura al incidente de desacato de la referencia, por carencia actual de objeto, de conformidad con lo consignado en la parte motiva de este prove\u00eddo. <\/p>\n
2. Disponer el archivo de las diligencias. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
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ATC1439-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2023-00638-01 Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). 1. Corresponder\u00eda impartir apertura al incidente de desacato rogado en nombre de Tom\u00e1s Astolfo Ortiz Valencia, por el aparente incumplimiento de la orden constitucional impuesta por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77234","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77234","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77234"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77234\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77234"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77234"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77234"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}